Comunicado-388
- Garantizarán derechos de menores relacionados con la comisión de ilícitos, conforme lo marcan la Constitución y acuerdos internacionales.
- El proceso al que sean sometidos será acusatorio y oral.
El Senado aprobó, con 93 votos a favor, seis en contra y una abstención, reformas a los artículos 18 y 73 de la Constitución a partir de las cuales se conceden facultades al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes, que permita la salvaguarda de sus garantías y derechos humanos.
El objetivo de las reformas es precisar la concurrencia de la federación y estados en la operación del sistema integral de justicia para adolescentes, de 12 años cumplidos a los que no han cumplido 18 al momento de haber cometido el ilícito, destacándose que serán sometidos a un proceso acusatorio y oral.
El dictamen, que fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos de ley, establece que una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso contará con 180 días para expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, que abrogará la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.
Se abrogarán igualmente la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, afirmó que se atienden las inquietudes de grupos de la sociedad civil que demandaban certeza a la protección de los derechos humanos, y también respecto a las infracciones a aplicar cuando un menor de edad incurra en ilícitos.
El objetivo, subrayó el senador por el PRI, es fortalecer el sistema penal acusatorio en pleno ejercicio de la protección de los derechos de los adolescentes infractores, dándose prioridad a su reinserción a la sociedad y tengan acceso a un desarrollo integral.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, afirmó que con la creación de un nuevo marco jurídico se revertirá la falta de justicia para los adolescentes que ha prevalecido en el país, evidente en las discrepancias en los procesos judiciales locales, pues mientras en un estado se juzga a un adolecente por cinco años, en otra entidad por el mismo delito se aplica una pena de veinte años.
La legisladora por el PRD destacó que otro objetivo es atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar un marco jurídico adecuado para los adolescentes y sea una realidad su reintegración a la sociedad.
En este sentido se pronunció el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez y sostuvo que se atenderán las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para la protección de los derechos humanos de los menores de edad.
Al homologar las leyes y códigos estatales en pro de un sistema integral para menores de edad será posible restablecer las garantías individuales y derechos humanos de los adolescentes, y se avanzará en la instauración armónica del sistema de justicia acusatorio oral, aseveró el también legislador del PRD.
La senadora Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Justicia, hizo énfasis en el objetivo de sanear las deficiencias del sistema tutelar y así garantizar una reinserción social correcta de los adolescentes, basada en un debido proceso que supera el modelo tutelar.
La senadora por el PRI apuntó que se da un primer paso para modernizar la atención de los adolescentes que cometan un delito y evitar que sean estigmatizados durante su reintegración social.
Al pronunciarse en contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, consideró que se derogarán las facultades de los estados en cuanto a los preceptos de administración e impartición de justicia, pues se centralizará la impartición de justicia para menores de edad.
En contraparte, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, afirmó que se establece un sistema integral de justicia para los jóvenes y ello requiere unificar la normatividad sobre la justicia para adolescentes en el país.
La senadora por el PAN María del Pilar Ortega Martínez, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó la importancia de que se protejan los derechos humanos de los adolescentes conforme a las disposiciones internacionales en materia de derechos de la niñez, pues serán sujetos de rehabilitación a partir de un sistema de asistencia social.
En contra del dictamen, el senador David Monreal Ávila, del PT, criticó el que no se legisle lo suficiente para atender los conflictos sociales que llevan a los menores de edad a delinquir, como la pobreza, deficiente educación y falta de oportunidades.
En sentido opuesto se manifestó el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del PRD, al afirmar que el dictamen plantea premisas de la protección de los derechos de salud física, mental, estado jurídico, y reinserción a la sociedad de niños y jóvenes, lo cual se establece como un derecho universal y con la protección de derechos humanos los cuales deben de ser encaminados y respetados por las autoridades federales, estatales y municipales.
La senadora por el PAN Mariana Gómez del Campo Gurza apuntó que se concederá a los jóvenes infractores una segunda oportunidad, con lo cual será posible, además, evitar que se inserten en las filas de la delincuencia organizada, como el narcotráfico.
En ello coincidió la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, al referir que el combate al entorno inestable de los adolescentes infractores es una de las tareas pendientes del Congreso.
El mismo pronunciamiento hizo la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, también del PRI, al asegurar que se avanza en la solución del problema de la violación de derechos humanos de los menores involucrados en infracciones legales, pues al garantizar sus derechos se restablece el buen desempeño de la impartición de justicia, con respeto y garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
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