Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabezan la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.
PRESENTADOR: En este acto, con motivo de la Reforma Judicial con y para el Poder Judicial, hace uso de la palabra el licenciado Felipe Borrego Estrada, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Senadora Mónica Fernández Balboa.
Señor senador Ricardo Monreal Ávila.
Señor doctor Julio Scherer Ibarra.
Señoras y señores, presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y para la Igualdad de Género.
Señores miembros de la Coordinación Política del Senado de la República:
Sean bienvenidos a esta casa de la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 21 de octubre del año pasado, en la Casona de Xicoténcatl, que es decir Senado de la República, se inició un diálogo institucional entre poderes, buscando una reforma con y para el Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial de la Federación los recibe para dar seguimiento a este diálogo republicano.
Los recibe con gusto el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, ministro Arturo Zaldívar.
Las señoras y los señores ministros. Las señoras y los señores consejeros de la Judicatura Federal.
Siendo esta reunión un evento de encuentro y diálogo entre poderes, y con la apertura que nos ha caracterizado, preguntaría a las y los senadores aquí presentes, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. De ser así, les rogaría con respeto que pudieran ser, de preferencia, breves.
Senador Germán.
SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Gracias, señor moderador.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a mí sólo me corresponde, señoras y señores ministros, dar las gracias por este evento y esperar su propuesta.
Sólo reiterar que, efectivamente, el 21 de octubre del 2019, como ya se ha dicho aquí, en la sede del Poder Legislativo, el Presidente de la Corte y todos los ministros en la Casona del Senado de Xicoténcatl, se anunció este diálogo.
El 11 de diciembre acudimos aquí algunos senadores, acudió el Presidente de la República y el Presidente de la Corte dijo claramente, que íbamos y estábamos trabajando una reforma al Poder Judicial.
Ahora, el 12 de febrero, en sede del Poder Ejecutivo se ha firmado una iniciativa, que estamos dispuestos a estudiar y examinar. Tenemos la última palabra los legisladores, tiene la palabra el Poder constituyente permanente, y a mí no me corresponde más que dar las gracias por hospedarnos en sede judicial, ahora, a todas las senadoras y senadores que integramos las distintas comisiones que estudiaremos sus proyectos de reforma y la iniciativa del Presidente de la República.
Muchas gracias, Presidente Zaldívar.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: El senador Delgado desea hablar posteriormente. No sé si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra.
SENADOR CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS: …parte de la Mesa Directiva del Senado y del señor presidente de la Junta de Coordinación Política, del senador Ricardo Monreal, yo sugeriría que nos ajustáramos.
Entiendo, en este orden está contemplada, por cierto, la participación del senador Dante Delgado, pero yo sugeriría nada más recordar, por lo menos a mí me hicieron llegar ese Orden del Día con las intervenciones para este evento tan importante.
Gracias.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Bueno, lo que queremos es una apertura.
SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Buenos días a todas y todos.
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia; señora Presidenta del Senado de la República; señor Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; señor Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
No, yo decía que ex post, porque imaginaba que nos van a explicar el contenido de la reforma.
Si es un acto protocolario, pues lo acepto; sin embargo, sí quiero dejar constancia de que, en el caso de Movimiento Ciudadano existe siempre la mejor disposición para coadyuvar y trabajar a favor de las reformas constitucionales que beneficien al país.
En ese sentido, nosotros queremos ser coadyuvantes de las reformas constitucionales.
Por cierto, y sin haber platicado previamente con los senadores de otras fuerzas políticas que conformamos lo que se ha llamado el bloque de contención; es decir, los que integramos los votos necesarios para que las reformas constitucionales sean procedentes, necesitamos, desde luego, hacer un análisis acucioso.
Seguramente, después del amplio intercambio que han tenido al interior del Poder Judicial de la Federación, cuando tengamos alguna duda o alguna posibilidad de solicitar alguna ampliación, sí nos gustaría que ustedes, los ministros de la Suprema Corte que están promoviendo esta reforma, nos puedan dar alcances y luces del contenido profundo de las reformas a la legislación secundaria, en el entendido de que nosotros valoramos al Poder Judicial como el punto que soporta la división de poderes; porque, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tenemos que recurrir a ustedes, que son árbitros cuando existen controversias en los puntos de vista.
Por ello, Movimiento Ciudadano extiende el mejor ánimo de acompañar al trabajo realizado por todas y todos ustedes, señores ministros; por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que seguramente con su experiencia, han entregado lo mejor de sus vivencias para que se entregue hoy al Senado de la República una reforma, como lo dicen, con -entiendo que con todos- y para el Poder Judicial de la Federación, que habrá de servirle a toda la sociedad nacional.
Es cuánto.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Muchas gracias, señor senador.
Le agradecería al doctor Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, tiene el uso de la voz.
