Legisladores de diferentes grupos parlamentarios cuestionaron al Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas durante el primer foro de Reforma Energética, respecto a las asociaciones de Pemex con particulares, seguridad energética, exploración y extracción.
El senador del PRI, Manuel Cavazos Lerma, aseveró que la reforma que propone Enrique Peña Nieto anticipa 500 mil nuevos empleos y un crecimiento del PIB de uno por ciento, “ya que se acabó la época del petróleo fácil y convencional, por lo que se requiere de una reforma energética integral”.
Preguntó: “¿Cuáles son las consecuencias de que Pemex no pueda asociarse con particulares? ¿Conviene que sigamos siendo la excepción a nivel internacional? ¿Cómo impactaría esta reforma en el Índice de Competitividad Internacional?”.
En tanto, el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury dijo que el país pierde competitividad todos los días, ya que actualmente se están importando gran parte de los energéticos que impactan en la economía, “la mitad de las gasolinas, 34 por ciento del gas natural y 60 por ciento de los derivados”.
“¿Existe desde el punto de vista de la competitividad alguna manera de explotar de manera eficiente y en búsqueda de una seguridad energética para el país, un mecanismo diferente a las concesiones?”, cuestionó.
El senador del PRD, Manuel Camacho Solís precisó que dos terceras partes de la opinión pública están en contra de una mayor inversión en Pemex y CFE, mientras que en el Congreso 70 por ciento está a favor, entonces, “¿cuál es el problema de llevar esto a una consulta?, ya que de llevarla a cabo para 2015, no habría una sola empresa que se sienta segura de invertir en México si después va haber un referéndum que les pueda cambiar las reglas del juego”.
Señaló que el éxito de Petrobras no se debe necesariamente a su apertura al mercado internacional sino que desde hace 10 años invirtieron en tecnología e investigación y mencionó que el caso mexicano se parece más al ruso, donde las privatizaciones son sin regulación y con altísimos niveles de corrupción.
En su oportunidad, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez subrayó que países como Brasil y Colombia se están beneficiando socialmente desde que sus respectivas empresas ya no enfrentan solas el riesgo de exploración, producción e inversión.
“La industria energética es de riesgo y lo que requerimos son experiencias y datos duros de lo que se ha logrado, además de que ayuda a develar los mitos de los grupos sociales que aseguran que la reforma no tendrá beneficios”, manifestó.
En su oportunidad, Manuel Bartlett Díaz del PT, expresó que Estados Unidos está presionando al Gobierno Mexicano en la aprobación de la Reforma Energética, ya que “el propósitos de reformar la Constitución es para que entren las transnacionales a cubrir el déficit de ese país”.
Dijo que para la aprobación de esta reforma se están dando los mismos argumentos que se utilizaron para la del 2008 y calificó al Director de la IMCO como un “activista de la privatización y la apertura de México al extranjero”.
La diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú aseguró que la iniciativa presentada por el Ejecutivo dará más certidumbre en inversiones a la iniciativa privada, nacional y extranjera y cuestionó las fallas en las pasadas reformas y sobre si los contratos de utilidad compartida servirán para que el pueblo siga teniendo utilidades de Pemex.
Por su parte, el diputado priista Héctor García preguntó por qué considera que Pemex no debe realizar todas las actividades en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento ¿Cuáles serán los beneficios para los mexicanos? ¿Qué nos puede decir sobre la disyuntiva sobre los beneficios de invertir en exploración y extracción o destinarlos a otras actividades?
Al responder los cuestionamientos de los legisladores, el Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, aseguró que para que la reforma tenga éxito, todos los procesos deben estar bajo una Comisión Reguladora “fuerte, que es la constante en todos los países que han tenido éxito”.
Señaló que en las condiciones en que fue presentada la Reforma Constitucional del Presidente, no se puede garantizar que vaya a haber más inversión, ya que “hay un andamiaje legal muy complejo, pero después viene la ley secundaria, el reglamento y el diseño de contratos”.
Dijo que por diseño institucional, en materia de gas existe “uno de los mayores crímenes a la lógica y de absurdos económicos”, toda vez que “tenemos el sexto potencial del mundo” en explotación de este producto, pero está prohibida la inversión privada y para el sector público los funcionarios deciden no hacerlo porque “faltarían a su responsabilidad de maximizar la inversión”.
“No construimos más gasoductos” y “en lugar de importar gas de Estados Unidos los estamos importando de Nigeria y Noruega, cuando los precios de ese hidrocarburo se reflejan más por el costo de transporte, que por el del compuesto químico”, dijo.
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