SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL JUEVES 7 DE ABRIL DEL 2016.

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 87 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

 

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Muchas gracias.

 

Se abre la sesión del jueves 7 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

 

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Quienes estén porque se apruebe, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobada el acta, señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se informa que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de abril del año en curso, para realizar visita de Estado a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca.

 

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado enterada.

 

Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Permítame, senadora Secretaria.

 

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más quería hacer un comentario al oficio anterior que siempre los pasan rápidamente.

 

Cada vez que el señor Peña Nieto se va de turista, en tiempos de austeridad y, sobre todo, en tiempos de crisis, si quiere ir a quedar bien con la comunidad internacional que empiece por reconocer y enfrentar la crisis de derechos humanos; que empiece por respetar los acuerdos que se hicieron con la Comisión Interamericana.

 

No es posible que cuando la situación está más dura en el país, entonces él se da a la fuga, como yo decía, toma su Casa Blanca voladora, y a que los mexicanos le paguen sus viajes de turista, creo que no son los momentos.

 

Gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

El asunto está publicado en la Gaceta y debidamente turnado.

 

Respecto al asunto que ha leído, Senadora Secretaria, túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: También se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley de Cultura Física y Deporte.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las comisiones unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Primero.- Que la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de pertenecer a la Comisión de Educación.

 

Segundo.- Que el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Educación.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el acuerdo.

 

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Se aprueba el acuerdo, señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

 

Comuníquese.

 

Honorable Asamblea: A partir de la licencia autorizada a nuestra compañera Senadora Mely Romero Celis, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Hilda Ceballos Llerenas, quien se encuentra en el salón contiguo.

 

Por esta razón solicito a las Senadoras y  los Senadores Jesús Priego Calva, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila, Manuel Cárdenas Fonseca e Itztel Ríos de la Mora, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de protesta.

 

(La comisión cumple)

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Solicito a los presentes ponerse de pie.

 

(Todos de pie)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadana Hilda Ceballos Llerenas:

 

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

La C. Hilda Ceballos Llerenas: “¡Sí, protesto!”

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: “Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande”.

 

¡Felicidades, señora Senadora!

 

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos.

 

Dé cuenta la Secretaría con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores, para el mes de abril de 2016.

 

(Leyó. Insértese  documento)

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto.

 

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de Presupuesto, para el mes de abril del 2016.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores, para el mes de abril del año en curso.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el Informe del Presupuesto ejercido al mes de febrero del 2016.

 

(Leyó. Insértese documento)

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo para presentar a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de la Policía Federal.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Presidenta. Secretaria.

Compañeras y Compañeros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Les quiero comentar que esta iniciativa obedece a reformar diversas disposiciones que ya enunció la propia Presidenta, y que tiene que ver con las áreas naturales protegidas del país porque son grandes espacios geográficos en los que legalmente se ha establecido algún régimen de protección para salvaguardar sus valores, principalmente los naturales, así como los culturales e históricos, y que son administradas por una variedad de autoridades y organismos de los tres órdenes de Gobierno.

En México existen áreas protegidas de diversos tipos, federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas, todas ellas bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Lamentablemente y pese a los esfuerzos para la protección de las mismas por parte de las autoridades de estos tres niveles de gobierno, frecuentemente estas áreas son objeto de saqueo, de abusos, de depredación, de deterioro, de destrucción por parte de personas poco conscientes, es decir, de depredadores de todo lo valioso que son dichas áreas y que representan los últimos bastiones del equilibrio ecológico no sólo de nuestro país, sino del mundo entero.

También me refiero a las reservas de la biósfera que están catalogadas por la UNESCO.

Las personas que realizan estos actos del medio ambiente y que ponen en peligro el equilibrio ecológico, lo hacen aprovechándose de la poca o nula vigilancia y de la falta de educación también de personas, de ciudadanos que por no conocer el valor verdadero del entorno en el que viven o en el que están, no lo defienden.

Esta carencia también de personal, la ausencia de recursos por recortes presupuestales, y también por la falta de reacción inmediata de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como lo han manifestado diversas organizaciones civiles, investigadores y académicos, esta situación afecta a casi todas las 176 áreas naturales protegidas que existen en el país, que abarcan más de 25 millones de hectáreas aproximadamente.

Y de acuerdo a información generada por la propia Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como de la Profepa, se han identificado 108 áreas como críticas para la afectación de que están siendo objeto en diferentes estados de la República.

Uno de los mayores problemas con que tienen que tratar las autoridades, radica en la desproporcionalidad de la cantidad del terreno que debe cubrirse, y esto afecta muchísimo porque son recursos en todo caso no renovables, y además hay muchísimas especies en vías de extinción.

Diversos ambientalistas señalan que las áreas naturales protegidas se deterioran por la escasez de personal o la nula creación de infraestructura para obtener más y mejores servicios ambientales y turísticos.

