Senado de la República

La senadora Layda Sansores San Román presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución, a fin de que México reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) “sin objeciones” y retire todas las reservas que se han hecho a ese organismo.
Recordó que el 31 de diciembre de 2005, se promulgó el decreto por el que México aprueba el Estatuto de Roma que crea la CPI, organismo que investiga y lleva ante la justicia a los individuos, no a los estados, responsables de cometer las violaciones más graves a los derechos humanos como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sin embargo, expuso la legisladora de Movimiento Ciudadano, el Poder Legislativo optó por hacer un agregado al artículo 21 constitucional con el propósito de que el Ejecutivo Federal pueda, “con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
En la exposición de motivos de la propuesta afirmó que “si el Senado de la República decide que no procede la competencia en tal o cual asunto, se estará en contra del objetivo y fin del Estatuto de Roma”.
Además, dijo, desde la perspectiva del derecho internacional en materia de derechos humanos, esta decisión se puede calificar como “una reserva encubierta” que es “inadmisible” porque condiciona el ejercicio de la jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido crímenes de trascendencia internacional.
Señaló que una de las causas más graves a las violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las personas es la “impunidad endémica de autoridades y del gobierno”.
En este sentido, resaltó que en nuestro país “no existe ninguna persona, civil o militar, que esté enjuiciada por los abusos de poder y violaciones graves a los derechos humanos que hayan cometido, como en la masacre estudiantil de 1968 o en las desapariciones de las Guerra Sucia de los años 70”.
Desde su escaño, Sansores San Román recordó que México impulsó la creación de la Corte Penal Internacional, pero “de una manera inadmisible” frecuentemente hace reservas respecto a su jurisdicción y esto no sucede cuando se trata de acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio o la Iniciativa Mérida que firmó “sin objeciones”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
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