(SIGUE 6ª PARTE)
. . . y yo solicitaría que este pleno pudiera acompañar este punto de acuerdo, porque es un punto de acuerdo que piensa en México y que piensa en un desarrollo mejor.
Yo comparto, como seguramente todos ustedes, el interés que profundamente plantea defender nuestro diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, porque efectivamente quién mejor que el estado para regir el gobierno, el gobierno debe ser regido por quién tiene el interés público y la representación de todos.
Sin embargo el fundamentalismo no siempre es generoso.
Miren ustedes, lo que está discutiendo nuestro diputado no es el punto de acuerdo, quiero dejarlo muy claro, sino es la Ley misma de la que se está pidiendo que se reglamente, y eso quisiera aplicarlo para poder hacer un debate mucho más claro y mucho más sencillo.
La Ley de la que hablamos es una nueva ley, que fue aprobada en diciembre del año pasado y que se publicó en enero de este año en el Diario Oficial, que es una nueva pieza legislativa que efectivamente propone una nueva forma de hacer la inversión pública en coparticipación en algunos casos, en algunas ramas en algunas circunstancias con el sector privado.
Pero junto a esa nueva ley hay otras cinco reformas que la acompañan, que tienen que ver con la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con obras, que tienen que ver con la Ley de Adquisiciones en el Sector Público, que tiene que ver con la Ley de Expropiación, con la Ley de Bienes Nacionales y evidentemente también con el Código de Procedimientos Civiles, es decir, no es cualquier cosa, es un paquete legislativo muy amplio que tiene su complejo entramado y que reclame inclusive un amplio desarrollo reglamentario.
También así que la propia ley cuando se publica en el Diario Oficial establece un plazo de un año para su reglamentación y conmina a la Secretaría de Hacienda a que establezca los lineamientos sobre los cuales se van a desarrollar esos nuevos ordenamientos.
Y es precisamente, precisamente en el interés que viene, establece nuestro diputado que me ha antecedido, de que se cuide extremadamente, escrupulosamente el interés de la Nación para que se pueda exigir ahora, exactamente un reglamento que lo cuide.
Por eso me parece a mí un poco sentido, o un despropósito alegar exactamente con argumentos que son exactamente contrarios a lo que estamos buscando que es garantizar que el reglamento que falta pueda ordenar, cuidar y hacer, digamos transparentes estos mecanismos, estas condiciones, estas circunstancias en la que es posible y prudente hacer una inversión en coparticipación.
Ahora bien, ¿cuál es el asunto de fondo? Primero, el reglamento es una potestad del gobierno de la República, artículo 89, la Constitución, Fracción I, proveer en la esfera de lo administrativo lo necesario para su posible instrumentación. Primera cuestión.
La segunda, que tiene un plazo de doce meses que se vencen a finales de este año, y es un plazo, si bien necesario para lo complejo del asunto, también muy largo para las exigencias que tenemos en este momento de inversión inmediata.
Tercero, hay en cartera, según información que ha propuesto en el Punto de Acuerdo el Diputado Promovente Martel López, hay en cartera aproximadamente 300 mil millones de pesos de posible utilización mediante este nuevo mecanismo, nada despreciable en un momento difícil de la economía nacional.
Y cuarto, es un momento necesario, porque vienen en estas siguientes semanas la discusión del presupuesto de Egresos de la Federación y la necesaria consideración de este nuevo marco para poder establecer las inversiones correspondientes que sean posibles de aplicar en este mecanismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Me parece entonces que de no haber un debate sobre el Reglamento que no se mencionó aquí ningún elemento del tal.
Segundo, de no haber ninguna objeción de fondo a la instrumentación de la Ley si no salvo una propuesta ideológica, creo yo entonces que este punto debe ser aprobado.
Y finalmente, para una cuestión de carácter general.
Me parece a mí que satanizar la inversión privada simplemente por un aspecto ideológico es un exceso.
Hasta ahora el Estado Mexicano en toda su existencia del siglo XX para acá se ha avanzado a través de adquisiciones de obras públicas en la ejecución de las empresas privadas para ejecutar la gran mayoría de sus proyectos y ha sido un proyecto exitoso.
