Número-259
- Los servidores públicos que trasladen tejidos u órganos fuera de territorio serán inhabilitados hasta por 16 años.
- Exhortan a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para crear comisiones ordinarias contra la trata de personas.
La Comisión contra la Trata de Personas, que preside la senadora Adriana Dávila Fernández, aprobó modificaciones a las leyes generales de Salud; para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; a fin de prevenir el tráfico de órganos.
En las consideraciones del dictamen se establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, estarán obligados a diseñar y aplicar campañas preventivas contra el tráfico de órganos y de trata de personas con fines de extracción de órganos, tejidos y células, además deberán reforzar los requisitos para realizar trasplantes.
Además, se introduce el principio de confidencialidad para evitar el comercio de órganos, tejidos y células.
Los servidores públicos que trasladen fuera del territorio nacional órganos, tejidos y componentes de seres vivos o cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, serán inhabilitados por periodos que van de los seis a los 16 años.
El dictamen introduce la obligación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que informe al Ministerio Público cualquier hecho ilícito derivado de la realización de un trasplante.
Durante la reunión de este día, también se aprobaron cambios a los artículos 88 y 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Éste dictamen propone que la Comisión Intersecretarial, con ayuda del sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores, publiquen datos relativos a la incidencia delictiva de los delitos en materia de trata de personas.
De igual manera, se avaló un exhorto a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que creen comisiones ordinarias contra la trata de personas.
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