Número-676
- Presentan informe sobre el uso de estas figuras en México; denuncian abusos y falta de control.
- El Poder Judicial emitió 14 mil 500 órdenes de arraigo de 2009 a 2014.
Organizaciones civiles hicieron un llamado para que el Congreso elimine de la Constitución Política y de las legislaciones correspondientes las figuras del arraigo y de prisión preventiva, pues las autoridades abusan de su uso y no ejercen un adecuado control en su aplicación, además de que no son compatibles con el respeto a los derechos humanos.
En la presentación del informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, en el Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez expresó que si México contara con una policía ministerial eficiente y eficaz, desde el primer momento en que se acerca a los hechos e inicia la investigación, no se tendría que hacer uso del arraigo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos consideró que el gran reto que tiene el país es dejar claramente establecida la política criminalística, para dar lugar a una correcta y eficiente investigación del hecho delictivo.
Destacó que el reporte presentado servirá como herramienta que permitirá cumplir con la responsabilidad que tiene el Congreso en el diseño de nuevas leyes y en la modificación de otras.
Al presentar el informe sobre el uso del arraigo, Ximena Andión, presidenta del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pidió a los congresos federal y locales que eliminen esta figura de la Constitución y de las leyes, por ser contraria a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos; además que el Poder Judicial ordene la libración inmediata de todas las personas sujetas a este tipo de detención.
Hizo notar que la práctica del arraigo es muy extendida en el país, pues hay mucha resistencia en todos los niveles de gobierno para eliminar esta figura, totalmente contraria a los estándares de los derechos humanos.
Lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado constitucional el arraigo a nivel federal para delitos graves; y dijo que el ministro Eduardo Medina Mora debió haberse excusado de participar en esa decisión, pues el hecho que motivó este caso ocurrió cuando él fue procurador.
Destacó que las cifras sobre la aplicación del arraigo demuestran que las autoridades federales y locales han abusado de este recurso y no ejercen un adecuado control en su aplicación. En este sentido, refirió que el Poder Judicial emitió, a solicitud de la Procuraduría General de la República, 14 mil 500 órdenes de arraigo de 2009 a 2014.
Indicó que se concedieron siete mil 943 órdenes de arraigo por delitos contra la salud; tres mil 332 contra la delincuencia organizada; 352 en materia de propiedad intelectual, mientras que mil 555 fueron por delitos que no se precisan.
Señaló que de ocho mil 595 personas arraigadas en el ámbito federal, sólo 3.2 por ciento obtuvieron una sentencia condenatoria, lo que demuestra que esta medida no sirve para realizar una investigación eficaz
Insistió que esta figura resulta violatoria de los derechos humanos, pues al concederse un arraigo la persona detenida queda en una situación jurídica indeterminada, además no cumple con los estándares, su definición en la Carta Magna y la legislación secundaria viola el principio de legalidad porque es muy laxa en su redacción.
Aunado a ello, agregó, está demostrado que mientras las personas están sometidas a la figura del arraigo llegan a ser víctimas de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
En su turno, Javier Carrasco, del Instituto de Justicia Procesal Penal, hizo un llamado para eliminar de la Constitución la figura de la prisión preventiva, pues el Estado mexicano debe ser un sistema respetuoso de los derechos humanos.
Por ello, subrayó, no se puede tener el arraigo por un lado, y la prisión preventiva por el otro; o creemos en la presunción de inocencia o no creemos, apuntó.
Comentó que México tiene actualmente una población penitenciaria de 255 mil personas, de ellas, 110 mil no han recibido una sentencia condenatoria. Además, indicó que el sobreuso de la prisión preventiva ha provocado un hacinamiento de 124 por ciento en las prisiones del país.
Pidió exigir mayor cantidad de información en este tema y fortalecer las figuras jurídicas que eviten la aplicación de la prisión preventiva y apoyar el uso de un lenguaje democrático y claro dentro de las audiencias.
Respecto al tema de ejecución penal, Guadalupe Álvarez Santiago, de ASILEGAL, expuso que hay estados donde el nuevo sistema de justicia está vigente, pero las prácticas son las mismas del viejo sistema, lo que impide que las ejecuciones no se apliquen correctamente.
Asimismo, advirtió que debido a los errores en la aplicación del sistema de justicia se está perpetuar un sistema penitenciario que nos sirve para cumplir con sus objetivos de reinserción social.
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