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Acompañadas por intensos debates y trabajo legislativo, el Senado de la República aprobó, durante el Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXII Legislatura, un paquete de reformas estructurales que modifican de manera sustancial los sectores energético, financiero y educativo, así como el régimen político-electoral de nuestro país.

Reforma Energética

El pasado 10 de diciembre, el Senado de la República reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, para permitir los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.

La enmienda, que se aprobó con 95 votos a favor y 28 en contra, establece en el artículo 27 que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”.

Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, agrega, “ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.

Precisa que los hidrocarburos en el subsuelo serán propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia”.

En el artículo 28, la reforma energética dispone que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva” en las áreas estratégicas de “exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos”, así como en “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad”.

Además, el Estado contará con un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya institución fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos, con excepción de los impuestos.

El proyecto, que fue enviado por la Comisión Permanente al Ejecutivo Federal para su promulgación, también modifica el artículo 25 para que el Gobierno Federal siempre mantenga la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

Precisa que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y que en estas actividades no se otorgarán concesiones, “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes”.

En cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que éste se conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía --quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad-- y por cinco consejeros independientes.

Reforma política

Por otra parte, el 13 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó --con 95 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones-- el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución en materia política-electoral, a fin de modernizar al Estado mexicano y fortalecer la democracia.

La enmienda, que se envió a los congresos estatales para su ratificación, propone la transformación del IFE al Instituto Nacional Electoral (INE), el aumento al tres por ciento del umbral para mantener el registro de partidos políticos y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir las respectivas leyes generales.

En el rubro político, contempla la posibilidad del Presidente de la República para establecer  un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso, la reelección de legisladores y de ayuntamientos, así como la  autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido, prevé que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.

Plantea adelantar la toma de posesión del titular del Ejecutivo Federal al 1 de octubre y prevé un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Cabe destacar que en el periodo extraordinario que se llevó a cabo el 22 de agosto pasado, fueron avaladas por el pleno de la Cámara de Senadores las modificaciones a los artículos 116 y 122 de la Carta Magna para suprimir el derecho “exclusivo” que tienen los partidos políticos en el ámbito de las entidades federativas para solicitar el registro de candidatos a elección popular e incorporar las candidaturas independientes.

Combate anticorrupción

Otro dictamen relevante que avalaron los senadores en la sesión del 13 de diciembre, fue el que modifica los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución para reforzar el combate contra la corrupción en el servicio público de los tres órdenes de gobierno.

Esta propuesta recibió el respaldo de 111 senadores, dos votos en contra y dos abstenciones, y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Los cambios incluyen la creación de un órgano autónomo para prevenir, investigar y sancionar las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada o que resulte beneficiada por los mismos.

La enmienda faculta al Congreso para expedir la ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a la corrupción, cuya aplicación corresponderá a la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Reforma financiera

Los senadores también validaron, con 90 votos a favor, 24 en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia financiera, la cual modifica 34 ordenamientos jurídicos y expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Estas modificaciones, que se aprobaron el 26 de noviembre, fortalecerán a la Banca de Desarrollo, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, así como el otorgamiento y ejecución de garantías.

Con ellas, se crea el Buró de Entidades Financieras, que contendrá información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas, las reclamaciones con las que cuentan y demás información relevante para informar a los usuarios acerca de su desempeño en la prestación de servicios.

También se eliminan los candados que limitan la operación de la Banca de Desarrollo, otorgaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la facultad de supervisor bancario y “atribuciones amplias” para que pueda proporcionar información protegida por disposiciones de confidencialidad con autoridades financieras del exterior.

Además, se liberan los límites a la inversión extranjera en diversas entidades financieras y autoriza a la CNBV para que coadyuve con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público en la persecución de conductas en materia de prevención de lavado de dinero.

Reforma en materia de transparencia

Asimismo, el Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, a fin de crear un órgano autónomo encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia.

La reforma faculta al órgano garante para hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, la cual “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional”.

Los senadores dejaron en claro que las resoluciones del órgano garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Además, realizaron una adición al artículo 105 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.

Paquete económico

En materia económica, el Senado de la República avaló la Ley de Ingresos de la Federación, por un monto de 4 billones 467 mil 225.8 millones de pesos, así como la reforma hacendaria que contempla modificaciones las leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta y abroga la del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la de los Depósitos en Efectivo.

Además, realizó cambios a la minuta enviada por la colegisladora para reformar el Código Fiscal de la Federación y simplificar el pago de impuestos, captar a nuevos contribuyentes y asegurar la plena integración de éstos al ciclo tributario.

Avaladas por el pleno el 24 de octubre, las modificaciones incluyen medidas contra contribuyentes defraudadores, crea un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario y respalda la contabilidad por Internet.

Del mismo modo, modificó la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que la información financiera que generen las entidades federativas y los municipios sea regida por los principios de transparencia y avaló las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de que sea la Tesorería de la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, quien realice directamente los pagos al personal educativo a partir de 2015.

Ley General del Servicio Profesional Docente

En el rubro educativo, los senadores aprobaron el 4 de septiembre la minuta que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual permitirá que las autoridades educativas y los organismos descentralizados evalúen el desempeño magisterial y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión en los centros escolares.

Cabe recordar que el periodo extraordinario --que se realizó del 21 al 23 de agosto--, la Cámara de Senadores impulsó los cambios a la Ley General de Educación, que establecen las directrices para que el Estado imparta una formación de “calidad” conforme a lo estipulado en la reforma educativa y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

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