Senado de la República

(Sigue 3ª parte)
... recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos en pro, 0 votos en contra.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Washington, D. C., el veinte de abril de dos mil doce, se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente.)
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente.)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Está a discusión.

Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se recoge la votación)

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico.

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 102 votos en pro, señor Presidente, 0 votos en contra.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce, se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Tenemos a discusión otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente.)

-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano…

(SIGUE 4ª PARTE)
.....Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación  por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 (SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION)

- Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos en pro; 0 votos en contra, y 0 abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región y Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México el 18 de junio de 2012; se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del Artículo 72, Constitucional.

En otro apartado del orden del día, continuamos con la discusión en lo particular del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Como es de su conocimiento, está pendiente la resolución de la propuesta de modificaciones a la fracción XVI, y al último párrafo del Artículo 27, contenido en el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a este respecto informo a ustedes que el Senador Raúl Cervantes Andrade promovente de la reserva, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva un oficio por el que retira dicha reserva, por lo que esta Presidencia las tiene por retiradas.

En consecuencia, procede consultar a la Asamblea si se aprueba la fracción XVI, y el último párrafo del Artículo 27, en los términos del dictamen publicado en la gaceta desde el pasado día 6 de diciembre.

Proceda la Secretaría.

- LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la fracción XVI, y el último párrafo del Artículo 27, lo publicado en los términos del dictamen, publicados en la gaceta del 6 de diciembre, quienes estén por al afirmativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Sí se aprueba, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia queda aprobado el Artículo 27 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E, del Artículo 72, Constitucional.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Seguridad Social que contienen puntos de acuerdo. Debido a que se encuentran publicados en la gaceta, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

- LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura al dictamen sobre el punto de acuerdo que propone reformas a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala.

   U  N  I  C  O

El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de división y colaboración de poderes, remite el Titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala la proposición que se dictamina en razón de que el gobernador como a los diputados corresponde la facultad de iniciar leyes y el Congreso del Estado es el ámbito competencial para iniciar, discutir y aprobar en su caso cualquier modificación a la Ley de Pensiones Civiles de esa entidad federativa.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Dictamen.

   U  N  I  C  O

El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores del Estado a incluir en el programa de construcción, ampliación y remodelación de unidades médicas y administrativas del ISSSTE, la construcción y equipamiento de un hospital de alta especialidad en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, y para que en el programa de obra pública 2013 del instituto, si asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE, doctor “Fernando Ocaranza”, ubicado en la capital de ese estado.

Es todo señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Está a discusión el dictamen. Sonido en el escaño de la Senadora Mendoza.

- LA C. SENADORA MENDOZA MENDOZA (Desde su escaño): Consulto a la Secretaría, en la votación anterior que acaba de pedir de manera económica para dictamen, le solicito que nos apoye leyendo el reglamento en la parte que compete.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: ¿Senadora, nos permitiría terminar la discusión de este asunto?, y regresamos a la inquietud que está usted manifestando, con todo gusto.

- LA C. SENADORA MENDOZA MENDOZA (Desde su escaño): Sí, esperamos, pero, en nuestra percepción es que debió haber sido una votación nominal, y no como la Secretaria la solicitó en lo económico. Regresamos.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, senadora, regresamos al asunto en cuanto desahoguemos este punto, y regresamos al tema.
En virtud de haberse la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos, quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Aprobado, señor Presidente los acuerdos.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Comuníquense.

(Sigue 5ª. Parte)
…..aprobados, señor presidente, los acuerdos.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Comuníquense. Ahora sí sonido en el escaño de la senadora Mendoza. Sonido en el escaño del senador Barbosa.

-EL C. SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA:  (Desde su escaño).  Señor presidente, en relación a la conclusión  del proceso legislativo del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por cierto de hechos que exaltaron los ánimos en este pleno, y que todos debemos tener una reflexión sobre los mismos, hay que concluir el proceso de manera legal. 

Se votó en lo general a favor, salvo la reserva que hizo el senador Cervantes de la fracción XVI del artículo 27. El día de hoy el senador Cervantes ha presentado un escrito retirando su reserva, por tanto queda el dictamen en los términos que fue presentado por las Comisiones Unidas; está votado, salvo la fracción XVI del artículo 27.

Cuando se votan leyes la votación es nominal, no es económica, y yo puedo entender de verdad y no quisiera abonar ni por insinuación a que este pleno se controvierta, pero estamos cometiendo un error que debiera de corregirse, todos quienes conocen un poco de proceso legislativo sabrán que las leyes se votan en votación nominal, no de manera económica.

Por tanto, presidente, no quiero también impugnar el trámite que de manera correcta se haría en términos del artículo 19 del Reglamento, no lo quiero hacer, por favor, no quiero verme como que estoy impugnando el trámite, pero pido la consideración de la Mesa Directiva y pido la consideración de los grupos parlamentarios para que corrijamos el error que hemos cometido, de lo contrario el proceso legislativo sería débil e impugnado, esa su consideración de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios. 

Ojalá y esa es la convicción del grupo parlamentario que se atendiera este planteamiento respetuoso y cuidadoso que he realizado. Gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Gracias, senador Barbosa. Sonido en el escaño del senador Martínez.

-EL C. SENADOR JOSE MARTINEZ MARTINEZ:  (Desde su escaño).  Gracias, señor presidente. En apoyo a la moción que hace el senador Barbosa, con respecto a la reserva de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en apoyo a esas moción, solicito, en efecto, que sea la votación nominal de conformidad a nuestro Reglamento del artículo 99, que establece en su párrafo primero que se votan nominalmente los dictámenes de las comisiones con los proyectos de ley o de decreto; por tanto creo que la Mesa Directiva ha de corregir la votación que se hizo hace un momento con respecto a este proyecto de ley, y debe ser en votación nominal. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  En atención a las inquietudes de los senadores, Barbosa y Martínez, expresadas, hagamos la votación nominal correspondiente. Solicito se hagan los anuncios correspondientes y se abra el sistema electrónico de votación.

Aclaro, lo que estamos votando es a favor la fracción decimosexta y último párrafo del artículo 27, en los términos del dictamen publicado en la Gaceta del seis de diciembre. Abrase el sistema electrónico de votación.

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Señor presidente, se emitieron 58 votos en pro, uno en contra y 37 abstenciones.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia queda aprobado el artículo 27 del Proyecto de Decreto, está aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen .....

(Sigue 6ª parte)
. . .  la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera,  debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta del Senado  de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura al dictamen.

 Primero.-  Es de aprobarse el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados de fecha 25 de abril de 2012 por el que se desecha la minuta con Proyecto de Decreto  que reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley  del Instituto Mexicano de la Juventud, por considerarse como asunto atendido.

 Segundo.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

 Es todo, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: En consecuencia está a discusión, en virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse  el anterior acuerdo.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 -Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Es aprobado, señor Presidente.

  -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Aprobado el acuerdo.

 Archívese el asunto como totalmente concluido.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Estela Flores Escalera del  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la inclusión de las personas  con discapacidad y de la Ley General de Educación.

 Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

 -LA  C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA:  Muchas gracias Presidente.

 Estimados compañeros senadores y senadoras,  el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, en su  censo 2010 señala que existe una importante disparidad entre la población sin y con  discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere.

 Pues mientras  56 por ciento de las personas en edad escolar asisten a la escuela sólo lo hacen en 45 por ciento de la población  con discapacidad.

 Asimismo el INEGI menciona que en cuanto promedio  de escolaridad o los años aprobados que alcanza la población, se observa que mientras la población sin discapacidad de tres años y más tiene un promedio ligeramente  superior  a siete grados aprobados, la población con discapacidad apenas alcaza 4.5 grados.

 En ese sentido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que los estados partes asegurarán sistema de educación inclusivo a todos  los niveles  así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima.

 En México la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad establecen en su artículo 2, Fracción XI, que se deberá entender por educación especial  la cual está destinada a individuos  con discapacidad transitoria o definitiva así como aquellos con actitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social  incluyente y con perspectiva de género, con lo que no se cumple cabalmente el requisito mínimo en cuanto a educación se refiere, y más aún  se contempla un grupo poblacional distinto al objeto de la Ley.

 Asimismo establece en la fracción XII del mismo artículo 2 que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas  con discapacidad a los planteles de educación básica regular  mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

 Por su parte, la Ley General de Educación señala en su artículo 41  que la  educación especial está diseñada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con actitudes sobresalientes.

 Como se lee, la Ley especialita en materia educativa no contempla como una modalidad a la educación inclusiva, situación que se aleja  del espíritu de la Convención y del respeto del derecho íntegro  de las personas de este sector poblacional, pues no se les garantiza una inclusión en el sistema  educativo  y se unifican do grupos con necesidades totalmente distinta,  por lo que es necesario adicionar una modalidad específica para cada uno de ellos.