DOCTOR JULIO SCHERER IBARRA: Muchas gracias.
Señor presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; senadora Mónica Fernández, presidenta de la Cámara de Senadores; senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; señores ministros, señores senadores:
El mandato que la Constitución otorga al Poder Judicial de la Federación es inconmensurable; en él deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del Estado Mexicano.
La aplicación de normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos en cada uno de los ámbitos de aplicación del derecho y de la interpretación de las leyes.
Los poderes constitucionales son fundamentalmente en la construcción de una nació que quiere vivir en paz y lucha por abatir sus problemas ancestrales de injusticia e inequidad.
La consolidación del Estado de Derecho es el gran pendiente que preocupa y ocupa hoy al Gobierno de México. No hay entidad a salvo de la ilegalidad en la República, como no hay generación inmune al paso del tiempo.
En nuestra sociedad existe el delito como existen la vida y la muerte. La crónica de estos hechos queda registrada en el dramático acontecer de cada día.
La pugna entre las fuerzas antagónicas de siempre, las de la razón y el crimen, son verdades evidentes que confrontamos por no aceptar que en México la imagen que proyectamos ante nosotros mismos y ante el mundo, sea de corrupción y de abandono.
La tarea del abogado no permite la improvisación. Los más valiosos representantes de la ciencia jurídica se preparan para encarar con éxito los conflictos que se les presenten, por graves que sean, observando con aplicación el derecho.
Quienes han estado a cargo de este proyecto tienen la certidumbre de que el ejercicio del derecho sea realizado con parcialidad, imposibilitando la impartición de justicia hasta hoy razón de la ley.
El aparato judicial ha sido pervertido por décadas. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas. Existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sea el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades.
El Poder Judicial ha sido espejo complaciente de los poderosos y no siempre su obstáculo. Intereses antidemocráticos todavía le exigen sepultar escándalos y tomar apariencia de verdades para mantener la ilusión de que se vive en una sociedad transparente.
De manera deshonesta, algunos jueces y ministerios públicos tienen a la mano lo que s ele ofrezca para su propio beneficio. La información reservada, la amenaza, la simulación, la intriga permanente, el engaño a toda hora, los modos, las maneras de exhumar secretos que protegen el honor de las personas.
Me enorgullece expresar ante ustedes que me unen lazos indisolubles al Poder Judicial. Mi bisabuelo, Julio García, fue presidente de la Corte de 1929 a 1936.
En su tiempo, tiempo aciago para este país, amparó contra acto de la justicia castrense a militares fuera de servicio. Era imposible olvidar la barbarie consumada contra los generales Arnulfo R. Rodríguez y Francisco Serrano, liquidados de manera salvaje, más allá de que estuvieran fuera de los cuarteles, cuenta mi padre en su libro “La Pareja”.
En estos años, la Corte también decidió que los hacendados no podían interponer amparos en materia agraria contra la resolución del Presidente de la República y los gobernadores de los estados ni con dotaciones ni resoluciones agrarias.
El Ministerio Público, acerca del fallo, con este criterio se han resuelto 3 mil 500 expedientes existentes en la Corte, pues resulta imperativo reconocer hoy que nuestro trabajo como servidores públicos carga con deberes estrictos e irrenunciables.
Perdería su sentido si no recorría los oscuros laberintos del poder, ahí donde se discute el hambre sin sentirla, la enfermedad sin padecerla, la precariedad sin conocerla; la muerte prematura como consecuencia de la criminalidad, la drogadicción como un tóxico en la sangre de los adictos.
Hoy México vive tiempo nuevos. El motivo que nos reúne este día es el de presentar la iniciativa de reformas del Poder Judicial Federal. Los planteamientos del Presidente de la Corte serán retomados por el Presidente de la República para integrarlos a esta iniciativa, sin cambio alguno, misma que será remitida al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla y ampliarla.
Lo anterior habrá de marcar una clara diferencia entre lo que se han limitado a decir y los que nos hemos empeñado en hacerlo. Si se extraviaron las certezas, es nuestro deber recuperarlas, impedir que la transgresión agote la credibilidad. Se nos impone transparentar la rendición de cuentas y sacar de la postración al aparato de justicia.
Queremos ser interlocutores legítimos de esta sociedad. El Gobierno no tolerará ni auspiciará actos al margen de la ley.
Es nuestra convicción y determinación, habrá forcejeos, intimidaciones y chantajes, pero siempre habrá de prevalecer el bien común.
Con estas reformas, juntos, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, nos transmiten un mensaje de estabilidad, integridad, compromiso y responsabilidad.
El Presidente de la República comandará el barco; la Suprema Corte de Justicia representará el viento en sus velas, los legisladores serán quienes vislumbren en el horizonte un paraje seguro hacia el futuro.
Muchas gracias.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: En seguida, escucharemos al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila.
SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA: Ciudadano Ministro Presidente Arturo Zaldívar, Presidente, repito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, a su vez, del Consejo de la Judicatura.
Ministros de la Corte.
Estimado Julio Scherer, representante del Ejecutivo y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
Ministro Juan Luis González, Javier Laynez, Luz María Aguilar, Ministra Yasmín Esquivel, Ministro Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez, Jorge María Pardo, Alberto Pérez Dayán, Lucía Piña, Ministra Ana Margarita Ríos.
Consejeros de la Judicatura Bernardo Bátiz, Jorge Antonio Cruz Ramos, Consejera Eva Verónica de Gyvés, Consejero Alejandro Sergio González, Sergio Javier Molina, y Consejera Loretta Ortiz.
Senadoras, senadores.
De manera especial, muchas gracias Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, que nos acompaña.
Debo destacar, ministros, que aquí hay un grupo de senadores y senadoras, no sólo determinantes para las reformas, sino que representan, como todos, la voz del Senado.
Destaco, Álvarez Icaza, senador independiente, que a su vez es Secretario de la Comisión de Derechos Humanos; a Claudia Edith Anaya Mota, que es la Secretaria de la Comisión de Justicia; a Cristóbal Arias, que es el Presidente de la Comisión de Gobernación; a Geovanna del Carmen Bañuelos, que es la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PT; al senador Raúl Bolaños, que es integrante de la Comisión de Justicia; al senador Dante Delgado, que ya lo escucharon, él es algo así como nuestro álter ego, una gente que respetamos y queremos bastante, Dante Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
A Samuel García, también integrante de la Comisión de Justicia.
Está Miguel Ángel Lucero, de la Comisión de Justicia.
Al senador Mancera, Miguel Ángel Mancera, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
A Julio Menchaca, Presidente de la Comisión de Justicia.
A la senadora Lucy Meza, integrante de la Comisión de Justicia; a Martha Lucía, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
A Nadia Navarro, integrante de la Comisión de Justicia.
Al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
A Cruz Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
A Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
A Indira de Jesús Rosales, secretaria de la Comisión de Justicia.
A Claudia Ruiz Massieu, integrante de la Comisión de Justicia.
A Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.
A Manuel Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde.
Y, al senador Damián Zepeda, que es integrante de la Comisión de Justicia, y un muy activo parlamentario. Me consta.
Ciudadanos ministros, está también el senador Añorve, que es miembro de la Comisión. Freyda Marybel, son ambos miembros de la Junta de Coordinación Política.
Si alguien me faltó, por favor me lo indican. Ah, Malú, sí, a Malú sí la mencioné.
El reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la realidad de país que vivimos, han tocado las fibras más sensibles de los Poderes de la Unión. Y, para responder a este justificado y apremiante reclamo, con madurez institucional, por eso los mencioné a todos y a todas, hoy acudimos la pluralidad del Senado de la República.
Acudimos al máximo Tribunal de la nación, hecho histórico que debemos resaltar. Asistimos con el ánimo que motivó a José María Iglesias, a José María Lafragua, que junto con Mariano Otero, Juárez, Rejón, participaron de la lucidez de la Corte en distintas épocas.
El Senado de la República participa de esta convocatoria inédita. Reconoce, como ya lo expresara Germán Martínez, un esfuerzo de congruencia, resultado de una colaboración extraordinaria entre ambos poderes; y reconoce que es absolutamente indispensable efectuar una reflexión colectiva:
Las asimetrías de la justicia en México, y que estas exigen pensar en grande, mirar al futuro, dejar atrás la mezquindad política, las visiones corporativas y de grupos, los proyectos inacabados. Y, entender que esta nueva relación institucional entre los Poderes de la Unión, deben de allanar el camino para construir el andamiaje idóneo para la toma de decisiones que transformen de manera profunda el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel, afirmaba que la división de poderes no significaba la creación de una barrera, que definitivamente cualquier conexión y contacto entre los poderes más bien encuentra su expresión principalmente en la existencia de un equilibrio entre los poderes, que hace posible la independencia en un contexto de supervisión recíproca, definitiva.
Recobremos, entonces, la orientación republicana de Vallarta, de Otero, de Rejón.
Dentro de esta lógica, la transformación profunda que se ha que se ha iniciado al interior del Estado mexicano desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, toca hoy a uno de sus pilares: el Poder Judicial de la Federación, ente que requiere de una reconstrucción, a partir de una rigurosa autocrítica en el ejercicio libre y responsable de su independencia.
La realidad demostró que no se podía resistir a los cambios; era insostenible no prestar atención a las demandas de la sociedad mexicana, porque si los Poderes no habíamos cambiado, la sociedad sí lo hizo; y ante este revelador panorama, el Senado de la República celebra que el Poder Judicial reconozca esta necesaria refundación.