Recordemos que el turismo ecológico es una gran fuente de ingresos para este país y que genera millones de dólares. El turismo en México es quizá la segunda o tercera fuente de ingresos para nuestro país.

Y es importante decir que México no sólo debe vivir ya de sus playas, las cuales por supuesto están sobre explotadas, sino también hay alternativa por la parte de la ecología y todos aquellos turistas que vienen de países lejanos y que desean convivir con la naturaleza. Esa también es una gran fuente de ingresos y puede ser mayor para México.

 

Por eso es importante que tengamos está conciencia, pero también que actuemos en consecuencia. Es decir, facultando instancias policiales para que puedan brindar el servicio alterno para cuidar estas áreas protegidas y puedan ser, vamos a decir, que no sean afectadas por los depredadores humanos.

 

Aquellos que realizan la tala clandestina, porque también hay personas que lo hacen de una forma desproporcionada, ejercen también actos violentos e incluso han llegado a privar a la vida a inspectores forestales; y no solo a inspectores forestales, sino también a personas ecologistas que han cuidado y que se preocupan por el medio ambiente.

 

Las condiciones en las que los inspectores forestales se ven obligados a trabajar todos los días, no son las más efectivas, ni las más óptimas para proteger su vida, ya que constantemente sufren amenazas de taladores ilegales y de grupos del crimen organizado también que comercien con maderas preciosas y también con especies de animales que se dedican también a lucrar obteniendo de manera ilegal.

 

En múltiples  ocasiones los inspectores forestales se han visto agredidos por los mismos pobladores de estas regiones que, si bien no participan directamente en la tala ilegal, sí han construido una forma de vida alrededor de la venta de artículos construidos con recursos obtenidos ilegalmente.

 

A pesar de la existencia del Programa “Cero Tolerancia”. Estas circunstancias han persistido y el programa tampoco ha podido garantizar la integridad de los inspectores.

 

Un ejemplo de ello, es el que suscito el 16 de abril del año del año 2013, en el que siete inspectores, cinco hombres y dos mujeres fueron privados ilegalmente de su libertad por 300 comuneros que impidieron su salida del Parque Nacional Pico de Orizaba.

 

Aunque los inspectores forestales lograron ser liberados gracias al apoyo de 50 inspectores de la Profepa, 40 elementos de la Policía Federal, 60 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 40 de la Procuraduría General de la República.

 

Los  inspectores manifestaron tener temor de sufrir represalias posteriores y amenazas por parte de los comuneros.

 

Es importante mencionar que los inspectores forestales no cuentan con ninguna especie de seguro de vida que los cubre en caso cualquier eventualidad mientras desempeñan su humilde trabajo.

 

Considerando el alto riesgo, las condiciones en las que desempeñan su trabajo, no son las mejores, ya que el equipo con el que cuentan no ha probado ser eficaz, incluyendo el “Cero Tolerancia” a este programa que es para garantizar la integridad de los inspectores.

 

Es importante y el espíritu de esta iniciativa, es para poder facultar a las policías para que tengan más presencia en este tipo de áreas protegidas.

 

Por eso está reforma al artículo 158, en el capítulo uno, respectivo de la prevención y vigilancia forestal. En el cual versa que será ejercida con el apoyo y coordinación de la Policía Federal, en términos del inciso, fracción III y del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal misma.

 

Es para facultar, es una ley que faculta y para poder cubrir con mayor eficiencia y eficacia.

 

Lo que es de todos. Lo que es un bien público.

 

Lo que nos corresponde a todos que son nuestra naturaleza, nuestras áreas protegidas en nuestro país.

 

Es cuanto, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente; Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Senador.

 

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.

 

Primero, para felicitar a Marcela Guerra por esa excelente iniciativa.

 

Una felicitación más Marcela de la que ha recibido el día de hoy, que está relacionada con las áreas naturales protegidas.

 

Quiero decirles que en el estado de Campeche, contamos con un vasto espacio que tiene el cuidado del medio ambiente.

 

Y creo que comparto totalmente las ideas que hoy presenta, motivo por el cual le solicito a Marcela, si me permite incorporarme a la propuesta que hoy presenta relacionado a la protección y al cuidado de las áreas naturales protegidas de nuestro país.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Por supuesto que sí, es un honor y es un privilegio.

 

Gracias señor Senador.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Óscar.

 

Pido a la Secretaria tome nota de quienes suscriban la iniciativa de la Senadora Marcela Guerra, por favor.

 

Gracias.

 

Enseguida tiene la palabra la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

 

La Senadora Verónica González Rodríguez: Con la venia de la Presidencia.

 

Compañeras y compañeros Senadores: La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de las personas con discapacidad, y determinar que la Secretaria de Desarrollo Social, establezca programas de apoyo en materia de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona.