 Es así que surge la necesidad de hacer una serie de reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano carece  de una  precisión para ambos sectores y no cumple con la característica inclusiva que deben  guardar las acciones a favor de las personas con discapacidad y que consta  de establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento para unirnos con una misma sociedad entendiendo y adoptando las  características y necesidades de cada  sector poblacional.
 En virtud de ello  se concluye la necesidad de eliminar de la Ley en materia de  derechos  de las personas con discapacidad el concepto de educación especial, pues es un término completamente alejado  del espíritu del instrumento internacional  señalado y sobre todo del pleno e íntegro respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

 Asimismo es necesario que en la Ley  General de Educación se delimite perfectamente el tipo de educación  o modalidad que debe atender las necesidades de sectores poblacionales que requieren atención especializada, tal es el caso de las personas con discapacidad  y personas con actitudes sobresalientes, pues tener a los dos sectores en la misma modalidad educativa resulta contraproducente para ambos, debido a que tienen características totalmente diferentes, lo que genera que no se desarrollen sus capacidades  hasta el máximo.

 Senadoras y senadores, lo señalado a lo largo del presente representa una desventaja para las personas con discapacidad que potencializa su segregación y aleja la  conformación de una  sociedad inclusive con perspectiva de igualdad, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

 Por lo que los invito a que se sumen  a esta iniciativa que tiene como objetivo promover la instauración de los mecanismos para el acceso de las personas con discapacidad a un sistema educativo inclusivo.

 Por su atención, muchas gracias, es cuanto, Senador Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas Gracias, Senadora Flores Escalera, se turna a las Comisiones Unidas de  Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda.

 Sonido en el escaño.

 Senador López Brito, sí.

 -EL C. SENADOR FRANCISCO LOPEZ BRITO (Desde su escaño): Para preguntarle y pedirle respetuosamente a la Senadora Promovente  si me permite sumarme a su iniciativa.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARICIA: Aceptado.

 Senadora Martha García.

 ¿Senadora, está de acuerdo? 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA  (Desde su escaño): Sí.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Se toma nota  de las adhesiones, muchas gracias.

 En uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General  de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.

 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, Senador Presidente.

 La violencia que más impacta a nuestra sociedad  no es aquella necesariamente visible y sangrienta, es la que va minando la capacidad de las personas  de sentirse valiosas y que deteriora su autoestima en un contexto  que se mantiene silencioso y muchas veces impune.
 
 Seguramente para ninguno de nosotros que tuvimos la oportunidad de asistir a un salón de clases, no resulta ajeno algún  recuerdo o episodio de intimidación o acoso contra alguna compañera  o compañero de grupo  o incluso podría atreverme a decir que más de uno en este recinto pudo haber sido víctima de este tipo de violencia ya sea recibiendo algún apodo, alguna burla o algún golpe.

 Estadísticas recientes confirman que la violencia en el ámbito escolar es más común de lo que imaginamos porque tiene por lo menos 25 formas de manifestarse, casi todas poco evidentes.

 El acoso escolar no es  un tema nuevo, lleva décadas ocurriendo, lo que sí  son elementos recientes, son dos situaciones, primero, el incremento en su incidencia, estudios oficiales revelan que tan sólo en el Distrito Federal, el 92 por ciento de los alumnos ya ha sido víctima, agresor o testigo de violencia en los . . .

(Sigue 7ª parte)
…que tan solo en el Distrito Federal, el 92 por ciento de los alumnos ya ha sido víctima, agresor o testigo de violencia en los salones de clase.

 El segundo elemento, que debe alarmarnos, es que la severidad de los daños psicológicos que causa algo, que comienza con burlas, que después se convierte en travesuras y más adelante en violencia física, estos daños están llegando a tal grado que orillan a un número creciente de menores de edad a pensar en el suicidio como la mejor alternativa.

 Según algunas encuestas, 33 por ciento de los alumnos entrevistados dicen: que pensarían en morirse.

 Ahora el daño psicológico es mayor, y eso tiene que ver con la revolución que estamos viviendo en materia social.

 Es increíble que en una época como ésta, donde el diálogo al interior de las familias es mayor, donde se fomenta la confianza entre padres e hijos, es precisamente cuando los menores más se esconden y callan los problemas que ocurren dentro y fuera de sus escuelas.

 Estudios comparativos, como los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ponen a México en el primer sitio, a escala internacional, en el número de casos de acoso escolar o bullying en nivel secundaria.

 Otro análisis revela que México ocupa el último lugar en la lista de los 30 países miembros de la OCDE, en materia de implementación de políticas para el bienestar de la infancia en materia de conductas de riesgo, y en lugar 26 en lo que respecta a políticas enfocadas a mejorar el ambiente escolar.

 No debe extrañarnos que frente a esta falta de acción institucional surjan cifras preocupantes como las que encontramos en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica en México, realizado en 2009, donde de una muestra de 26 mil 319 niñas y niños de primaria y secundaria, al menos el 10 por ciento de los alumnos resultaron víctimas de violencia escolar y de ellos sólo uno de cada diez recibió atención personalizada.

 A nivel nacional son prácticamente nulas las acciones adoptadas.

 Sólo Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar, pero en ningún caso se dispone expresamente de atención psicológica integral, ni un procedimiento claro de atención.

 Tenemos la obligación de legislar a favor de las familias y el bienestar del individuo.

 Nuestro país exige que trabajemos intensamente por elevar la dignidad de las personas.

 Desde esa óptica acudo a esta tribuna para presentar la Iniciativa que busca crear la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.
 Esta Iniciativa parte de la noción, de que tanto el agresor como el agredido, ambos son víctimas de un contexto violento, concibe como pieza fundamental de la solución a las familias.

 No busca criminalizar a los menores, sino que el enfoque que hemos querido adoptar es uno que ha dado resultados a nivel mundial, como lo es la generación de conciencia, la tolerancia y el diálogo como bases para la resolución de conflictos.

 Además se construyó partiendo de la premisa de que las políticas públicas más eficaces son aquellas que dan prioridad a la prevención más que a la reacción.

 Los elementos que caracterizan esta Iniciativa son:
 
 Primero.- Busca fortalecer las acciones implementadas en nuestro país desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 Segundo.- Propicia la creación de un procedimiento de atención claro y eficaz. Hará posible que sea más sencillo identificar, denunciar, atender y dar seguimiento a cualquier situación de acoso o intimidación.

 Tercero.- Se enfoca prioritariamente en la prevención con medidas de seguridad, de capacitación al personal docente y de difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos y de la no violencia.

 Cuarto.- Vincula de manera decisiva a los padres de familia con el entorno escolar. Ahora los padres tendrán un rol más activo y serán tomados en cuenta.

 Permitirá que en cada centro educativo del país, sin importar que sea público o privado, se eche a andar un consejo para una escuela libre de violencia, donde participen directores, maestros, padres de familia, y donde también tendrán derecho a voz y voto los menores de edad.

 Esto es muy importante, los menores de edad tendrán derecho a opinar y a ser escuchados.

 Es precisamente esta figura la de mayor relevancia porque será en ella donde se tomen las decisiones para dar solución a cada caso.

 Establece como obligación de toda escuela la creación de un reglamento escolar para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes interactúan en él, y también se determinan sanciones a quienes lo transgredan.

 Esta ley busca un consejo de clase en cada grupo para que desde ahí se fomente el diálogo y el respeto entre los alumnos y los maestros.

 Se establece, además, la obligación de instalar un buzón escolar físico en cada escuela, en lugares de fácil acceso, y seguros para recibir denuncias anónimas que conocerá el consejo para una escuela libre de violencia y un buzón electrónico en Internet a cargo de la Secretaría de Educación Pública con el mismo objeto.

 Esta ley tiene una visión interinstitucional, por eso involucra a la Secretaría de Educación Pública, a la de Salud, Desarrollo Social, a las autoridades en materia de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que participen con tareas particulares y coordinen acciones para la atención, capacitación, seguimiento y solución de conflictos.

 Contempla que la Secretaría de Salud brinde atención psicológica a las víctimas, a los agresores, y va más allá, porque busca solucionar los problemas desde la raíz involucrando a las familias.

 Permitirá también que la SEP conozca los casos, brinde asesoría, dé seguimiento, vigile el cumplimiento del reglamento escolar, así como de sus sanciones, y algo muy importante, que genere estadísticas e informes oficiales en la materia de los que hoy en día no existen; y abre la puerta también a la participación decidida de la sociedad civil.

