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El Senado de la República avaló modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que los órganos públicos y las autoridades federales ofrezcan información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse, pues es imposible hacerlos efectivos si se desconocen, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo.
En el mismo sentido, se puntualiza en la Ley que se deberá considerar como conducta discriminatoria el limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia.
En el texto del dictamen se destaca que en el reporte de su visita en 2006, la relatora especial de Naciones Unidas, Yakin Ertürk, manifestó que a pesar de que la violencia contra la mujer, atizada por la discriminación por motivo de género y la impunidad, es un fenómeno generalizado, las mujeres que no tienen acceso a las autoridades estatales ni pueden recurrir a la ley en condiciones de igualdad, principalmente las migrantes indocumentadas, indígenas y marginadas, sufren niveles de violencia más altos.
En ese sentido, recomendó terminar con la impunidad respecto de la violencia contra la mujer llevando a cabo reformas a la legislación correspondiente, los procedimientos de investigación y el sector judicial, así como enmendar la Constitución y la legislación pertinente, a fin de otorgar a las autoridades federales competencias para investigar, proceder y juzgar los casos en que las autoridades estatales incumplan repetidamente sus obligaciones de derechos humanos al no investigar ni encausar los delitos de violencia, sobre todo los perpetrados contra mujeres.
Por otra parte, el dictamen refiere que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, reveló que 56 por ciento de la población femenina está de acuerdo con la idea de que en México no se respetan sus derechos, mientras que 22.1 por ciento está en desacuerdo con esa idea.
Además, en el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, relativo al proceso Proceso Penal, se observó que uno de los casos en los que se excluye y discrimina a la mujer con mayor persistencia es en la justicia penal.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal.
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