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En el segundo día de actividades de la Semana Nacional de la Seguridad Social, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal destacó que cada día son menos las posibilidades de contar con atención médica adecuada, razón por la que el objetivo del foro es dar a conocer el tema, pues 40 por ciento de la población desconoce su significado y, por lo tanto, “si no lo entiende, no exige y no se motiva a combatir la informalidad”.
En ese contexto, advirtió que en México 60 por ciento de los trabajadores están en la informalidad, pues no consideran atractivo tener un empleo formal; sin embargo, dijo, es indispensable contar con prestaciones de seguridad social porque proporcionan mayor garantía para asegurar el futuro.
Además, expresó que el Seguro Popular es un sistema en el que 52 por ciento es gasto de “nuestro propio bolsillo. Tenemos que costear la atención medica”. Por ello, dijo, es de gran ayuda tener un IMSS o un ISSSTE, porque de no ser así, la gente termina vendiendo sus bienes para costear su salud.
Al iniciar la mesa de trabajo titulada “Seguridad Social para Todos en Latinoamérica” el director de la oficina de la organización internacional del trabajo para Cuba y México, Thomas Wissing señaló que México cuenta con una población económicamente activa de 5.7 millones de personas, de los cuales 48.5 trabajan y los otros 2.2 millones están desempleados.
De los 48.5 millones -explicó- sólo 40 por ciento tienen un trabajo formal y en contraste, 60 por ciento, --tres de cada 5 mexicanos-- se desempeñan fuera del mercado formal, de baja inversión, con poco desarrollo tecnológico, con condiciones de trabajo no protegidas y, sobre todo, que no cotizan a un sistema de seguridad social y son principalmente los trabajadores de cuenta propia, del hogar, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad, indígenas y migrantes.
Subrayó que la OIT adoptó el Convenio 102 referente a los pisos de protección social, que es un proyecto para apoyar la planificación de programas sostenibles de transferencia y de servicios sociales esenciales sin sacrificar avances que los sistemas de seguridad social ya han establecido.
En su turno, Gustavo Leal Fernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que con la recién aprobada Reforma Laboral se impacta severamente a la seguridad social, pues los nuevos tipos de contratación como el pago por hora y compensación variable confirman una ruta franca de precarización.
Con la nueva Ley del Trabajo, la implantación del Seguro Popular en 2004 y la propuesta de Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la Presidencia, para reformar la Ley de Seguridad Social con la orientación de un sistema universal, no ofrece más alternativa que seguir achicando ese derecho humano a la seguridad social y a la salud por la vía de los paquetes esenciales o universales, agregó.
El problema de fondo, señaló, es que los esquemas básicos no pueden ser universales porque niegan la naturaleza plural de ese ciudadano del siglo XXI que demanda prestaciones integrales como las que opera la seguridad social.
Para garantizar un auténtico universalismo, dijo, se deben modificar las reformas, encontrar una agenda mínima para el refinanciamiento estratégico de la red pública, en el entendido de que lo que se tiene es completamente reversible si hay voluntad política y destacó que 16 años después de la reforma del IMSS, un trabajador con vida laboral de 40 años apenas aspira a una pensión de 25 por ciento del último salario devengado porque la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento.
El gobierno entrante, advirtió, tiene que entender que un verdadero debate se comenzará cuando “se deje de mentir y se pise firme en materia de lo que realmente puede aportar un trabajador”. Cualquier propuesta seria de reforma debe tener como supuesto un crecimiento económico con vocación distributiva para las mayorías, capaz de generar empleo formal de calidad.
En su participación, el director del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, Miguel Ángel Fernández Pastor, destacó que la seguridad social tiene como eje rector la posibilidad de establecer una política latinoamericana para transmitir en el conjunto de su población la idea de la construcción de una cultura en la materia.
En ese sentido, explicó que la Declaración de Guatemala surgió para realizar un cambio cultural en materia de seguridad social, a fin de transmitir sus valores y principios como la solidaridad, equidad y responsabilidad y desarrollar políticas de Estado que permitan construirlo.
La implementación de la Semana de la Seguridad Social, comentó, será el camino adecuado por el cual se intentará que en los colegios se transmitan valores y principios de la seguridad social y generar acuerdos interjurisdiccionales que permitan llevar adelante el proceso, a través del desarrollo de una plataforma educativa.
Además, los desafíos de la seguridad social son la consolidación de ésta como valor, darle profundidad a los procesos de integración, existencia y visibilidad, para cumplir con las obligaciones y tener capacidad para reclamar los derechos.
En tanto, Juan José Laxagueborde, representante de la Oficina de Enlace para el Cono Sur-Asociación Internacional de la Seguridad Social, manifestó que después de la crisis del 2000, en Argentina se hizo un plan de inclusión jubilatoria que permitió que casi dos millones de personas accedieran al beneficio, 40 por ciento más de lo que tenía el sistema.
Se implementó la acción universal por hijo, se creó el programa digital conector igualdad, parecido al modelo uruguayo en el que se le otorgó una computadora a los niños en edad escolar (3 millones 500 mil).
Además, subrayó que en 2008 se estatizó el sistema de jubilación privada en el país y los fondos que tenían acumulados en su cuenta de capitalización individual se pasó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad con alrededor de 120 mil millones de dólares, que subsidió el empleo.