 Un elemento clave en esta Iniciativa, es que determina las infracciones y sanciones a que se pueden hacer acreedores el personal docente y administrativo; determina multas para los padres de familia que se nieguen a recibir atención psicológica; establece la reparación del daño e involucra a los alumnos agresores para realizar actividades a favor de la comunidad, siempre y cuando no sean inhumanos degradantes o violatorios de sus derechos y que permitan fomentar la difusión de la cultura al respeto a los derechos humanos.

 Espero que en el Senado de la República podamos aprobar esta Iniciativa, que resulta muy importante para las familias mexicanas, y agradezco además a los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, por el respaldo, encabezados, por supuesto, por nuestro coordinador, y también a la Senadora Martha Palafox, del Partido del Trabajo.

 Es cuanto, Senador-Presidente. (Aplausos).
 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo.

 -Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

 -En uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales.

 -En uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se reforman los artículos 27, fracción XXI, 33, fracción III, y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública…

(Sigue 8ª. Parte)
…radiodifusión, y se reforman los artículos 27 fracción XXI; 33 fracción III, y 38 fracción XXX Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 Adelante.

 -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias.
 
 Se había sustituido la presente iniciativa por la reforma para derogar de la Constitución, el arraigo, que ya se turnará a comisiones.
 
 Con su venia, presidente.

 La iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, es producto del trabajo serio y responsable de un grupo plural, constituidos por senadores del pasada legislatura, en este Senado de la República, encabezados por el entonces senador Carlos Sotelo García, en su carácter de presidente de la comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
 
 En la conformación de la propuesta, de los entonces senadores, buscaron el consenso en todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, desde luego, de los concesionarios y permisionarios, para allegarse de la información y la documentación, este grupo plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas, en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado de la materia.

 Hoy, que a través del denominado Pacto con México, se abre nuevamente el debate y la revisión del régimen jurídico de las telecomunicaciones y radiodifusión, indudablemente que la presente iniciativa tiene que ser el punto de partida, en la búsqueda legislativa de democratizar los medios de comunicación electrónicos, para consolidar nuestro régimen político.

 Resulta impostergable realizar la revisión y actualización de nuestro régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.

 Para garantizar su función al servicio público, que es esencial para la sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia.
 
 La revisión de la legislación, para las telecomunicaciones y radiodifusión, tiene que estar orientada en la búsqueda por un auténtico proyecto de sociedad de la información en nuestro país.

 El objetivo de este nuevo marco jurídico que hoy proponemos para medios electrónicos en México, debe consistir, en reconocer la diversidad y el pluralismo de la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo.

 La legislación debe fundamentarse en el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a disponer de un sistema audiovisual, que refleje su realidad, su problemática y acciones transformadoras.
 
 Y, obviamente, que promuevan sus derechos e intereses.
 
 Es preciso que los contenidos de televisión y radio, que se propagan en señal abierta, sean incluidos todos los servicios que difundan en estos medios de manera codificada. Es decir, de manera también de paga.
 
 Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad. Junto con ellos y para ampliar sus capacidades en la radiodifusión, resulta indispensable que en nuestro país se cuente con verdadero Sistema Nacional de Medios Indígenas, Medios Comunitarios y, obviamente, Públicos.
 
 Desde esta perspectiva, el objeto debe ser siempre, que nuestra nueva legislación garantice la libertad de expresión, el derecho a la información, asegure la rectoría del Estado y el interés general, ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica, afirme el uso social del espectro radioeléctrico en forma más equitativa y con una visión democrática. Que prevea la conformación de un órgano regulador, verdaderamente autónomo e imparcial; cuyas decisiones estén libres de conflictos e intereses y ofrezca la seguridad jurídica necesaria, a quienes forman parte de este sector.
 
 Que promueva la libre concurrencia, considere cuotas de programación nacional independiente, como manera de promover la pluralidad, de visiones y crear una industria audiovisual independiente, que regule la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial nunca esté por encima de los derechos de las audiencias; que establezca un modelo de medios, auténticamente públicos; así como garantizar la existencia de medios comunitarios, de los pueblos indígenas, para que puedan generar, operar y administrar sus cadenas de radio, y también sus canales de televisión.

 En el campo de las telecomunicaciones, es impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente; no discriminatorio, que sea capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructura con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos a toda la población mexicana.

 Nuestra nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universal a la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, especialmente aquellos grupos marginados.

 Con esta visión, la presente iniciativa se estructura, bajo las siguientes directrices:

 Y la primera, es la expedición de una sola ley integral para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión. En virtud de que la convergencia tecnológica en medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean reguladas de manera orgánica e integrar un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo.

 Segunda consideración, de vital importancia, es que en esta nueva ley se propone y se reconoce como principios fundamentales:

 Primero. El servicio público de los medios electrónicos de comunicación. Para definir la función del servicio público, de la radiodifusión, como un servicio esencial para la sociedad. Fundamentando así la rectoría del Estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de acceso a la información y la comunicación de todos los grupos sociales.

 Es importante también mencionar el acceso universal. El acceso universal para garantizar la disponibilidad de la información, en todos los servicios y por todos los medios posibles a la mayor cantidad de mexicanos.

 Y por último, la conectividad, para garantizar la mayor flexibilidad para la conexión en las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que estos propaguen.
 La tercera consideración. Como parte de la defensa interés público, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Radiodifusión, como órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión.
 
 Cuarto. Respecto del régimen de concesiones. Se establece la concesión como figura jurídica… como figura jurídica única, la diferencia entre tipos de concesiones, dirá así, en atención a los diversos fines; ya sean fines de lucro o fines no lucrativos.

 La licitación será pública, la contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones, sólo será para aquellas que tengan fines de lucro; participará la Comisión Federal de Competencia, desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable. El no refrendo automático a las concesiones,  considerando los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia. Los titulares de las concesiones con fines lucrativos, al término de la misma, competirán nuevamente en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre los terceros.
 
 Y con base a esta resolución de la Suprema Corte, es la propuesta que hoy presentamos.
 
 Es importante también establecer reglas claras de competencia, que determinen, que los prestadores de servicio de radio y telecomunicaciones, no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio y categoría o zona geográfica…

(SIGUE 9ª. PARTE)
… servicio de radio y telecomunicaciones, no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio y categoría o zona geográfica de cobertura, considerando el impacto generado cuando los presupuestos sean de más del 25 por ciento de frecuencias, operando en el mismo servicio, categoría o zona geográfica.

 En la quinta parte mencionamos, en esta iniciativa, que proponemos regular la convergencia tecnológica buscando mayor flexibilidad y amplia convergencia en redes, formatos, recursos, etcétera.

 En la sexta parte reconocemos las comunidades indígenas. Y esto cabe señalarlo, ya que en virtud del tiempo no podemos exponer toda la iniciativa.

 Quiero poner énfasis en esta parte en el reconocimiento a las comunidades indígenas su derecho legítimo a solicitar a título de concesión y que debe otorgárseles en base a un procedimiento simplificado y expedito su concesión para transmitir de manera propia en sus cadenas de radiodifusión o de televisión.
 Es una iniciativa muy amplia que ponemos a consideración del pleno, y que en los próximos debates ya en comisiones explicaremos a detalle.

 Es cuanto, presidente.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias, senadora Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos.

 Igualmente se recibió de la propia senadora Mendoza Mendoza, un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 En uso de la tribuna ahora el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la Ley del Petróleo Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

 -EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Con su venia, señor presidente. Estimados legisladores.

 La industria petrolera es una de las más contaminantes del planeta. Además de los daños causados por la perforación de pozos, son cada vez más comunes los accidentes de buques-tanque, las fugas en los ductos y los derrames por fallas en los equipos de perforación.

Esta contaminación afecta a los ecosistemas terrestres y marinos, en ocasiones causando daños permanentes e irremediables.

En los ecosistemas terrestres, la contaminación con petróleo crudo o combustibles provoca daños a la flora silvestre, a los cultivos y a la fauna que se alimenta de ellos. Además, los hidrocarburos se pueden filtrar al subsuelo contaminando las fuentes de agua potable.

En los ecosistemas marinos, la presencia de hidrocarburos causa graves daños a los ecosistemas frágiles como manglares y arrecifes de coral.

La contaminación con hidrocarburos también afecta a la salud humana

  Las personas expuestas pueden sufrir irritación de la piel y los ojos, náusea, vértigo, dolores de cabeza y mareos. La exposición prolongada durante los derrames petroleros puede causar muerte por envenenamiento, leucemia y otros tipos de cáncer.

A pesar de lo anterior, los derrames siguen ocurriendo.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos indica que en el periodo 2000-2012 han sucedido casi 1,400 derrames en México, siendo Tabasco, Veracruz y Campeche los estados más afectados.
Algunos derrames han causado devastadores impactos ambientales y económicos, especialmente en el Golfo de México.

