SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

-EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (16:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 115 ciudadanos senadores y ciudadanas senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del jueves 8 de noviembre de 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.

El orden del día esta disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibieron cinco comunicaciones de la comisión de Energía, por las que informa de la recepción de respuestas a diversos puntos de acuerdo, por parte de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de  Energía.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos correspondientes de sus registros y darlos por concluidos.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió una comunicación del senador René Juárez Cisneros, presidente de la comisión de Desarrollo Regional, con la que remite el programa anual de trabajo de esa comisión.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, se recibió una comunicación del senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que exhorta a la Cámara de Diputados a concluir a la brevedad los trabajos sobre la reforma laboral, que permita a los trabajadores contar con un marco jurídico que garantice sus derechos.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se remitirá a la Cámara de Diputados, para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 15 al 18 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de España, don Juan I de Borbón y del Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy Brey, para participar en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Cádiz, Reino de España.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea se da por enterada.

Remítase copia de dicha documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.
Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Leonardo  González García, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la comisión de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió del Banco de México, el Informe sobre  Inflación, correspondiente al período julio-septiembre de 2012.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase ese Informe a la comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió la mañana de hoy, un acuerdo en relación  con la Sesión Solemne, en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente a 2012.

Dicho acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura sólo a su parte resolutiva.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República celebrará Sesión Solemne, el 14 de noviembre de 2012, a las once horas, a fin de entregar post mortem la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

Segundo.- En esta sesión únicamente tendrán lugar las siguientes intervenciones.

a) Lectura de la histórica proclama del Senador Belisario Domínguez, por parte de una secretaria de la Mesa Directiva.

Inciso b) Intervención de un senador o senadora a nombre de la Cámara de Senadores.

Inciso c) Mensaje a nombre del maestro Ernesto de la Peña Muñoz, recipiendario post mortem de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez.

Tercero.- Como lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General, a esta Sesión Solemne se invitará al Titular del  Poder Ejecutivo Federal; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Presidente de la Cámara de Diputados, y a los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine.

Cuarto.- Durante su presencia en el Salón de Sesiones de este órgano legislativo, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, así como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Presidente de la Cámara de Diputados, se les asignará un escaño en el presidium.

Quinto.- En reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás Poderes de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones de ceremonial, a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado.

Firma. Toda la Mesa Directiva.

Es cuanto, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Muchas gracias, señora secretaria.

Está a discusión el acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, si es de aprobarse dicho acuerdo.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias.

Aprobado el acuerdo.

En consecuencia, el Senado de la República celebrará Sesión Solemne, en la que se otorgará la Medalla de Honor Belisario Domínguez, para el año 2012, el 14 de noviembre del año en curso, a las once horas, en el recinto de Xicoténcatl No. 9, en el Centro Histórico.
Se solicita al Pleno de la comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que participe a la familia del señor Ernesto de la Peña Muñoz, la determinación de esta Asamblea, para entregarle el galardón.

Háganse las comunicaciones correspondientes, derivadas de dicho acuerdo.

En otro asunto de nuestra agenda, el día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento que adoptará la Mesa Directiva, a partir de la proposición de la comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre el resultado de la jornada electoral efectuada el 6 de noviembre del año en curso, en los Estados Unidos de Norteamérica.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura al pronunciamiento.

Primero.- El Senado de la República expresa su felicitación al Presidente Barack Obama, por los resultados obtenidos en el proceso electoral, recientemente celebrado, y le desea éxito en su nuevo período de administración.

Segundo.- El Senado de la República hace votos para que el Presidente Barack Obama, brinde continuidad, promueva y formule iniciativas y acciones de cooperación bilateral, en los rubros de comercio, educación, cultura, ciencia y tecnología, medio ambiente, relaciones laborales, energía, seguridad y salud, e impulse decididamente una reforma integral en materia migratoria; basada en el respeto pleno de los derechos humanos y laborales, reconocidos internacionalmente.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente Barack Obama, a replantear junto con el gobierno de México, las estrategias destinadas a detener el tráfico de armas de alto calibre en la frontera, con base en un proceso bilateral respetuoso y de implementación efectiva, que permita a ambas naciones, conjuntar sus esfuerzos en un perspectiva a largo plazo y que se proceda a revisar los instrumentos y las metas planteadas en la Iniciativa Mérida.
Es todo, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

Informo a ustedes, a esta Asamblea, que con fundamento en el párrafo tercero del artículo 72 de nuestro Reglamento del Senado, la Mesa Directiva acordó modificar la prelación de los asuntos inscritos…

(SIGUE 2ª .PARTE)
… en el párrafo tercero del artículo 72 de nuestro Reglamento del senado, la Mesa Directiva acordó modificar la prelación de los asuntos inscritos en el Orden del Día.

En consecuencia, el siguiente asunto es la discusión de los dictámenes relativos a los requisitos de elegibilidad de los candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las vacantes que se generarán cuando concluya el encargo de los actuales ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Los dictámenes sobre la cobertura de requisitos de los candidatos se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, para presentar los dos dictámenes de los que hemos hecho mención. En el uso de la palabra.

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su venia, presidente.
Está a punto de someterse a consideración de este Senado de la República, los dictámenes relativos a la revisión de los requisitos constitucionales de idoneidad para el ejercicio de la función de Ministro de Suprema Corte de Justicia.

Esos dictámenes que hoy presenta la Comisión de Justicia y cuyo contenido hemos venido a fundamentar en esta tarde, en esta tribuna, esos dictámenes es resultado de un inédito proceso en la vida senatorial del país.

Inédito porque ha resultado una profunda y cuidadosa auscultación de los perfiles enviados por el Presidente de la República en cada uno de los temas.

Es un procedimiento además que se ha caracterizado por su transparencia y por su publicidad.

En la medida en la que toda la información sobre las ternas, tanto la que ha requerido la Comisión de Justicia, como la que han presentado quienes hoy integran estas ternas, ha quedado dispuesta para consulta de los ciudadanos.

Es también un procedimiento caracterizado por su objetividad. Por primera vez en la historia de este tipo de procesos, el Senado ha requerido información sobre desempeño en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional sobre resoluciones emitidas por quienes integran la terna, así como trabajos académicos de su autoría, no sólo para conocer el pensamiento jurídico de los hoy candidatos a ministros, sino también para identificar la forma particular de aproximación a los problemas del derecho.

Tal y como ha quedado razonado en los dictámenes de la Comisión de Justicia, las magistradas y los magistrados propuestos tienen las calidades profesionales para aspirar al máximo cargo jurisdiccional en el sistema constitucional mexicano. Todos cumplen a cabalidad los requisitos objetivos que establece nuestra Constitución.

Toca ahora al pleno del Senado de la República examinar los requisitos subjetivos que exige la función atribuida a nuestro máximo tribunal.

Ese es el fondo de la facultad senatorial para nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, definir un perfil que responda a la coyuntura histórica e institucional del cuerpo colegiado.

Tenemos frente a nosotros el deber de decidir qué tipo de jueces constitucionales requiere la expansión de los derechos fundamentales y las libertades públicas, qué corte demanda la consolidación de los bienes públicos que como sociedad nos hemos dado a través justamente del consenso constitucional. Un consenso constitucional que por cierto hoy responde a nuevos paradigmas.

El hecho de que a nuestra Constitución se incorporen el contenido de los tratados internacionales y que esos tratados internacionales se conviertan en el parámetro de control de las actas y las leyes que conforman nuestro ordenamiento.

El hecho también de que se descentralice la función de enjuiciar los actos y también las normas que integran el ordenamiento con respecto justamente a los derechos humanos; la posibilidad de inaplicar en el caso concreto normas específicas, son nuevos paradigmas que requieren un tipo específico de Corte constitucional.

Una Corte que asuma a plenitud una nueva constitucionalidad, una nueva forma de entender la Constitución y sus relaciones con las normas jurídicas tanto del derecho interno como también del derecho supranacional.

No debemos perder de vista que la mecánica constitucional para el nombramiento de los ministros de la Corte está dirigida a la valoración de los haberes personales de cada propuesta en relación con la dinámica y retos institucionales por venir. En este caso, la dinámica y los restos de nuestra Suprema Corte de Justicia.

La Constitución establece el sistema de ternas con el propósito de dar libertad de configuración a este Senado para elegir entre distintas opciones, todos ellos por cierto de incuestionables méritos.

También exige nuestro modelo constitucional la comparecencia personal ante este Pleno para que sus integrantes puedan formarse un juicio directo y objetivo sobre los perfiles que han sido propuestos.

También ese modelo prevé el modelo secreto para que cada senadora y senador, cada integrante de esta asamblea, ejerza en libertad su opción.

Y por último, se exige mayoría calificad ano sólo como garantía de independencia, sino con el propósito de hacer concurrir la voluntad individual con un amplio consenso que no solamente implica principio de legitimidad, sino también el respaldo de la representación popular.

Nuestro deber como Senado de la República es encontrar no sólo a dos ministros o ministras que honren la aportación a México y a la justicia de los ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia.
Nuestro mandato es elegir a quienes serán los guardianes de la Constitución; los guardianes de sus principios y valores, del modelo democrático y de justicia social que define nuestra convivencia, nuestra historia y nuestro patrimonio ético y jurídico.

Debemos elegir a jueces constitucionales en el sentido más amplio y puro de la expresión. Impartidores de justicia que entienden la Constitución como norma, pero también como realidad viva, abierta al tiempo, asentada en un consenso que es historia, sí, pero también que es proyecto de futuro.

Jueces que reconozcan en los derechos fundamentales y libertades públicas, principios que expresan valores civilizatorios que una sociedad se da asimismo.

Jueces que asuman a plenitud la función republicana de la justicia constitucional. Esa función que implica el límite a cualquier expresión de poder con independencia de quién la ostente y también con independencia de las formas en que ese poder se manifiesta.
Quienes han sido propuestos y comparecerán ante nosotros, son mexicanos honorables, juristas consolidados, jueces formados en la común aspiración de dar a cada uno lo que le corresponde.

Su presencia aquí esta tarde es reconocimiento a su trayectoria, a su labor, a su sentido de responsabilidad y también a su esfuerzo y empeño personales.

Es también un reconocimiento a la tarea que todos los días asumen jueces y magistrados con valentía, compromiso y honestidad.

Desde nuestro pluralismo decidamos lo que es mejor para la Corte, porque ellos, sin duda, será también lo mejor para México.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Roberto Gil Zuarth.
Solicito a la secretaría dé lectura a la parte resolutiva del primer dictamen.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Doy lectura al primer dictamen.

Primero.- El ciudadano Pablo Vicente Monroy Gómez, propuesto en la terna, presentada por el Presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, es elegible para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012.

Segundo.- El ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, es elegible para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012.

Tercero.- La ciudadana Andrea Zambrana Castañeda, propuesta en la terna presentada por el Presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, es elegible para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012.

Es todo en el primer dictamen, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, ciudadana secretaria. Está a discusión dicho dictamen.

No habiendo quién haga uso de la palabra, pido a la secretaría que consulte, en votación económica a esta asamblea, si es de aprobarse dicho dictamen………

(Sigue 3ª parte)

. . . . . . . ..........dicho dictamen, no habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la secretaría que consulte en votación económica a esta Asamblea si es de aprobarse dicho dictamen.

- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior dictamen, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque se rechace, favor levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Aprobado Señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos propuestos para ocupar la vacante del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cumple con los requisitos de elegibilidad.

Pido a la Secretaría que dé lectura al segundo dictamen.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Doy lectura al segundo dictamen.

Primero.     El ciudadano Manuel Baraibar Constantino, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoita al concluir su período el 30 de noviembre de 2012.

Segundo.         La ciudadana Emma Meza Fonseca, propuesta en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoita al concluir su período el 30 de noviembre de 2012.

Tercero.         La ciudadana Rosa María Temblador Vidrio propuesta en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia al concluir su período el 30 de noviembre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, está a discusión el dictamen del cual se ha dado cuenta, no habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho dictamen.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Aprobado, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos propuestos para ocupar la vacante del Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoita, cumplen con los requisitos de elegibilidad.

En consecuencia, procederemos a realizar las exposiciones de cada uno de los aspirantes a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado el 11 de octubre pasado.

Nuestro siguiente asunto es la comparecencia ante este pleno, de los magistrados que integran cada una de las ternas en la forma siguiente:

Recibiremos primero las exposiciones de los integrantes de la terna para sustituir al Ministro Aguirre Anguiano e inmediatamente la de los candidatos de la terna para sustituir al Ministro Ortiz Mayagoitia.

Cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores senadores.

El primero de los comparecientes será el Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, colocado en primer término de la primera terna para cubrir la vacante del Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

En consecuencia, solicito a los senadores Miguel Angel Chico Herrera; Mariana Gómez del Campo Gurza; Manuel Camacho Solís; Luis Armando Melgar Bravo; Martha Palafox Gutiérrez; y Angélica de la Peña Gómez, introduzcan a este salón al Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez,  en espera del arribo hacemos un breve receso.

(LA  COMISION  CUMPLE)

(BREVE   RECESO)

(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA SALA)

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión.

Conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición por 20 minutos, en consecuencia, se le concede el uso de la palabra.

