El senador panista Javier Corral Jurado planteó reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de garantizar el máximo principio de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que obtienen los grupos parlamentarios.
La propuesta, detalló, busca regular tres objetivos: la transparencia en el uso y destino de recursos públicos que reciben grupos parlamentarios, el sistema de rendición de cuentas a la sociedad y los conflictos de intereses en la actividad legislativa y parlamentaria.
Para ello, planteó realizar auditorías de la gestión tanto de los grupos parlamentarios como de los legisladores que los integran, por parte de la Contraloría Interna de las dos Cámaras del Congreso.
Al respecto, refirió que ningún argumento es válido para ocultar información de los montos transferidos a los grupos parlamentarios, “ni mucho menos sobre la forma en que fueron usados los recursos de la hacienda pública”.
“Es importante establecer que los grupos parlamentarios informen, con justificación el uso y destino de los recursos recibidos distintos a los de su dieta”, puntualizó el legislador quien presentó la propuesta a nombre propio y de los senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Cordero, del PAN; Lilia Merodio Reza, del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez, del PRD; Manuel Bartlett Díaz, del PT y Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano.
Cuando se deja de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, queda en peligro la legitimidad del Poder público y de los representantes populares, agregó.
De aprobar las modificaciones, explicó Corral Jurado, los grupos parlamentarios de ambas cámaras y sus integrantes, estarán obligados a informar mensualmente sobre el uso y destino de los recursos con los que cuentan, además informarán semestralmente a la Contraloría Interna respectiva, para que efectúe las auditorías correspondientes.
Es importante señalar, además, que la información será pública y se podrá acceder fácilmente y permanecerá para todo el público, con la intención de cumplir con los principios de máxima publicidad.
En el caso de los legisladores independientes o que no forman parte de un grupo parlamentario, se especifica que tendrán también la obligación de informar mensualmente y a la Contraloría Interna sobre el uso y destino de los recursos públicos.
La propuesta busca también establecer el deber que tienen los diputados y senadores a realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general y que su desempeño se apegue a los principios en la Constitución.
Se agrega, dijo, la definición de conflicto de interés, la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador o bien un interés indirecto como sería el caso de beneficiar su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado”.
Asimismo, los legisladores que se encuentren o crean encontrase en un conflicto de interés tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y deberán notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión, como lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Finalmente, se plantea que los legisladores no obtengan beneficios económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política, o bien, realicen actos en contra de los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión, salvo que se trate de la defensa de intereses personales.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Reglamentos y Practicas Parlamentarias y Estudios Legislativos.
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