Fortalecer acciones para reducir la mortalidad materna por emergencias obstétricas, pidieron senadoras de distintos grupos parlamentarios al Pleno del Senado de la República, para terminar con lo que es considerada la principal causa de muerte en mujeres embarazadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Lo anterior, porque desde hace una década, en México la mortalidad materna ha sido considerada un problema de salud pública vinculada a los derechos reproductivos, sexuales, económicos, políticos y sociales.
En septiembre de 2002, en el marco de la Declaración del Milenio, el Estado mexicano suscribió los objetivos del desarrollo en los cuales estableció la meta para mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75 por ciento para el año 2015.
De igual forma, en 2009 se firmó un convenio interinstitucional para la atención de emergencias obstétricas en el que se establece que mujeres con complicaciones de este tipo deben ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud sin importar su afiliación.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de las legisladoras de todos los partidos representados en el Senado, presentó la iniciativa, recordó los casos recientes ocurridos el 18 de julio y 2 de octubre, donde dos mujeres indígenas mazatecas dieron a luz en instalaciones de salud donde no se les brindó la atención oportuna ni adecuada.
Así, mientras que cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que para el año 2010 la mortalidad materna fue de 53.5 muertes por cada 100 mil personas nacidas vivas, entidades como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca continúan presentando un índice superior a 80 muertes por cada 100 mil nacimientos.
De esta manera, el presente proyecto de decreto busca adicionar artículos a la Ley General de Salud, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para eliminar las barreras de acceso y portabilidad al sistema de salud, para que las mujeres embarazadas con complicaciones obstétricas reciban atención efectiva, de calidad y gratuita.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Social y a la Comisión de Estudios Legislativos.
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