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La Comisión de Seguridad Social avaló por unanimidad un dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de otorgar una pensión de vejez a las personas que tengan 65 años o más y no cuenten con un beneficio similar.
Los senadores dispusieron que el monto mensual del apoyo tenga como límite superior el equivalente a un salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como mínimo el cincuenta por ciento de dicha remuneración.
Plantearon que los adultos mayores de 65 años o más que reciban el pago de una pensión o jubilación, cuya cuantía mensual sea menor o igual a un salario mínimo, también tengan acceso al mismo derecho.
Además, prevén en un artículo transitorio que la Secretaría de Desarrollo Social continúe  operando el Programa 70 y Más hasta la conclusión del ejercicio fiscal en que entren en vigor las modificaciones.
Entre otros puntos, sugieren que el monto del beneficio se actualice anualmente, en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor, con el propósito de garantizar su poder adquisitivo.
En el documento se menciona que la pensión a los adultos mayores “debe dejar de verse como una dádiva del gobierno en turno o moneda de cambio con fines electoreros a través de programas que pueden eventualmente desaparecer”.
En este sentido, se enfatiza que dicha medida “no se propone como una dádiva o entrega universal e indiscriminada, tampoco busca destruir el vínculo entre contribuciones y beneficios que redundan en responsabilidades y derechos”.
Por eso se busca ampliar el beneficio para quienes no cuentan con otro esquema de seguridad social y atender la creciente demanda en este rubro, por lo que la reforma eleva a rango de Ley y como obligación del Estado la permanencia de la pensión.
Los legisladores también resaltaron que “no ha sido posible eliminar la pobreza en la tercera edad”, pues los sistemas vigentes de seguridad social “han fracasado como instrumentos de protección social” en este sector y “su cobertura no alcanza a la población de menores recursos”.
Por lo menos desde hace tres décadas, agregaron, México “transita de una población joven a otra en edad avanzada” y en este contexto al 2010 las personas de 65 años y más representaban el 6.2 por ciento de la población.
Subrayaron que de los 7.1 millones de mexicanos con esta edad, sólo “dos de cada 10 podían solventar sus gastos y los ochos restantes vivían en situación de pobreza”.
Los integrantes de la Comisión, que preside el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, aclararon que parte sustancial del costo de esta nueva garantía social “se encuentra internalizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, a través de los programas y acciones para adultos mayores en situación de pobreza.
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