Sin menoscabo alguno de las facultades de iniciativa de reforma que corresponde al Congreso de la Unión y que es susceptible de aprobación, modificación, enriquecimiento, acudimos a la máxima sede de la justicia, con absoluta convicción de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial, y que el respeto y la garantía plena de los derechos humanos no sean promesas vacías sino realidades vivientes.
Nos es presentada, según información preliminar de hoy por la mañana, una iniciativa que más tarde de manera informal nos entregará el Presidente y después de manera formal ingresará a la Mesa Directiva este día, donde está aquí la Presidenta representando la pluralidad.
Esta propuesta, firmada por el Ejecutivo Federal, según observamos hoy, propone modificar siete artículos de la Constitución, de la Carta Magna; expide dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como plantea reformas a cinco ordenamientos legales, entre otros, la Ley de Amparo, la Ley General de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En ese orden, el reto que hoy nos convoca, es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social, proporcionales al preminente lugar que ocupa en nuestro ámbito institucional y en el impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Llevamos muchos años discutiendo sobre las necesarias reformas al Poder Judicial de la Federación, y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para una reforma integral y sistemática; esta es nuestra oportunidad.
Los conflictos y desacuerdos entre quienes integran la sociedad y los abusos en la actuación de las autoridades frente a los particulares, han generado un problema de expansión de la judicialización, pero las transformaciones legales y reglamentarias que se han realizado han sido insuficientes para satisfacer a cabalidad el derecho humano a la tutela judicial efectiva, la insatisfacción social con la injusticia no deja dudas.
En este contexto, se torna indispensable la adecuación integral del marco constitucional y legal que dote de mayor eficacia a las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Plenos de Circuito y de los Tribunales Colegiados, y maximice la posibilidad de nuestro Alto Tribunal, de concentrar su actuación en su papel de último interprete del orden jurídico para afianzar, a través de la decisión de asuntos de excepcional trascendencia constitucional, la emisión de criterios de especial relevancia que irradien de manera más amplia en la protección y garantía de los derechos humanos.
Con ello es factible alcanzar que la integración e interpretación de los valores y principios que emanan del bloque de constitucionalidad, garantizados y protegidos por la Suprema Corte, en su función esencial, constituya la herramienta indispensable para que todos los operadores del sistema jurídico ciñan su actuación en el respeto a la dignidad de la persona humana, la libertad, la igualdad y la pluralidad, articulando el reconocimiento de los derechos programáticos y asegurando así una sociedad justa o más justa y menos asimétrica.
Dentro de este contexto, la transformación exige el paso decisivo para que la Corte se consolide como Tribunal Constitucional. Así se vuelve necesario reflexionar sobre las competencias amplias en materia de legalidad, que todavía detenta nuestro Tribunal Constitucional, cuya instrumentación era explicable en el contexto de hace cinco lustros, pero que hoy se encuentra desfasada a la luz de la expansión de la demanda de justicia, sensible, pronta y expedita.
El número de asuntos que recibe cada año nuestra Corte Suprema, sólo en el 2018, 17 mil 220 asuntos es revelador de su herencia de origen como tribunal de legalidad.
Por eso se impone la necesaria redefinición del concepto de importancia y trascendencia en materia constitucional, para conocer de asuntos de amparo directo en revisión, lo cual se debe fortalecer a través de la no impugnabilidad de su inadmisión y a la vez consolidar el papel d ellos tribunales colegiados de circuito.
En ese tenor, una medida eficaz para reducir la creciente legiticidad (SIC) al seno del Poder Judicial de la Federación la dispuso el poder reformador en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho humano a la tutela judicial integral y efectiva y determina que las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias.
En esa lógica se debe abrir un debate en torno a que en los ordenamientos orgánicos del Poder Judicial de la Federación se garantice la mediación, a través de un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, para la resolución de controversias entre particulares, cuando recaigan en derechos de los que estos puedan disponer libremente, sin afectar el orden público, basados en la autocomposición asistida, otorgando viabilidad al consenso, dinamismo y rapidez en la impartición de justicia que exige la sociedad mexicana del siglo XXI.
Medidas que permitan disminuir la tensión social que generan los conflictos judiciales y los costos financieros que conllevan estos procesos.
En la lógica de la consolidación de los tribunales que conforma el Poder Judicial, un tema que se ha rezagado históricamente de frente al desarrollo del recurso judicial efectivo, es la integración de los tribunales de alzada. Así se torna necesaria su redimensión e integración colegiada.
El contexto del país, esencialmente el crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto, nos debe conducir a la reflexión y al debate serio sobre la colegiación de estos órganos jurisdiccionales.