Actualmente hay que hacer una cartera, se concursa y se hace con una constructora que normalmente es del sector privado, se hace en una escuela, se concursa y la escuela la hace normalmente una empresa privada.
¿Cuál es la diferencia ahora? Que en lugar de que el gobierno contrate en algunos casos, en algunas circunstancias convenientes, en lugar de que contrate se asocia con la inversión privada y finalmente se hacen las cosas de manera conjunta bajo una estricta observancia de la Ley bajo, bajo una estricta obligación de transparencia y a una estricta permanencia del interés público nacional.
Por tanto yo lo que reclamo con todo respeto es que se vote dicho acuerdo y se permita que proceda esta demanda de buena fe ante el Ejecutivo aún a sabiendas, insisto, que tiene todavía más de cuatro meses para terminar el plazo correspondiente que le dio el propio transitorio de la Ley en comento.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias Diputado Carlos Flores, el Diputado Martel desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?
-EL C. DIPUTADO CARLOS FLORES RICO: Sí.
Adelante, Diputado.
-EL C. DIPUTADO JOSE RAMON MARTEL LOPEZ (Desde su escaño): Muchas gracias señor Presidente.
Comparto totalmente con el Diputado en el uso de la tribuna, de que la Ley de Asociaciones Público Privadas no está a discusión, es una Ley recién aprobada como bien se señaló, aprobada en diciembre del año pasado, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año.
De las reflexiones que estaba haciendo el Diputado Cárdenas, hay una cuestión que compartimos, ldo que compartimos es la necesidad irrestricta del cumplimiento al artículo 28 constitucional específicamente al párrafo 4º, lo que es la definición de actividades estratégicas.
Subrayo, no es el espacio para hablar sobre una Ley recién aprobada.
Me gustaría la reflexión de usted, señor Diputado, en torno a que precisamente compartiendo las inquietudes, de quién me precedió en el uso de la palabra, por eso es que necesitamos aprobar este punto de acuerdo para que haya claridad a través del reglamento como se establece en el orden jerárquico, en el orden constitucional en este país, constitución general, leyes reglamentarias, leyes y después reglamentos, es parte de lo que quisiera conocer si las inquietudes en mucho de los posibles excesos hacen necesaria la rapidez de agilidad de la expedición de reglamento.
Es cuanto.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias Diputado.
Puede dar respuesta, Diputado Flores.
-EL C. DIPUTADO CARLOS FLORES RICO: Yo coincido con el planteamiento que hace el Diputado José Ramón Martel López, que en el fondo también coincide con la preocupación que expresó nuestro diputado que impugna el Punto de acuerdo.
Porque efectivamente el espíritu finalmente que subyace en las preocupaciones de ambos es que el sector público tenga y mantenga la ejecución de obras y servicios, y eso me parece fundamental.
Segundo, que no pueda el estado deslizar su responsabilidad en aras de la ganancia privada, si no exactamente lo contrario, que pueda convocar la concurrencia del sector privado para conjuntar esfuerzos y poder desarrollar el crecimiento económico haciendo la posibilidad mayor de inversión conjunta.
Es decir, es mejor ante un momento de dificultades de inversión pública incrementarla bajo la rectoría del Estado y en particular bajo la conducción del gobierno, incorporado el capital privado para impulsar el crecimiento y el desarrollo que a veces el estado y las finanzas públicas no se pueden dar.
Entonces, si la propuesta del punto de acuerdo es reglamentar ya, para aprovechar la situación de este posible monto de inversión privada y desarrollar el crecimiento económico de la nación, también la exigencia convive y se compadece del espíritu que habla nuestro diputado impugnador, porque efectivamente el reglamento es precisamente para someter al imperio del estado y al interés público cualquier coparticipación que se pueda realizar.
Si esa reglamentación no se da, si esos lineamientos de Hacienda no se producen, es muy probable, entonces sí, que se pueda incurrir en situaciones que pudieran ser adversas a la propia intención de la Ley, que dejo otra, más que juntar el esfuerzo de la sociedad, para someterlas al imperio de una. . .
