En materia de reforma energética, la fracción del PRD está dispuesta a establecer "acercamientos" con el PRI y el PAN basadas en las conclusiones de los foros que por separado se han realizado en el Senado, pero ello no implica ninguna posibilidad de negociaciones oscuras.
Así lo afirmó el senador Isidro Pedraza Chávez, en el marco de la mesa Organización Corporativa y Gobierno Pemex y CFE, del Foro “El debate público de la reforma energética” organizado por el PRD.
"Actualmente estamos en la etapa de análisis y reflexión y seguramente habrá una etapa de acercar posiciones y esa tendrá que ser pública para que no se preste a malos entendidos", acotó el legislador hidalguense.
Recordó que una de las propuestas principales del Sol Azteca es que los consejos de administración de Pemex y CFE sean presididos por la Secretaría de Energía, como un mecanismo para revertir y evitar la corrupción.
En este sentido, Luis Rojas Chávez, especialista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, sostuvo que es en el Centro de Administración de Pemex donde se concentra la corrupción y el tráfico de influencias, debido a la gran representatividad que dentro de éste tiene el sindicato petrolero.
Recordó que dentro del Consejo de Administración tiene una representación significativa el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con graves consecuencias: "Si se tienen cinco representantes sindicales en el Consejo de Administración, la influencia para que las empresas del gremio sean beneficiadas es muy grande, o sea, el tráfico de influencias es mayor, lo que provoca un alto grado de corrupción".
Bajo argumento cuestionó: "¿A qué intereses representan estas empresas? ¿A los líderes sindicales? ¿A los funcionarios de la empresa? ¿O son para lavar dinero? Se puede cuestionar también si son trabajadores de la empresa o empresarios con el beneficio de cobrar por ambas partes, como lo he dicho en las pláticas, su sueldo en Petróleos Mexicanos lo utilizan para pagar las propinas de sus comidas".
En su momento, Carlos Huerta Durán, asesor de Economía Política de la Energía en el Consejo de Administración de Pemex, subrayó que para fortalecer a la para estatal es indispensable una reestructuración corporativa, un cambio de régimen fiscal y autonomía presupuestal pues, aseveró, "el modelo de gobierno corporativo actual está agotado".
En ese sentido, afirmó que la propuesta del PRD es la más completa, toda vez que reintegra verticalmente a Pemex y desaparece todos los organismos subsidiarios y se alinea con las mejores prácticas a nivel internacional.
Para este propósito no se requiere reforma constitucional "sino única y exclusivamente de la voluntad al interior del Consejo de Administración para llevar a cabo este proceso".
Indicó que el régimen fiscal actual de Pemex es insostenible y requiere ser modificado, "pues no es posible que tenga que pagar a la Secretaría de Hacienda más de lo que obtiene de ganancia", por lo que se pronunció por dotar a la para estatal de características de una empresa pública, con autonomía presupuestal.
Por su parte, Gerardo Bazán Navarrete, coordinador del Centro de Planeación e Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM, considero que para alcanzar transparencia en los consejos directivos, tanto de Pemex como de CFE, es necesario que estos rindan cuentas "efectivas, oportunas y no selectivas, cumpliendo con las normas vigentes".
Lo anterior, abundó, implica fortalecer a los órganos de gobierno y esto, a su vez, hace necesario calificar a los integrantes de estos órganos, así como establecer un proceso de evaluación "con indicadores claros y permanentes que nos den a conocer si los consejos cumplen sus objetivos y metas".
Finalmente, expuso que la reforma energética debe prever la coordinación entre PEMEX y CFE, transparentar costos y reestructurar tarifas, disminuir la cantidad de regulación que estorba al funcionamiento de estas empresas y eliminar subsidios que ocasionan problemas financieros.
En lo anterior coincidió, Ángel de la Vega Navarro, investigador de la UNAM, al establecer que es necesario conocer los detalles de los contratos de utilidad compartida para saber el por qué es necesaria una modificación constitucional.
A partir de ello, se eliminarán las dudas derivadas de la "ambigüedad respecto a la inversión privada, porque o bien son contratos disfrazados, no de utilidad compartida sino de renta compartida y por lo tanto habrá que ver en qué términos se está planteando esto”.
Por ejemplo, apuntó, el registro de las reservas es lo que les interesa de manera directa o indirecta a las grandes petroleras. “El punto es acceder al recurso”, concluyó.
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