- EL C. MAGISTRADO PABLO VICENTE MONROY GOMEZ: Con su venia, señor Presidente.

Ciudadanas senadores y ciudadanos senadores: En primer lugar quisiera tener la capacidad de poder expresarles a ustedes los sentimientos y la emoción que llena mi espíritu al estar en este recinto en donde por lo que he podido ver en otras sesiones palpita nuestra república mexicana.

Cada una de ustedes y cada uno de ustedes representa a una entidad federativa de nuestro querido México, y hoy ante esta soberanía vengo a presentarles lo que son mis convicciones judiciales, lo que son los aprendizajes que he tenido en la vida y a decirles que estoy preparado, si así lo tiene a bien este Senado para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Senador Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Gobierno ya detalló este procedimiento. Un procedimiento inédito que ha volcado una serie de elementos de juicio para que ustedes tomen la decisión que consideren más conveniente.

No voy a agregar nada a lo que él ya dijo, solamente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, al señor Presidente de la República, y al señor Presidente Electo el que yo figure en estas ternas, pues tengo entendido que después de consensuar lo propio entre ambos mandatarios se dio a conocer públicamente la integración de las ternas.

Y, el señor Presidente de la República mencionó que había integrado las ternas después de hacer un análisis riguroso, después de hacer un análisis detenido sobre la trayectoria de muchos y muchas magistradas de circuito, y finalmente se llegó a la integración de las ternas que ya conocen.

Extiendo a ambos mandatarios mi reconocimiento por tal circunstancia.

Solamente agregaría a lo dicho por el Senador Gil Zuarth que este procedimiento inédito tiene un elemento que sobresale de los demás, la información recabada se hizo pública mediante la página del Senado en la Red. Ahí se colocaron las sentencias, ahí se colocaron los votos particulares, ahí se colocaron las resoluciones que contendieron en contradicciones de tesis, ahí se colocaron aquellas decisiones relevantes......

(Sigue 4ª. Parte)
....   ahí se colocaron los votos particulares, ahí se colocaron las resoluciones que contendieron en contradicciones de tesis; ahí se colocaron aquellas decisiones relevantes de la Suprema Corte, con las cuales guardamos afinidades; y ahí también se dio el informe cabal y puntual de cómo está nuestra situación respecto a quejas administrativas, con el resultado de que ninguna de las intentadas, durante 27 años de gestión, en mi caso, ha sido procedente, lo cual me llena de orgullo pero  no me hace confiar porque puede uno estar 27 años sin incurrir en responsabilidades, y un malhadado día, un descuido, una circunstancia no previsible, una falta de preparación o una falta de lectura del expediente adecuada, no puede llevar al fracaso. Así de delicada es nuestra labor, se va construyendo día a día, momento a momento.

El elemento al que me refiero, y por lo cual creo que sobresale, es el consistente en que este procedimiento se ha dado de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía ha respondido mediante réplicas en los “bloks”, mediante análisis de nuestras decisiones, mediante cuestionamientos a lo que dijimos en las comparecencias, y eso en lo particular a mí me llena de satisfacción porque viene a confirmar que la sociedad civil ocupa un lugar central en un estado que pregona la democracia, y que esa consulta pública nos obliga; nos obliga porque si estamos dando a conocer este procedimiento a la opinión pública, la consecuencia de ello es que debemos tomar en cuenta lo que la sociedad opine, lo que la sociedad exprese, para también construir con ese elemento las decisiones públicas.

Es decir, en este sentido creo que el procedimiento tiene sus consecuencia, pues si se auscultó con tanto detalle el perfil de cada candidato la decisión debe recaer en aquellas o aquellos que resulten más idóneos y capaces, pues ello sería el desenlace congruente. Si se consulta a la sociedad hay que tomar en cuenta lo que la sociedad expresa.

Quiero dejar perfectamente claro, en esta honorable tribuna que no me mueve la ambición de ser Ministro a toda costa, solo quiero hacerlo si este Senado me considera idóneo y capaz para serlo, y para ello quiero poner a su consideración mi concepción sobre los derechos humanos.

La evolución constitucional en nuestro país, el papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia y las cualidades que debe tener un Ministro de este alto tribunal. 

Concibo a los derechos humanos como resultado de movimientos sociales que reivindican aspectos específicos de la dignidad humana, que al ser incorporados en normas jurídicas generan las obligaciones a todas las autoridades de promover, respetar, garantizar y reparar, en su caso, las violaciones a los derechos humanos.

Entiendo la evolución constitucional a partir de las relación entre los derechos humanos, el Estado y la democracia, las raíces de la dignidad humana las encontramos, entre otras fuentes, desde el renacimiento, condensadas en aquella famosa oración sobre la dignidad humana, de “Pico de la Mirándola”.

También en revoluciones que se dieron en las postrimerías del siglo XVIII, la  Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La Revolución Francesa significó el derrocamiento de un Estado absolutista, a cambio de un Estado de derecho; sin embargo, privilegió solamente a los varones, y dentro de los varones a los propietarios, dejó fuera a las mujeres, y dejó fuera a los obreros y a los campesinos.

La epopeya de “Marigus”, cuyo seudónimo era “Olimbeyug”, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, ella al ver esa parcialidad hacia los varones, redactó una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanas francesas, ¿y cómo acabo “Marigus”? “Marigus” acabó guillotinada.

“Francois”, Nicolás “Grecos Babeb” organizó la conspiración de los iguales, para poner en el centro de los derechos también a los obreros y a los campesinos, ¿y qué pasó con este luchador social, su cabeza  también rodó por la guillotina. 

Se dice que la democracia no es en Grecia, pero los griegos  excluían de la polis a las mujeres, a los esclavos, y también a los bárbaros, llamando así a los extranjeros. Lo que quiero decir con esto es que estas revoluciones y esta democracia orignaria ha dejado mucho que desear y ha dejado cuentas pendientes para la humanidad, de la ahí la importancia de los movimientos sociales que van reivindicando los derechos humanos, poco a poco.

Gracias a esos movimiento sociales se han ido conquistando parcelas importantes de la dignidad humana, traduciéndolas después en derechos humanos, reconocidos en la constitución. La dignidad humana, por primera vez, se incluyó en un texto constitucional en la Constitucional Alemana de 1949, México lo hizo en el 2001.

Coincido con muchos pensadores en que la modernidad latinoamericana, y en particular la mexicana, está sustentada con bases cualitativamente diferentes a las europeas y norteamericanas, y de ahí, senadoras y senadores, de ahí está nuestra potencialidad.

¿Cuáles son estas bases en mi opinión, coincidiendo con estos pensadores?  Nuestra capacidad  de generar utopías, y también nuestra identidad. Fernando “Biri”, y Eduardo Galeano, ya se encargaron de explicarnos que las utopías nos sirven para guiar nuestros pasos, hacia proyectos que procuran el bienestar de todos los seres humanos, no sólo de unos cuantos.

En este contexto la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, mexicana, es un gran paso que nos acerca a esta utopía, y me entusiasma la posibilidad de contribuir con nuestros criterios desde la Suprema Corte de Justicia a aterrizar día con día en la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas esas importantes reformas, porque de qué nos sirve un texto constitucional sino aterriza en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Yo quisiera hacer de los derechos humanos, fundamentales, nuestro estandarte, que sea nuestra divisa, que sea lo que nos guíe en la actuación judicial de todos los días. En cuanto a nuestra identidad, creo que un rasgo esencial es el pluralismo.

Yo inicié mis estudios universitarios en 1968, siguiendo el pensamiento de “Seimor Litert”, que habla de las “coordenadas”  generaciones, yo estoy marcado por esa “coordenada” generación del 68, y de entonces para acá he sido testito de cómo se ha ido construyendo el pluralismo; el pluralismo político, que hoy disfrutamos se debe a un proceso y se debe, entre otras muchas valiosas personas, a ciudadanos mexicanos, como don Jesús Reyes Heroles, como Manuel Clouthier, como Heberto Castillo, que creyeron firmemente .....

(Sigue 5ª. Parte)
...a ciudadanos mexicanos, como Don Jesús Reyes Heroles, como Manuel Clouthier, como Heberto Castillo, que creyeron firmemente en la necesidad y en la operatividad de un pluralismo político.
Mesoamérica, antes de la conquista europea, era pluricultural, como nación independiente intentamos borrar las diferencias y pretendimos una nación homogénea, sin embargo el poder reformador de la Constitución enmendó este error en 1999, y aclaró que nuestra composición como Nación mexicana es pluricultural, sustentada en los pueblos originarios que existían antes de la conquista española.
Entiendo a la democracia constitucional como un sistema normativo que distribuye el poder. Y parafraseando a Luigi Ferrajoli articula distintos modelos de democracia: el liberal, conformado por derechos civiles; el procedimental que nos indica la manera en que se toman las decisiones públicas; el político participativo que nos dice cómo se deben participar para tomar estas decisiones, enriquecido ahora con una reciente reforma en la materia política, y ya prevé la iniciativa popular, entre otras cosas; y sobre todo la democracia sustantiva, la que le da contenido a la democracia expresada en los derechos sociales.
Estos pluralismos, junto con el social, generan conflictos de diversa índole, algunos de los cuales son competencia de la Suprema Corte de Justicia. Ante esos conflictos considero que el papel que debe jugar la Corte en el seno de un Estado de derecho democrático, constitucional, y en particular en este momento histórico, es la de ser un árbitro, un árbitro que también está sujeto a reglas y límites, un árbitro que no debe ceder a la tentación de legislar cuando analice la constitucionalidad que se somete a su potestad, un árbitro cuya finalidad es contribuir con los otros poderes de la Unión a la gobernabilidad democrática que nos permita disfrutar del bienestar que nos merecemos todos los mexicanos.
En este sentido, cobra relevancia que la Corte constitucional fortalezca los vínculos con los organismos internacionales por conducto de un diálogo, derivado de la globalización, sin perder de vista el ámbito de las respectivas competencias y teniendo al principio pro homine como una de las palancas fundamentales de ese nuevo paradigma.
Entre otros académicos distinguidos, Ana Laura Magaloni se ha caracterizado por sus críticas contra los poderes judiciales. Coincido plenamente con ella cuando apunta, abro cita textual: “Nuestro país necesita una Suprema Corte capaz de liderar la transición jurídica mexicana, que con razones y argumentos establezca nuevos referentes colectivos sobre la relación entre la justicia y el derecho, que contribuyan a la renovación de consensos fundamentales y a la pacificación duradera de los conflictos sociales”, fin de la cita.
Concibo a una ministra o a un ministro de la Suprema Corte como un Juez constitucional que legitime sus resoluciones, que se apoye en su carrera judicial, pero con visión de Estado, con la mira y la acción judicial puestas en un diseño de Nación articulado en un diálogo con la sociedad, respetuoso, leal y propositivo, pendiente de las razones que propongan las partes y de las consecuencias de sus decisiones.
Toda sentencia es un acto de poder, y por tanto este poder debe legitimarse, en especial las sentencias dictadas por un Juez constitucional, por el alcance de sus consecuencias. Dicha legitimación se logra partir de su adecuada fundamentación con el marco normativo utilizando a las teorías del razonamiento jurídico.
Por tanto, el Juez constitucional debe cultivar la interpretación, la argumentación y la aplicabilidad de las normas conforme a los cánones de la ciencia jurídica, vinculada a la filosofía, a la economía, a la sociología y a la política, entre otras disciplinas, sabedor de que sus decisiones, las decisiones de un Juez constitucional trascienden las fronteras de un conflicto jurisdiccional común y corriente por las consecuencias que tiene para el país en materia económica, política y social.
También el Juez constitucional creo que debe sujetarse al escrutinio constante de la sociedad y de la Academia mediante observatorios y foros que analicen las resoluciones judiciales y los modelos argumentativos que la sustentan. Y sobre todo, senadoras y senadores, el Juez constitucional debe encontrarse con la ciudadanía mediante una sentencia clara, mediante una sentencia inteligible, que no necesite de rigorismos técnicos; separemos a las sentencias, uno es el documento de trabajo técnico riguroso, científico, pero otro es la expresión de ese documento, la sentencia, de tal manera que la entienda el justiciable, de tal manera que el lenguaje no nos separe de la ciudadanía.
En ocasiones, incluso entre pares, nos sucede que no tenemos claro cómo debemos cumplir con una ejecutoria de amparo, entonces la ciudadanía tiene que tener un vínculo directo con nosotros por la sentencias y por nuestra actitud. Todo juzgador debe apegar su conducta a los principios constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Estamos juzgando bienes, libertades, estamos decidiendo sobre haciendas de las personas, tenemos que cumplir a cabalidad con estos principios, y, sobre todo, debemos fortalecernos en el cultivo de la ética judicial.
Hoy más que nunca la ética judicial tiene que venir ayudarnos a que la ciudadanía recupere la confianza en sus juzgadores.
Con el cambio de paradigma jurídico, en el que la justicia constitucional adquirió relevancia, las normas jurídicas también se estructuran como principios, por lo que es necesario utilizar un procedimiento de concreción conforme al caso específico a resolver, y de esa manera lograr que la Constitución dé respuesta a las preocupaciones ciudadanas.
Para lograr todo lo anterior se requieren ministros y ministras con una formación interdisciplinaria, con sensibilidad social, honorables, autónomos y firmes en sus convicciones, capaces de escuchar a los demás, reconociendo, como dice González Galván, “que lo contrario a una verdad profunda no es un error, es otra verdad profunda, hay que estar atento, hay que estar atentos a las diversas verdades”, lo que para un ministro o ministra significaría valorar honestamente todas las posiciones.
Necesitamos ministros y ministras que con humildad sepan rectificar sus errores, que estén a ras de la tierra, que no tengamos que jalar su toga para que nos miren a los ojos…

(SIGUE 6ª PARTE)
. . .  ras de la tierra, que no tengamos que jalar su toga para que nos miren a los ojos.

