Número-210
- Necesario, garantizar el ejercicio periodístico y evitar que “la violencia se trague a la democracia”: PEN Internacional.
- México padece “una situación de violencia criminal en un contexto de debilidad institucional”, reconoce Gil Zuarth.
Senadores de la Comisión de Justicia y una delegación de PEN International intercambiaron puntos de vista sobre el estado que guarda la libertad de expresión en México, así como los obstáculos que enfrentan periodistas y profesionales de la comunicación.
Al inicio del encuentro, integrantes de la delegación, que encabezó John Ralston Saul, hicieron un llamado para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, así como para que “la violencia no se trague a la democracia” mexicana.
El senador Roberto Gil Zuarth reconoció que México padece “una situación de violencia criminal en un contexto de debilidad institucional”, que se explica --entre otros factores-- por la diversificación en las actividades de la delincuencia organizada, que ha mutado del trasiego de drogas a los homicidios, el robo y la extorsión.
El presidente de la Comisión de Justicia dijo que en este escenario los periodistas se enfrentan a las acciones de grupos criminales que buscan hacer propagada de sus actividades y a las agresiones de autoridades, específicamente locales, “ya sea por una débil evolución democrática en esas entidades o por la debilidad crónica en la rendición de cuentas en esos enclaves”.
Gil Zuarth destacó que en los últimos años el Congreso ha trabajado para fortalecer el Estado de derecho y, entre otros temas, se aprobó un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral; una reforma constitucional en materia de derechos humanos y una enmienda para que la Federación pueda hacerse cargo de los ataques contra comunicadores.
Desde que se aprobó la legislación secundaria a esta última reforma, agregó, la Federación ha atraído aproximadamente 21 casos, de los cuales se registraron dos homicidios en 2014 y cuatro en 2015. Sin embargo, “tenemos el problema de que el fortalecimiento institucional a nivel local no ha sido en la misma magnitud y con la misma velocidad que los esfuerzos a nivel federal”.
Uno de los retos, asentó, es que las capacidades institucionales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito, sean exactamente las mismas entre la Federación y las entidades.
Además, subrayó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, “tiene el mismo problema que el resto de la Procuraduría General de la República, un problema de bajas capacidades, baja calidad en las competencias de los ministerios públicos y recursos muy limitados”.
En este sentido, propuso realizar una reunión con el representante de dicha la Fiscalía, a fin de analizar las problemática que enfrenta esta dependencia.
Previamente, Aline Davidoff, presidenta de PEN México, destacó que una nación sin libertad de expresión, “es un país donde la democracia es dudosa y donde el sufrimiento de la gente, que es lo que nos preocupa también, no hará más que crecer”.
Hizo un llamado para aplicar el marco legal y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
“Las leyes ya existen, pero hay un problema en la implementación, hay un problema en regresar a este país a su camino legal”, para que ciudadanos, escritores, periodistas, blogueros, niños y estudiantes puedan vivir en paz, añadió.
Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, expresó: “No permitan que la violencia se trague a la democracia. No permitan que la situación de la libertad de expresión termine con una democracia que ha sido fantástica en América Latina”.
Señaló que criminalizar el derecho a la libertad de expresión trae como consecuencia el silencio, la censura y la autocensura.
En el intercambio de opiniones, del senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, subrayó que a veces los atentados en contra de la libertad de expresión provienen de los agentes del Estado y “si no lo expresamos en voz alta” esta situación puede continuar.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, el senador Enrique Burgos García hizo notar que el gobierno es el primer obligado en responder a esta tarea, pero la naturaleza del fenómeno es tan profunda, con distintas raíces y razones, que también requiere de la participación social para enfrentarlo.
La senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, consideró que se requiere voluntad política para resolver el problema, pues el “vértice” de la violencia que se vive en México es la corrupción “que ha invadido todas las grietas de las instituciones mexicanas” y no es casualidad que el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas quede impune.
También del PRI, la senadora Arely Gómez González preguntó si la ampliación de facultades a la Fiscalía ha influido para dar mayor respuesta a los ataques contra los comunicadores.
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