Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-189

  • Comparecieron seis especialistas de la sociedad civil ante Comisión de Derechos Humanos.
  • Hacen propuestas para superar la compleja situación que enfrenta el país.

Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos, aspirantes al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en la necesidad de fortalecer a esta institución, a fin de que México logre superar la compleja situación que enfrenta actualmente.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explicó que dicha comparecencia deriva de la renuncia del consejero Alfredo Achar Tussie, por motivos personales.
Durante su participación, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, precisó que los miembros del Consejo deben formular con concisión sus sugerencias para la mejora continua de la Comisión y actualizar sus conocimientos en todos los aspectos de la cultura universal y no solo en derechos humanos. El Consejo, advirtió, no debe ser ornamental, debe apoyar activamente el trabajo del ombudsman incluyendo la crítica, cuando a juicio de los consejeros existan motivos razonables para externarla.
En respuesta al cuestionamiento de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el caso Tlatlaya, destacó que la CNDH adelantó su juicio y emitió una opinión previa al término de una investigación exhaustiva. La recomendación, agregó, estuvo bien formulada en el sentido de que deben deslindarse responsabilidades.
Sobre la pregunta de la senadora Arely Gómez González, del Partido Revolucionario Institucional, resaltó la importancia de que todos los organismos públicos valoren, respeten y respalden el trabajo del ombudsman; e indicó que adelantar un juicio por un organismo que no tiene como función velar por los derechos humanos, conocer de quejas e investigarlas, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no ayuda sino que perjudica el trabajo de la Comisión.
El IFAI tiene funciones que tienen que ver con la transparencia y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pero no sobre violaciones a los derechos humanos, agregó.
Respecto al cuestionamiento de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, dijo que los derechos humanos tienen que evitar males conocidos, es decir, evitar la tortura y los juicios inquisitoriales, y reconoció que los derechos humanos no deben prometer paraísos sino luchar por reducir injusticias, abusos de poder y lo que vaya en contra de la las libertades y dignidad del ser humano.
En su turno, el doctor Erasmo Adolfo Sáenz Carrete, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana apuntó que México vive una crisis grave de derechos humanos. Recalcó la existencia de más de 160 mil personas desplazadas en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero Michoacán y Sinaloa. En materia de secuestros, apuntó lo dicho por la Organización Alto al Secuestro respecto a que hay más de cinco mil 444 denuncias. Por tal motivo, el Consejo podría ser caja de resonancia que oriente las acciones de la CNDH, expresó.
En respuesta a la senadora de la Peña Gómez, sobre el caso de San Fernando, el doctor subrayó la dilación e investigación a destiempo. Los secuestros de migrantes, dijo, requieren una inmediata investigación, pues de no ser así se pierde un tiempo básico para la CNDH.
A la pregunta de la senadora Arely Gómez, respecto al momento de declive de la Comisión, destacó que esto se generó cuando los titulares de las comisiones utilizaron el cargo como trampolín para diversos encargos y no se le dio continuidad al trabajo que se venía realizando cuando se dio la reelección. La recomendación es reestructurar la Comisión para que no sea más un elefante blanco.
El licenciado Francisco Fernando Pimentel González, asesor en la Procuraduría General de la República, resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil, a través de la Comisión, ante la obligación del Estado mexicano en la lucha contra la impunidad, mediante la investigación a la violación de los derechos humanos, sanción a los responsables y reparación del daño a las víctimas. La participación del Consejo es importante en la procuración y administración de justicia, añadió.
Fernando Soto Cruz, dramaturgo en temas de exclusión social y promotor de la defensa de los derechos humanos de la infancia, apuntó la necesidad de que se reconozca la desaparición forzada como una transgresión a la paz de la nación.