Por un lado, como respuesta para el fortalecimiento de su integración, es decir, a partir del reforzamiento de las garantías de independencia e imparcialidad en la alzada y, por otro, porque las resoluciones colegiadas implican debate y pluralidad que robustecen el profesionalismo y blindan de manera efectiva y razonable la posibilidad de corrupción.
la piedra angular para lograr que el Poder Judicial sea el que nos demande el siglo XXI lo constituye, sin duda, la carrera judicial. La reforma del 94, del siglo pasado, que la elevó a rango constitucional, reveló en el corto plazo su insuficiencia, el alcanzar únicamente y de manera parcial a magistrados de circuito y jueces de distrito, olvidando a los eslabones esenciales que cimentan el Servicio de Carrera Judicial, la cual permeó fragilidades, permitió abusos y enquistó en sus entrañas a algunos funcionarios que defraudaron el mandato constitucional depositado en ellos.
Frente a este enorme reto, es indispensable expandir la carrera judicial a todos los niveles de los órganos jurisdiccionales para vigorizar sus estructuras, asegurar el ingreso y el ascenso a través del mérito personal y la capacidad profesional, por medio de mecanismos abiertos y objetivos de selección y permanencia, así como de parámetros básicos de razonabilidad e idoneidad para la función.
Tenemos que asegurar que también el hijo del obrero y del campesino tenga las mismas oportunidades de ingreso a la carrera judicial, que el hijo de un juzgador.
En este contexto, es indispensable que los exámenes de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se desarrollen a partir de criterios que permitan de manera objetiva un conocimiento integral del sustentante, que revelen cualidades éticas, sensibilidad para las funciones, trabajo en equipo, escenarios de presión inherentes al juzgador contemporáneo, más allá de sus capacidades técnicas jurídicas, las estancias por tiempo razonable en la Escuela Judicial, como pre condición del examen final de selección. Esto probará su eficacia y ha probado su eficacia en el derecho comparado.
Se debe señalar que, en junio del 2019, apenas hace unos meses, logramos consolidar, por medio de un acuerdo histórico y unánime, después de más de seis décadas, el anhelo constitucional postulado en 1953: garantizar la plena participación de las mujeres en todos los espacios en la toma de decisiones.
Esto se consiguió mediante la incorporación en el Texto Constitucional del Principio de Paridad de Género, como eje rector para la integración de todos los órganos del Estado Mexicano.
Lo anterior se explica a partir de reconocer la desventaja histórica femenina, la discriminación por razón de género en el ejercicio de sus derechos y la enorme desigualdad que han provocado esas circunstancias.
El Consejo de la Judicatura Federal reportó que, hasta el 15 de junio del 2019, contaba con un universo de 864 personas como magistrados de Circuito y 583 jueces de Distrito, de los cuales las mujeres, con el cargo de juezas, representaba únicamente el 23 por ciento y las mujeres magistradas constituían el 18 por ciento.
Para romper estas asimetrías y materializar en el Mandato Constitucional en la integración de todos los eslabones que deben conformar la cadena de la carrera judicial, se debe partir de la base de que la paridad de género es una medida de aplicación permanente y que su teleología atiende a combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y la ejecución del sistema, lo cual permitirá vencer una visión patriarcal de la justicia que hasta ahora ha imperado.
Por otro lado, a partir de la necesaria redimensión del servicio civil de carrera, en la defensoría pública, con estándares de ingreso y promoción compatible con los que se aspira a la Judicatura, como garantía de la defensa adecuada se debe salvar la deuda estatal con los grupos de atención prioritaria.
Y debe de ser objetivo primordial de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, reconocer la oportunidad de potenciar el orden legal orgánico de manea análoga con la Defensoría Pública Federal y la actual Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para estar en aptitud de poder cumplir con la deuda histórica, que como país tenemos en la tutela de los derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, la Defensoría debe alcanzar su reconocimiento legal y extensión en su ámbito de defensa y asesoría a otros segmentos de la sociedad en situación de vulnerabilidad, particularmente a la defensa de mujeres víctimas de violencia política, fenómeno que impide asegurar un punto de partida igualitaria a las mujeres, para el ejercicio pleno de sus derechos de votar y ser votadas, la cual lacera de manera incalculable el núcleo de nuestra sociedad democrática.
El ministro Edward Douglas, de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, acertaba al advertir que un Poder Judicial que revela lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, genera entendimiento y confianza; basado en ese entendimiento es lo más resistente.
Es por ello que constituye un agente impostergable para la necesaria legitimidad de la Judicatura Federal, que su ley orgánica favorezca el andamiaje reglamentario que permita interiorizar la transparencia como la ruta idónea para transformar la concepción de opacidad, ineficiencia y secretismo que durante años han sido estigmas del desempeño judicial.