Todo lo dicho me inspira profundamente para  constituirme en un factor más de acompañamiento de este proceso, no vengo con actitudes mesiánicas, vengo a sumar mi participación y mi esfuerzo, vengo a sumar mi colaboración para que esto sea una realidad.

Lo que hoy les puedo decir es que estoy preparado para asumir la responsabilidad de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, debido más que a mis méritos, a los aprendizajes de  diversa naturaleza obtenidos a lo largo de mi vida como estudiante, como abogado postulante, como docente, como académico, como autoridad universitaria, como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia, como juez de distrito  y como Magistrado de circuito.

Cuento con el respaldo de los valores que me inculcaron en mi familia, con el ejemplo que me dieron mis abuelos, mis padres  y que me dan mis hermanos y hermanas, cuento con el respaldo de una riqueza proveniente de una  relación matrimonial con Ana María que dura ya más de 36 felices años, extendida a su entrañable familia y también cuento con el respaldo de tres valiosos hijos: Pablo, Alonso y Santiago.

Quiero hacer un reconocimiento a la sociedad civil,  cuya participación en este proceso ha reivindicado como nunca antes el lugar que debe ocupar en cualquier estado democrático, alzando su voz de manera vigorosa, posicionando el respeto de una cuestión que sin duda es del más alto interés público, como es la designación de ministros y ministras de la Suprema Corte, examinando nuestros perfiles, escudriñando nuestra trayectoria judicial y hasta nuestras raíces intelectuales, cuestionando nuestras respuestas y omisiones, exigiendo de nosotros candidatos y también legisladores los más altos estándares de integridad y de responsabilidad en nuestros respectivos ámbitos.

No cabe duda que les asiste toda la razón, pues a ellos nos debemos los representantes y servidores públicos.

En unos momentos más honorables senadoras, honorables senadores, emitirán su voto mediante planilla secreta, en una carta que tuve el honor de escribir para un libro, cuyo propósito era darles consejos a jueces recién nombrados, les sugerí a esos jueces noveles, juezas noveles que encontraran en la soledad del juzgador, mediante la reflexión íntima y libre la convicción necesaria para dictar las sentencias.

Creo, siento, percibo que en este punto nos hermanamos ustedes legisladores y los juzgadores, porque  finalmente decidimos de acuerdo con nuestra conciencia de acuerdo con nuestra  reflexión personal.

Deseo ser evaluado por ustedes conforme a mis  convicciones judiciales, mis criterios jurídicos, mis anhelos como juzgados y mi compromiso como ciudadano.

Sigamos honrando este procedimiento democrático  de cara a la ciudadanía siendo leales a sus consecuencias, de hacerlo así, podremos tener la seguridad de cerrar con satisfacción este capítulo y tener las fuerzas suficientes para enfrentar el siguiente.

Muchísimas gracias por su atención, ha sido para mí un honor estar ante esta tribuna, estar ante la República Mexicana y que ustedes me hayan escuchado.

Muchísimas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchísimas gracias, señor Magistrado Monroy Gómez,  le solicito a la Comisión acompañe al Magistrado  Monroy  al salón contiguo. (Aplausos)

-Le solicito a la misma Comisión acompañe al Magistrado Monroy Gómez al salón contiguo y la misma Comisión de Senadores invitará a pasar al magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán, quién ocupa el segundo lugar en la primera terna.

-Bienvenido Magistrado Pérez Dayán, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para su exposición.

-EL C. MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PEREZ DAYAN: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores senadores, dirigirme a ustedes  desde la tribuna más alta de la República en la sede representativa del Pacto Federal y con ello al pueblo de México, constituye un altísimo honor en la vida de un juzgador de carrera, aprecio su cortesía, agradezco también  al Ejecutivo Federal la distinción que me ha conferido para  formar parte de una de las ternas con base en las cuales esta soberanía analiza la designación de dos nuevos integrantes de nuestro tribunal constitucional.

La Tribuna del Senado de la República impone reflexión, responsabilidad y conciencia histórica, esta misma tribuna que desde el recinto de Donceles ha sido testigo de los grandes debates constitucionales de nuestra patria.

Precisamente desde ella hoy me dirijo a ustedes en este relevante ejercicio de colaboración  entre los poderes de la Unión.

Quiero comenzar por externar mi genuino reconocimiento a la  Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, a su Junta Directiva y a cada uno de sus integrantes  por haber sentado nuevos referentes en el proceso  de  selección y calificación  de los integrantes de las ternas que previene el artículo 96 constitucional.

Ha sido un proceso ejemplar que otorga certeza y contenido al ejercicio de la  atribución constitucional de esta soberanía, a la vez que contribuye a reforzar un mensaje de eficiencia, honradez e imparcialidad con el que debe de ejercerse la función jurisdiccional en todos sus órdenes.

Los lineamientos establecidos han sido públicos y transparentes y han privilegiado a una ciudadanía vigilante de un proceso que hoy se reconoce profundamente democrático.

También agradezco a los grupos parlamentarios del Senado la apertura, el respeto y el profundo interés con el que nos recibieron a quienes hoy  aspiramos a un cargo en la Suprema Corte, a ustedes ofrezco, ante todo congruencia entre lo dicho y lo que está por hacerse.

Finalmente hago patente el gran honor que ha sido compartir este proceso con jueces constitucionales  de la calidad moral y profesional, como lo son mis compañeros Andrea Zambrana Castañeda, Emma Mesa Fonseca, Rosa María Temblador Vidrio, Manuel Baraibar Constantino Y  Pablo Monroy Gómez, en cada uno de ellos el ejercicio de carrera de la profesión judicial encuentra un  ejemplo a seguir y un motivo de profundo orgullo personal.

De resultar favorecedlo en este proceso  como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  ofrezco ser un juez con visión de estado. . .

(Sigue 7ª parte)
De resultar favorecido en este proceso como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrezco ser un juez con visión de estado, que entienda la realidad de nuestro México, sin activismo arrebatador, que busque la justicia por sobre todas las circunstancias; que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas.

Estoy entendido de la encomienda que la Constitución Federal confiere al Poder Judicial de la Federación; Poder de la Unión que debe coadyuvar para el fortalecimiento y evolución del Estado mexicano; poder que debe entender la responsabilidad que conlleva ser el supremo intérprete de su carga máxima y árbitro del poder público. Velaré siempre por estos principios y objetivos, es un será mi convicción y tarea; es mi compromiso con México.

Durante el proceso instaurado por esta Honorable Cámara de Senadores, hemos tenido la oportunidad de presentar a su consideración nuestros perfiles y carreras judiciales.

Hemos compartido nuestras aportaciones académicas y nuestros votos particulares.

Hemos dado evidencia de nuestra contribución a la fijación de jurisprudencia obligatoria, y en general, todos hemos dado cuenta del fruto de las décadas de trabajo consagrado a la labor jurisdiccional.

Estoy convencido de que es justamente en esa noble asignatura donde se conoce al juez y se le somete verdaderamente al escrutinio de su responsabilidad, ustedes lo hicieron.

En consideración a este proceso, y saber de que están a la vista y a disposición de todas y todos ustedes, los estándares de mi carrera como juzgador, dedicaré los siguientes minutos a presentar la visión que sustenta a mi aspiración para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Soy y he sido juez por vocación, por convicción y por voluntad de servicio.
Deseo seguir sirviendo a mi país con la misma responsabilidad con la que asumí mi encargo como Juez de Distrito y como Magistrado de Circuito. Ahora desde el altísimo honor que conlleva a ocupar una silla en el máximo tribunal.

Servir a México desde la Corte, es sobre todo, servir a la justicia y a la constitución.

Como ustedes saben, desde las reformas que el Constituyente Permanente realizó en 1994, hemos vivido un profundo proceso de cambio institucional y transición jurídica, perfilando cada vez con mayor nitidez a la Suprema Corte como un tribunal constitucional para la democracia.

Estoy convencido de que México y sus instituciones demandan una Corte fuerte, una Corte íntegra, una Corte responsable.

A nadie sorprende ya que en el Pleno y en las salas del alto tribunal se discutan y resuelvan, con mayor frecuencia, los asuntos de más interés para la nación.
Pero tampoco debe sorprender a nadie que a la par de ello reflexionemos, entonces, qué perfil y qué atributo se deben aportar a la Corte a fin de que esta cumpla a cabalidad su mandato de servir a la justicia, a la constitucionalidad, y principalmente a la democracia de nuestro país.

La Suprema Corte tiene hoy, además, un mandato irrenunciable frente a las reformas constitucionales en materia de justicia penal, en materia de juicio de amparo y en materia de derechos humanos.

Al máximo tribunal corresponde armonizar los principios y valores que sustentan nuestra democracia constitucional, así como transformar los derechos escritos en realidades fácticas, es decir, hacer posible la transición del reconocimiento de los derechos fundamentales al entorno de la vida de las personas.

Es, entonces, la Corte, quien en su carácter de órgano terminal de revisión judicial de las decisiones normativas en el orden jurídico nacional, materializa la razón pública y ello le demanda de manera especial la carga de justificar sus decisiones con base en el conocimiento y comprensión profunda de la Constitución, siempre bajo una lectura integral de su texto en concordancia con los ideales de un estado democrático de derecho.

Toca, entonces, a la Corte establecer esa voz serena, esa que articule los nuevos derroteros jurisprudenciales que le imponen las recientes reformas constitucionales que dan paso a la pluralidad y atención a las minorías, y que abone a la seguridad jurídica que demandan los gobernados.

Desde luego, esto no es una tarea sencilla. Los cambios constitucionales deberán traducirse, justamente, en cambios jurisprudenciales. Sin embargo, sé perfectamente bien que esto sí es posible.

El derecho es  --tal vez hoy más que nunca--  una materia en constante cambio que se adapta al devenir social a partir del acto legislativo, de la actuación reglamentaria, de la contienda litigiosa y, por supuesto, de la práctica jurisdiccional, materializada en fallos que sienten precedentes y aporten seguridad jurídica.
De tal manera  --señoras y señores legisladores--, a la Corte corresponde el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico nacional, con un enfoque particular de promoción y defensa del desarrollo social, flanqueado siempre por los derechos humanos, consagrados y reconocidos por nuestra carta magna y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, lo que necesariamente se traducirá en una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional.

Soy partidario de la concepción que rechaza el estándar democrático sin el necesario complemento que reafirma la vigencia absoluta de los derechos fundamentales, los de las mayorías y los de las minorías, los del más fuerte y los del más débil.

Así, el juez constitucional debe dimensionar su labor dentro de un terreno más amplio, que no se agote al impartir justicia al caso concreto y muere con el expediente, sino en la contribución que ello mismo entraña para la plena vigencia y práctica de la democracia en nuestro país.
Todas estas circunstancias configuran un ámbito profundamente diverso y prometedor para impartir justicia.

Al lado de los retos y del necesario diseño institucional, están también las promesas de un país más justo, de una impartición de justicia más pronta, objetiva y accesible.

Al lado de la gran responsabilidad de formar parte del Tribunal Constitucional, figura también el altísimo honor de contribuir al cambio y a la transición jurídica de nuestro país y de aportar mi experiencia, dedicación y esfuerzo a la construcción de una nueva época en la jurisprudencia nacional.

Este país que cambia y se transforma, precisa de una Corte dinámica que contribuya a la institucionalidad, a la justicia y a la certeza.

Entre muchos retos y asignaturas de enorme relevancia, pongo a su elevada consideración 5 grandes ejes de acción:

1.- El nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo representan, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria del tribunal constitucional.

Temas tan relevantes, como el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; los efectos generales de las sentencias, y más recientemente, el interés legítimo, son todas figuras que se moldearon y maduraron a través de la jurisprudencia, así frente a una segunda generación de reformas y ante un nuevo contexto constitucional y legal, tocará a los Tribunales Colegiados de Circuito, y destacadamente a las salas y al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definir nuevos criterios, perfilar institucionalmente en juicio de amparo y garantizar su cohesión con el sistema jurídico.

El Supremo Tribunal debe emprender esta tarea creativa y jurisprudencial con gran responsabilidad, con apego y lealtad al espíritu que animó al poder revisor de la Constitución y con la mira alzada en una impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público, el interés de la sociedad y el progreso de los asuntos públicos.

2.- La instrumentación de un modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país…

(Sigue 8ª. Parte)
… instrumentación de un modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes, por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, bajo la lectura que establecen los artículos 1 y 133 de la Constitución, y los relevantes precedentes, sustentados por el alto tribunal, a partir del cumplimiento de fallos dictados por Cortes Internacionales.