Basta recordar que en 2010 el accidente de la plataforma DeepwaterHorizon, derrabó 4.9 millones de barriles de petróleo.

Hoy se sabe, por ejemplo, que el dispersante autorizado por las autoridades de ese país, al calor de las circunstancias de emergencia que ocurrían en esos momentos, se sabe que el dispersante utilizado para tratar de dispersar el combustible derramado, no sólo no logró su propósito, sino que provocó que el problema se multiplicara por un factor de 52. Por lo tanto, es necesario que las autoridades tanto en Estados Unidos como en nuestro país tomen medidas con el tiempo suficiente para evitar este tipo de contratiempos.

A raíz de este accidente, se fortalecieron los lineamientos y planes de acción para controlar y remediar contingencias. Sin embargo, aún hacen falta recursos, personal, capacitación, tecnología y legislación para minimizar los riesgos en las actividades petroleras. Aunado a ello, la exploración petrolera realiza proyectos cada vez más riesgosos como los de aguas profundas.

Un reporte de Greenpeace señala que México está más expuesto que Estados Unidos a sufrir un eventual desastre petrolero, ya que es más laxa la regulación referente a la prevención, limpieza y resarcimiento de derrame de hidrocarburos.

Por ello es claro que debe promoverse la seguridad industrial para evitar las situaciones antes descritas. Esto incluye la protección de los trabajadores, la implementación de controles técnicos y la capacitación vinculada al control de riesgos, lo cual representa cargas económicas a los operadores, quienes no tienen el incentivo de invertir en seguridad voluntariamente. Por lo que es obligación del Estado regularla y promoverla.

  Aún cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha  avanzando en la regulación en materia de seguridad industrial y de protección al ambiente, está claro que México no cuenta con un marco regulatorio concreto y eficaz para fomentar las tecnologías, estándares y acciones de prevención de derrames de hidrocarburos.

En resumen, los esfuerzos de la comisión no han sido suficientes, ya que hay temas por demás importantes que no cuentan con lineamientos, criterios o normas que guíen la actuación del operador y de las empresas contratistas.

Por estas razones, la  iniciativa que hoy presento ante esta soberanía tiene por objeto reforzar el enfoque preventivo, a fin de evitar riesgos y daños a las personas y al medio ambiente, causados por la industria petrolera, particularmente por los derrames y fugas de hidrocarburos.

Mediante esta iniciativa se plantea dotar a nuestro país de un marco normativo adecuado que prevenga accidentes, establezca reglas y procedimientos para la investigación de su causa-raíz y determine las responsabilidades que correspondan.

Para tal efecto, se propone fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano regulador, para que establezca los estándares y lineamientos para que los proyectos de exploración de hidrocarburos se realicen cuidando la seguridad industrial y el medio ambiente.

También se propone reformar diversas leyes del sector petrolero a fin de que PEMEX y las empresas con las que celebre contratos, den cumplimiento puntual a la normativa de seguridad industrial y protección al ambiente, así como para incluir tecnologías y programas preventivos de derrames y de remediación de suelos y aguas que emitan los organismos subsidiarios, cuya vigilancia sea encargada al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Proponemos que se prevean penalizaciones en caso de incumplimiento de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas, que elaboren Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Por todo lo expuesto y en congruencia con el compromiso del Partido Verde con la protección del medio ambiente y nuestra tarea como legisladores, enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que esta propuesta sea aprobada en comisiones y redunde en beneficio de la sociedad.

Por último, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias señor senador Flores.

Como lo solicita, el texto íntegro de su documento habrá de insertarse.

Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

En uso de la tribuna el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales.

-EL C. SENADOR EVIEL PÉREZ MAGAÑA: Compañeras y compañeros senadores.

La democracia en México ha sido un largo proceso que ha requerido de las energías y la voluntad de múltiples actores políticos, comenzando por la propia sociedad mandante, apoyada en instituciones sólidas y acreditadas.

Nuestra democracia, con sus activos bien ganados y sus asignaturas pendientes, no ha sido conquistada de alguien en particular y mucho menos del gobierno, ha sido una reivindicación y una conquista colectiva.

A iniciativa de un  ilustre juarista y experimentado político don Jesés Reyes Heroles, se dio el primer golpe de timón desde las esferas del poder con una reforma política que verdaderamente abrió la……..

(Sigue 10ª parte)
...Don Jesús Reyes Heroles, se dio el primer golpe de timón desde las esferas del poder con una reforma política que verdaderamente abrió la Cámara de Diputados a la diversidad política de México, dejando atrás la figura de los diputados de partido.

Los siguientes pasos han sido muchos, han sido un ejercicio plural de construcción de acuerdos: primero, se abrió la Cámara de Diputados a las minorías políticas regulando el principio de representación proporcional, y después el Senado de la República con una fórmula similar, a lo que se agregó el principio de la primera minoría que amplió de 2 a 13 número de senadores por cada entidad federativa.

El espíritu de la reforma al sistema representativo fue dar mayores espacios a las minorías ante la situación política electoral que el país guardaba en esos años. Ante la situación política electoral que el país, ante esa situación propia de un incipiente sistema de partidos políticos obligó a privilegiar el criterio de representación proporcional; sin embargo, esa situación ya no existe en México, un país que ha vivido dos alternancias en el Gobierno Federal y una composición variable no inmutable en las Cámaras del Congreso Federal.

Hoy es preciso adecuar los criterios de representación política a las nuevas realidades de un México de ciudadanos participes, de voto crítico, razonado, donde los mapas políticos se redefinen procesos tras procesos. Es posible mantener ambos criterios, mayoría relativa y representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado, conservar la representación de primera minoría, pero debe de revisarse cuantitativamente la integración de ambas Cámaras para respetar y acatar en sus estrictos términos la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Construyamos fórmulas que reflejen de la forma más puntual y fidedigna el sentido del voto ciudadano, que no prevalezca sólo el criterio de la mayoría relativa, porque significaría desconocer el rostro plural del México moderno, pero tampoco que subsista un sistema representativo artificial que otorgue, como hasta ahora, un peso desmesurado y desfasado al criterio de la representación proporcional en demérito de la voluntad ciudadana.

En consecuencia, hoy presento y someto a su voto razonado, en lo personal y como integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, esta iniciativa de reforma constitucional para reducir 100 integrantes electos, según el principio de representación proporcional para el caso de la Cámara de Diputados y los senadores electos por el mismo principio para el caso de la Cámara Alta.

Es nuestra responsabilidad republicana, más allá de intereses partidistas, ser sensibles a los cambios sociales y traducirlos en reformas a nuestro andamiaje legislativo que parte de nuestra Carta fundamental. Hoy tenemos fuerzas políticas consolidadas en partidos políticos de distintos signos doctrinarios y tenemos, sobre todo, un sistema electoral dotado de los principios torales de las democracias maduras: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En el México de hoy no hay razón para dar un excesivo peso a la representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores. Explico este último punto.

Si bien las reformas de 1996, introdujeron el principio de representación proporcional en la integración de la Cámara de Senadores con el objetivo de dar más presencia a las minorías, desde entonces fue cuestionado a la luz del derecho constitucional, pues se trastocaba el principio de la igualdad de senadores por cada entidad federativa.

En el México de hoy no hay necesidad de continuar con esa controversia, la representación política y plural en la Cámara de Senadores, que hoy observamos, hace innecesaria la representación proporcional en esta Cámara, por lo que de aprobarse esta reforma sería reivindicada la igualdad entre las entidades federativas ante esta Cámara, como hoy ejerce la representación del federalismo nacional.

Por lo anterior expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 52, 53 en su segundo párrafo, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63; y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito atentamente al Senador Presidente de la Mesa Directiva inserte en el Diario de los Debates el contenido íntegro del proyecto de decreto que consta en mi iniciativa.

Compañeras y compañeros, bajo el marco de un irrestricto respeto a la voluntad popular, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto esta iniciativa a consideración de esta Honorable Asamblea, y en su momento del Constituyente Permanente, por lo que se reforma la conformación de los integrantes del Congreso General, electos por el principio de representación proporcional, ante nuevas realidades, nuevas fórmulas de representación política.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Senador Pérez Magaña. Como lo ha solicitado, se hará la inserción íntegra de su iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

-LA C. SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: (Desde su escaño) Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Senadora Ivonne Álvarez.

Sonido al escaño de la Senadora Ivonne Álvarez.