Al constituir la ciudadanía el núcleo esencial de una real tutela judicial, resulta indispensable que la sociedad pueda tener acceso pleno a todas las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que operan en el sistema de justicia. La comprensión que el pueblo alcance de las resoluciones que decida respecto a su libertad, patrimonio, familia, trabajo y en especial de sus derechos económicos, sociales, culturales, impacta directamente en la legitimidad de las decisiones judiciales y en el desempeño de los jueces.
En esta lógica, los poderes judiciales deben encontrar a partir de una perspectiva de apertura a la transparencia, como la herramienta más importante para obtener la confianza y la legitimidad social.
Conocer todas las sentencias y resoluciones de los tribunales y juzgados, con la misma vocación que se conoce las de la Suprema Corte, permitirá garantizar las dos vertientes del derecho a la información de la ciudadanía y fomentará la cultura de la legalidad, asignaturas pendientes de nuestro quehacer cívico como instituciones del Estado.
Regular desde la Ley Orgánica, que la publicidad de todas las sentencias se realice de manera sistematizada y amigable, nos permitirá a los otros poderes federales, a los poderes estatales y a la academia, a las facultades y a la sociedad civil organizada, socializar los fallos desde una visión plural del trabajo jurisdiccional, conocer la dimensión en que se garantizan los derechos y el camino al desarrollo efectivo de las perspectivas en favor de grupos prioritarios.
La publicidad de todas las sentencias, permitirá evitar márgenes de discrecionalidad, generadoras de corrupción y romperá inercias nocivas del desempeño.
La confianza pública en el Poder Judicial, se incrementará cuando el público sepa la verdad, se le diga la verdad. Se tiene que acompañar a la transparencia con el combate al nepotismo y a la corrupción por igual.
Por último, señalamos que una vez que se presente formalmente la iniciativa, comenzaremos el proceso legislativo y los que estamos aquí, y los que no están aquí, tenemos un gran interés de participar.
Este es, para nosotros, ciudadano Presidente ministro Arturo Zaldívar, el punto de partida. Este es el punto con el que nos comprometimos, el que el Poder Judicial Federal propusiera reformas a sus ordenamientos jurídicos desde adentro.
Lo hemos cumplido.
Esta es una reforma que ustedes han hecho y que ustedes nos proponen. Ahora nos corresponde a nosotros analizar, revisar, enmendar, enriquecer todo este esfuerzo que ustedes han realizado.
¿Qué requerimos para seguir transformando la justicia en el anhelo que tanto le debemos a México?
Madurez institucional.
Fortalecer las capacidades técnicas y éticas de todos los operadores en el sistema de justicia en todos los niveles.
Erradicar la negligencia, el nepotismo y la corrupción.
Mirar al futuro, pensar en México.
Para sustanciar este paquete de reformas, Ministro Presidente y Consejero Jurídico, Julio Scherer, propongo, y eso lo vamos a comentar después en la Junta, si me avalan, que integremos una mesa central de alto nivel, en la que estén presentes el Poder Judicial con un alto nivel de representación.
Sé que actualmente el licenciado Felipe Borrego ha hecho un gran esfuerzo de consenso y ha actuado con honestidad y eficacia; también de la Consejería Jurídica, una representación de alto nivel, y una Comisión que vamos a constituir de manera plural en el Senado y que estará coordinado por los presidentes de comisiones dictaminadoras y el senador Germán Martínez con todos los grupos parlamentarios.
La intención es lograr un gran consenso.
¿Cuándo?
Yo les plantearía que hagamos el esfuerzo para que fuera en este periodo de sesiones que concluye el día último de abril.
Nosotros estamos listos, ciudadanos ministros, ciudadano Presidente.
Disculpen lo largo del discurso y la exposición, pero no podía perderme esta oportunidad de estar en la Corte con el más alto Tribunal de Justicia y con senadoras y senadores que saben mucho de derecho.
Muchas gracias.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Muchas gracias, senador.
La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, tiene el uso de la palabra.
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA: Gracias. Muy buenos días.
Señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gracias por permitirnos estar aquí.
Señoras ministras, señores ministros.
Licenciado Scherer, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República;
Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Senadores coordinadores de los grupos parlamentarios.
Senadoras, senadores e integrantes de la Judicatura, muy buenos días.
Como Presidenta de la Cámara de Senadores, me complace mucho participar en esta reunión de trabajo con las y los integrantes del Tribunal Constitucional de nuestro país, para dar continuidad a los trabajos del encuentro que tuvimos el pasado 21 de octubre, en el que se anunció la reforma con y para el Poder Judicial.
La separación de poderes no significa aislamiento entre los Poderes de la Unión, sino una delimitación de atribuciones constitucionales específicas en el marco de un Estado democrático de derecho.
En democracia, los poderes dialogan, intercambian puntos y de vista y colaboran entre sí con pleno respeto a sus autonomías y a sus competencias.