Debemos garantizar que la voluntad del Constituyente sea una realidad, donde el respeto irrestricto a los derechos se implemente con eficiencia; pero también articular una interpretación constitucional del orden jurídico nacional, que aporte estabilidad y certeza sobre las normas que serán aplicadas por los juzgadores en todo el país.

Se trata, sin duda, de un asunto de capital importancia para la justicia mexicana y para la vida del país en su conjunto.

Tres. La tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México, no puede pensarse al margen de las graves condiciones a la que se enfrenta nuestro sistema de justicia y de la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.

Apunto: el balance entre la fuerza legítima  y el orden jurídico en esta prioridad, es irrenunciable.

Cuatro. Una Corte debe también ser una Corte prudente, una Corte responsable. Nuestro tiempo exige, sin duda, un Tribunal Constitucional garantista y progresista en la defensa de los derechos humanos; pero siempre atento a su misión de asegurar el equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Guardando esa deferencia a la acción política, cuando esté sustentada en razones constitucionales y siendo ejemplar en la protección de los derechos fundamentales.

Gradualista y consistente en sus metas; y siempre vigilante de las consecuencias que generen sus fallos; madura para identificar caminos cerrados y sincera para reconsiderarlos.

La Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en que la volunta del Constituyente, quiso favorecer al legislador o al ejecutivo, y no al juez. Debe tener la fortaleza para ejercer su función de control, siempre que la Constitución así lo exija o los derechos fundamentales de las personas lo demanden.

Cinco. Finalmente, estoy convencido de que, junto con la prudencia, uno de los valores torales de la función jurisdiccional es la congruencia. Congruencia que se transforma en consistencia argumentativa y que así produce a todos, estabilidad y certeza.

Si a la Corte toca hoy desempeñar un papel preponderante en la vida pública, le corresponde, también, la alta responsabilidad de darle a México, criterios consistentes de interpretación constitucional y una filosofía  de su juzgamiento.

Son muchas las voces en el foro, en la Academia y en la legislatura, que esperan de la Corte la madurez de su actividad jurisprudencial.

Ante todo, debemos tener claro que no puede haber justicia, desarrollo social o crecimiento económico, en un país sin certeza jurídica.

Por tanto, la suma de prudencia y congruencia en la actividad jurisdiccional, conducen siempre al fallo justo, y ello se refleja en la entereza y honorabilidad de quien toma la investidura de la toga, para dar a cada quien lo que le corresponde, honrando la insuperable máxima que supedita la paz, al respecto del derecho ajeno.

Señores legisladores: He juzgado asuntos en los que la norma es clara y la realidad contundente; pero también he participado en casos complejos, donde la nitidez que se supone acompaña siempre a la labor del juez, no existe. 

Casos en los que se demanda una apreciación integral de los hechos que obran en autos, y una interpretación integral de los hechos, a través de una visión sistemática, no sólo de reglas, sino también de principios constitucionales.

En la Corte, tal vez como en ningún otro tribunal del país, la mayoría de las resoluciones forman parte de esta última categoría; son casos profundos, delicados para la vida de la República y trascendentes en las pretensiones de la partes.

Son casos que exigen del juez, un compromiso extraordinario que debe ejercerse con estudio, dedicación, profesionalismo y gran responsabilidad.

Con el compromiso indeclinable de hacerlo así, y de ser desde la Suprema Corte un juez del que puedan sentirse satisfechos todos ustedes, reitero mi convicción republicana, federalista y mi absoluta e incondicionalidad entrega a México.

Senadoras y senadores, representantes de todas las entidades federativas que dan fuerza a la Unión.
Reafirmo mi convicción como servidor público ante ustedes, y sobrepongo mi compromiso de que siempre privilegiaré el bien común en la función que se me encomiende.

Serán precisamente mi vocación de juzgador constitucional, y mi formación humanista, las que refrenden y den sustancias a mis valores éticos y profesionales.

Por su atención, señores senadores, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE  BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Muchas gracias al señor Magistrado Pérez Dayán.

Y solicito a la comisión, acompañe al Magistrado Pérez Dayán, al salón contiguo e invite a pasar a la Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, quien es la tercera candidata, en la primera terna.
(La comisión cumple)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bienvenida Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, dispone usted de 20 minutos para su exposición.

Se le concede el uso de la palabra.

-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Con su venia, señor.

Honorable Senado de la República; presidente de la Mesa Directiva; señoras senadoras, señores senadores:

Comparecer ante esta honorable Cámara de Senadores, constituye, a la vez, un honor y una responsabilidad, pues entiendo que no sólo basta dar un exacto y formal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Federal, sino en lo posible darle un contenido material.

Hoy está en juego la integración de la Suprema Corte de Justicia que necesita el México del Siglo XXI.

El sistema de justicia, no parece satisfacer las demandas sociales y todos los actores involucrados, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la misma responsabilidad: acabar con la impunidad y aplicar el derecho a todos los ciudadanos por igual.

México es un país complejo y diverso. Hoy en día vivimos internamente un ambiente de marcada inseguridad y hacia el exterior somos parte de un mundo cada vez más interconectado en el que debemos adaptarnos a los criterios e intereses del orden internacional, que en buena manera determinan con independencia de nuestras preferencias, el ritmo…

(SIGUE 9ª. PARTE)
… de un mundo cada vez más interconectado en el que debemos adaptarnos a los criterios e intereses del orden internacional que en buena manera determinan, con independencia de nuestras preferencias, el ritmo de vida de las sociedades contemporáneas.

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia, primero como Tribunal Constitucional; y segundo, en su carácter de máximo Tribunal en materia de legalidad, juega un papel relevante en la realización de la nación a la que aspiramos.

Como árbitro de las diferencias entre poderes, debe encontrar el equilibrio entre éstos, no como respuesta coyuntural, sin como la vía para el encuentro de propósitos y coincidencias, subrayando el proyecto de país que está previsto en nuestra Constitución.

Como Tribunal de legalidad, tiene frente así la gran responsabilidad de hacer realidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Deberá hacerlo mediante la formulación de los criterios indispensables que les permitan no sólo a los jueces federales, sino a todos los jueces en el país, garantizar, proteger y vigilar que se respeten los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna.

Concebida en estas dos vertientes y siempre en el ámbito de las facultades que la Constitución le confiere, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su cargo dos funciones fundamentales: la de ser garante de los derechos fundamentales de los gobernados y la de ser garante de la división de poderes. En ambos casos la credibilidad y la legitimidad de su actuación, frente a los gobernados, depende su independencia.

En su carácter de Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia actúa como garante de la división de poderes y tiene como tarea fundamental la de mantener equilibrio entre éstos para preservar y fortalecer el Estado de derecho, contribuyendo desde su condición de intérprete de la Constitución al desarrollo de la democracia en cuanto valor constitucional que debe permear la totalidad de las instituciones de las relaciones sociales y la vida de sus habitantes.
Nuestra generación ha observado y ha podido participar en la no siempre fácil ni rápida construcción de un Estado constitucional, lo que ha significado un cambio en la configuración del derecho y de la actividad jurisdiccional.

Esto quiere decir que hemos sido testigos de la transformación de la Corte en un Tribunal Constitucional, lo que a su vez ha modificado la tarea de los jueces constitucionales.

El reciente protagonismo de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, asumiendo el papel de intérprete último del texto de la ley fundamental, ha brindado a la sociedad mexicana la oportunidad de rediseñar nuestra forma de vida económica, política y social.

Para decirlo parafraseando a un estudioso contemporáneo, “Zagre Belsky”: “He aquí la oportunidad de descifrar la unidad de los diversos ordenamientos que corresponden a diversos intereses en un conjunto de principios y valores constitucionales superiores sobre los que a pesar de todo existe un consenso social suficientemente amplio. El pluralismo no supone una anarquía normativa, pues genera una convergencia general sobre aspectos estructurales de la convivencia política y social que no están en discusión y que están contenidos en el texto constitucional”.

Desde esta perspectiva, la labor que desarrolla la Suprema Corte de Justicia, demanda una profunda vocación por la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y conlleva una gran responsabilidad. Pues a propósito de la solución de los litigios y controversias entre los Poderes de la Unión que le competen, nuestro máximo Tribunal, al llevar a cabo la labor interpretativa del texto constitucional y al buscar hacer explícitos el conjunto de valores y principios respecto de los cuales existe consenso social, debe definir, por un lado, el alcance y sentido de los preceptos constitucionales y legales; por otro, la esfera de competencia de los entes de gobierno.

También debe definir la adecuación de los actos legislativos a la norma fundamental; y no menos importante, los alcances de los derechos fundamentales de los gobernados frente a sus autoridades.

El juez constitucional examina y resuelve cotidianamente los conflictos que ocurren en la comunidad, considerando que para los sujetos que intervienen en ellos, todos son importantes.

Su tarea consiste en traducir y dar vida a los principios y valores contenidos en la Constitución, los cuales deben regir no sólo la actuación de los órganos del Estado, sino también los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos.

En todo problema constitucional no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados, están en juego también la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales de los demás, así como el adecuado funcionamiento de los poderes públicos.

Las sentencias constitucionales, además de resolver la cuestión efectivamente planteada, trascienden a la estabilidad social, económica y política del país. Por eso el juez constitucional debe actuar con especial prudencia, pues su labor es hacer explícita la mejor manera de realizar el proyecto de nación que se contiene en nuestra Constitución; y su credibilidad será mayor en la medida en que logre transmitir los principios y valores en los cuales por encima de nuestras diferencias la sociedad mexicana se reconoce asimisma.

En estos términos, la Suprema Corte está obligada a distinguirse por la calidad de sus resoluciones y a procurar que sus sentencias y los criterios jurisprudenciales que derivan de éstas, sean accesibles y sean entendidas por el ciudadano común. De suerte que este pueda confiar plenamente en sus jueces y en la justicia que imparten.

De este modo las características que le dan legitimidad a las sentencias de todo Tribunal Constitucional son aquellas que permiten al gobernado identificar la argumentación, la ponderación, la claridad y la probidad de sus juzgadores.

En otras palabras, para contribuir a la construcción del sistema de justicia que la sociedad demanda, los miembros del Tribunal Constitucional deben elaborar y desarrollar una doctrina judicial consistente que posibilite el cumplimiento de los valores contenidos en la Constitución que nos identifican como nación.

Ahora bien, por lo que hace a la segunda vertiente o función del máximo Tribunal, esto es como garante de los derechos humanos, en el momento actual es imprescindible tomar en cuenta que en cuestión de un año se han modificado sustancialmente todos los parámetros y las fuentes que a los jueces nos resultaban familiares y nos han colocado ahora frente a un panorama nuevo que representa un reto para la imperfección de la justicia en su conjunto.

Hoy en día tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos que nos obliga a garantizar su vigencia efectiva mediante la aplicación permanente de los principios persona y de máxima protección.

También nos obliga a encontrar la solución de los problemas no sólo en la legislación o constitución nacionales, sino en los diversos instrumentos internacionales suscritos por México, así como en los criterios jurisprudenciales de los tribunales internacionales.

La Ley de Amparo ha sido igualmente modificada para introducir figuras que permitan hacer realidad una impartición de justicia pronta, expedita y, sobre todo, completa.

A lo anterior hay que agregar que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a los jueces a realizar un control ex oficio de convencionalidad, lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte como el fin de control concentrado de constitucionalidad para asumir la necesidad de implementar un control difuso de la misma.

En este escenario, novedoso para todos, la Suprema Corte de Justicia ha de asumir el desafío y la responsabilidad de generar los criterios que al permear todo el sistema……

(Sigue 10ª parte)

. . . . . . . ..........la Suprema Corte de Justicia ha de asumir el desafío y la responsabilidad de generar los criterios que al permear todo el sistema judicial permitan la aplicación de estos nuevos parámetros por todos los jueces nacionales e impulsar así la impartición de una justicia material por encima de la formal.

Esta labor deberá servir de brújula para los juzgadores, garantizando que la protección de los derechos de los gobernados sea en verdad efectiva y a la vez se construya gradualmente una cultura de la legalidad con la cual el ciudadano se identifique.

En el mismo sentido para la correcta aplicación e interpretación de los tratados internacionales, debemos tener presente que el fenómeno de globalización mundial es creciente; que las relaciones económicas y sociales se transforman y modifican momento a momento.

En el ámbito jurisdiccional no somos ajenos a esta nueva realidad. Los tratados que el país ha celebrado conllevan la obligación implícita o en ocasiones explícita de hacernos cargo de las decisiones que sobre diversas materias emiten los organismos y tribunales internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos.

En este tema la posición y el papel que ha de desempeñar nuestro Tribunal Constitucional tanto en relación con la jurisprudencia que emiten dichos tribunales como respecto a la ejecución de sus sentencias resulta esencial.

Es la Suprema Corte de Justicia quien habrá de construir la interpretación de la normativa constitucional que permita armonizar la soberanía nacional con los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional, interpretación  que además ha de ser la guía para todos los poderes judiciales del país.

Ponernos de acuerdo sobre un único concepto de justicia parece prácticamente imposible. Destaquemos de todas formas que todos los que se han propuesto se vinculan con los actos y conductas sociales, motivo por el cual, la legitimidad del estado moderno se relaciona con uno de los elementos que le dan sentido a la idea de justicia, a saber: Su impartición.

