El economista Ignacio Marván Laborde aseguró que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo federal es una “contrarreforma” al desarrollo histórico de México, pues busca reducir la capacidad de conducción y regulación del Estado sobre los hidrocarburos.
En el marco del foro “El Debate Público de la Reforma Energética”, organizado por el grupo parlamentario del PRD, explicó que el gobierno propone contratos de utilidad compartida, lo que implicaría “autorizar a explorar y desarrollar en exclusiva un campo de hidrocarburos y otorgar los derechos sobre esa producción” a particulares.
“No se trata de fortalecer a Pemex, sino de marginarlo y entregar los campos a la explotación de las grandes compañías. Más que una reforma energética es una reforma del Estado que cambia radicalmente el pacto constitucional con el que se fundó el Estado mexicano contemporáneo”, aseguró.
Durante la mesa “Análisis constitucional de las propuestas de reforma energética”, el también investigador del CIDE se pronunció a favor de una consulta popular, porque corresponde a la nación decidir si hay un giro radical a la industria energética.
Recordó que el artículo 27 establece las modalidades que debe tener la propiedad y el dominio directo del subsuelo, de los hidrocarburos y deja en claro que la inversión extranjera debe estar subordinada a la Constitución y a las leyes mexicanas.
En su intervención, Alejandro Morales, doctor en derecho, mencionó que el artículo 27 de la Carta Magna señala que tratándose de petróleo e hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos.
“La prohibición es expresa: no podrán celebrarse contratos bilaterales que les permitan a los particulares la explotación de hidrocarburos”, agregó.
Refirió que la pretensión de eliminar tal prohibición, implicaría la celebración de contratos y concesiones, y el sector energético dejaría de ser un área estratégica para ser sólo prioritaria.
Bajo este argumento, dijo que el Poder Legislativo no puede renunciar a sus facultades constitucionales, menos en esta materia.
Coincidió en que no es necesario establecer reformas o adiciones a las Constitución para modernizar a Pemex.
Por su parte, el senador Benjamín Robles Montoya, moderador de la mesa, aseguró que en el PRD “consideramos que para renovar nuestra soberanía energética no es necesario privatizar la industria petrolera, porque no compartimos la pretensión de reformar la Constitución para salvar la llamada solventación presupuestal”.
Acusó que la reforma constitucional en materia energética del Ejecutivo federal ha sido ampliamente defendida por la propaganda mediática, que sostiene que la participación del capital privado no significa privatizar a Pemex.
El petróleo no es un recursos natural más, pues gracias a su carácter estratégico mantiene una liga con la idea colectiva de nuestra nación, abundó.
Señaló que han pretendido mostrar la historia “petrolizada” de México en una virtual bancarrota, pero en hechos reales ha sido “ampliamente saqueada por la perversidad”.
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