A cuatro meses de esta primera reunión de trabajo, la reforma del sistema de justicia constituye una de las prioridades del Senado y se reafirma como una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.
El problema es que en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días.
Ante este panorama, es claro que debemos emprender cambios profundos en el sistema de justicia en nuestro país.
Algunos de estos cambios no requieren reformas constitucionales o legales, sino de liderazgo y determinación en las instituciones.
En este sentido, aprovecho para manifestar el reconocimiento del Senado de la República al proceso de transformación del Poder Judicial que encabeza su Presidente, el ministro Arturo Zaldívar, quien tan sólo en unos meses ha emprendido una lucha frontal sin precedentes contra la corrupción, el nepotismo y los abusos del Poder Judicial.
Además, hemos tenido en el ministro Zaldívar un verdadero aliado en el avance de la paridad de género en los juzgados y magistraturas federales.
Quiero hacer un reconocimiento al trabajo, a la dedicación, a la visión y a la voluntad política que desde octubre pasado manifestaron el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, el licenciado Julio Scherer, representando al Poder Ejecutivo, y el Ministro Zaldívar, para poder llegar hoy a este momento de propuestas concretas.
Desde el punto de vista legislativo se han presentado distintas iniciativas en materia de justicia, a las cuales se sumarán las que nos envíen del Poder Ejecutivo.
Como toda discusión relevante, la reforma del Poder Judicial y del Sistema de Justicia se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, a fin de que la sociedad forme parte de este proceso legislativo y abonemos a la legitimidad de las nuevas normas.
Se ha dicho que este Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos y hoy aprovecho para expresar a ustedes que tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial.
La reforma al Poder Judicial debe ser una reforma que lo fortalezca, una reforma que lo transforme y lo reivindique frente a la sociedad.
Muchas gracias por permitirnos estar aquí y bienvenido este espacio de encuentro, comunicación, colaboración y corresponsabilidad.
Felicidades.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Muchas gracias, senadora Presidenta.
El Ministro Arturo Zaldívar nos dirigirá, como anfitrión de esta Sesión, unas palabras.
MINISTRO PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Buenos días.
A nombre de las señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la señoras y señores consejeros de la Judicatura Federal, doy la más cordial bienvenida a este recinto a nuestros distinguidos invitados.
Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal.
Senador Germán Martínez Cázares; senadoras y senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; presidentes de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda; presidente de la Comisión de Justicia y senadores y senadoras integrantes de ésta.
Señoras y señores:
Agradecemos en todo lo que vale su presencia en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un día histórico e inédito, pues por primera vez legisladores y legisladoras federales acuden a la sede de este Tribunal Constitucional para recibir una propuesta de reforma elaborada por el propio Poder Judicial.
Es un gesto de cortesía entre poderes que mucho apreciamos y que estoy seguro será fundamental para la continuación del diálogo y la construcción de una reforma judicial con y para el Poder Judicial.
De manera muy especial reconozco y agradezco la confianza del Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al haber hecho suya nuestra propuesta de reforma judicial y haber suscrito la iniciativa, la cual hará llegar al Senado por las vías legales correspondientes.
Este acto supone un respeto absoluto a nuestra independencia y una deferencia que abona a la fortaleza de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho.
Así mismo expreso mi agradecimiento al Senado y en particular al senador Ricardo Monreal por su valioso impulso para que esta colaboración y diálogo entre poderes fuera posible.
Del mismo modo, destaco la significativa intervención del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, quien ha puesto tiempo y talento en la construcción de este proceso. Muchas gracias señor consejero.
Nos reunimos el día de hoy tal como nos habíamos comprometido en la reunión en que amablemente nos recibieron en el Senado de la República en octubre pasado, para dar inicio a este importante proceso de reflexión legislativa.
Se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanada del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía.
Se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanadas del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía.
Durante el último año, hemos iniciado una seria transformación del Poder Judicial de la Federación, en el combate a la corrupción, el nepotismo y la impunidad, en la formación de un nuevo perfil de juzgador y la juzgadora federal, en la consolidación de un Instituto Federal de Defensoría Pública más eficiente y cercano a la gente, que sirva a los más pobres y necesitados.
En avanzar hacia la paridad de género para que ésta sea una realidad y tengamos más y mejores mujeres en más y mejores puestos, así como en el uso más eficiente de recursos públicos entre muchos otros avances.
Todos estos aspectos, están debidamente acreditados y de ellos di cuenta en el Informe de Labores que rendí el pasado mes de diciembre.
La propuesta de reforma que hoy se presenta, tiende a profundizar y consolidar la ruta que hemos trazado para lograr un Poder Judicial más fuerte, más independiente, más cercano a la gente, pero sobre todo que imparta una justicia para todas las personas, con estándares de excelencia y de honestidad.
Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, no requieren una reforma estructural.
Nuestra Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones con vasos comunicantes, que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir.