La justicia necesita una praxis que adjudique derechos y obligaciones concretas, de aquí que el modelo de Estado dependerá en gran metida del papel que desempeñen dentro del mismo los órganos encargados de realizar la labor jurisdiccional.

A partir de esto, la función jurisdiccional no podría entenderse cabalmente sino como una de las maneras en que históricamente se han implementado para la protección de los ciudadanos contra el abuso del poder.

En los tiempos que vivimos, el quehacer jurisdiccional desplegado por el Poder Judicial de la Federación, y de manera especial por Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ser una pieza clave en la tarea de la protección ciudadana, pues de nada sirve la mera ampliación de los catálogos de derechos si no tenemos medios para hacerlos eficaces y si además el gobernado no confía en sus jueces.

Como pocas veces, en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reforzada para servir justamente a este propósito; vela para que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean agraviados; es árbitro de las diferencias entre los diversos órdenes de gobierno del Estado. Cuenta con la potestad de expulsar del sistema jurídico a aquellas leyes que contravengan la Constitución, y en general su actuación la ubica en el centro de los problemas más complejos de nuestra vida pública.

Dentro de este contexto elegir el perfil de quien o quienes deban integrar la Suprema Corte de Justicia es una tarea que trasciende al funcionamiento del órgano mismo y por ende a la manera en que las labores que éste tiene encomendadas se verán materializadas siempre en beneficio de la sociedad mexicana.

Señoras y señores Senadores:

No tengo duda alguna de que ser parte del ejercicio democrático a partir del cual se designarán los próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un privilegio.

Este proceso encuentra su pleno y cabal sentido en la medida en la que fortalece las instituciones y procura la construcción del sistema de justicia que todos los mexicanos anhelamos.

Estoy segura que la decisión que tome este Honorable Senado de la República será la mejor para México.

Muchas gracias.

(A P L A U S O S)

- EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Muchas gracias, Magistrada Zambrana Castañeda. Solicito a la Comisión acompañe a la Magistrada al salón contiguo.

Continuamos con el desahogo de las exposiciones de los integrantes de la segunda terna.

Toca el turno de la exposición del Magistrado Manuel Baraibar Constantino, integrante del primer lugar de la terna para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.

Al igual que en las exposiciones anteriores cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpretaciones por parte de las y los senadores.

En consecuencia, solicito a los senadores y las senadoras: Ana Lilia Herrera Anzaldo; Víctor Hermosillo y Celada; Dolores Padierna Luna; Carlos Alberto Puente Salas; David Monreal Avila, y Angélica de la Peña Gómez, introduzcan a este salón al Magistrado Manuel Baraibar Constantino, quien es el primero de los integrantes de la segunda terna.

(LA   COMISION   CUMPLE)

(CAMBIO EN LA PRESDIENCIA DE LA SALA)

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Magistrado Manuel Baraibar Constantino, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión. Conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. Se le concede el uso de la palabra.

- EL C. MAGISTRADO MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO: Con su venia señor Presidente.

Señoras senadoras, señores senadores de la República:

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comparezco ante esta soberanía.

Ser parte del proceso democrático en el cual este Senado de la República elegirá a dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de las Nación, constituye una experiencia extraordinaria, y desde luego, me deja una huella imborrable.

El hecho de que el Titular del Ejecutivo Federal me haya incluido en una terna en la que privilegió la carrera judicial me honra y distingue, por ello, desde esta alta tribuna le expreso mi profundo reconocimiento.

Celebro desde luego el formato y la instrumentación que llevó a cabo la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Senadores para el desahogo de este proceso lo cual refleja indudablemente la transparencia del mismo.

La gestión llevada a cabo para obtener la información de la Suprema Corte respecto a nuestra función jurisdiccional como al Consejo de la Judicatura Federal máximo órgano de vigilancia respecto a nuestro desempeño judicial es una muestra de respeto y coordinación necesaria entre poderes.

Durante las dos semanas anteriores tuve oportunidad de platicar con senadores de los diversos grupos parlamentarios a quienes expresé mi visión del Tribunal Constitucional, el perfil que en mi opinión debe reunir un Ministro integrante del mismo, así como breve reseña de mi trayectoria laboral y académica.

Agradezco a todos ellos su interés por escucharme.

Mi legítima aspiración para formar parte del Tribunal Constitucional se encuentra avalada por una carrera judicial de más de 30 años de servicio durante la cual he sido Actuario, Secretario de Juzgado y Secretario de Tribunales Colegiados; Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Juez de Distrito y Magistrado.......

(Sigue 11ª. Parte)
....  durante la cual he sido Actuario, Secretario de Juzgado, y Secretario de Tribunales Colegiados, Secretario de Estudios y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito, y Magistrado de Circuito, integrando diversos órganos colegiados especializados en materia penal y administrativa, que han dado la visión y sensibilidad necesarias y requeridas en un juzgador.

El desempeño de mi función jurisdiccional ha sido sujeto al escrutinio permanente de los órganos de disciplina y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, sin que a la fecha se haya declarado procedente o fundada queja administrativa alguna.

En el ejercicio de la función jurisdiccional, me ha correspondido conocer de asuntos que por las circunstancias o actores que intervinieron, tuvieron trascendencia mediática nacional, política o social. Al respecto, manifiesto enfáticamente y dejo testimonio de ello, que las sentencias dictadas en cada caso, en su momento, no fueron cuestionadas por algunas de las partes involucradas, y en aquellos casos en que se formuló quejas el Organo de Vigilancia y el Consejo de la Judicatura Federal, las declaró improcedentes e infundadas. 

Mi visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sintetizarse de esta manera: En el ámbito de su competencia debe contribuir, decididamente, a asegurar la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el respeto al principio de división de poderes. Asimismo, garantizar los derechos humanos y la vigencia del orden jurídico nacional.

Un Estado democrático y constitucional de derecho, señoras y señores senadores de la República, exige un adecuado control de la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad emitidos en el ámbito de su responsabilidad y competencia, desde el Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos.

La evolución del sistema constitucional mexicano se ha hecho patente con mayor intensidad en los últimos años a través de una dinámica sin precedentes que se reflejó esencialmente en las siguientes transformaciones:

La implementación del Sistema Penal Acusatorio, un juicio de amparo con herramientas legales más eficientes para la protección de los derechos fundamentales, y una nueva dimensión constitucional en la protección de los derechos humanos. 

Todos estos cambios, desplegados por el poder reformador de la Constitución, parecieran vertiginosos, pero lo cierto es que representan, sin duda, una gran oportunidad para reconocer y dar respuesta a reclamos y exigencias mínimas del estado de derecho.

Esos cambios implican un desafío positivo para el ejercicio del poder en todos sus ámbitos y niveles y, desde luego, para el Poder Judicial de la Federación, representa un reto de gran calado en tanto deberá enfrentarlos en el plazo inmediato. 

En esta tarea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal constitucional de nuestro país, deberá sentar las bases para generar una cultura y práctica jurídica, que a partir de un adecuado control de constitucionalidad se garanticen efectivamente los derechos humanos y la división de poderes.

El primer reto implica cumplir con el mandato constitucional relativo a la implementación del sistema penal acusatorio en la legislación federal, en las legislaciones estatales, y del Distrito Federal, para lo cual estamos a solo tres años. 

En la transformación del sistema penal, la Suprema Corte ha sido sensible participando en los esfuerzos que realiza para su implementación, los poderes Legislativo y Ejecutivo, sin embargo, esta labor todavía se encuentra inacabada. 

El Poder Judicial de la Federación ha dispuesto de diversas acciones para la implementación de ese modelo, y en ella la tarea de la Suprema Corte de la Nación es preponderante, si se considera que los criterios jurisprudenciales que defina, irán guiando el quehacer de la función jurisdiccional y estableciendo los postulados rectores del sistema procesal penal, en el que están en juego el interés superior de la sociedad, la erradicación de la impunidad, el derecho de las víctimas, y la libertad y dignidad de las personas acusadas, lo que de suyo justifica el importante papel que desempeña. En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional al interpretar y fijar el alcance del texto de la ley fundamental.

El segundo reto, lo constituye la implementación de la reforma en materia de Amparo, armonizando el texto de la Constitución Federal y la Ley Reglamentaria, con especial énfasis en los derechos humanos, y cuyo dictamen ya fue aprobado por esta Cámara Alta y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.

La reforma constitucional ha significado el establecimiento de nuevas dimensiones y alcances al juicio de Amparo, que ha sido el medio de control constitucional más accesible al gobernado. Velar por los derechos humanos, reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales, la posibilidad de hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad, el derecho de acceso a la tutela judicial de grupos vulnerables, un nuevo sistema de integración de jurisprudencia, las figuras de interés legítimo y colectivo, las modalidades para suspender el acto reclamado, y el establecimiento de sanciones más severas ante el incumplimiento de una ejecutoria de amparo, son algunos de los aspectos que los juzgadores estamos obligados a implementar y respecto de los cuales, el más alto tribunal de la nación jugará un papel trascendental en la construcción de criterios que materialice a favor del gobernador, a favor de la sociedad, las bondades que ofrece el nuevo sistema.

Y el Tercer reto será a partir de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que necesariamente deben abordarse temas inaplazables, relacionados con la aplicación de la jurisprudencia internacional y la ejecución de sus sentencias, el control difuso de la constitucionalidad, la interpretación conforme  y el control de convencionalidad respecto de los que la Suprema Corte ha sentado ya algunas directrices a partir de la resolución del llamado caso Radilla.

Señoras y señores senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de lo que dispone el orden constitucional, ha sido sensible al reconocer la eficacia de los criterios de interpretación de los derechos humanos, a la luz de los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, y progresividad que se desprenden del artículo primero de la Constitución Federal y a los cuales todas las autoridades están atentos, no sólo por obligación, sino porque son las directrices ene las que se sustenta la actuación de todos los poderes, niveles y órganos de gobierno. 

La Suprema Corte debe mirar al fortalecimiento  del respeto del estado de derecho, teniendo como base la ...

(Sigue 12ª parte)
...y órganos de gobierno. La Suprema Corte debe mirar al fortalecimiento del respeto del Estado de derecho teniendo como base la Constitución federal, sin olvidar que es un ente de poder creado para servir a los intereses de la sociedad que no son otros que los de contribuir a una convivencia armónica donde sean respetados los derechos de todos.
La función que tienen en sus manos los ministros de la Suprema Corte representa una oportunidad para colaborar en el ámbito de su competencia, la posibilidad de lograr la convivencia social, la estabilidad de las instituciones y la construcción de una vida constitucional y democrática del México que todos queremos.
Los fallos de la Suprema Corte, sin duda alguna, deben materializarse en mejores niveles de vida de la sociedad y contribuir a una convivencia armónica. Todas esas responsabilidades deben ejercerse con transparencia, en tanto que la rendición de cuentas y la probidad en el quehacer jurisdiccional son también un eje rector de todas las instituciones de un Estado democrático y constitucional de derecho, tales acciones deben continuar fortaleciéndose con la inclusión de los dos nuevos integrantes a la Suprema Corte.
La transparencia permite a la sociedad conocer de manera más objetiva el desempeño de sus jueces, y en esa medida depositará su confianza en sus resoluciones y estará más atenta a los temas que, en muchos casos, resultan de interés nacional.
Entre otros grandes temas de la Agenda Nacional, la sociedad mexicana se encuentra insatisfecha con el sistema de impartición de justicia. Tenemos que reconocer la imperiosa necesidad de generar mayor confianza en la labor de los juzgadores. La justicia constituye un valor esencial para la convivencia social y armónica, y debe ser una constante en las relaciones entre el poder público y los particulares.
Al juzgador, encargado de su realización, corresponde la enorme tarea de cumplir la ley y de velar constantemente por su observancia en la sociedad, obligación ésta que no se puede soslayar bajo ningún pretexto. Al pronunciar una sentencia el juzgador asume el compromiso de hacer realidad el valor abstracto de la justicia, de ahí que la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales logra el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde, y es por eso que el derecho se convierte en el mejor método de aplicación de la justicia, da certidumbre al acontecer humano y seguridad jurídica a nuestro sistema.
De los jueces, en especial hoy más que nunca, se debe exigir esa conexión necesaria entre la ley y la realidad. El desfasamiento en este terreno ha mostrado consecuencias inaceptables, así como profundas y dolorosas crisis políticas y sociales. Por ello, el juez no puede, ni debe renunciar a cumplir con su responsabilidad de juzgar prudencialmente bajo los principios de independencia, profesionalismo y excelencia.
El vacío que dejarán los señores ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, por el legado jurídico que han aportado en todos los años que sirvieron a ese alto Tribunal, representa también una oportunidad para renovar las estructuras.
Aspiro a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque la experiencia adquirida a lo largo de más de 30 años de ejercicio en la función jurisdiccional en el Poder Judicial de la Federación me dan la sensibilidad y capacidad para actuar con probidad, profesionalismo, lealtad y honradez.
En mi actuación como Juez de Distrito y Magistrado de Circuito siempre me he conducido con libertad, autonomía e independencia, que son las piedras angulares que sostienen el funcionamiento y desempeño de todo juzgador. En mis sentencias jamás he dejado, ni me dejaré llevar por consignas, ni influencias. He asumido con responsabilidad prudencia, diligencia, y con mi mayor entendimiento, todas las resoluciones en las que he participado como Juez y Magistrado.
Aspiro a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque como juzgador siempre he asumido la responsabilidad de mis actos, contribuyendo, desde mi labor cotidiana, a la construcción del Estado de derecho y del fortalecimiento de nuestras instituciones.
Nunca he evadido con excusa alguna el compromiso que tengo de servir a la sociedad y que siempre refrendaré. Mi compromiso de ser designado Ministro del máximo Tribunal del país será tener una visión de Estado, voluntad para trabajar arduamente, un alto sentido del deber y una profunda fe en la justicia.
Por su atención, señoras senadoras, señores senadores, muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias por su intervención, Magistrado Baraibar.
Le solicito a la Comisión acompañe al Magistrado Manuel Baraibar Constantino al salón contiguo.
La misma Comisión de senadores invitará a pasar a la Magistrada Emma Meza Fonseca, quien ocupa el segundo lugar en la terna para sustituir al Ministro Ortiz Mayagoitia.
(La Comisión cumple)
Sea usted bienvenida, Magistrada Meza. Tiene usted el uso de la palabra, hasta por veinte minutos, para su exposición.
-LA C. MINISTRA EMMA MEZA FONSECA: Con su venia, señor Presidente.
Buenas tardes Honorable Pleno del Senado de la República Mexicana:
Winston Churchill decía que “La democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, ante las opiniones de los demás”.
Hoy, más que nunca, México necesita de un Tribunal constitucional en el que todos sus integrantes tengan la capacidad de lograr consensos con sus compañeros. Su labor no es cosa menor, tienen en sus manos nada menos que la supremacía constitucional y la voluntad de toda una nación.
En ese sentido, agradezco la oportunidad de estar en esta tribuna, además de compartir una serie de ideas con ustedes: la primera, y más importante, es dejar constancia de que el sano desenvolvimiento de la justicia constitucional depende al cien por ciento de quienes la tienen en sus manos; es decir, en primer lugar del legislador, en segundo de los sujetos legitimados para activar los diferentes medios de control, y por supuesto de cada uno de los integrantes del órgano jurisdiccional encargado de…