-LA C. SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Nada más solicitarle al Senador Eviel si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.
En uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de senadores diversos, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Compañeras y compañeros:

Esta iniciativa la suscriben, además de una servidora, los senadores Mario Martín Delgado, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Dolores Padierna Luna, Francisco Salvador López Brito, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Martín Orozco, Luz María Beristáin, Víctor Hermosillo, Sofío Ramírez Hernández, Ángel Benjamín Robles Montoya, Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil, de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD; y cuenta también con el aval de 37 diputados federales de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Partido Verde Ecologista.

Pero lo más importante es que la presento a nombre de 41 organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, conformadas por médicos, nutriólogos, especialistas, pacientes y ciudadanos preocupados y ocupados por el grave problema de la obesidad que aqueja a nuestro país.

Datos del INEGI revelan que en México mueren al año más de 80 mil personas a consecuencia de la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad femenina, y el segundo lugar, después de Estados Unidos, en adultos obesos.

Desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que entre 1999 y 2006 se ha duplicado el consumo de refresco entre adolescentes y triplicado entre adultos, definiendo al refresco como una bebida que contiene doce cucharadas de azúcar por porción sin ningún valor nutrimental, no aporta vitaminas, ni proteínas, sólo calorías vacías.

El consumo de refresco está estrechamente asociado con enfermedades como la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en consumo de refresco, en promedio una persona en nuestro país consume al año 163 litros, 40% más que el consumo promedio en Estados Unidos.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Yale, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta un 60% por cada porción de refresco que consume al día…

(SIGUE 11ª PARTE)
. . . . . . . . . . ............la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta un 60 por ciento por cada porción de refresco que consume al día.  Mientras que en el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23 por ciento el riesgo de enfermedades de corazón.

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refresco provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos, lo que implica enormes pérdidas humanas y económicas para los mexicanos.

Actualmente el índice de obesidad infantil y sobrepeso es de 19 por ciento. Esto significa que 1 de cada 3 de nuestros niños; 1 de cada 3 de nuestros adolescentes; y 7 de cada 10 adultos en México tienen este padecimiento.

Según el acuerdo nacional para la salud, firmado por diversas dependencias del Gobierno Federal en 2010, en nuestro país el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de 35 mil millones de pesos a 67 mil millones de pesos.

Se estima que dicho gasto aumentará a 150 mil millones de pesos en el año 2017, equivalente esto a 5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tan sólo en el Distrito Federal se calcula que 3 de cada 4 camas en los hospitales están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un grave problema para la sustentabilidad del Sistema de Salud Pública Mexicana.

Enfermedades como la diabetes, además de afectar la salud seriamente, impactan directamente la economía de las familias de los pacientes, ya que son padecimientos altamente discapacitantes, sin contar con las consecuencias sociales, una discapacidad modifica radicalmente la calidad de vida de una persona.

Por tal motivo resulta indispensable tomar acciones como estado y sociedad para revertir este grave problema.

De acuerdo a la experiencia internacional, este cambio de hábito sólo se logra a través de un programa integral tendiente a restringir el consumo; resulta importante tomar medidas educacionales y culturales que son muy efectivas, pero sus resultados se ven a mediano y largo plazo.

Las medidas regulatorias que incluyen opciones como medidas fiscales, regulación de la publicidad engañosa, y mejorar la información que se brinda al consumidor a través de las etiquetas en los productos, entre otras también resultan indispensables.  Las que han demostrado tener un impacto inmediato en la salud pública por su efecto de inhibir el consumo.

La implementación de políticas públicas como el acceso al agua potable en zonas marginadas del país, así como políticas alimentarias resultan también indispensables.

La finalidad de la presente iniciativa en conjunto con otras acciones es inhibir el consumo de refresco como una medida de salud pública urgente para disminuir así la prevalencia e incidencia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en nuestro país.

Para efectos de esta iniciativa no se pretende gravar jugos, néctares, leche saborizada ya que a pesar de que todos tienen alto contenido en azúcar, aportan nutrientes a quienes los consume.

En concreto, se trata de reformar la Ley el Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, para establecer un impuesto del 20 por ciento al precio final de estos productos, al ser bebidas azucaradas que no aportan ningún nutrimento ni brindan beneficios a la alimentación de las personas.

Se calcula que un impuesto del 20 por ciento, es 1 peso 70 centavos por litro de refresco ayudaría a disminuir el consumo de estos productos, de 163.3 litros por persona, actualmente, a 120 litros por persona; lo cual representa una reducción importante del 26 por ciento.

El objetivo es cuidar la salud, además se recaudarían cerca de 22 mil 861 millones de pesos, que se pretenden dirigir íntegramente a implementar programas y políticas públicas de prevención en contra del sobrepeso y la obesidad, atención médica a pacientes que padecen diabetes y acceso al agua potable en comunidades marginadas.

Asimismo, el gravamen ayudaría a reducir en 12 por ciento la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir 26 por ciento los costos de nuevos casos en los próximos 10 años.

Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de 42 mil millones de pesos que se gastan actualmente, a 35 mil millones de pesos, una reducción aproximada del 17 por ciento.

Esta iniciativa es uno de los primeros pasos para hacer frente de manera puntual al sobrepeso y obesidad que actualmente son una epidemia en neutro país.

Se opta por esta medida ya que en primer lugar es de rápida ejecución, y en segundo, por los beneficios en materia de salud y de reducción de costos para el Sistema de Salud Pública en nuestro país.

La epidemia de sobrepeso y obesidad que sufrimos en México nos obliga a poner este tema sobre la mesa, a deliberar y tomar una decisión respecto a él.

Debemos ponderar siempre y en todo momento por encima de cualquier argumento o interés la salud, pero sobre todo la vida de las y los mexicanos que es nuestro recurso más preciado.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

  (A P L A U S O S)

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senadora Torres Peimbert.

Senadora Torres Peimbert, le solicitan una pregunta.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ (Desde tribuna): Senadora Peimbert, me permitiría sumarme a su propuesta, que es extraordinaria; y que si usted recuerda, hace unos días yo presenté la creación de una comisión de atención a los consumidores, y creo que este tema es el inicio de que los consumidores en nuestro país, como en muchos otros lugares del mundo tienen una comisión dentro del senado de la República que defienda precisamente los intereses del consumidor.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Senador Patricio Martínez, sonido en el escaño del Senador Martínez.

- EL C. SENADOR MARTINEZ GARCIA: Si me permite la senadora, además de felicitarla, hacerle una  pregunta. Si el objetivo es cuidar la salud del pueblo mexicano, me parece que esta es una buena vía. Mediante la vía fiscal limitar el consumo de un producto nocivo; pero, no sería también, por la otra vía, que el Estado Mexicano regulara la producción de los refrescos, bajara por orden de la autoridad la cantidad de azúcar, y también se podría obtener el mismo resultado.  Estando de acuerdo con usted.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Acepta, senadora la respuesta?, ya bajó usted de tribuna, como usted guste.

- LA C. SENADORA TORRES PEIMBERT (Desde su escaño): Sí, nada más responder que por supuesto se toma en consideración, creo que cualquier medida que realmente pueda frenar la epidemia de sobrepeso u obesidad y diabetes, las 80 mil muertes anuales que tenemos sólo por diabetes, es bien recibida y útil.

Le agradezco muchísimo y por supuesto que la tomamos en cuenta. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Gracias, Senadora, se turna a la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la tribuna al señor Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia Entorno Escolar; y se reforman la Ley General de Educación; la Ley Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código Penal Federal.

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, Presidente, con su venia. Compañeras, compañeros senadores:  Vengo el día de hoy en mi carácter de Senador de la República....

(Sigue 12ª. Parte)
-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:   presidente, con su venia. Compañeras, compañeros senadores, vengo el día de hoy en mi carácter de senador de la República, pero también en mi carácter de padre de familia, preocupado por el deterioro que estamos viendo en el entorno escolar, en nuestras escuelas, el cómo nuestro país ha decidido cerrar los ojos ante esta realidad y pensar que toda la violencia que estamos viendo todos los días en nuestro país no va a afectar a la infancia, o no puede llegar a penetrar de alguna u otra manera a las escuelas.

Estamos a tiempo de rescatar, de proteger, de blindar a esta generación de niños y niñas, la primera generación de niños y niñas que está creciendo en un entorno de gran violencia. Estamos a tiempo de tomárnoslo enserio y prevenir y evitar que en algunos años nos arrepintamos por no haber hecho nada, por haber renunciado a nuestra primera obligación, como funcionarios, como ciudadanos, pero sobre todo como padres de familia a cuidar el buen desarrollo de nuestros hijos y nuestra hijas.

Presentamos hoy gracias al esfuerzo de muchas organizaciones civiles, padres y madres de familia, maestros, maestras, especialistas en el tema, académicos, la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar. 

Hoy un día después de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos hay que tomarnos en serio el derecho de los niños, de las niñas y de los jóvenes, hay que tomárnoslos enserio. 

