El Senado de la República aprobó en lo general, con 90 votos a favor, 24 en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia financiera, la cual modifica 34 ordenamientos jurídicos y expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
De acuerdo al dictamen, estas modificaciones fortalecerán a la Banca de Desarrollo, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, así como el otorgamiento y ejecución de garantías.
Asimismo, se destaca que se atienden temas relacionados con los concursos mercantiles, almacenes y Sofomes, liquidación bancaria, fondos de inversión, mercado de valores, sanciones e inversión extranjera, agrupaciones financieras y crédito garantizado.
Para ello, se faculta a la Condusef para expedir recomendaciones a las instituciones financieras, indicar cuando los bancos posean “cláusulas abusivas”, definir las actividades que se apartan de las sanas prácticas y usos relacionados con el ofrecimiento y comercialización de operaciones y servicios financieros.
Además, ese organismo podrá emitir opinión sobre las contraprestaciones que reciben las instituciones financieras por los servicios que ofrecen y suscribir convenios de intercambio de información con las demás autoridades en la materia.
Por otro lado, se crea el Buró de Entidades Financieras, que contendrá información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas, las reclamaciones con las que cuentan y demás información relevante para informar a los usuarios acerca de su desempeño en la prestación de servicios.
En cuanto, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la reforma le otorga la facultad de supervisor bancario y podrá suspender o limitar las operaciones que se lleven a cabo con los grupos empresariales o consorcios si las mismas no se pactan en condiciones de mercado.
De igual forma, determinará las medidas que deberán aplicar las instituciones de crédito, que tengan como finalidad incentivar la canalización de mayores recursos al financiamiento del sector productivo.
También, difundirá en su portal de Internet las resoluciones que emita como consecuencia de la substanciación de los procedimientos administrativos de sanción, así como el nombre, denominación o razón social del infractor y los medios de defensa que puede interponer el imputado.
Se dota a la CNBV de “atribuciones amplias” para que pueda proporcionar información protegida por disposiciones confidencialidad con autoridades financieras del exterior, “siempre y cuando exista un acuerdo en donde se contemple el principio de reciprocidad”.
La minuta también libera los límites a la inversión extranjera en diversas entidades financieras y autorizar a la CNBV para que coadyuve con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público en la persecución de conductas en materia de prevención de lavado de dinero.
Asimismo, se fortalece el régimen vigente que prohíbe la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de las entidades financieras y se regulan las excepciones que se justifiquen conforme a las dinámicas de inversión que existen hoy en día.
En otro tema, se prohíben las denominadas ventas atadas, se permite que los clientes transfieran sus créditos al consumo a otra entidad financiera o sus operaciones bancarias a otro banco y se regulan las Redes de Medios de Disposición.
Se encomienda al Banco de México la emisión de reglas en materia de cámaras de compensación y a la Comisión Federal de Competencia Económica para realizar una investigación sobre las condiciones en esta materia en el sistema financiero mexicano.
De acuerdo al dictamen, se eliminan los candados que limitan la operación de la Banca de Desarrollo, a fin de que las instituciones que conforman este sistema desarrollen la función que les ha sido encomendada de manera efectiva.
Para ello, se le dota de mecanismos que le permitirá “hacerse de los recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a su función de banca social”, a fin de impulsar el desarrollo de los sectores que lo necesiten.
Al fundamentar el dictamen, el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, afirmó que las reformas buscan construir un nuevo marco jurídico para que la Banca de Desarrollo “propicie el crecimiento del sector financiero”.
También, dijo, pretenden fomentar la competencia con el propósito de abaratar tasas, fortalecer a la Condusef para que sus determinaciones sean obligatorias para las instituciones crediticias, facilitar que los usuarios puedan cambiar de bancos y prohibir las ventas de servicios condicionados.
Enfatizó que “un marco regulatorio sólido puede generar una sana intermediación financiera, efectividad en la política monetaria, impedir disrupciones económicas, evitar fugas de capital e inversiones, así como soslayar el pago de costos fiscales relacionados con la asistencia económica de instituciones con problemas financieros”.
En su turno, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez destacó que “estamos ante un proceso legislativo inusual que no tiene precedente”, pues la minuta resuelve en un solo instrumento 13 iniciativas que modifican 34 ordenamientos vigentes y emiten una nueva ley.
Agregó que nada más las iniciativas que envió el Ejecutivo “abarcaban un universo de mil 880 cuartillas y evidentemente fue objeto de una profunda discusión en la Cámara de Diputados que implicó más de 500 modificaciones al proyecto original”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, resaltó que en el pleno se discutirán en lo particular alrededor de 147 reservas que serán “muy disímbolas” porque entre las modificaciones “hay avances”, pero también puntos polémicos.
Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, el senador Gerardo Sánchez García dijo que esta es una de las “grandes reformas” que México necesita para incentivar el otorgamiento de más créditos a menores tasas de interés y acercando las oportunidades a todos los actores económicos del país.
Manifestó que esta reforma se suma a las medidas anticíclicas implementadas por el Ejecutivo, ya que podrá incidir como multiplicador de la inversión productiva en el corto plazo, pues sienta las bases para el establecimiento de un sistema bancario y financiero más eficiente, competitivo, sólido y estable.
Anunció que se crea una nueva institución financiera nacional de desarrollo agropecuario rural, forestal y pesquero, que sustituye a la financiera rural con un mandato ampliado, autonomía plena en las facultades de su consejo directivo y una nueva gama de operaciones que trasciende lo productivo.
Por el PAN, el senador Carlos Mendoza Davis expresó que esta enmienda representa una suma de modificaciones necesarias y útiles, pero no es la reforma financiera de gran calado, “pues no es suficiente para lo que México necesita. Certificamos sus bondades, pero somos muy conscientes de sus carencias”.
Dijo que es un primer paso en la dirección correcta, pero incompleto, ya que deja temas pendientes que son fundamentales para el país y “dista mucho de ser una reforma financiera integral, es un conjunto de iniciativas que atienden a la vieja práctica de la remendocracia”.
Destacó que el país necesita un crecimiento económico más sólido y sostenido, por lo que se debe fortalecer el sistema financiero y facilitar la obtención de créditos porque más del 80 por ciento del empleo en México lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna manifestó que la reforma financiera es totalmente inconveniente para el país, ya que no contiene interés para impulsar la “mexicanización” de la banca o al menos limitar a la banca extranjera, sino que promueve la “extranjerización” ilimitada de todo el sistema financiero.
Afirmó que los bancos se verían favorecidos con la ejecución rápida de garantías y pone en total desventaja al deudor, debido a que se acude a la retención de sus bienes y de arraigar a la persona sin mediar un juicio “tan sólo con la orden de un banquero, ya no de un juez”.
“Se sanciona severamente al deudor, pero no hay sanciones a los accionistas y directivos bancarios que causan riesgo sistémico o que eventualmente causen crisis financieras”.
Señaló que criminaliza a los deudores y propone fortalecer la protección de los acreedores bancarios en los concursos mercantiles. “Para los amigos del Presidente, para las grandes empresas y para los extranjeros si hay créditos blandos de la Banca de Desarrollo, pero para el desarrollo del país, no”.
El senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, aseguró que la reforma financiera es de “gran calado” y proporciona certidumbre, protege a los usuarios, es moderna, activará a la banca de desarrollo, además de que generará empleos a través del crédito mediante un esquema financiero moderno.
Manifestó que en el diseño de la propuesta se llevó a cabo un ejercicio en el que se escucharon, consensuaron y reconocieron todos los elementos que impactan al sector financiero.
Destacó que las modificaciones a los 34 ordenamientos jurídicos que componen la reforma tendrán efectos positivos en aspectos que inciden de manera directa en los indicadores que empujan el crecimiento económico de México.
Por último, para el senador Manuel Bartlett Díaz, la reforma financiera en lugar de regular a un sector “causante de crisis internacionales y nacionales, propone fortalecerlo para que siga lucrando a costa del sector productivo, del Estado y de los trabajadores”.
“Es falso”, dijo, que con este proyecto se incremente el crédito, baje su costo y se impulse el crecimiento económico y el empleo, pues sólo “se modifican leyes y se crean otras para ampliar la extranjerización y aumentar el poder sobre el país de los grandes bancos extranjeros”.
El legislador del Partido del Trabajo señaló que la propuesta “ignora las ganancias desproporcionadas” que se obtienen en el sistema financiero, por lo que “no bajarán las tarifas o las tasas de interés”.
Afirmó que la reforma apoyará en forma ágil y expedita a las instituciones bancarias con problemas, procurará maximizar la recuperación del valor de los activos que caigan en insolvencia y, de presentarse otra crisis, “establece otro rescate bancario”, lo que se traduciría en mayor deuda y presiones sobre las finanzas públicas y la socialización de su costo.
Posteriormente, se abrió el debate en lo general y se dio a conocer que existen 147 reservas presentadas por diversos grupos parlamentarios al proyecto de dictamen.
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