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La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá informar acerca del número y situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en Estados Unidos, así como de las medidas implementadas para auxiliarlos legalmente.
Lo anterior, luego de que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobara un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, en el que se hace referencia al proceso judicial conocido como “el caso Avena”, donde se logró demostrar que 54 mexicanos habían sido detenidos, juzgados y condenados a la pena de muerte sin que las autoridades estadounidenses hubieran informado “sin dilación” a los interesados de su derecho a la protección consular.
Posteriormente, se agrega en el documento, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de la demanda que México realizara a Estados Unidos para restablecer la situación existente previa a los actos de detención, enjuiciamiento, declaración de culpabilidad y condenación de los mexicanos cometidos en contravención a las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos, entre otras.
Además, derivado de dicho fallo, el 13 de mayo de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunica que la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma decretó una suspensión indefinida de la ejecución del mexicano Osvaldo Torres, pero al día siguiente el gobernador de ese lugar conmutó la pena de muerte por una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Por ello, al cumplirse nueve años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, es conveniente conocer la situación y el número preciso de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos.
Además, que aun cuando el Informe de Amnistía Internacional 2012 no se ha publicado, el de 2011 indica que Estados Unidos, Arabia Saudita y China continúan siendo los únicos países miembros del G20 que contemplan la pena de muerte como castigo ejemplar.
En el informe también se destaca que de las 626 ejecuciones que hubo en ese año, 43 se realizaron en Estados Unidos, pero 78 nuevas condenas se establecieron en ese año y en ese país que, además, rechazó las peticiones expresadas por 23 países para que establecieran una moratoria de las ejecuciones, así como la petición de Cuba e Irlanda de poner fin a la aplicación de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales.
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