Hoy el acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema que afecta tanto el desarrollo personal como el desarrollo académico de alumnos, alumnas y se convierte regularmente en el principio de la violencia.

De acuerdo con la OCDE México cuenta con el ambiente escolar más violento, y solamente uno de cada diez alumnos reciben una atención especializada; el Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, también publicado por la OCDE, coloca a México como el país con el ambiente escolar más violento en secundaria de los 24 países estudiados.

Estamos presentando una iniciativa de ley para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar y para promover una cultura de paz, tolerancia, respeto por el otro, basado en el ejercicio de los derechos humanos. 

La iniciativa se basa en los siguientes elementos: es una propuesta de ley general, es decir, se aplicaría en todo el país, el objetivo de la ley es promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, esta propuesta busca prevenir y atender el bullying, y lo más importante, por ser más amplia prevenir y atender todo tipo de violencia en el entorno escolar, ya sea dentro o fuera de la escuela, o dentro o fuera del horario escolar.

Se define a la violencia en el entorno escolar del siguiente modo:  conductas generadas individual o colectivamente que ocurren de modo reiterativo, prolongándose durante un período de tiempo, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa, asociados a los distintos tipos de violencia que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento, abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, y que tienen como intención poner en riesgo pretender causar, o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa de violencia en el entorno escolar, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle bajo rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta, entre otras.

Los principios rectores de la ley son el interés superior de la infancia y de la juventud, el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. La prevención de la violencia en el entorno escolar, la no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad, la cultura de paz, la perspectiva de género, la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, la igualdad, la interdependencia, la integridad, la coordinación interinstitucional, la “resiliencia”, la participación ciudadana en la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de la infancia y la juventud.

Es una propuesta con un enfoque cien por ciento preventivo y de atención multidisciplinaria, retoma la experiencia exitosa que ha tenido la ciudad de México en este tema.

En materia de prevención  ¿qué proponemos?  Que exista un programa interno en todos y cada uno de los planteles en el país para prevenir la violencia. Cada escuela también en el país deberá tener un consejo de convivencia escolar, integrado por personal de la comunidad educativa.

Se crea también una red nacional encargada de promover las acciones en materia de atención y prevención de la violencia, y se crea también un observatorio con representantes de todas las entidades federativas encargadas de emitir recomendaciones y evaluar los resultados de las acciones de la promoción de la cultura, de la paz, así como realizar diagnósticos, estadísticas, indicadores e informes para las recomendaciones de la violencia en el entorno escolar.

También no hace falta nada más medir y reconocer el problema, sino garantizar un modelo único de atención integral en todo el país, que incluya todas las acciones, psicológicas, jurídicas, médicas, y todas las que se necesiten para atender la violencia escolar.

Un tema también que ha sido particularmente difícil de desarrollar, porque estamos hablando de niños y niñas son la responsabilidades y sanciones.  Proponemos ir definiendo una a una las responsabilidades de los padres, madres o tutores, de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas.

Hay que superar la idea de que nadie es responsable cuando hablamos de violencia escolar, que es algo natural, que es una cuestión del desarrollo propio de la infancia, no es así, no podemos acostumbrarnos a la violencia.

¿Cuál es la responsabilidad de los padres, madres de familia o tutores?  En primer lugar deben estar muy pendientes de proteger a los menores de edad, también es su responsabilidad promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en los consejos escolares.

Un padre, una madre comprometido con la cultura de la paz y de la tolerancia e informado sobre qué hacer es la mejor garantía de seguridad en el entorno escolar, con ello evitaremos toda forma de maltrato, daño,  agresión o abuso, como ya prevé el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sanciones. En caso de que la conducta del menor derive en un daño o perjuicio a terceros, como ya prevé la normatividad civil la responsabilidad siempre será de los adultos y nunca de los niños o de los menores.

Por la conducta de los menores que cause un daño la responsabilidad de los padres o tutores por omisión de cuidado o por negligencia, de los docentes y directivos escolares, responsabilidades, son cinco las acciones fundamentales de los maestros, personal administrativo, y directivos docentes para la eficacia de esta ley.

Que cada esuela cuente con un programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, que los docentes y directivos escolares proporcionen la atención que corresponda  a un incidente de violencia escolar, que los docentes y directivos escolares informen a los padres y madres de familia o tutores cuando ocurran sobre los incidentes de violencia escolar, que los docentes y directivos escolares tomen las previsiones para prevenir que se cometan incidentes, que los docentes y directivos escolares asistan a cursos de capacitación para promover la cultura de la paz y atender los incidentes de violencia escolar.

Además, se debe tener especial cuidado en ....

(Sigue 13ª parte)
. . . escolares asistan a cursos de capacitación para promover la cultura  de la paz y atender los incidentes de violencia escolar,  además  se debe tener especial cuidad en  supervisar la conducta del propio personal  docente administrativo.

 ¿Qué sanciones habría en estos casos? Bueno, estamos proponiendo que se imponga una administración pública por no contar con el programa interno en cada escuela, el objetivo no  es sancionar severamente, pero sí hacer un fuerte llamado de atención para que se corrija y se cuente con un programa y se apoye también al a capacitación.

 Considerando la importancia del derecho a la información de los padres o madres de familia o tutores, se sancionará con multa equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente la omisión del  maestro directivo escolar de informar a los padres sobre incidentes, si el maestro, el personal administrativo o el  directivo docente niegan,  impiden, entorpecen, obstaculizan, la escuela podrá perder el reconocimiento de validez oficial en el caso de la escuela privada y en el caso de la escuela pública sancionar administrativamente a los maestros y directivos responsables. 

 Las autoridades educativas tendrán la responsabilidad  de la debida diligencia y que estén preparados en la labor  de prevención, son responsables de recibir capacitación, de supervisar, inspeccionar y vigilar, de comunicar al centro educativo que deben de  tomar ciertas medidas  y en el caso que haya incidentes de  violencia escolar, los padres o madres de familia o tutores tienen derecho a reclamar, indemnización  por responsabilidad patrimonial.

 Es de justicia dar los padres o madres un derecho a la integridad patrimonial por una  actividad administrativa deficiente en la prestación del servicio de educación pública.

 Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron en este proceso  para ser esta ley, hoy están presentes algunas de las organizaciones que colaboraron, pro ejemplo, la Fundación Mirarte, la Asociación Mexicana de Resiliencia, salud, profesores del sindicato  de trabajadores de la educación, también trabajadores del programa de seguridad escolar, agradecer también a mi grupo parlamentario por este apoyo, también a la  Senadora Margarita Flores, a Mely Romero, a Angélica Araujo, a Manuel   Cota, gracias Senador, a Daniel Amador, Antonio Blásquez y a Laya Sansores, es todo, Presidente.

 Muchas gracias, el Bulling no es juego de niños,  es el principio de la violencia, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas Gracias Senador.

 Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 Senadora Lucero Saldaña, sonido al escaño de la Senadora Saldaña.

 -LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA  PEREZ (Desde su escaño): Gracias Presidente.

 Para solicitarle al Senador si me acepta adherirme también a esta importante iniciativa con un enfoque muy integral.

 Si acepta.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: ¿Acepta, Senador?

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO (Desde su escaño): Sí.

 -LA  C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PEREZ (Desde su escaño): Muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Sonido, por favor.
 Roberto Albores.

 -EL C. SENADOR ROBERTO ALBORES GLEASON (Desde su escaño): Gracias Presidente.

 Para el mismo propósito preguntarle al amigo Senador Delgado si me permite adherirme a su iniciativa.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Lisbeth Hernández, tomamos  nota, tome nota, por favor la Secretaría de las adhesiones que se están solicitando.

  Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación y Estudios Legislativos.

 Damos la bienvenida a un distinguido grupo de estudiantes  de la Universidad del Estado de Durango que se encuentran  presentes a invitación del Senador Ismael Hernández, bienvenidos, muchas gracias.

 En uso de la tribuna el señor Senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar  Proyecto de Decreto por el que se adiciona la ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal  de Clasificación de Video Juegos.

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTES SALAS: Muchas gracias, Presidente, con la venia.

 Compañeras y compañeros senadores, primero que nada quiero compartirles que el día de hoy he estado escuchando con atención  varias iniciativas propuestas de Ley en donde buscamos cómo cuidar, cómo proteger y cómo ayudar a nuestra niñez, creo que es un tema prioritario, escuché con atención a mi compañero senador Mario Delgado, a quién le felicito y le pido, si me permite sumarme a suscribir esa iniciativa, y que ojalá pudiera acompañarnos también en esta.

