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altCon 91 votos a favor y 20 en contra, el Senado de la República respaldó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados para expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y envió el documento al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El nuevo ordenamientoregulará al Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), que tendrá por objeto contribuir a  garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Además, normará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será un organismo público con plena autonomía técnica, de gestión y presupuestaria para coordinar el SNEE, así como evaluar la calidad, desempeño y resultados de los niveles básico y medio superior, tanto públicos como privados.

De acuerdo con el artículo 28 del dictamen, en materia de Servicio Profesional Docente (SPD) para la educación básica y media superior que imparta el Estado, el Instituto tendrá la atribución de definir, en coordinación con las autoridades, los programas anual y de mediano plazo conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del SPD.

Además, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.

Lo anterior, entre otros aspectos, con la finalidad de que la evaluación para el ingreso al servicio magisterial, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, sea mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades.

En lo particular, el senador Fidel Demédicis Hidalgo propuso modificar dicho artículo, pero la asamblea rechazó la propuesta.

Para facilitar la participación activa y equilibrada de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado, el INEE establecerá un Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, cuya función será conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto y las directrices que de ellas deriven.

La Ley plantea que las evaluaciones deben contribuir a elevar la calidad de la enseñanza, orientar la formulación de políticas educativas, ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por las autoridades, mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Dispone que estas medidas sean sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas y que consideren los contextos demográfico, social y económico de los agentes del SEN, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los legisladores enfatizaron que la evaluación “no está concebida para operar como un mecanismo de vigilancia jerárquica y de control sino como un medio para impulsar y favorecer el perfeccionamiento del Sistema Educativo”.

Al fijar su postura, la senadora del PRI, Mely Romero Celis, puntualizó que esta reforma regula la conformación, organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y contempla que será el responsable de elaborar la política nacional educativa.

“La educación en México requiere una profunda transformación, ya que solamente transformándola es que se logrará equidad social, crecimiento económico, mayor productividad y, por ende, estaremos logrando el desarrollo de nuestro país”.

Por su parte, la senadora Marcela TorresPeimbert, de Acción Nacional, destacó que se ha fortalecido el sistema de educación a través de instrumentos emanados en las últimas dos administraciones.

Puntualizó que el Instituto estará dotado de autonomía técnica y de gestión que le permitirá realizar evaluaciones bajo principios de independencia, transparencia, pertinencia, diversidad e inclusión. Al afirmar que el Estado ha abandonado su obligación de capacitar y tener a la vanguardia a los maestros, el senador perredista Mario Delgado Carrillo subrayó que por ello el Congreso modificó de manera substancial la propuesta de reforma enviada por el Presidente de la República y puso como ejemplo el concepto de calidad educativa que no se incluía en la propuesta original del Ejecutivo.

Precisó que la intención de las modificaciones fueron con un fin: ‘‘Cambiar de manera radical el modelo educativo en nuestro país; ya no basta tener el derecho a la educación, esta tiene que ser de calidad” y que las evaluaciones no van a ser de adorno.

Su compañero de bancada, Raúl Morón Orozco, se pronunció porque esta Ley no sea punitiva sino formativa, a fin de que contemple el contexto en el que desarrolla su trabajo el maestro y las diferentes condiciones en que se lleva a cabo.

Una evaluación, subrayó, que fortalezca el Sistema Educativo Nacional, que sea integral, que no sólo evalúe a los profesores y niños sino que valore el papel de la autoridad educativa, los libros de texto, los programas de estudio, los métodos de enseñanza e infraestructura.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo sostuvo que la terquedad de intereses particulares perjudica al magisterio nacional y apuntó que ninguna evaluación en el mundo ha dado resultados cuando se aplica con la intención de castigar a quien tiene deficiencias.

Aseguró que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue un acierto y que la Junta de Gobierno en este organismo cuenta con personajes de ética y moral que cumplen las expectativas más altas.

Previo a dar por concluido el periodo extraordinario, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado, turnó a comisiones la minuta que otorga autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

El documento se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

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