Número-824
- Para ello se reformó el Reglamento del Senado de la República.
- Servidores públicos deberán exponer ante senadores su negativa para no dar cumplimiento a recomendaciones de ese organismo.
La Cámara de Senadores aprobó un dictamen que modifica su reglamento, con el objetivo de regular el procedimiento a seguir para la comparecencia de aquellos servidores públicos o autoridades que no hayan cumplido con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los legisladores agregaron el artículo 265 Bis y la Sección Décima al Reglamento del Senado de la República, donde establecen que la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos tomará protesta de decir verdad a las autoridades o servidores públicos que se presenten a comparecer y les hará saber las responsabilidades en caso de que incurran en falsedad.
Posteriormente, les otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la CNDH.
Acto seguido, hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores de cada bancada y cada una de ellas no excederá de diez minutos.
En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, el presidente de la Comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención, se explica.
Los senadores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente y al final de cada una de ellas el funcionario hará uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos.
La reforma establece que una vez finalizados los cuestionamientos el compareciente emitirá un mensaje final y al término el presidente de la Comisión hará uso de la palabra para dar un mensaje sobre el tema para el que fue citado servidor público.
En el dictamen se explica que la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, señala la obligación de todo servidor público de responder las recomendaciones que les emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, en caso de no aceptarlas o cumplirlas, pueda fundar y motivar sus razones, así como hacer pública su negativa.
Para ello, dota a la Cámara de Senadores y, en sus recesos a la Comisión Permanente, de facultades de control para hacer comparecer a los servidores públicos cuando se nieguen a cumplir las recomendaciones.
Aprueban reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
En la misma sesión, el Pleno aprobó un dictamen para que los recursos de revisión derivados de sanciones en materia ambiental puedan presentarse ante los juzgados de distrito en materia administrativa o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Para ello, el proyecto de decreto reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con el fin de que este Tribunal pueda conocer sobre la responsabilidad por daño ambiental.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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