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La Cámara de Senadores requirió al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre el estado que guarda el proceso de conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Asimismo, solicitó a la Procuraduría General de la República un reporte sobre las acciones que realiza en torno a la generación de protocolos especializados para la búsqueda y localización de personas denunciadas como extraviadas o desaparecidas e indique el estado que guarda la implementación de la Base Nacional de Información Genética.
A las 32 entidades federativas, el Senado las conminó a proporcionar a las autoridades federales los datos que permitan localizar a las personas reportadas o denunciadas como extraviadas o desaparecidas.
De igual manera, pidió a las procuradurías o fiscalías estatales, que aún no cuentan con laboratorios de genética forense, implementar este tipo de instalaciones a la mayor brevedad posible.
En el dictamen aprobado se refiere que la Secretaría de Gobernación dio a conocer la existencia de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la PGR, que indica que hasta noviembre de 2012 existían más de 27 mil personas desaparecidas.
Sin embargo, se precisa en el texto, la dependencia ha aclarado que aún falta por depurar esos datos.
A pesar de ello, los senadores consideraron que representa un primer paso para contar con información única de las personas extraviadas o desaparecidas, lo que permitirá contar con “insumos invaluables” para definir las estrategias que garanticen el derecho a la verdad para familiares y víctimas.
Por otro lado, se menciona que el 17 de abril de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, lo que derivó en la obligación de migrar las bases de datos existentes al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Empero, a casi un año de su publicación el procedimiento todavía no se encuentra en fase de implementación, debido a que no se ha expedido el reglamento que deberá especificar la manera en que las autoridades competentes alimentarán dicho registro.
Al respecto, los legisladores hicieron notar la necesidad de establecer los mecanismos con los que se alimentará el registro, además de generar los protocolos que permitan la realización de investigaciones efectivas sobre los hechos y circunstancias en que han desaparecido esas personas.
Piden intervención de Profeco en conflicto habitacional en Tijuana
En otro tema, el pleno senatorial hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que coadyuve a resolver el problema habitacional que se registra en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Lo anterior, debido a que en 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras la edificación de viviendas que, por carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.
En el dictamen se apunta que la construcción deficiente de esas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales que concluyen que las casas, a causa de su pésima construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.
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