(Sigue 7ª parte)
…que pudieran ser adversas a la propia intención de la ley, y no es otra más que juntar el esfuerzo de la sociedad, someterla al imperio de una legislación regulada, ordenada y establecida, y sobre todo, mantener el interés público cuando se conjuntan 2 tipos de inversión en el mismo sentido: crecer, ampliar, convocar a la participación, y juntos en la sociedad, bajo la conducción del interés público, desarrollar el crecimiento económico.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias, Diputado.
-Para rectificación de hechos, tiene el uso de la tribuna, por 5 minutos, el Diputado Jaime Cárdenas Gracia.
-EL C. DIPUTADO JAIME FERNANDO CARDENAS GRACIA: Gracias, Presidente.
-Dice el Diputado Flores Rico: “Que no estuve en la Comisión”. No, no estuve, porque no formo parte de ella, no soy parte de esa comisión.
Dice: “Que mis comentarios y mis argumentos son ideológicos”. Sí, y son ideológicos, pero estoy hablando de la ideología de la Constitución, y en la ideología de la Constitución, en materia económica, que se encuentra en los artículos 25, 26, 27, 28 Constitucionales, el sector privado tiene un papel totalmente subordinado al sector público y del Estado.
Entonces, esto debe quedar muy claro para todos nosotros. El sector público jamás puede estar en una situación de igualdad respecto al sector público.
El Estado, el sector público está siempre por encima, constitucionalmente, esta es la ideología de la Constitución, del sector privado.
Dice: “Que me estoy oponiendo a la ley”. Sí, me estoy oponiendo a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, cierto, pero también me estoy oponiendo a sus consecuencias.
Y ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la Ley de Asociaciones Público-Privadas? Una consecuencia, pues es el reglamento de la ley.
El reglamento no puede estar por encima de la ley. El reglamento tiene que ajustarse.
Si uno cuestiona la ley, cuestiona sus derivados, sus consecuencias jurídicas, incluyendo al reglamento, porque el reglamento futuro no puede modificar la Ley de Asociaciones Público-Privado.
Aquí en el fondo, y lo que no quieren decir, es un asunto político y económico. Aquí el fondo del tema es que el Estado mexicano está en venta desde hace muchos años, desde los años 80:
“Está en venta el petróleo, está en venta la electricidad, están en venta las minas, están en venta las playas de nuestro país, están en venta las islas, están en venta las carreteras, están en venta los segundos pisos, los del Estado de México y los del Distrito Federal, por cierto; están en venta las instalaciones educativas, las instalaciones de salud”.
A ver. ¿Por qué, si dicen que el sector privado, va a estar subordinado al sector público, por qué no proponen la derogación del financiamiento privado? Esto tiene también que ver con las campañas políticas.
“Vente, empresario, entra en participación con el sector público, vamos a construir un hospital; vamos a hacer una escuela, una universidad, una carretera. ¡Ah! Y después me das una parte para mi campaña”.
¿Por qué no proponen --me pregunto-- los del PRI, por qué no proponen la derogación del financiamiento privado en nuestro país? Eso se lo que tenemos que derogar, para que no haya intervención del capital privado en la vida política de México.
Luego utilizan eufemismos.
Dice: ¡No! No proponemos privatizar PEMEX, queremos abrir PEMEX a la economía ¿No? Cuestiones de semántica eufemística: “Abrir en lugar de privatizar”.
Dicen: ¡No! Es que el Estado no puede sufragar la construcción de carreteras, ni de hospitales, ni puede construir segundos pisos, ni puede incentivar la actividad económica de PEMEX o de la Comisión Federal de Electricidad.
Pero hemos, por ejemplo, dejarlo pasar por alto en esta Comisión Permanente, y simplemente lo recuerdo, ese negocio negando entre una empresa privada que se llama MEXLUB y Petróleos Mexicanos.
Le quieren condonar a MEXLUB, no sé cuántos miles de millones de pesos, en un negocio claro, para esta empresa, que se llama MEXLUB.
A ver, eso es lo que se trata, de que los empresarios hagan negocios a costa del Estado mexicano, a costa del interés público de millones de mexicanos, a costa de los derechos sociales de los mexicanos.
Si dice, por ejemplo: “Que el Estado no tiene recursos para construir carreteras, escuelas u hospitales”, a ver ¿Por qué no proponen una reforma fiscal que establezca la derogación de los privilegios fiscales para las grandes empresas.