(SIGUE 13ª PARTE)
. . . y por supuesto de cada uno de los integrantes del órgano jurisdiccional en cargado de resolverlos.

La ausencia de un auténtico equilibrio así como un sano desenvolvimiento de lo que acabo de mencionar tendrá  como consecuencia directa contar con una justicia constitucional  no sólo  inconsistente, sino también con una eficiencia cuestionable.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo del año pasado  a los artículos 1º, 103, 105 y 107 nos han reiterado que somos parte del  sistema interamericano de justicia y por lo tanto a tener como parámetro de control a la hora de resolver cualquier asunto de índole constitucional y convencional a la propia Constitución Federal como norma  máxima de contraste, a la Convención América sobre Derechos Humanos, así como a la interpretación que de la misma ha creado la  Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior sin dejar de tomar en cuenta  que no sólo estamos obligados a acatar lo establecido en el citado pacto de San José, sino de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte.

Considero que lo anterior  sin duda, se adscribe en el contexto de lo que significa  para todos los funcionarios integrantes de los tres poderes a nivel federal y estatal, sin perder de vista al municipio, así como a los órganos constitucionales autónomos en nuestra labor cotidiana, proteger al ser humano.

Hoy las personas que habitan en el territorio nacional necesitan que el conjunto   de los derechos humanos y sus garantías establecidas en las normas a las que me he referido, sean respetados, protegidos y en el último de los casos resarcidos  por el máximo tribunal.

Es notorio cada vez con mayor frecuencia que  las personas acudan a juzgados de distrito a solicitar la protección de  la justicia constitucional de los derechos humanos.

Por fortuna  ya han invocado únicamente los artículos  14 y 16 como en antaño, sin embargo, tal y como nos hemos percatado, al Suprema Corte de Justicia  de la Nación ha hecho un esfuerzo encomiable por tutelar aquellos casos en los que su intervención  se hace  necesaria.

Estoy convencida de que se debe seguir desarrollando  esta tarea, no hay labor más importante que proteger los derechos ni principios establecidos  en la Constitución, así como los Tratados Internacionales, favoreciendo en todo tiempo y en todo momento a las personas a través de la interpretación más amplia de tales ordenamientos, dando así cabal cumplimiento al principio propersona.

El proyecto de la nueva Ley de Amparo nos ayudará a flexibilizar el principio de relatividad de las sentencias, a que existan plenos de circuito, facilitando así   en la Corte concentrarse en asuntos sobre derechos humanos y sin duda serán  de gran relevancia los amparos colectivos, adhesivos  y las declaraciones generales de inconstitucionalidad que en  adelante  el alto tribunal podrá situar.

Pero antes de continuar es necesario detenernos para hacer una precisión toda vez que en el contexto de todo este proceso de selección se ha hecho presente en todo momento, consistente  en despejar la duda, cuestionamiento  entorno a si la Suprema Corte de Justicia  es o no un tribunal constitucional.

La oportunidad de opinar y  compartir con ustedes mi visión sobre este tema  me parece de la mayor relevancia.

Cuando Hans Kelsen diseñó la arquitectura del Tribunal Constitucional Austriaco en 1919  en su obra La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo colocó como una jurisdicción fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente de los tres poderes, exclusivamente encargada de resolver las cuestiones-contencioso  constitucionales.

Ese diseño fue adoptado por el Legislador Austriaco en la Constitución de dicha nación en 1920, a pesar de que no desconozco que existe en el debate académico  de las más altas variadas disciplinas, una añeja discusión en torno a que existió primero el Tribunal Constitucional Checoslovaco el austriaco.

Todo parece indicar que fue el checoslovaco el que fue el primero en encontrar a asidero constitucional.

Sin embargo también hay que destacar que no existe  pasaje alguno de la obra referida en el que ni siquiera se vislumbrara  que en forma necesaria u obligatoria el Legislador o constitucional de otras latitudes   tuviese que configurar dicho órgano exactamente en  la misma manera que el austriaco-checoslovaco.

Por ello con relativa  facilidad  podemos observar en las constituciones federales de múltiples países que el Legislador ha establecido  sobre las mismas atribuciones contencioso constitucional a el tribunal  o Corte Supremo de Justicia, el caso mexicano no es una excepción.

En este orden de ideas la Suprema Corte de Justicia  de la Nación si bien formalmente no se encuentra fuera del aparato jurisdiccional ordinario, es un tribunal  constitucional desde la perspectiva material, toda vez que el Legislador del mismo rango estableció  en  1994 que dicho órgano jurisdiccional fuese el encargado de dirimir las cuestiones propias  de lo contencioso constitucional a través de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.

Desde una óptica  muy personal, al día de hoy, nuestra máxima casa de justicia a partir de 1994  en su dimensión de tribunal constitucional, se encargó de sentar el desarrollo  jurisprudencial adjetivo de la Ley Reglamentaria de la fracción I  y II del artículo 105 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, como era natural. 

En esta labor se ha enfrentado a dirimir un gran número  de  controversias constitucionales, labor que ha servido al estado mexicano para mantener el adecuado equilibrio de las competencias constitucionales que corresponden a cada uno de los niveles de gobierno.

Además de fungir como árbitro en las competencias de atribuciones  de los poderes tanto federales como estatales, labor que se incrementa día a día, las estadísticas más recientes del alto tribunal así lo revelan.

Lo podemos ver reflejados al constatar que los municipios  de toda la República ejercitan dichos medio de control asidua y repetidamente, seguidos de los estados y la federación.

De la misma manera los poderes federales y estatales han encontrado a través del mismo mecanismo de control constitucional una guía para despresurizar la más enconadas discusiones políticas sobre las atribuciones constitucionalmente establecidas.

Conflictos que en sede política no sería posible resolver, sin embargo, con criterios constitucionales y convencionales,  internacionales  y no con criterios políticos como es propio en sede parlamentaria la Corte ha logrado presurizar  y equilibrar esas discusiones.

Sin embargo, esta  conflictibilidad competencial y como lo he destacado, atribucional, no debe ser motivo de alarma,  por el contrario, ello demuestra el acierto que se tuvo  hasta establecer en nuestra norma fundamental las controversias constitucionales. 
 
Ya que dicha conflictibilidad al encontrar una vía de resolución ha servido para generar estándares mucho más  elevados de respeto constitucional competencial  y de atribuciones entre niveles de gobierno y poderes.

No concibo en el México moderno una Constitución que careciera  del Control normativo directo de las normas y ahora también en algunos casos  de los tratados internacionales que atenten contra lo dispuesto  en la propia Constitución Federal.

Las acciones de inconstitucionalidad si bien, por su propia naturaleza jurídico-constitucional. . .

(Sigue 14ª parte)
…las acciones de inconstitucionalidad, si bien, por su propia naturaleza jurídico-constitucional en adición a la fracción que hay inmersa en ellas como una herramienta más de control al no existir una litis previa, operan como un instrumento importantísimo de regularidad constitucional para salvaguardar la supremacía establecido en nuestro artículo 133 de la Carta Magna, y de esta manera depurar el ordenamiento jurídico que contravenga a lo dispuesto en aquella finalidad incuestionable de las mismas.

Quiero destacar, desde esta perspectiva, las acciones de inconstitucionalidad, permiten a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional tutelar, no sólo ámbitos competenciales o de atribuciones, sino la protección integral de toda nuestra constitución.

Francamente desconozco ¿Qué hubiese ocurrido de no haber sido publicada la Reforma Constitucionalidad de 1996, a la fracción II del artículo 105? ya que en adición a los demás órganos y poderes legitimados, permitió a los partidos políticos, con registro federal o estatal, a través de sus dirigentes nacionales o estatales, según sea el caso, ejercitar este medio abstracto de control en contra de normas electorales, y con ello, poder contar con una declaración con efectos generales de las leyes en materia electoral que incurran en vicios de inconstitucionalidad.

Considero que esta labor ha sido fundamental para poder tener un México con procesos electorales transparentes, y que de existir alguna trasversión a la Constitución Federal, con anterioridad a cualquier fase de proceso electoral, nuestro Tribunal Constitucional pueda objetivarlo, en armonía con la norma fundamental mediante la emisión de diversas sentencias, entre otras, de interpretación conforme, de reviviscencia de las leyes, exhortativas o apelativas, en particular, estas últimas implican, además, un amplio diálogo sumamente respetuoso con el legislador, así como una garantía incuestionable del principio de presunción de constitucionalidad de la ley.

Es imposible dejar de mencionar que también las acciones de inconstitucionalidad sirven para proteger los derechos humanos de todas las personas y de nuestro país a través del control abstracto de constitucionalidad.

De las leyes, el máximo tribunal logró construir cuidadosamente la arquitectura de una jurisprudencia más actualizada a nivel mundial en la materia, tan solo por mencionar algunos:

Derecho indígenas, el derecho a la vida, el derecho de acceso a la información pública gubernamental, el derecho de asociación, el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer con una perspectiva de género, la regulación de las telecomunicaciones, así como los derechos que implican las garantías constitucionales del proceso penal, que son máxima imperativa a la luz del nuevo sistema de justicia penal, y que hoy más que nunca deben ser debidamente controladas desde la perspectiva constitucional.

Soy una persona de convicciones muy firmes sobre el significado de la justicia, el cual no lo desconozco, puede tener una connotación disímbola, para todos los que estamos aquí reunidos y para toda nuestra sociedad en general.

Sin embargo, por ello creo que la capacidad de tener un diálogo respetuoso con el legislador en el ámbito de las competencias constitucionalmente establecidas, así como con el Poder Ejecutivo a través de las interpretaciones constitucionales, convencionales y legales que se plasmen en cada una de las determinaciones, partiendo de criterios argumentativos de proporcionalidad, racionalidad e idoneidad, segura esto, segura estoy que puedo aportar como integrante del alto tribunal en el caso de verme favorecida con su designación.

Mi vida profesional la he dedicado al estudio, así como a la tutela de los derechos fundamentales de las personas, tal afirmación encuentra sustento a través de las resoluciones que el Poder Judicial me ha permitido emitir.

No obstante las reformas constitucionales y legales de las últimas 2 décadas, me obligaron a actualizarme en materia de derechos humanos, en el análisis temático de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, del sistema federal, de las esferas competenciales, de las esferas atribucionales, del control normativo abstracto de la Constitución, de los medios de control constitucional electoral, de la justicia constitucional local, de la articulación entre la justicia constitucional y de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación y la existencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisdicción Nacional, destacadamente, en los últimos años, a través del examen de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En los casos así denominados por la propia jurisdicción, supranacional:

Castañeda Gutman;
Rosendo Radilla;
Inés Fernández Ortega;
Valentina Rosendo Cantú;
Cabrero Montiel, y muy a mi pesar, muy, muy a mi pesar, el caso Campo Algodonero, que me parece una de las facetas más tristes en la historia de nuestro país.
En un foro, en el que tuve la oportunidad de participar, una de las asistentes me cuestionó:

¿Si no me parecía una desgracia el hecho de que una jurisdicción supranacional nos condenara? 

