El Senado de la República modificó la Ley General de Población, con el objetivo de proteger y ampliar los derechos de los migrantes repatriados, ya que este ordenamiento sólo hacía énfasis en la revisión del estado de salud, comunicación con familiares y apoyos en el traslado a sus lugares de residencia.
De esta manera, se incluyó la obligación de las autoridades mexicanas de vigilar que en los lugares destinados para la recepción de connacionales repatriados, se respeten sus derechos y se cumplan los acuerdos internacionales en la materia.
En este sentido, se tendrá que supervisar que se les brinde comunicación telefónica, agua, alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal, así como atención legal, psicológica y médica.
Además, deberán ser informados respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir, no ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Los senadores indicaron que en 2011 se registraron 405 mil repatriaciones y la entidad federativa que tuvo el mayor número fue Baja California, específicamente en los puntos ubicados en Tijuana y Mexicali, en donde se registraron 81 mil y 54 mil eventos, respectivamente.
En este contexto, mencionaron que miles de mexicanos sufren todos los días deportaciones masivas y son doblemente victimizados por las autoridades extranjeras y nacionales al ser objeto de todo tipo de vejaciones. Por ello, consideraron que “estamos obligados, como Poder Legislativo, a explorar medidas de solución concretas a través de la creación de nuevas leyes o reformando las ya existentes”.
Destacaron que con la aprobación de esta enmienda “se da un paso en pro de la protección de los derechos de los migrantes repatriados, lo cual no es determinante para la solución definitiva de ese fenómeno social, pero que en conjunto con otras acciones, estaremos ayudando a la mitigación de la problemática que afecta, sin duda alguna, a toda la sociedad”.
Al hablar en favor del dictamen, el senador panista Víctor Hermosillo y Celada destacó que el objetivo del dictamen es reconocer el derecho de los repatriados, en virtud de que es un gran número de connacionales el que se encuentra en esa situación, además que las condiciones en que regresan son extremas.
La intención, dijo, es establecer la obligación de la Secretaría de Gobernación para apoyarlos en el traslado y garantizar que no exista ningún tipo de discriminación hacia ellos.
En ese sentido, subrayó la necesidad de reestructurar los derechos de los repatriados con relación a la atención médica y asistencia legal y agregó que a pesar de que ya existen derechos para los migrantes en la ley correspondiente, se debe hacer lo mismo con los repatriados, como agradecimiento por la retribución económica que se tuvo de ellos.
El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos.
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