Por tanto, apuntó, es necesario que cada entidad federativa cuente con una oficina especial de búsqueda de personas desaparecidas, con apoyo especial a grupos vulnerables como las etnias; además el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática debe contar con facultades para concentrar información sobre la localización de cadáveres o de personas vivas, registro de ADN de víctimas, así como de denuncias sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas localizadas.
La senadora de la Peña Gómez cuestionó al experto en atención a niños de la calle, cuál es la aportación que el Consejo Consultivo de la CNDH puede aportar para atender este problema.
Soto Cruz planteó la necesidad de que se les ofrezca a estos infantes una identidad mediante un acta de nacimiento que les permita tener acceso a programas sociales de alimentación, estudio y atención psicológica, y a los mayores de 18 años la posibilidad de empleo digno.
La legisladora Arely Gómez, por su parte, preguntó sobre su propuesta de estrategia para promover la prevención a favor de los derechos humanos y difundir los instrumentos de derechos que permitan sensibilizar a la sociedad. El experto refirió su experiencia con procuradurías estatales, como la de Querétaro, Guanajuato y del Estado de México para hacer teatro social contra las adicciones y la violencia, trabajo que incluso se ha retomado con éxito a través de su literatura en otros países, como España y Uruguay.
La doctora María Elena Morera Mitre, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, expuso por su parte que para restablecer las garantías, el Consejo Consultivo debe trabajar en tres ejes fundamentales: generación de indicadores sobre la real satisfacción a las víctimas; recobrar la confianza ciudadana; y acompañar a la CNDH en la toma de decisiones complejas.
Apuntó que si bien actualmente la CNDH realiza estadísticas sobre casos atendidos y número de recomendaciones emitidas, no contempla indicadores de desempeño que permitan saber si las víctimas quedaron satisfechas con esa atención, o si se pudo llegar más lejos.
La senadora Arely Gómez apuntó que una de las facultades del Consejo Consultivo es opinar sobre el proyecto de presupuesto, por lo que cuestionó cuáles son las áreas a las que deben asignarse mayores recursos.
La luchadora social apuntó que del presupuesto de mil 400 millones, la mayor parte se destina a capacitación del personal de la misma CNDH o de ONG’s; pero consideró necesario asignar mayores recursos a la contratación de abogados para las víctimas, a la par de promover el trabajo social en las universidades, e incluso establecer el sistema de pro bono entre los grandes bufetes para que atiendan uno o dos casos al año y esto favorezca su reputación.
La senadora Gastélum Bajo refirió los señalamientos respecto al gran presupuesto que se concede la CNDH, por lo que preguntó hasta dónde se debe acompañar a las víctimas. Morera Mitre consideró que el acompañamiento debe ser “hasta que la víctima te diga: Sí se cumplieron mis expectativas” lo cual, reconoció, conlleva un proceso que implica un proceso legal y otro psicológico que le permita seguir con su vida.
De la Peña Gómez, en su turno, pidió precisión sobre el significado de que el Consejo Consultivo acompañe a la CNDH en la toma de decisiones. En respuesta, la especialista apuntó que México enfrenta una etapa compleja en términos de seguridad y justicia, donde el Consejo Consultivo deberá apoyar a la CNDH ha en decisiones difíciles en cuanto a recomendaciones que deba dirigir al Ejército o la Policía Federal.
En su turno, Mónica González Contró, máster en derechos de la infancia y adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid, coincidió en que el Consejo debe de contar con mayor fortaleza y ello implica una visión crítica y un contrapeso. Por ello, subrayó, es necesario trabajar en la inclusión dentro de la CNDH de la perspectiva de la infancia, a través de la conformación de áreas transversales en esta área, así como en el tema de la no discriminación, particularmente de género.
La senadora Arely Gómez explicó que el Consejo Consultivo tiene facultades para fijar lineamientos generales para la actuación de la CNDH, por lo que cuestionó cuáles son los temas en que debe haber mayor enfoque.
González Contró consideró que uno de los principales retos es atender la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y conformar un área especializada, dentro de los plazos establecidos.
La senadora Angélica de la Peña le preguntó cuál es su interpretación de la perspectiva de género y la académica expuso que en México es necesario analizar los factores reales de poder y de desigualdad que hay en cada decisión para poder desde ahí privilegiar los derechos de la parte más desfavorecida o que menos poder tiene.

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