-Le contesté: “Que por el contrario, que ello nos permitía percatarnos de las fisuras, y por qué no reconocerlo, de nuestras fallas como Estado, pero que además nos brindaba la magnífica oportunidad de resarcir y prevenir en el futuro”.

No me quiero despedir, por lo menos, no sin antes hacer mención de que no fue fácil para mí ser parte de esta terna con 2 altos funcionarios jurisdiccionales, federal, que cuentan con una gran capacidad jurídica, para ambos mi más grande reconocimiento.

¡A mi madre, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos!

Y por último, agradezco profundamente a todos y cada uno de los integrantes del Pleno de este Organo Parlamentario, la oportunidad de escucharme.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPAURO TORRES: Gracias por su exposición, Magistrada Emma Meza Fonseca.

-Solicito a la comisión acompañe a la Magistrada Emma Meza Fonseca, al salón contiguo e invite a pasar a la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, quien es la tercera integrante de la terna para cubrir la vacante del Ministro Ortiz Mayagoitia.

(La Comisión cumple)

(Sigue 15ª. Parte)
…-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bienvenida, Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, dispone usted de 20 minutos para su exposición.

Se le concede el uso de la palabra.

-LA C. MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: Con su venia, señor presidente.

Señoras y señores senadores de la República, respetuosamente comparezco ante ustedes en el marco contemplado en el artículo 96 constitucional.

Gracias, por la oportunidad de poder exponer algunos aspectos personales, que sólo llevan la intención de sustentar mi aspiración para ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quiero hablar con inteligencia, pero sobre todo, con mi corazón.

Como lo expresé ante la comisión de Justicia, me honra y me distingue estar en la integración de una de las ternas y con esos compañeros que me acompañan.

No voy a explicar más el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Juez Constitucional, porque ustedes lo conocen perfectamente y mis compañeros magistralmente acaban de hacer sus exposiciones sobre esos aspectos.

Por fortuna para mí, este proceso no es para hacer una campaña política, sino para explicar  la idoneidad de mi candidatura.

No tengo actitudes políticas, por el contrario, me apabulla la notoriedad y los reflectores.

Partiendo de tal precisión, señores senadores, lo que vengo a ofrecerles a ustedes es, lo que he hecho toda mi vida, que es: administrar justicia.

Los jueces estamos acostumbrados a resolver, teniendo a nuestro lado, sólo a la Constitución Federal, las leyes y los libros que para el caso específico debemos consultar.

Somos, generalmente, personas solitarias, que estamos en el interior de nuestras oficinas o nuestros estudios en casa.

En la integración de los Tribunales Colegiados debatimos los asuntos en cuestión, observados por una cámara, sin embargo, al centrarnos en la discusión de cada caso, es fácil no prestarle la menor atención.

Quiero intentar dibujarles un panorama sobre donde vengo, qué circunstancias he pasado y por qué estoy aquí ahora.

Como aparece en mi curriculum, en una bella provincia del estado de Jalisco, llamado El Grullo, donde estudié la educación primaria y secundaria. 

Provengo de una familia dedicada a las labores del campo.

Cuando cumplí 15 años, mi padre, como regalo de cumpleaños, me dejo acompañarlo a la capital. Esa fue la primera vez que vislumbre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Él me dijo que iría con unos abogados, para revisar un asunto del ejido.  Me comentó muy entusiasmado, que en ese edificio sí se hacía justicia. Porque los ministros eran personas muy honorables, que se dedicaban a ayudar a los más necesitados.

Ese día, decidí que yo quería estar ahí para aplicar también la justicia.

Quedé huérfana de padre a los 18 años, pero afortunadamente, tengo una madre guerrera, que sólo cursó hasta el tercer grado de primaria, dedicada, totalmente, a sus hijos.  Y que se partió al alma como muchas mujeres de este país, trabajando en los Estados Unidos para poder mandar dinero, para el sostenimiento de mis hermanos y mío.

Ella, se ocupó en empleos que le demandaban muchísima actividad física.

Tuve la gran oportunidad de estudiar la carrera de derecho, en la honorable Universidad de Guadalajara.

Aunque con muchas restricciones de mi familia, pues hace más de 35 años, las mujeres no entraban dentro del esquema de los abogados. Éramos tan sólo siete mujeres, las que integrábamos el grupo.

Por fortuna, ahora cada vez hay más mujeres que acceden a los poderes públicos.

Me casé con un hombre honesto a cabalidad, con el cual tuve dos hijos, que por suerte heredaron muchas de las virtudes de su padre.  Tengo también dos nietas, Sofi y Elisa.

Lamentablemente, quedé viuda desde hace 26 años. Pero a raíz de ello, obtuve como regalo dos hijos más que son parte de mi sangre.  Hijos de una de mis hermanas. Y desde hace 11 años, llegaron a mi vida otros dos, presentes para mí.

Los que quedaron huérfano de padre y madre, al ser víctimas de la inseguridad. Ellos, también ahora, integran mi familia.

Les comparto estos antecedentes personales de mi historia, para que tengan conocimiento de que soy alguien que sabe lo que es estar en una posición desfavorable. Que reconoce lo que es formar parte de las minorías. Alguien que conoce en carne y hueso lo que es vivir precariamente.

Como la mayoría de los mexicanos, alguien que sabe de las dificultades que proporciona el solo hecho de haber sido mujer.

Alguien que también sabe las dificultades de ser madre soltera. 
Pero alguien que también es muy favorecida, hay muchas mujeres que no son tan favorecidas como yo. Y por ellas hay que luchar.

En definitiva, soy alguien que entiende la realidad de los mexicanos.

Mi ingreso a los órganos jurisdiccionales fue providencial. Como no conocía a alguien relacionado con la práctica del derecho, fui a pedir la oportunidad con un Juez Penal del Fuero Común, para que me permitiera entrar a hacer méritos.

Ahí aprendí a coser, foliar y entre sellar expedientes, motivada siempre por el deseo de aprender y de servir.

Trabajé en el Poder Judicial del estado, por más de un año.

Tuve muchos grandes maestros en la facultad. Y uno de ellos, era Magistrado Federal. A quien me atreví a solicitarle que me recomendará de meritoria en un juzgado de distrito, porque no conocía a ningún abogado; y me apasionaba mucho conocer y saber del juicio de amparo.

Ese personaje que luego fue ministro, al ver las ganas que yo tenía de aprender…

(SIGUE   16ª. PARTE)
… mucho conocer y saber del juicio de amparo.

Ese personaje que luego fue ministro, al ver las ganas que yo tenía de aprender, me recomendó con un juez, también muy honesto y cabal, al igual que él, quien me enseñó el funcionamiento de los juzgados de Distrito.

Meses después se creó un juzgado de Distrito y se especializaron los juzgados en la entidad. Entonces, el juez y el magistrado que relaté, me recomendaron ante el nuevo titular, quien me entrevistó exhaustivamente, me hizo pruebas y me dio la primera oportunidad que tuve de ingresar al Poder Judicial de la Federación con un nombramiento.

Este personaje se dedicó a capacitarme durante varios años. A todos ellos, desde aquí, les agradezco lo que hicieron por mí.

Sin duda me enamoré del Poder Judicial de la Federación, a quien tanto le debo, y eso fue por la labor que en los tribunales federales se desarrolla: “amparar a los ciudadanos es uno de los actos de mayor justicia que existen”.
No obstante, decidí salir a litigar para conocer otras formas de aplicar el derecho y poder saber a ciencia cierta cuál era mi vocación.

Me dio la oportunidad un abogado que integraba un despacho muy prestigiado. Me tuvo gran paciencia y me enseñó a litigar.

Aunque batallaba mucho conmigo, porque comúnmente iba con los jueces del orden local a quejarme, pues su personal me quería cobrar por hacer cualquier diligencia, a fuera realizar una notificación, enviar un exhorto o dictar un acuerdo. Decían que así se estilaba, porque ellos ganaban poco dinero.

Siempre les contesté que debían buscarse otro trabajo, porque su actitud denotaba falta de vocación de servicio.

El mismo juez que me había dado el primer nombramiento, me hizo el ofrecimiento de que regresara al juzgado y desde hace más de 33 años he depositado mi vida al servicio del Poder Judicial de la Federación, en donde he ocupado todo los escaños que establece el escalafón respectivo, en tres Estados de la República Mexicana y aquí en el Distrito Federal.

Tengo la alta responsabilidad de ser juzgadora desde hace más de 24 años en que fui nombrada Juez de Distrito Propietaria. Y en unos días más, cumpliré 20 años desempeñándome como Magistrada de Circuito en tribunales colegiados mixtos y especializados en las materias penal y civil.

Orgullosamente puedo decir que nunca he tenido rezagos o se ha declarado queja fundada en mi contra ni se me han hecho recomendaciones con motivo de las inspecciones a mi desempeño por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

La experiencia en la carrera judicial me ha dado los elementos necesarios para actuar con honestidad, imparcialidad, dedicación, entrega, firmeza y decisión en el quehacer jurisdiccional.

También me ha brindado la oportunidad de participar en distintas integraciones de tribunales colegiados. Por lo que tengo una perspectiva plural de respeto y tolerancia a planteamientos diferentes a los míos.

Sin lugar a dudas estos elementos fueron los que se conjugaron para poder estar hoy aquí en su presencia, integrando una de las ternas, ya que no tengo relaciones con personas o instituciones políticas, y en el ejercicio de mi carrera me han distinguido la honorabilidad, discreción y autonomía, lo que asegura que mis decisiones se encuentren regidas solamente por el derecho y la justicia.

Nuestra sociedad requiere necesariamente de los jueces que son los que resuelven los conflictos que se producen. Los conocimientos jurídicos son, sin duda, imprescindibles para todo juzgador. Pero al afrontar la difícil tarea de dar solución a casos concretos, donde pueden contraponerse los valores fundamentales del ser humano, se requiere de algo más que un cúmulo de conocimientos abstractos.

Lo más hermoso de la función judicial, como alguna vez lo dijo el señor Ministro, en retiro, don Mariano Azuela Güitrón, radica en su interrelación con la realidad cotidiana, fuente de numerosas situaciones no siempre reguladas. Por lo que el juez debe ser sensible respecto de las situaciones sociales vigentes.

El buen juzgador debe apartarse de los protagonismos, la ignorancia, el individualismo generador del egoísmo, el afán de poder, la ser y riqueza. Pero primordialmente debe tener presente que su labor fundamental es la aplicación de la justicia, procurando siempre otorgar las condiciones necesarias para garantizar el correcto orden en la vida de los ciudadanos.

Por ello, debe lograr con su actuar que el famoso apotegma, de don José María Morelos y Pavón, no pase inadvertido. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.

Esta frase, por cierto, está impresa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todos los juzgados y tribunales federales.

Es por ello que estoy convencida de que cuando un juez se encuentra en el dilema de emplear la ley o hacer justicia, no debe dudar jamás en aplicar esta última.

Señoras y señores senadores.

Tengan la seguridad de que en caso de ser distinguida con el nombramiento de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi trabajo se regirá con los valores y pensamientos que he expresado en esta comparecencia, luchando del lado de la equidad y velando siempre por los más necesitados.

Mi único afán es servir, mi compromiso es con mi patria y mi única atadura es con la justicia.

Señores y señoras senadoras.

Es cierto que nuestro país necesita, entre muchas otras cosas, empleos, seguridad, educación y mayor tecnología para competir con el……

(Sigue 17ª parte)

. . . . . . . . . ......que nuestro país necesita, entre otras muchas cosas: empleos, seguridad, educación y mayor tecnología para competir con el mundo.

Pero, lo que más necesita es la paz, la que sólo se logra a través de la justicia.

Muchas gracias por su atención.

    (A P L A U S O S)

-  EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, Magistrada.

Solcito a la Comisión acompañe a la Magistrada al salón contiguo.

(LA COMISIÓN CUMPLE)

Una vez concluidas las exposiciones de las dos ternas, y conforme al punto sexto del acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, se declara un receso de 15 minutos.

Al regresar realizaremos la votación de los candidatos que conforman la primera terna, correspondiente a la vacante del Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

(SE DECLARA UN RECESO DE 15 MINUTOS A LAS 18:45 HORAS)

(SONIDO DE CAMPANILLA)

       (SE REANUDA LA SESION A LAS 19:53 HORAS)

(SONIDO DE CAMPANILLA)

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se reanuda la sesión, procederemos a la elección correspondiente de quien puede ocupar la vacante que dejará el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sonido en el escaño del Senador Martínez.

- EL C. SENADOR MARTINEZ MARTINEZ (Desde su escaño): Gracias, Presidente. Para efectos de la sesión, solicitaría a la Mesa Directiva puedan pasar la lista de asistencia correspondiente para verificar el quórum.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bueno, me parece que no sobraría una rectificación de quórum,  y le concedemos su petición al Senador Martínez, solicito se abra el sistema electrónico de registro por un minuto para que podamos confirmar nuestra asistencia y rectificar el quórum, gracias.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

- EL C. SENADOR BARBOSA HUERTA: Sólo para precisiones, Presidente, el quórum es tomado al inicio de una sesión, la votación va a tener que ser tomada en la urna, vamos a pasar y a depositar, pero no se puede circunscribir a los que ahorita registren su presencia.

- ELC. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Me queda perfectamente para aclarar al Senador Barbosa, es perfectamente claro, y el total de los votos presentes será tomado en base al número de cédulas que estén en la urna a la hora del conteo.