 Quiero comentarles que vengo a nombre de varios compañeros senadoras y senadores que suscriben esta propuesta, menciono a la Senadora Diva Gastelum, a la Senadora Mónica Arriola, al Senador Raúl Aarón Pozos, a la Senadora Maria Lucero  Saldaña Pérez, al Senador Fernando Yunes Márquez, al Senador Miguel Romo, al Senador Héctor Larios, a la Senadora Maria Elena Barrera ya a la Senadora Angélica de la Peña, gracias por el apoyo.

 El uso de los dispositivos tecnológicos es una constante  en la vida moderna. Con ellos solucionamos una gran cantidad de problemas cotidianos, potenciamos nuestras capacidades y encontramos opciones de esparcimiento, no es exagerado afirmar que la influencia de dichos dispositivos ha llegado a tal punto que hoy muchas  sociedades humanas no podrían funcionar sin ellos, pero es precisamente esa capacidad de influir en nuestras visas y en  nuestra conducta la que debe llamar nuestra atención.
 
 En esta ocasión me referiré a uno de los dispositivos tecnológicos de entretenimiento  más común entre niños, adolescentes y jóvenes, los videojuegos.

 Los videojuegos han revolucionado la forma de utilizar el tiempo libre  y muchos de ellos contribuyen al desarrollo de habilidades de enseñanza interactiva, pero hay un aspecto que a nosotros como los legisladores  debe ocuparnos  y debe preocuparnos, en los videojuegos nuestros niños y jóvenes no sólo son testigos del desarrollo de una historia ficticia, sino que en estos casos ellos son los protagonistas en la trama del mencionado videojuego.

 Desafortunadamente en diversos títulos de juegos de videos nuestros niños y jóvenes tienen como misión secuestrar, asesinar  o discriminar para obtener puntos o recompensas y avanzar en diferentes niveles.

 Son ellos los que deben de cometer actos violentos para convertirse en líderes del juego y alcanzar el reconocimiento.
 
 Al final en muchos de los videojuegos la crueldad y la violencia son incentivadas y recompensadas, les pregunto respetuosamente compañeras y compañeros, ¿creen verdaderamente que un niño o un adolescente deben enfrentarse a la decisión de violentar a una persona  como forma de entretenimiento?  
 ¿Consideran que actos violentos  hacia las niñas y mujeres deben de ser vistos como algo natural? Esto no son preguntas retóricas, como señalé a través de algunos videojuegos, niños, jóvenes y adultos,  son protagonistas de conductas ilícitas, virtuales especialmente hacia las mujeres,  basta señalar que en el videojuego japonés, Rappeler, la traducción al español del “Rape” es violar, el objetivo es violar, como lo han escuchado  ustedes, violar a la mayor cantidad de mujeres posibles, puede ser una mujer adulta, una colegiada o incluso una niña de 10 años.

 Conforme se avanza en los niveles del juego, el protagonista puede  obligar a la víctima para convertirla en su esclava sexual, un ejemplo más  lo encontramos en el título God of war, este juego en el cual fui con un menor y se puede adquirir de la manera más sencilla, porque simplemente tiene una calificación de otro país, en otro idioma y en otro lenguaje que pocas veces es comprendido, el cual está basado en la mitología griega, en la primera escena del trama, el jugador encuentra a Afrodita sosteniendo relaciones con otras dos mujeres.
 
 En la siguiente escena, el protagonista de Guerrero Espartano su misión es desplazar a las dos mujeres para él continuar  estas relaciones con Afrodita.

 No es posible que nuestros niños vean con naturalidad o que incluso consideren un reto este tipo de  conductas, si bien hay juegos eróticos sexuales, nuestros niños y jóvenes también pueden ser protagonistas de guerras,  invasiones, o violentas confrontaciones entre grupos rebeldes.

 Señalo un ejemplo de las potenciales consecuencias que pueden tener alguno videojuegos en la vida de las personas. . .

(Sigue 14ª parte)
…entre grupos rebeldes.

 Señalo un ejemplo de las potenciales consecuencias que pueden tener algunos videojuegos en la vida de las personas.

 El siguiente relato también podría ser un trama de ficción, pero tristemente, compañeras y compañeros, no lo es así.

 Tom Bisel era un aclamado y joven escritor, fue ganador del Premio de Roma, y en el 2010 fue galardonado con el “Guggenheim Fellowship”.

 Sin embargo, su punto de inflección fue cuando empezó a jugar el videojuego “Grand Theft Auto”. Este videojuego, que es uno de los más comprados en nuestro país y en el vecino país del norte.

 Por 3 años este escritor se volvió adicto a la cocaína, no podía dormir, y apenas podía escribir algunas palabras.

Cabe destacar que “Grand Theft Auto” es uno de los juegos de video con mayor éxito en el mercado, en el que se le permite al jugador tomar el rol de un criminal que puede andar libremente por la ciudad. Para completar el juego, el criminal tiene que cumplir una serie de misiones como robar bancos o cometer asesinatos.

 En el juego no hay límites. El jugador en su rol de criminal puede hacer todo lo que desee, no hay autoridad alguna que pueda detenerlo.
 
 Tom Bisel, lo describe claramente cuando fue invitado a jugar “Rockstars Grand Theft Auto”. 

 Tom se preguntó ¿Qué tiene de interesante este videojuego?

 Su amigo le respondió: “Tú puede hacer lo que quieras en el juego, lo que quieras”.

 Al momento de comprarlo, Tom supo de la premisa básica del videojuego.

 Eres un preso salvaje buscando ascender en la sangriente sociedad de “Vice City”.

 Esta historia real fue publicada en el Diario Inglés  “The Guardian”, bajo el título de videojuegos la adicción. Retomé precisamente este ejemplo, por 2 razones:

 La primera, nos muestra la gravedad y el impacto que tienen los videojuegos en los usuarios.
 
 La segunda, en Inglaterra hay una ley que aborda el tema de la clasificación de los videojuegos, la “Digital economy act”, retoma la clasificación también de “European Game Information”, (PEGI), por sus siglas, y la establece en su ley, así como la clasificación europea que acabo de mencionar.

 Existe el “Entretainment software rating board” en los Estados Unidos de Norteamérica. Más sin embargo, ambas clasificaciones están diseñadas por sus gobiernos después de un amplio debate.

 La idea de la presente Iniciativa es invitar al debate abierto e incluyente sobre este tema.

 La Iniciativa que hoy someto a su consideración busca establecer una clasificación para la distribución y comercialización de videojuegos que permita a los usuarios y a los padres de familia conocer de forma clara y precisa el contenido de los mismos, así como el grupo de edad para el cual se recomiendan.

 Quiero dejar muy claro. De ninguna manera buscamos limitar o restringir la producción de videojuegos o censurar su contenido, sino simplemente establecer un marco regulatorio que permita un uso adecuado e informado de los mismos tal y como sucede en la mayoría de los países del mundo.

 De forma concreta, a través de la presente Iniciativa, proponemos establecer que todo videojuego nacional o importado que se distribuye, comercialice, deberá contar con autorización y clasificación previa de la Secretaría de Gobernación.

 La autorización y clasificación de un videojuego se otorgará a solicitud del titular de los derechos del mismo, productor o distribuidor quien deberá realizar los trámites correspondientes.

 Los videojuegos que sean autorizados y clasificados por la Secretaría de Gobernación serán inscritos en un Registro Público de Videojuegos, el cual podrá ser consultado por cualquiera que lo desee, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 Lo cierto es, compañeras y compañeros, que la disminución de la violencia en todas sus formas y en todos sus ámbitos, debe de ser una prioridad para todos los que vivimos en este país.

 Los invito a que puedan sumarse a esta Iniciativa, a ir al debate, a poderla enriquecer, y a que juntos podamos abonar en este importante tema.

 Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

 Es cuanto, Senador-Presidente.

 Muchas gracias. (Aplausos).

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias al Senador Puente Salas.

 -Se turna a las Comisiones Unidas…

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: ¿Con qué propósito, Senadora Hilda Flores Escalera?

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

 Pedirle al Senador Puente, a ver si me permite adherirme a su Iniciativa, que le felicito, de verdad, un tema muy importante.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Senador Zamora, Senadora Margarita, Iris Mendoza, Senador Hermosillo, Senador Delgado.

 Tomemos nota, López Brito, Ruffo Appel, tomamos nota, por favor, de todas las adhesiones que se han solicitado.

 Muchas gracias.

 Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 En uso de la tribuna el Senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 135 Constitucional.

 -EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ: Con su permiso, señor Presidente.

 Compañeras y compañeros senadores:

 Presento ante ustedes una Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rige como la ley fundamental del Estado mexicano, y por ende es la fuente primigenia de la cual emana todo el marco jurídico que impera en nuestro país.

 En ese sentido, la Constitución requiere evolucionar conforme se transforma la sociedad mexicana.

