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La Cámara de Senadores pidió a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal que informen sobre los casos de desaparición forzada ocurridos en su jurisdicción y el estado legal en que se encuentran.
Asimismo, hizo un llamado a los congresos locales para que legislen y tipifiquen este delito, de conformidad con las directrices contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.
De igual manera, el Senado solicitó a los gobernadores que atiendan a organizaciones de familiares de personas desaparecidas y fortalezcan la coordinación entre niveles de gobierno, a fin de avanzar en la integración de una base de datos de personas desaparecidas.
En el dictamen avalado se indica que la ONU realizó una recomendación al Estado mexicano para que el delito de desaparición forzada sea incluido en todos los códigos penales de las entidades federativas y que se apruebe a la brevedad una ley general sobre este ilícito.
Refiere que según Human Rights Watch, en los últimos seis años se han registrado 249 casos de desaparición forzada en nuestro país “sin que hasta la fecha se haya conseguido localizar a las víctimas y presentar a los responsables ante la justicia”.
Además, se agrega, ha sido acreditada la participación y responsabilidad de integrantes de las fuerzas de seguridad involucradas en dichas desapariciones, por lo que las acciones emprendidas por las autoridades “han sido tardías, insuficientes y evidentemente inadecuadas”.
Por ello, los senadores expresaron su preocupación por el “incremento exponencial” en los casos de desaparición forzada y reconocieron la urgencia de implementar acciones efectivas para combatir este delito.
En este sentido, manifestaron que esa violación a los derechos humanos constituye una “grave ofensa a la dignidad intrínseca de las personas”, por lo que es necesario que todos los ejecutivos locales implementen un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones sobre desapariciones forzadas.
Al respecto, la senadora panista Mariana Gómez del Campo expresó que es necesario que los congresos locales “tomen cartas en el asunto” y tipifiquen el delito de desaparición forzada, pues se trata de un tema prioritario.
En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez hizo notar la necesidad de contar con dicha información, a efecto de conformar una ley general que atienda este problema.
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