En el marco del análisis de las iniciativas en materia energética, vista desde el Derecho, expertos se pronunciaron a favor de una apertura de Petróleos Mexicanos, pero, subrayaron, esta debe ser con reglas clara y con certeza jurídica.
Sobre esto, Juan Carlos Solís Mendoza, de la Barra de Abogados, subrayó que la explotación privada de los hidrocarburos, como es el caso del Shell Gas, es un verdadero detonante de progreso económico tal y como sucede en el estado de Texas, Estados Unidos, en contraste con Matehuala y otras localidades del país que están sumidas en la pobreza extrema debido a la protección que se da a este producto.
Enfatizó que estamos en el parteaguas del derecho mexicano en el que tomando la decisión correcta podríamos impulsar a nuestra nación a grados de desarrollo que no tenemos actualmente.
“Señores senadores, los exhorto a lograr la justicia en cada mexicano formando una estructura constitucional y legal que esté acorde con millones de nacionales que quieren progresar con mayores ofertas de trabajo y de hacer negocio”, comentó.
Remarcó que la estructura jurídica que tenemos no es la propicia para hacer progreso, por lo que puntualizó que para lograr justicia se debe de caminar hacia la reforma energética.
Consideró que para esto “debemos iniciar con un cambio constitucional para posteriormente discutir las leyes secundarias y aquí, dijo, marcar un rumbo que permita decir: “Vamos para allá”; la discusión será escalonada y menos agreste para aspirar un México mejor.
Por su parte, Myriam Grunstein, investigadora del CIDE, consideró que el cambio del modelo constitucional es indispensable e impostergable, aún si se fuera a mantener un modelo estatalizado, pues los artículos 25, 27 y 28 “están plagados de contradicciones y de vaguedades” en cuanto a la función del Estado.
Las reformas a la Carta Magna, insistió, son necesarias porque se debe dar un mapa “clarísimo” de la política pública y debe dar a la población, a gobernados y a gobernadas, una idea clara de lo que se está planteando. No se puede arrojar una tabla rasa para ver que queden las leyes secundarias ¿por qué?, porque produce muchísima desconfianza”.
Por ello, recalcó, “si Pemex va a ser monopolio y dominante, necesitamos regulación, si Pemex va a competir en igualdad de circunstancias o va a estar coadyuvado mediante asociaciones, necesitamos regulación robusta; que la rectoría del Estado deje de ser una frase vacua dentro de nuestra Constitución, porque hasta ahora lo es; el Estado domina, pero no dirige al sector…El Estado hasta el momento ha debilitado a Pemex y ha debilitado a CFE en un afán de mantenerlas bajo control, pero eso no es regulación. Regulación es sentar reglas del juego”.
Al hacer referencia a cada una de las propuestas de las fuerzas políticas, Myriam Grunstein consideró que la del PAN es la más completa; sin embargo, dijo: “Me parece bien que se implemente un universo de operadores al servicio de la nación, pero también me parece importante que hay el compromiso con el fortalecimiento de la empresa estatal; si lo que se trae en manos es el quebranto de Pemex, yo no apoyo ninguna iniciativa. Como ciudadana me preocuparía muchísimo que el capital, el conocimiento y el esfuerzo de mexicanos por décadas se fuera a la basura, eso me parece inaceptable”.
En cuanto a la iniciativa del PRI, se limitó a exponer: “Lamentablemente puedo decir muy poco porque es para mí una caja negra. Se plantearon dos iniciativas de Reforma constitucional tan abiertas y tan vagas que no puedo adivinar qué contienen”.
Y en cuanto a la del PRD, destacó: “Descansa en una hipótesis, a mi juicio muy noble, pero tremendamente ingenua, que estriba en que lo público siempre va a ser bueno, si está gestionado por almas limpias y honestas y yo quisiera que con la lamparita de Diógenes me presentaran a tres. Simplemente Cuauhtémoc Cárdenas dice: “con grandes funcionarios honestos, entregados, valientes y mucho dinero, ya salimos del bache”.
Javier Zenteno Barrios, abogado por la Escuela Libre de Derecho y ex abogado general de Petróleos Mexicanos, opinó que se requiere una reforma constitucional, ya que es de todos conocidos “los números decrecientes de la producción contra los números crecientes de la inversión”, así como la disminución de gas y otros hidrocarburos.