Oí, por ejemplo, que el Diputado Penchyna, ahora como Senador, va a insistir en ello.
¿Por qué no proponen en serio la derogación de todos los privilegios fiscales de las grandes empresas que no pagan impuestos en este país, como pagamos muchos mexicanos?
O ¿Por qué no proponen --como propusimos nosotros en su momento-- una Ley de Austeridad Republicana, para que todos gastemos y ganemos, como funcionarios públicos, la mitad de lo que ganamos? A ver ¿Por qué no proponen eso?
Quieren que el sector privado financie al sector público, que se entre en relaciones de complicidad, de corrupción ¿No? relaciones de corrupción y que después el sector privado financie las campañas políticas por debajo del agua en este país.
Entonces, está en juego todo esto. Está en juego el nivel de corrupción; está en juego la vulneración a los principios constitucionales del artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, y está en juego también la prevalencia del sector público en relación con el sector privado.
¿Por qué no lo asumen así? Esto va a ser el debate de los próximos 6 años.
Ustedes dicen: “Que como gobierno, únicamente se encargarán de reformas políticas”.
Las reformas que les interesan, y por eso formalmente, (entre comillas) “Con todas las trampas del mundo”, dicen que ganaron la Presidencia, fue para esto, fue para privatizar PEMEX, para privatizar CFE, por eso están insistiendo en un reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Ya les urge quedar bien con el sector privado de este país.
“Señores empresarios, vengan, hagan negocios a costa del pueblo de México”.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Para rectificación de hechos, tiene la palabra el Diputado Carlos Flores Rico.
-EL C. DIPUTADO CARLOS FLORES RICO: Me gustaría, en primer lugar, dejar muy claro que no hay absolutamente ningún argumento en contra del punto de acuerdo.
Decir: “No hay absolutamente ningún argumento que nos pueda indicar, que demandar del Ejecutivo la pronta terminación de la reglamentación de esta nueva ley y sus 5 reformas en las diferentes leyes, sea una cuestión que no debamos votar aquí. Eso me gustaría dejarlo muy claro.
El reglamento es una cuestión exigible, aún en el entendido respetuoso de que el Ejecutivo, aún tiene varios meses, 4, para hacerlo, eso me queda muy claro.
Segundo.- Que entonces, es una discusión, un debate sobre una ley que ya fue aprobada en las dos Cámaras y que está publicada, y cuya votación fue prácticamente, salvo, creo 7 u 8 oposiciones, aprobada por la gran mayoría de los legisladores de las 2 Cámaras. Ahora bien.
En tercer lugar.- De que es un debate ideológico, y qué bueno que ese debate se dé, eso es sano para la república.
Pero lo curioso es que ambos puntos de vista coinciden en lo fundamental, que es el interés supremo de la nación y la obligación del Gobierno de la República de mantener esa primacía sobre cualquier actividad económica relacionado con servicios y obras públicas cuando se trata de inversiones conjuntas. Primera cuestión.
Segunda.- Yo creo que no hay un solo momento, ni del reglamento, ni del punto de acuerdo que se está discutiendo, ni tampoco en la ley que se aprobó, ni tampoco en las 5 reformas a las diferentes leyes, que hable de igualdad de la inversión pública y privada. ¡EH!
Al contrario, desde el capítulo económico de la Constitución, hasta la propia ley, lo que se establece es la supremacía de la inversión pública, y tan es así, que las reglas que están estableciéndose en las leyes, y que ahora declaramos en el reglamento, así lo van a garantizar: de transparencia, de conveniencia del interés público, de oportunidad de las inversiones públicas y…de ellas con el capital privado, y del mejor destino de la economía nacional.
Tan es así, que gobiernos emanados de un partido de relevante importancia en la izquierda mexicana, como es el PRD, lo utilizan cotidianamente.
