En el marco del Seminario “Seguridad y Justicia” que se llevó acabo en el Senado de la República, el senador Alejandro Encinas destacó que el tema de la seguridad pública se debe de abordar con mucha responsabilidad y prontitud, ya que se requieren reformas de fondo; y estas no solo se refieren al ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía estatal única, sino definir el marco conceptual que debe regir el sistema de seguridad pública en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda coincidió en que si bien se necesita profesionalizar a los cuerpos policíacos, homologar sus normas de capacitación, profesionalización, salarios, operación etc., uno de los ejes rectores además del combate al crimen debe ser el respeto de los derechos humanos y modificar el concepto que se tenía tradicionalmente de la seguridad, ya que no se trata de la seguridad del Estado ni de las Instituciones, sino de establecer normas claras que regulen y garanticen la seguridad humana, la seguridad de la sociedad y de los ciudadanos.
De igual forma, destacó que la lógica del municipio libre no existe, ni tampoco la autonomía plena de las entidades federativas, ya que estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán dependen hasta en el 97% de sus ingresos de las participaciones federales y en el caso del Distrito Federal es la única entidad que ha llegado a tener el 54 % de sus ingresos propios, a diferencia de las demás entidades que dependen del 60% y 70% de las participaciones federales.
Reconoció que el sistema municipalista se ha agotado y lo que se requiere es una reforma de fondo al sistema municipal dentro de este rediseño del sistema federal en donde lejos de continuar el proceso de descentralización y debilitamiento, habría que hacer un rediseño que permitirá contar con los elementos normativos, legislativos, económicos y fiscales para su fortalecimiento, sin embargo lamentó que lejos de avanzar en fortalecer a la autoridad municipal con estas medidas se continúa con su debilitamiento.
El senador Alejandro Encinas al referirse a la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales señaló que el Ejecutivo federal pretende arrogar dos atribuciones que invaden las competencias ya no solo en los municipios sino a los Congresos locales.
1. El poder solicitar al Senado la disolución de los ayuntamientos cuando existan indicios de que tienen una penetración con la delincuencia organizada. Detalló que ahora el Ejecutivo quiere arrogarse esa facultad para no solamente solicitar la disolución del ayuntamiento, sino para poder asumir total o parcialmente las funciones del gobierno municipal, lo que significa que no solo impondría a la autoridad municipal, sino que asumiría todas las funciones del gobierno total o parcialmente.
2. La pretensión de dotar de nuevas facultades al Congreso para legislar en otras materias, respecto a las facultades, competencias y concurrencias entre la federación, estados y municipios, implicaría la promulgación una ley general o una ley federal respecto a las competencias de los distintos órdenes de gobierno, lo que fortalecería indudablemente a la desmedida centralización que se ha venido incurriendo en los últimos años en el país.
Respecto a la propuesta de mando único y policía estatal, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda destacó que existe una gran confusión respecto de cómo se entiende el mando y la policía única.
Señaló que uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos años es tratar de enfrentar a los distintos grupos delictivos y el tipo de delito que se comete de la misma manera en todo el país, sin embargo, señaló que hay una gran diferencia no solamente regional sino hasta cultural.
Por último, el senador Encinas propuso la descentralización de los mandos policiales y sugirió la creación de una policía de la zona metropolitana del Valle de México con el objetivo de que la actuación del cuerpo policial no se vea limitada por el aspecto geográfico de la región.
Concluyó que el gran ausente en todo este tema del combate a la delincuencia organizada son las reformas al poder judicial y al ministerio público. Poderes intocables que son la pieza clave de la impunidad y la corrupción en este país.
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