Los problemas de la justicia federal no están en el diseño institucional de sus órganos cúspide. Tan es así que con el marco jurídico vigente hemos logrado, en poco tiempo, cambios profundos que comienzan a ser visibles.
Emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal, pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte, independiente y legitimada.
La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial, es una reforma sólida, comprehensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma de fondo, no de forma, no está orientada a los reflectores sino a los resultados.
Proponemos reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, para reforzar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, con la finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos, que guíe la actuación de todo el Estado Mexicano hacia el pleno respeto de todas y de todos.
Proponemos revolucionar el sistema de Jurisprudencia en México, para dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza, a la doctrina de la Suprema Corte.
Se plantea que este Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Así, se propone que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por una mayoría calificada sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sin necesidad de reiteración.
De esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales.
Avanzar hacia un sistema de precedentes, implica también explicar de mejor manera el contenido de nuestras decisiones.
Por ello, en la Ley de Amparo se transforma el concepto de tesis para que en ella se expongan los hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que justificaron la decisión, para que los operadores jurídicos y la ciudadanía puedan conocer cómo, a través de las decisiones judiciales, se va construyendo el derecho.
Adicionalmente, proponemos reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para permitir que la Corte se enfoque a resolver sólo aquellos casos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
Así, se pretende que la Corte resuelva los asuntos más complejos y los que tengan el potencial de transformar vidas.
De especial relevancia resulta también la creación de plenos regionales, como órganos permanentes del Poder Judicial encargados de unificar los criterios de los tribunales colegiados de su región, con la finalidad de dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a nivel federal y descargar el trabajo del Tribunal Constitucional.
No puede haber justicia sin jueces profundamente comprometidos con los derechos y sensibles a los problemas que enfrenta México. El núcleo de esta reforma es la expedición de una ley de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación que, por primera vez en la historia, reglamenta un servicio profesional de carrera que garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos, impartan justicia.
Para esto se transforma el Instituto de la Judicatura Federal, en Escuela Federal de Formación Judicial, como agente fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional.
La Escuela Judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y con herramientas argumentativas sofisticadas, que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas.
Asimismo, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.
No podemos hablar de una verdadera transformación de la justicia, sin mejorar la calidad de la defensoría pública.
Los defensores públicos son los abogados de los pobres y para que los pobres puedan tener justicia, necesitan una defensa técnica, sensible y de calidad.
Por ello, se prevé que sea también la escuela judicial la que capacite a los defensores públicos y que realice los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
Además, se establece la posibilidad de que la defensoría pública brinde representación y asesoría en materia de amparo familiar, y en cualquier otra materia de amparo que determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de las materias penal y laboral.
La propuesta que hoy presentamos, contempla también la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que nos dote de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.
Se establece claramente como causa de responsabilidad, el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.
De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales.
En materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Se le otorgan al Consejo facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes.
Una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres. Estamos muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario.
Para ello, una de las mayores apuestas de esta reforma, es alcanzar la paridad en todas las categorías.
Se establece que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y progresiva a todas sus decisiones, y se adiciona a la paridad de género como principio de la Carrera Judicial, como criterio de desempate en los concursos y como política para el otorgamiento de nombramientos.
Comprometidos con un ambiente laboral libre de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan seguras, dejamos claro en la ley que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer, constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía.
Señoras y señores:
Esta iniciativa es la propuesta del Poder Judicial de la Federación que elaboramos con pleno respeto a la competencia constitucional de las y los legisladores.
En este documento se plasma nuestra visión de un Poder Judicial que sirva mejor a la ciudadanía. Son propuestas que parten de un ejercicio autocrítico y del convencimiento de que una mejor justicia no es sólo deseable sino posible, si trabajamos conjuntamente para alcanzarla.
Estoy seguro de que este diálogo inédito de colaboración y cooperación entre los tres poderes de la Unión rendirá frutos; que se aprobará una reforma judicial que genere, en la realidad y no en el discurso, una diferencia en la vida de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días.
Una justicia plena y completa que les devuelva la esperanza y la confianza de que en este país y en este momento, los jueces y las juezas federales tendrán las herramientas, la sensibilidad y el arrojo, para proteger sus derechos sin importar las consecuencias ni las circunstancias.
Muchas gracias.
LICENCIADO FELIPE BORREGO ESTRADA: Muchas gracias.
Como ya se indicó aquí, el señor Presidente de la República hará llegar a la Presidenta del Senado, la iniciativa que contiene la Reforma Judicial, emanada del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, en este acto, con independencia de los canales oficiales correspondientes, quiero entregar al senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y además quien ha estado encabezando este diálogo con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el texto que contiene precisamente la reforma que se plantea y que se consagra en la iniciativa que el Presidente estará enviando al Senado de la República.
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