A su vez, Walter Ariel Ferrari Ibarra, director representante del Sector Trabajadores, Banco Previsión Social, señaló que los esquemas no contributivos han sido respuesta positiva a la desprotección en varios países, los impactos de estos esquemas en la pobreza y en la vejez depende de la capacidad fiscal de los estados.
La solución de fondo a la seguridad social, dijo, es la formalización del empleo y estimular el aporte voluntario. La realidad no tiene que adaptarse al sistema de seguridad social, “tenemos que crear nuestro propio sistema, la propia recomendación de la creación de los pisos de protección social de acuerdo a las posibilidades de cada país.”
Al dar inicio la segunda parte de la Mesa de trabajo, el senador Isaías González Cuevas anticipó que en la actualidad a nivel global se considera a la seguridad social como un Derecho Humano indiscutible, resultado de más de un siglo de muchas aspiraciones de los trabajadores que lo han buscado como sinónimo de justicia social.
Reconoció que a pesar de los avances en la materia, en Latinoamérica “estamos lejos de conseguir el objetivo de ofrecer protección universal para los conciudadanos”. Estamos lejos de reducir los riesgos que implica la pérdida de los niveles de bienestar asociados a la enfermedad, la vejez, riesgos profesionales y la pérdida de empleo.
En su momento, la doctora Verónica Malo Guzmán, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias presentó una propuesta de reforma hacendaria y al sistema de protección social, que plantea dotar al país de un sistema de protección universal, es decir, dar acceso efectivo a la salud, a bajo costo de calidad; además que todos los mexicanos cuenten con un seguro de vida y de invalidez y reformar el sistema de pensiones para que cuenten con una pensión universal equivalente a un salario mínimo, a través de mecanismos como el sistema de cuenta individual.
La reforma al sistema salud, dijo, busca que converjan todos los sistemas actuales y, para ello, explicó, es necesario separar el financiamiento de los servicios de salud para generar un fondo de salud; crear un sistema de salud que permita la portabilidad; eliminar las cuotas obrero-patronales a la salud; prescindir de excepciones y regímenes especiales tanto del IVA y del ISR, de los subsidios a los energéticos e instrumentar gravámenes al capital; incrementar el impuesto predial; además de la portabilidad de los beneficios de las pensiones, seguro de vida, de invalidez y salud, sustentada en una reforma vinculada con varios aspectos; focalizar la transferencia a familias pobres e incluir la transparencia y rendición de cuentas.
La reforma es financiable, subrayó, la protección social universal tiene un costo de 5.5 puntos porcentuales del PIB, más una compensación de 0.2 por ciento que va directamente al decil más bajo de la población y el costo como nación para generar la infraestructura necesaria para homologar el sistema de salud a un mismo estándar que equivale a 0.6 por ciento del PIB.
Juan Carlos Paulucci, jefe de Gabinete de Planeamiento de Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, quien se refirió a la seguridad social y las poblaciones vulnerables, apuntó la necesidad de promover el conocimiento de los derechos de las personas para que ellos puedan reclamar y que conozcan las medidas para que los beneficios de la seguridad social lleguen a todos.
Las poblaciones vulnerables son las familias humildes, numerosas, con viviendas deficientes, de bajo estándar sanitario, escaso nivel de educación y poca capacitación laboral, es decir, la gente pobre, aseguró.
Las personas vulnerables, agregó, son los que se encuentran en condición de fragilidad por diversos motivos, como los desocupados, no registrados e informales; las trabajadoras domésticas; los trabajadores rurales –que representan mil 300 millones de la población agrícola mundial y 50 por ciento de la mano de obra mundial-.
En América Latina y el Caribe, la población rural es de 121 millones y representa el 20 por ciento del total, la población rural es vulnerable por las severas condiciones de trabajo, a la intemperie, expuesto a diversas enfermedades, a golpes y malas posiciones, vibraciones corporales por uso de maquinaria pesada, entre otros.
En este contexto, destacó que los hospitales no se darán a basto si no se asegura el saneamiento ambiental, la alimentación segura y el agua limpia. “Si no se erradica el trabajo negro no habrá solución para la seguridad social ni se financiará la seguridad social con impuestos”, abundó.
En su experiencia, el diputado Rafael Romero Piñeros, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de Colombia resaltó que la reforma al sistema de salud en su país busca ser un sistema transparente en el financiamiento y operación, que sea flexible, solidario, que fortalezca lo territorial con énfasis de atención diferencial para zonas con condiciones geográficas y sociales especiales.
Busca, agregó, reducir las barreras de acceso a la atención, garantizar mayor calidad y continuidad de los servicios y recuperar la confianza en el sistema, transparencia en el uso de los recursos y mantener los logros alcanzados en la protección financiera.
Para ello, los cuatro ejes de la propuesta es la creación de un ente que se llama Salud Mía que es el manejo unificado de los recursos, que afilia, maneja y paga; un plan de beneficios integral que incluya gestores de salud encargados de mostrar que la población tiene resultados en salud, así como la gestión sanitaria y de redes a través de aéreas de gestión para la prestación de servicios. Si al país le va bien, a la gente le irá bien, finalizó.
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