Aquí están, y ojalá yo no sea un mal informador, pero está Tomás, que es Senador por Zacatecas, si no recuerdo mal, Tomás Torres, si no recuerdo mal, el gobierno perredista de su Estado, Senador, hizo una inversión, si no mal recuerdo, de…
(Sigue 8ª. Parte)
…senador por Zacatecas, si no recuerdo mal, Tomás Torres, si no recuerdo mal… el gobierno perredista de su estado, senador, hizo una inversión, si no mal recuerdo, de 5 mil millones de pesos en la ciudad-administrativa y bajo el gobierno del PRD.
Es decir, y lo hizo con este mecanismo o muy similar, al que estamos ahora buscando reglamentar.
Es decir, es una inversión posible. Es una inversión que pueda ser sana. Es una inversión que puede ser útil. Independientemente de que efectivamente hay que cuidar, en todo momento, que no sea una inversión, que sea una traslación de la renta pública al sector privado, de manera ociosa, impertinente o ventajosa.
El gobierno de la Ciudad de México, es otro ejemplo. Bien ha hecho nuestro amigo el diputado que me antecedió, en destacarlo de manera relevante, como una cuestión autocrítica.
Sin embargo, yo creo que eso es una cuestión que es válida, que tiene legitimidad, y que tiene una procedencia económica fundamental, sobre todo, porque busca mejorar la capacidad pública de inversión, auxiliando, al propio Erario, con la asociación privada, bajo reglas, que el Estado debe de obedecer, porque está en la Constitución, en esta ley y en el reglamento que ahora se propone.
Por la otra parte, el debate de si el hecho de juntar la inversión pública con la privada, puede propiciar corrupción para campañas u otras cosas, es otro debate.
Es otro debate, que es admisible, eh… y que es prudente siempre advertir.
Pero es tan admisible y debatible y necesariamente revisable, como el actual esquema de contratación de obra pública.
¿Cuál es la diferencia, entre un sector privado, al que se le convoca concursar y se le puede —torciendo la mano la ley—adjudicar contratos y obtener de maneras indebidas de un contrato de asociación, al que se le puede torcer la mano también, como bien se puede advertir y se puedan exigir ganancia indebidas?
Es decir, en términos éticos, no hay ninguna diferencia. En términos legales, son exactamente punibles las dos conductas.
Es decir, no es el mecanismo de asociación de inversión, lo que puede propiciar corrupción. Ni es el mecanismo actual, de licitación pública, que lo puede propiciar.
Es decir, la falta de ética en la prestación del servicio público y es la falta de honradez del empresario, que puede hacer vesanias y tropelías de este tipo.
Pero no le echemos la culpa, ni a la ideología, ni a la reglamentación, ni a la legislación, ni al orden, que puede uno convocar para mejorar la inversión de la sociedad mexicana.
Dada pues la situación, yo creo, entonces, que este punto de acuerdo, en mi opinión, debe darse por suficientemente discutido, debe votarse el punto de acuerdo, que exige la reglamentación y dejar en la mesa, como legítimamente corresponde, un debate que deberá seguir siendo desarrollado en los próximos años, en bien, yo espero y supongo con mucha certeza, en bien de la Nación.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias, diputado Flores Rico.
-EL C. DIPUTADO JAIME CÁRDENAS GRACIA: (Desde su escaño) Presidente…
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZÁLEZ MORFÍN: Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas.
-EL C. DIPUTADO JAIME CÁRDENAS GRACIA: (Desde su escaño) Gracias, presidente.
Como no quiero hacer un debate de dos, porque serían diálogos. Pero sí insistir, sí insistir en algunas cosas.
Por ejemplo, en el tema de la corrupción. Aquí dice el diputado Flores Rico, que el tema de la corrupción es exclusivamente un problema ético; eso es falso. No es un asunto exclusivamente ético, ni es un asunto exclusivamente cultural o sociológico. El tema de la corrupción existe en nuestro país y existe gravemente, porque no hay mecanismos institucionales, no hay normas, instituciones, vías jurídicas parar combatir debidamente la corrupción.
Y, desde luego, en estos esquemas de asociación público privada, se propicia más la corrupción, que en un esquema donde no haya asociación público o privada.
Lo que no quiere reconocer el PRI. Lo que no quiere, ahora, reconocer el PRI, pues es lo que harán o lo que pretenden hacer, si gobiernan este país.
Lo que pretenden hacer, si gobiernan, si el Tribunal valida la elección, es, entregarle las riquezas de México al sector privado.
