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• Necesario legislar la ley secundaría: ONU.
De no abatir los altos índices de impunidad que se presentan en casos de trata de personas, de nada servirán los cambios legislativos para su combate ni las acciones para prevenir y proteger a las víctimas.
Así lo consideró Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al participar en el panel El papel de las Autoridades en la Lucha Contra la Trata de Personas.
Al respecto, hizo notar los altos índices de impunidad que se registran en los casos de trata de personas, ya que sólo una de cada diez averiguaciones previas derivan en una sentencia condenatoria.
Indicó de 2009 a 2012 se iniciaron 906 averiguaciones previas a nivel nacional, de las cuales 396 --menos de la mitad-- derivaron en una consignación y de éstas sólo 91, es decir, una de cada diez, terminaron en una sentencia condenatoria.
Por ello, subrayó, lo que más preocupa a la CNDH es que una vez consignadas las indagaciones, el número de casos en los que se dicta sentencia es mínimo, por lo que la mejor medida preventiva es castigar a los culpables de estos delitos.
Podemos llevar a cabo cualquier modificación en materia legislativa, cualquier acción en política pública, en detección y atención a las víctimas, pero difícilmente se podrá generar un avance sustantivo en la materia si no se abaten esos altos índices de impunidad, advirtió.
En este sentido, se pronunció por crear una estrategia integral que involucre a todos y cada uno de los actores de la cadena de la trata de personas: “la víctima, la víctima potencial, los tratantes y los clientes explotadores”.
Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indicó que es urgente legislar la ley secundaria a fin de perfeccionar el marco legal respecto de la persecución, protección de las víctimas y la prevención de la trata de personas.
Señaló que la Secretaría de Gobernación ha trabajado en un diagnóstico que servirá de instrumento en el seguimiento, monitoreo, prevención e implementación de nuevas leyes en la materia.
“México es uno de los países que más ha hecho en lo que es la comprensión y lucha contra la trata de personas, pero hay que mejorar el marco legislativo para que la prevención sea el eje fundamental de la lucha contra este delito”.
Para Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Espacial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, lograr la resocialización de las víctimas no sólo depende de “una sentencia o una consignación” sino de un proceso de servicio y protección interinstitucional.
Si con eso fuera, créanme, tendríamos la varita mágica en ello, pero no lo es; se trata de un proceso de diversas acciones entre instituciones, aclaró.
Por ello, estimó que se necesita de un mecanismo interinstitucional, que incluya la participación ciudadana, pues de lo contrario se seguirá limitando a las víctimas en el restablecimiento de sus derechos.
En tanto, Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), aseguró que en México la trata de personas sigue siendo un “crimen impune”.
Apuntó que ese delito significa “la violencia más extrema” hacia las personas que lo padecen porque “somos un país que discrimina en función de apariencia”, y por ello la prevención es vital para terminar con este “horror humano”.
En su turno, la diputada Leticia López Landero, presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, aseguró que se dará la batalla en contra de este problema, pues las víctimas y sus familias exigen que el combate sea frontal e implacable.
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