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El senador panista Fernando Yunes Márquez propuso que a los familiares de los militares que mueran en acción de armas se les otorgue una pensión vitalicia de 360 días de salario mínimo, que equivale a poco más de 22 mil pesos.
Lo anterior, dijo, debido a que los 180 días de salario mínimo que se otorgan actualmente a la familia del militar que muere en funciones “es insuficiente”, por lo que este aumento permitirá duplicar la cantidad para “poder llevar una vida decorosa, aunque es sabido que la pérdida humana jamás será reparada”.
De igual manera, planteó que se establezca el derecho a esta compensación a los elementos que tengan de 0 a 19 años de servicio, lo que dará una mayor protección a los soldados de tropa que “día a día arriesgan su vida por el país”.
También, sugirió que los hijos de los militares que fallezcan en el ejercicio de sus deberes reciban becas hasta garantizar su educación superior.
Manifestó que los soldados de las Fuerzas Armadas han dado durante “seis largos años” su vida para preservar la seguridad en el país ante la amenaza constante de los delincuentes, “que mediante intimidación, secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto, buscan amedrentar no sólo a los mexicanos, sino también al gobierno”.
Refirió que en lo que va del sexenio 131 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y 100 miembros de la Marina han fallecido “por actos de armas contra la delincuencia organizada”.
Por ello --destacó-- debe hacerse un reconocimiento absoluto a la valentía de los militares que arriesgan su vida por el país.
El legislador mencionó que en el actual sexenio ha aumentado en 117 por ciento los sueldos de los soldados de infantería, así como los apoyos para militares en retiro y los que quedan incapacitados en acción de armas.
Comentó que algunos gobiernos que se ven azotados por la delincuencia organizada han otorgado apoyos a los familiares de militares caídos o que quedan incapacitados en el cumplimiento de su deber, mediante legislaciones locales o convenios con la SEDENA o Marina.
Sin embargo, reconoció que esos apoyos no son suficientes para reparar el daño que causan a las familias de los castrenses, por lo que se necesita reforzar aún más la legislación que los protege.
En este sentido, expresó que como legisladores se les debe apoyar “con todos nuestros recursos para que los elementos de las Fuerzas Armadas cuenten con un marco jurídico que no sólo proteja su integridad sino a sus familias.
La iniciativa, que cuenta con el avala del grupo parlamentario de Acción Nacional, se remitió a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.
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