Señaló que Pemex tiene una riqueza enorme en términos humanos, pero al mismo tiempo la propia estructura ha impedido que Petróleos Mexicanos pueda evolucionar e ir al paso de las necesidades de la seguridad energética de México y al de las innovaciones tecnológicas en los requerimientos en materia internacional.
“Estos atrasos que hemos tenido inciden en la seguridad energética. La seguridad energética es una obligación de las autoridades de poder consolidar y garantizar los suministros de energía barata, con competitividad para que exista crecimiento de la economía”, señaló.
El especialista dijo que pensar en una estructura semejante como la que tenemos en un monopolio del Estado, sustentado en una empresa que se ha atrasado y que no tiene un régimen contractual que le permita encontrar nuevas fórmulas, “nos conduce a la necesidad de que es indispensable una reforma de gran calado”.
¿Cómo obtener un régimen contractual diferente? ¿Cómo poder generar las inercias necesarias con la experiencia internacional y mexicana en donde puedan asociarse con Pemex? ¿Cómo poder lograr que Petróleos Mexicanos pueda celebrar los llamados contratos de riesgo si no se hace una gran modificación de esta naturaleza y si no hay apertura para que participen sector social y privado?”
"De ahí que, como están las circunstancias, ciertamente se concluye: no hay ningún otro camino que la necesaria reforma al texto constitucional”, mencionó.
En la parte de preguntas y respuestas, los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN y Óscar Román Rosas González, del PRI, preguntaron a los especialistas acerca de cuál es el mejor modelo para aplicar en México, el más rentable y si una reforma es suficiente para acotar los actos de corrupción al interior de Pemex.
En tanto que la diputada del PRI, Fabiola Bárcenas Nieves, pidió a los ponentes explicar cuál sería un punto medio para que la actividad pública y privada convivan en un contexto de competitividad y eficiencia.
Además, cuestionó si bastaría una reforma interna de Pemex para enfrentar los retos generados por la caída de la producción o si es necesario un cambio constitucional para permitir que Petróleos Mexicanos se asocie a través de contratos de utilidad o producción compartida.
Sobre los cuestionamientos a su exposición, Solís Mendoza consideró que el mejor método para el país es el de contrato de producción compartida, toda vez que ayuda a obtener beneficios sobre las exploraciones y luego en las explotaciones.
Subrayó que los contratos de aprovechamientos, de colección compartida, van a beneficiar más, toda vez que va a dar un equilibrio en el concepto de justicia, “se va a tener un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe”.
Miriam Grunstein consideró que Pemex no debe quedar únicamente circunscrito a las zonas de fácil producción, pues quedaría rezagado pues los ingenieros mexicanos estarían sin posibilidad de incursionar en la investigación, exploración y explotación en aguas profundas.
Empero, aclaró, también es necesario establecer con claridad dónde puede Pemex asociarse con empresas extranjeras, para evitar de que no pueda enfrentar el riesgo financiero.
En cuanto al modelo a seguir, la investigadora del CIDE advirtió los riesgos de los contratos de producción compartida, pues en un mal diseño la cláusula de recuperación de costos puede ser muy difícil de monitorear y, por ende, puede dar pauta a muchísima corrupción, “porque la persona que audite los cotos, le pueden pagar” para que dé costos de riesgos más altos.
En cuanto al régimen de las concesiones, sostuvo que es el más nítido, pero se debe tener cuidado de que no haya una regulación que represente un retroceso a 1938, por lo que “no importa cómo le llamemos, el diablo está en el modelo económico y el Estado es el que debe llevarse la renta petrolera, que la empresa se lleve una utilidad y recuperación de costos, pero la renta debe ser del Estado”.
En su momento, Javier Zenteno Barrios señaló que Pemex no puede celebrar alianzas y asociaciones conforme a la legislación vigente, porque el monopolio del Estado es claro.
Dijo que esto se estableció a partir de 1939 cuando quedó de manifiesto que las actividades de exploración, producción petrolera y explotación corresponden en exclusiva al Estado; “la propia Constitución hace la remisión de la actividad a una Ley Reglamentaria”.
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