Confirmemos la asistencia, si son tan amables, para proceder ya con la votación.

- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se han registrado 116 senadores y senadoras, señor Presidente.

- ELC. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, Secretaria, informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para la votación que nos ocupa. En su interior se encontrará la cédula en la que se deberán marcar la selección que ustedes determinen para depositar en la urna, una vez que la Secretaría nos llame por orden de lista.

Las disposiciones constitucionales exigen, que la elección se reúna una mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes; repito, las disposiciones constitucionales exigen, para esta elección, se deben reunir una mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores.
(SE   CUMPLE)

Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se va a proceder pasar lista de los ciudadanos senadores.

(PASAN    LISTA)

      (SE PROCEDE A DEPOSITAR VOTOS EN URNA)

- EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Se procede a realizar el escrutinio.

(SE PROCEDE A REALIZAR EL ESCRUTINIO)

LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Se va a dar cuenta con el resultado de la votación.

Se depositaron 116 votos en la urna, de los cuales se emitieron 20 votos a favor del Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez.

Se emitieron 37 votos a favor del Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayan.

Se emitieron 0 votos a favor de la Magistrada Andrea Zambrana Castañeda.

Y, existen 59 votos nulos.

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: El requisito que impone el Artículo 96 de nuestra Constitución, es que para la designación se debe reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.

Conforme al resultado no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos.

En consecuencia, procederemos a una segunda votación conforme a lo que dispone el punto octavo del acuerdo aprobado el 11 de octubre.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas para la segunda votación.     

(Sigue 18ª. Parte)
-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: (Desde su escaño).  Señor presidente, aparecen 116 asistentes y hay 117 votos, ¿con qué matemáticas trabajan?

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:   A ver, senadora, aclaro. Como lo especificamos al inicio de la votación, los votos totales para ser contabilizados son los que está en la urna, lo que está en el registro electrónico fue meramente indicativo del inicio de la sesión, pero al final de cuentas los votos que se contabilizan para efectos de decidir si hay mayoría calificada o no, son los votos que se encuentran en la urna, y fueron 116 votos depositados en la urna; y son 20, 37 y 59.
Sonido en el escaño de la senadora Sansores.

-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN:  (Desde su escaño).  ¿Puedo saber quién no pasó asistencia?

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Está en el tablero senadora Sansores. Sonido en el escaño de la senadora Sansores, por favor.

-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN:  (Desde su escaño).  Pero eso no es claro, ¿cómo pueden aparecer 117 votos, y aquí presentes 116, me recuerda la elección de Peña Nieto; hay más votos que votantes.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Le repito lo que leyó la señora senadora secretaria. Se depositaron 116 votos en la urna, 116 votos se depositaron en la urna. Sonido en el escaño de la senadora Sansores.

-EL C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN:  (Desde su escaño).  Escuché 117, por eso le preguntaba.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Quedó aclarado, senadora, gracias.

-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO:  Esto es para que las señoras y señores senadores puedan depositar su voto en esta segunda vuelta.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Pido a la secretaría que de a conocer los resultados del cómputo de la votación emitida por las señoras y señores senadores.
(Se recoge la votación)

-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA:  Señor presidente, se depositaron 115 votos en la urna, de los cuales se emitieron 20 votos a favor del Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez.

Se emitieron 36 votos a favor del Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán.

Y se emitieron cuatro votos a favor de la Magistrada Andrea Zambrana Castañeda.
Existe una abstención, y 54 votos nulos. 
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Sonido en el escaño de la senadora Sansores.

-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: (Desde su escaño).  Presidente, mire, finalmente si son 116, 117, o 128 los que votan es lo de menos, lo grave aquí, y por eso hago esta protesta pública, es que esto es una farsa, es un juego de simulación, sabemos desde “endenantes” cuales son los resultados, que los dueños del país, el señor Peña Nieto, el señor Calderón, los dueños en este momento no se pusieron de acuerdo.

Qué vergüenza exhibir aquí a los ministros a una pasarela inútil, esto es lo lamentable de este ejercicio del día de hoy.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del senador Gamboa. Senador Zamora.

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ:  (Desde su escaño).  Señor presidente, solamente para solicitarle que nos ciñamos a lo que está acordado, precisamente en el pleno, estamos en un proceso de votación, la anterior intervención está fuera de orden, y por tanto me parece muy importante que respetemos la voluntad de todos los senadores, que respetemos la integridad del Senado de la República, y que no vengamos a difamar aquí al Senado. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE  CORDERO ARROYO:  Este resultado tampoco concede mayoría calificada para ninguno de los candidatos. Conforme a lo que establece el punto noveno del acuerdo aprobado el 11 de octubre para norma la elección de candidatos a ministros de la Corte, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96, de nuestra Constitución Política.

Procederemos ahora a la elección del candidato a ocupar la vacante del Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al igual que en elección anterior, se les entregarán sobres personalizados con la cédula en la que señalarán la elección de su determinación, la cual deberemos depositar en la urna, una vez que la Secretaría nos llame por orden de lista.
Solicito al personal de apoyo proceda a distribuirlas las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores.

(Se recoge la votación)

-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se va a dar cuenta con el resultado de la votación.
Se depositaron 112 votos en la urna, se emitieron “54” votos en favor del Magistrado Manuel Baraibar Constantino.

Se emitieron 18 votos a favor de la Magistrada Emma Meza Fonseca.
Se emitieron 36 votos a favor de la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio.
Tres votos nulos, y una, abstención. Se abstuvieron los que no votaron. Es recomendación porque ya es noche.

(Sigue 19ª. Parte)
...y una abstención.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, Senadora.
Les pido a los senadores orden para poder continuar con la Sesión. Muchas gracias.
El requisito que impone el artículo 96 Constitucional es que para la designación se debe reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Conforme al resultado no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos, en consecuencia, procederemos a una segunda votación conforme a lo que dispone el punto octavo del acuerdo aprobado el 11 de octubre.
Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas para la segunda votación. (Se cumple)
-Le ruego a la Secretaria pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Pasando lista.
(LOS CC. SENADORES PASAN A DEPOSITAR SU VOTO)
-Señor Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se depositaron 110 votos en la urna; se emitieron 56 votos a favor del Magistrado Manuel Baraibar Constantino; se emitieron 16 votos a favor de la Magistrada Emma Meza Fonseca; se emitieron 35 votos a favor de la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio; y existen 2 votos nulos y 1 abstención.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Este resultado tampoco concede mayoría calificada para ninguno de los candidatos. Conforme a lo que establece el punto 9º del acuerdo aprobado en pasado 11 de octubre, para normar la elección de candidatos a Ministros de la Corte, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de nuestra Constitución Política.
El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la responsabilidad de los ministros que la integran obligan a realizar una observancia estricta y responsable de las disposiciones de nuestra Carta Magna. El principio de la división de poderes induce al equilibrio y la colaboración institucional que debe existir entre éstos.
Nos encontramos en el ejercicio de un claro ejemplo de esta colaboración, un poder, el Ejecutivo propone, otro, el Legislativo tiene el encargo de resolver sobre la elección de quienes integran al Poder Judicial. Estas responsabilidades nos involucran a todos en el cumplimiento más apegado a derecho y transparente al que están obligadas las instituciones.
Agotamos las dos rondas de votación que se previeron en el acuerdo para el nombramiento de los ministros, y, sin embargo, ninguno de los candidatos alcanzó el número suficiente de votos. Todos los candidatos cumplieron con los requisitos de elegibilidad que exige el artículo 95 Constitucional y realizaron una destacada exposición ante este Pleno y la presentación ante las comisiones.
Nos hemos colocado en el primer supuesto del proceso constitucional previsto por el artículo 96 de nuestra Carta Magna. Esta soberanía, en pleno respeto al procedimiento constitucional y al ejercicio de nuestras facultades, y al actualizarse lo dispuesto por el numeral 9º del acuerdo para el nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederá a notificarlo al Presidente de la República para que proponga dos nuevas ternas.
Mantenemos el compromiso de lograr los consensos necesarios para coincidir en tiempo y forma con la mayoría calificada requerida que nos conduzca al nombramiento de los jueces constitucionales.
En otro apartado del Orden del Día, tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a que el voto de México en contra del bloqueo a Cuba se haga efectivo con medidas concretas para garantizar el levantamiento de ese bloqueo.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente.
Senadoras; senadores:
El próximo 13 de noviembre se pondrá a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Este inhumano e inmoral bloqueo, que lleva más de 50 años, es una medida absurda del país más poderoso de la tierra contra el pueblo de Cuba y contra la comunidad internacional.
Además de limitar las libertades de ciudadanía a empresas es contrario al derecho internacional y atenta contra la soberanía de terceros países.
Cuba y sus empresas no pueden exportar o importar productos o servicios a Estados Unidos, no pueden usar el dólar en sus transacciones; no se les permite el acceso al crédito en bancos en Estados Unidos, ni de sus filiales en otros países; no puede recibir financiamiento internacional del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Interamericano de Desarrollo.
Se mantiene la prohibición de viajar a la Isla a cubano-americanos que no tengan familiares en Cuba.
Se prohíbe a empresarios de cualquier país, y a sus familiares, que realicen negocios con Cuba, se les amenaza con negarles la visa, se les amaga con ser acusados en tribunales norteamericanos.
Encarecen la transportación marítima de mercancías entre Cuba y otros países. Esas leyes extraterritoriales norteamericanas afectan también a México, a las empresas mexicanas, ya que Estados Unidos prohíbe a todos que las mercancías que contengan tecnología o materias primas o insumos, piezas, partes de origen cubano, estén prohibidas.
Los daños acumulados por la aplicación del bloqueo a Cuba ascienden hasta el año 2011 a un millón de millones de dólares, que para una economía pequeña, como la cubana, es una carga abrumadora.
El bloqueo provoca sufrimientos, carencias a las familias, y es el principal obstáculo para el desarrollo de esa nación.
Afecta materias primas, alimentos, medicamentos, algo que las convenciones humanitarias prohíben incluso, en tiempo de guerra.
Desde 1962, en que Estados Unidos decretó el bloqueo, México ha manifestado su férreo rechazo a leyes que violen principios y normas del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización Mundial del Comercio.
El Grupo de Río, el CELAC, la Unión Europea, se han opuesto sistemáticamente al bloqueo por ser atentatorio a los principios de convivencia en la integración hemisférica.
El Senado de la República y la Cámara de Diputados han aprobado ininterrumpidamente enérgicas condenas al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra el pueblo de Cuba desde 1962.
El Presidente Obama debe evaluar el bloque genocida contrario al Libre Comercio, a los derechos humanos, a la paz y a la armonía internacional.
Seguramente este año, 2012, México votará el próximo martes en contra del bloqueo, y prácticamente por unanimidad el grueso de los países también lo hará. Sin embargo, es necesario tomar medidas…

(SIGUE 20ª PARTE)
. . . el próximo martes  en contra del bloqueo y prácticamente por unanimidad el grueso de los países también lo hará.

Sin embargo es necesario tomar medidas  internas, concretas  para minimizar los efectos del bloqueo, como por ejemplo, firmar el acuerdo de complementariedad económica número 51  que está en revisión en México, apoyar la participación de empresas mexicanas en la Feria Internacional de la Habana y otras ferias especializadas.

Crear un Fondo Revolvente en la Banca de Desarrollo para que empresas mexicanas vendan sus productos en Cuba.

Investigar el comercio, México-Cuba, intensificarlo de manera permanente, apoyar las medidas acordadas en la Interparlamentaria México-Cuba.

En congruencia con el  Congreso de  México, que México ha sostenido y ante el resultado de la votación en la ONU que se espera par 2012, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo, solicitándole a usted, señor Presidente, se considere de urgente resolución y se ponga a consideración de inmediato el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Las y los senadores de la República exhortan al Gobierno Mexicano a que el voto de México  en contra  del bloqueo a Cuba se haga efectivo con medidas concretas para garantizar el levantamiento de dicho bloqueo.

Es cuanto, senadoras, senadores, Mesa Directiva, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución  y se pone a discusión de inmediato.

-Quienes estén por la  afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Quienes estén  por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

-Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  En consecuencia, está a  discusión la propuesta.

No habiendo oradores registrados,  consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada.

-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque se rechace, favor  de levantar la mano.(La Asamblea no asiente)

-Aprobada la propuesta, señor Presidente.

(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Compañeros senadores, les informo que se recibió de la Cámara de Diputados el oficio con el que se nos devuelve con modificaciones el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal  del Trabajo, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

Asimismo recibimos el acuerdo que esta Cámara aprobó por el que manifiesta su aceptación para que el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo se pueda formar únicamente con los artículos que logren la aprobación de las dos Cámaras del Congreso.

Ese acuerdo se turna a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras senadoras y senadores, les informo que las  proposiciones anunciadas en el orden del día para turno directo a la Cámara de Diputados  se remitirán a la Colegisladora, asimismo las iniciativas y demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las Comisiones que acordó esta Mesa Directiva.

Los senadores  que deseen mantener inscrita su iniciativa o proposición sólo deben hacerlo de conocimiento a la Mesa Directiva  o de la Secretaría Parlamentaria.

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes  13 de noviembre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 21:43 horas.