 Si bien se ha expresado que nuestra Carta Magna pertenece a un sistema rígido en cuanto al procedimiento, es requerido para su modificación, esta no permanece indiferente a los cambios que exige la sociedad, sino que debe actualizarse día con día, a efecto de estar en condiciones de procurar el bienestar en general de los mexicanos a partir de sus postulados.

 En ese sentido, los estados modernos han fijado en sus propias normas constitucionales el procedimiento especial mediante el cual se puedan realizar las enmiendas de la misma.

 En nuestro país, para llevar a cabo algunas adiciones o reforma a la Constitución, es necesario seguir un procedimiento especial establecido en el artículo 135 Constitucional.

 No obstante, dicho ordenamiento no establece un plazo para que las legislaturas locales lleven a cabo sus pronunciamientos respecto a las iniciativas constitucionales, pudiendo permanecer por tiempo indeterminado en la espera de dicho trámite, lo cual retrasa en muchos casos, de forma irreparable, la actualización de nuestra Carta Magna, y con ello la posibilidad de que el Estado cuente con los elementos jurídicos necesarios para enfrentar los retos de un mundo cambiante y en constante transformación.

 Indudablemente en estos nuevos tiempos en que la norma jurídica y la Carta Magna debe ser permanentemente transformada, y ahí el Constituyente Permanente en su intervención; y ahí el país vía sus propios congresos y sus cabildos deban de emitir su veredicto haciendo un análisis de las mismas recientes reformas constitucionales aprobadas, se puede observar que bastan 4 meses en promedio, desde que una Iniciativa llega a una legislatura local, hasta su declaratoria.

 Sin embargo, en más de una ocasión este plazo se ha extendido sobremanera.

 Por tales motivos, es que me he permitido presentar esta Iniciativa que tiene por finalidad el establecimiento de un procedimiento con mayor certeza.

 La propuesta en concreto estriba en establecer un plazo prudente para que las legislaturas locales se pronuncien sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas que les sean remitidas por el Congreso de la Unión, y de no hacerlo se establezca como una afirmativa ficta.
 Lo anterior, de ninguna manera se pudiera concebir como una imposición a los congresos de los estados, sino que como en todo proceso jurídico se definiera el plazo para colmar positiva…

(Sigue 15ª. Parte)
…a los congresos de los estados, si como en todo proceso jurídico, se definiera el plazo para colmar positiva o negativamente un tópico de la mayor relevancia, como lo es, la actualización del texto fundamental. Permaneciendo intacta la facultad, de los congresos de pronunciarse en sentido negativo o de ser el caso.

 Actualmente 19 estados de la República mexicana ya han implementado con éxito esta disposición. Tal es el caso, de Aguascalientes y Sinaloa, que con la reforma constitucional implementada, les otorgan 15 días a sus respectivos cabildos, para pronunciarse sobre las reformas a las constituciones en sus estados.
 
 Así, Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, les otorgan 30 días.

 Chihuahua, 40.
 Durango, 45.
 Veracruz, 60.
 Yucatán, 90 días.

 Para los mismos efectos.

 Como se observa, la propuesta de la presente iniciativa, es una cuestión que ya se ha ido confirmada, en cuanto a su eficacia.

 Y pertenece ésta a nivel local, con importantes resultados.

 Nos corresponde ahora, hacer lo propio. Con la convicción y seguridad de que los estados aquí mencionados, recibirán con agrado la enmienda que estamos proponiéndoles, y que seguramente lo secundarán el resto de las entidades de la República.

 Es así que se propone, la modificación del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política Federal, a efecto de prever un plazo de 120 días naturales, para que las legislaturas estatales, analicen y emitan el sentido de su voto, respecto de las enmiendas constitucionales que les sean turnadas.
 
 Esto garantizará, a que ninguna reforma constitucional, sea soslayada y que tiene como esencia, la implementación de un procedimiento expedito con mayor certeza jurídica.
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, en su momento en comisiones para su discusión correspondiente y eventual aprobación, el siguiente proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
 Que en su artículo Único, expresa: se reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 Artículo 135. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobada las adiciones o reformas, a partir de la recepción del proyecto de adición o reforma a esta Constitución, que le remite el Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados.
 
 Estos contarán con un plazo de 120 días naturales, para emitir su voto, y hacerlo del conocimiento del Congreso de la Unión. En caso de omisión, se computará en sentido aprobatorio.
 
 Gracias, por su atención.

 Gracias, a la Mesa Directiva.

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor senador Cota Jiménez.

 Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 Se recibió de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco, que se turna a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 Tiene, ahora, el uso de la tribuna, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal.

 -EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias.

 Con su venia, presidente.

 Me presente a este pleno, a nombre de compañeras y compañeros senadores, que han tomado a bien suscribir esta iniciativa.

 A nombre del senador Eviel Pérez Magaña, Adolfo Romero Lainas, Roberto Gil Zuarth, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, Adriana Dávila Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera Ávila, Carlos Mendoza Davis y Ernesto Ruffo Appel, a todos ellos, gracias por apoyar esta iniciativa.

 Presentamos ante este pleno, la iniciativa que modifica, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal.

Por economía procesal parlamentaria, no daré lectura al artículo del decreto, por lo que le solicito que el texto completo de la iniciativa sea incorporada de manera íntegra al Diario de los Debates.

 El crecimiento exponencial y la organización del territorio, se ha caracterizado por altas concentraciones, en áreas no aptas para su ocupación. Ya sea por el riesgo que representan o por los problemas en la tenencia de la tierra.
 Por lo que los asentamientos irregulares, se han convertido para muchas familias, en la única opción viable, para conseguir una vivienda.  Debido a los altos costos del suelo y la limitada oferta de vivienda para los sectores menos favorecidos de la población.

 Sin embargo, la ocupación de zonas de riesgo, suelo de conservación y preservación ecológica, terrenos de régimen ejidal o comunal, laderas de barrancas, ríos y cerros con grandes pendientes, hacen más complicado el acceso y dotación a los servicios básicos, como agua y drenaje.
 
 Y un dato interesante, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, se estima que la instalación e infraestructura básica, como luz, agua y drenaje en terrenos irregulares, resulta hasta 10 veces más caro.

 La Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, ha señalado que el 37% de la población urbana, vive en asentamientos irregulares y sin acceso a servicios básicos, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas, ya que en la mayoría de las ocasiones, se trata de suelo propenso a deslaves por las lluvias.

 Se trata de suelo que debió ser preservado para garantizar la viabilidad de los sistemas hídricos, de los mantos friáticos y de la preservación de equilibrio del medio ambiente.

 Aunado a esto, y de forma paralela, se ha presentado situaciones de fenómenos climatológicos derivados del calentamiento global. Lo que ha traído situaciones de desastres, como sequía, inundaciones, derrumbes, con saldos de cientos de miles de damnificados y de personas que han abandonado sus viviendas.

 Estos efectos serían menores, si funcionara el Sistema de Planeación Urbana del País, y se eliminarán los accesos de quienes ofertan suelo urbano, así como los de efecto de corrupción y de la autoridad, y de funcionarios públicos y de desarrolladores.

 Por tanto, resulta necesario modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, así como el Código Penal Federal, para implementar sanciones en materia penal, a quienes permitan o autoricen la ocupación irregular de áreas o predios en zonas de riesgo o no apta para su ocupación.
 
 Se propone con la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, establecer la atribución a las entidades federativas y a los municipios de dar vista a las autoridades competentes, a efecto de apliquen las sanciones en materia penal, que se deriven de la relación de la ley.

 A los planes y programas de desarrollo urbano estatales  y municipales.
 
 Asimismo, se promueve la modificación de sus códigos penales, para sancionar a quienes avalen, permitan o beneficien… se beneficien de la ocupación, invasión o cualquier otra forma ilegal de aprovechamiento de estas áreas o predios, sin importar su régimen de propiedad.
 
 En cuanto al Código Penal Federal, se considera como responsable del delito de ejercicio indebido el servicio público, a quienes teniendo la obligación por razones de empleo, cargo o comisión de custodia, vigilar, evitar, reducir o abatir los asentamientos humanos en zonas consideradas como de alto riesgo y, en su caso, consideradas como no aptas para dichos fines, autorice o permita el crecimiento, desdoblando de los mismos.

 Haciéndose acreedores a una sanción, de dos a siete años de prisión. multa de 30 a 300 veces el salario mínimo o diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito.

 Y destitución e inhabilitación de dos a siete años, para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

 Es importante, que esta soberanía, tome en cuenta la problemática que se vive en nuestro país. Es momento es tiempo, precisamente, ordenar el crecimiento de nuestras ciudades, y a la vez sancionar a todos aquellos que están promoviendo las…