Número-1104
- Se busca conocer un informe sobre qué unidades administrativas componen la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y cuál es su competencia específica, entre otros.
- El punto de acuerdo no fue considerado de urgente resolución por la asamblea.
El Pleno del Senado turnó a la Comisión de Justicia la propuesta de la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, por la que invita a la Procuradora General de la República a comparecer ante la Comisión de Justicia, con el propósito de que informe qué unidades administrativas componen la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuál es su competencia específica y cuántos agentes de investigación se encuentran permanentemente adscritos a la misma, para el eficaz ejercicio de sus funciones.
El punto de acuerdo, que no fue considerado de urgente resolución, --firmado por diversos senadores del PAN, PRD, PT y por la senadora independiente Martha Tagle Martínez-- también solicita que se informe qué diseño institucional se plantea para dotar de mayor funcionalidad y eficacia a la Fepade, de frente a las elecciones de 2016, con el fin de evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o sesgos políticos.
Además, solicita que se dé a conocer qué medidas se están tomando para evitar la alteración de documentos contenidos en investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), así como su filtración a medios de información, con el propósito de perjudicar a candidatos para las elecciones de este año.
Adicionalmente, el acuerdo busca conocer qué medidas de fortalecimiento institucional se llevan a cabo para evitar que la PGR sea utilizada como instrumento político, para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones que se realizaran este año, qué procedimientos sancionatorios se han iniciado por ese motivo, cuántos de esos procedimientos han concluido con sanción y, en su caso, en qué han consistido las sanciones.
Desde la máxima tribuna, la senadora Marcela Torres destacó que al hacerse pública la noticia respecto a la reciente investigación en contra de Arturo Escobar y Vega, ex vocero del Partido Verde Ecologista de México y ex subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría Gobernación, se generó una reacción sorprendente de su partido político, “aliado del actual gobierno”.
La denuncia penal que presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como las constantes declaraciones en contra de la credibilidad del fiscal, deslegitimizaron colateralmente a la Fiscalía misma, vulnerando la ya endeble confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones, argumentó.
Asimismo, destacó que la amenaza latente de la denuncia presentada en contra del Fiscal Especial de la Fepade ante la PGR, así como el freno a la investigación que se llevaba a cabo en contra de Escobar, son señales inequívocas de que desde el gobierno se quiere obstaculizar el trabajo indispensable de la Fiscalía consistente en perseguir a los delincuentes electorales, para que sean sancionados.
La legisladora panista también precisó que más allá de los ataques personales al Fiscal Especializado, la actitud antidemocrática, es un intento por debilitar a las instituciones que buscan prevenir y combatir los delitos electorales, por lo que “este embate se vuelve todavía más preocupante y de suma relevancia cuando tenemos la renovación de 12 gubernaturas, congresos locales y diversas alcaldías”.
Al respecto, expuso que aún no se ha aprobado la Ley de la Fiscalía General de la República, en la que se establecen las bases de organización, recursos y competencias de la Fepade, por lo que ante la omisión legislativa, compete a la procuradora establecer la organización y el funcionamiento de la Fepade, esto es, depende de ella su eficacia.
Es en este contexto que surge la necesidad de conocer cuáles son las unidades administrativas, competencias y sobre todo los recursos materiales y humanos con que cuenta hoy la Fepade para el eficaz ejercicio de sus funciones y los otros puntos que contiene el acuerdo, así como las medidas institucionales que va a implementar la PGR, con el fin de garantizar su independencia, dotarla de mayor funcionalidad y eficacia frente a las elecciones de 2016.
“Es imprescindible que la Fepade cuente con las más amplias facultades e instrumentos jurídicos de vanguardia y absoluta autonomía, para garantizar que los ciudadanos que cometan un delito electoral no gocen de impunidad”, indicó.
El punto de acuerdo fue signado por los senadores Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Pilar Ortega Martínez, Laura Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan Fernández Sánchez Navarro, Daniel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, del PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, del PRD; Manuel Bartlett Díaz, del PT, y por la senadora Martha Tagle Martínez.
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