Eso es lo que van a hacer. Pero no lo quieren decir abiertamente.
Entonces, lo encubren. Diciendo: tenemos interés en que se apruebe este reglamento para que el gobierno de Calderón, pues que le toque aprobar el reglamento y nosotros simplemente vamos a obtener las ventajas, de esa relación con la clase empresarial nacional y mundial.
No quieren decir esto. No quieren decir, que van a seguir profundizando en el modelo económico neoliberal de México. Que no va a haber ningún giro social, ningún giro hacia el estado del bienestar, durante ese gobierno que ellos proponen realizar.
Que los derechos sociales de los mexicanos, culturales y económicos no van a estar garantizados. Y que no tenemos esperanza, de tener un país mucho más igualitario, más libre y más democrático.
Eso es lo que no quieren decir. Y lo encubren con palabras falsas, con eufemismos, con expresiones exclusivamente semánticas. Para decir, bueno, que tiene de malo que el sector privado y el sector público, entren en una relación de carácter económico, si nosotros suponemos o creemos que el siempre el sector público estará por encima del sector privado. Falso.
El sector privado de este país, nacional y extranjero, de las transnacionales, se ha ido apoderando poco a poco de la vida económica de este país y de la vida política.
Los poderes fácticos, hoy son los que gobiernan México. No es el Estado y no son las instituciones.
Por eso, nuestra oposición radical a este punto de acuerdo.
-EL C. SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO: (Desde su escaño) Presidente…
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.
Ha solicitado hacer uso de la tribuna, el senador Tomás Torres Mercado, que además fue aludido.
Adelante, senador.
-EL C. SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO: Gracias, ciudadano presidente.
Abordo dos aspectos, en esta intervención.
La primera tiene que ver con la alusión, justamente, que atiendo del diputado Flores Rico, pero también por otra parte, precisaré cuál es la posición del grupo parlamentario, del Verde, del que formo parte.
En principio, yo creo que es importante considerar, que esta Ley para la Asociación en la Inversión Público Privado, en asuntos de interés general, léase en obra pública, en arrendamientos, en servicios relacionados, tanto en la obra público como en arrendamientos. Que por cierto llevó también a la reforma, si no mal recuerdo, de la Ley de Expropiación y otros ordenamientos, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.
A mí me llama la atención, la posición, que en todo caso yo la reivindicaría a título particular, estimado diputado Cárdena Gracia. Porque una iniciativa previa, a ésta que fue ley, en el Senado de la República fue con vehemencia y con interés impulsada por el grupo parlamentario, del que uno… de un servidor formaba parte.
Esa así, eh… Interpretando en los hechos, problemática particular derivada de contrataciones por esa vía.
No trasciendo al terreno de la infidencia.
Del argumento sobre el asunto en discusión.
Y a mí también me llamó la atención, leer el día de hoy, habrá que celebrarlo, finalmente la infraestructura de rama-inversión modifica las condiciones y la calidad de vida de las personas de una comunidad.
Y dijo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo: “se va a tener que pagar por el uso de esa vía de comunicación. Porque la inversión es privada”.
Dijo, no trasciendo al terreno de la infidencia política. Pero en mi estado, el pasivo financiero más importante, está vinculado, justamente, con esta forma de contratación, a particulares, aplazando hasta 20 años el pago, con una carga financiera insostenible.
Digo, congruencia política, y en todo caso, el respeto a la posición individual. Lo hago.
Habría que revisar el Diario de los Debates.
Pero hay un aspecto técnico. Esta ley y esos ordenamientos correlacionados, ya están en vigor. Pasaron todas sus fases, el de la iniciativa de quien constitucionalmente estaba legitimado para presentarla, la discusión, su aprobación.
La sanción y el inicio de la vigencia.
Aquí la discusión es simplemente, y es la parte que me ocupa, mi grupo parlamentario, de decir, ¿cómo va votar el Partido Verde? A favor.
¿Por qué? En congruencia, como en otros temas, en materia de migración, ya se ponía el ejemplo al inicio de esta sesión, le decimos al Ejecutivo: “te exhorto para que en uso de facultad reglamentaria constitucional, emitas…