 

Derivado de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, desde hace algunos años distintas instancias de gobierno han prestado interés especial en desarrollar políticas de atención a personas con discapacidad, llegando a establecer programas para evitar la discriminación de este sector, y facilitar su accesibilidad a los espacios y funciones del Estado.

 

Pese a esto existen retos y adversidades que les impiden gozar de muchos de sus derechos básicos para tener una vida plena, siendo el derecho a la salud permanentemente violentado cuando se carecen de programas o apoyos en materia de alimentación.

 

Esta es una situación grave al considerar que en función del tipo de discapacidad que puede presentar una persona necesita una dieta específica en consideración a su condición.

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, garantizar el derecho a la salud, exige un conjunto de criterios sociales entre los que se encuentran la disponibilidad de servicios, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, por ende, cuando las políticas cuentan con criterios selectivos se atenta contra un derecho fundamental de estos grupos.

 

La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación tales como puede ser la alimentación.

 

Por  lo tanto, toda discapacidad denota aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud, factores personales y ambientales.

 

Esto constituye un gran reto para el Estado para evitar caer en discriminación al no articular la ley con el acceso a programas para tratar problemas específicos que favorezcan integralmente a este sector de la población.

 

Lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derechos a la salud, no sólo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de una amplia cobertura de factores adicionales, ya que muchos de ellos carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien porque muchas veces no cuentan con empleo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero o bien a vivir de limosna.

 

De acuerdo con los datos del Inegi, en México existen alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en un 5 por ciento de toda la población.

 

Sumado a esto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reportó que existe un 6.6 por ciento de población con algún tipo de discapacidad, además mostró que 1 de cada 2 personas con discapacidad son adultos mayores, habiendo mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los deciles de ingreso más bajo que los más altos.

 

Por lo tanto, son grupos que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social.

 

Muchos también pertenecen a comunidades rurales y carecen de recursos económicos suficientes, teniendo oportunidades limitadas para acceder a programas en materia de alimentación.

 

En nuestro país, desde la década de los años 80 se han gestado importantes avances en la materia, tanto en la Ley General de Salud en favor de las personas con discapacidad y el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión a  las personas con discapacidad.

 

Sin embargo, en el caso de alimentación nutritiva existen aún varios retos que deben atenderse.

 

Si nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia políticas de inclusión universal, es importante implementar medidas como lo planteado en la presente iniciativa, misma que pretende ser un elemento que coadyuve a entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garantices  las mismas oportunidades para todos por igual sin distinción alguna.

 

No hagamos selectivos los derechos de las personas con discapacidad, puesto que no sabemos mucho de estos, suelen ser violentados en la misma vida diaria, siendo necesario eliminar barreras, obstáculos, estereotipos y conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas ineficientes.

 

Eliminar la omisión de la responsabilidad implica el no considerar la nutrición de este sector de la población, es un desafío que debe de estar en las agendas de las distintas entidades y órganos de gobierno.

 

No debemos esperar más tiempo y seguir afectando a la salud de millones de personas por este vacío legal.

 

La discapacidad comprende  muchos elementos y cambiar la realidad de estas personas requiere medidas integrales que doten a las políticas públicas de una visión incluyente y elemental.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores un proyecto de decreto por el que se reforman diversos  artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

 

Tiene la palabra, Senadora.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidenta.

 

Distinguidos compañeros Senadores.

 

El día de hoy subo a esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del  Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

 

Como ustedes saben, con fecha 27 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

 

Con dicho decreto se realizaron modificaciones al inciso a), de la base segunda del artículo 41 y el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos VI y VII al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esto con la finalidad de desvincular al salario mínimo la función que adquirió como unidad de cuenta para diversos efectos legales y económicos, lo que evidentemente contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

 

A su vez, en el citado decreto se estableció el mandato de que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como las administraciones públicas federales, estatales y de la Ciudad de México y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización.

 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que reforma la Constitución general, se resalta la necesidad de fortalecer una política pública de incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo.

 

Asimismo, se formularon razonamientos relevantes en torno a la utilización del salario mínimo en 149 ordenamientos legales federales para efectos de calcular multas, sanciones a créditos del Infonavit, prerrogativas de los partidos políticos, gastos de campaña de los candidatos en los procesos electorales, cuotas para el pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones administrativas, el concepto económico de salario mínimo real y la caída del mismo en nuestro país desde 1976. 

 

Así como la reflexión de que el uso del salario mínimo para indexar precios y otros beneficios sociales en el ámbito económico, apunta haberse constituido un freno para el incremento de los salarios mínimos.

 

En específico la reforma prevé la creación de una nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización, que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica que actualmente se utiliza por las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores.

 

Así, el principal impacto de las modificaciones propuestas con esta iniciativa, corresponden a preservar la viabilidad financiera del Infonavit para el mediano y largo plazo, al asegurar que el rendimiento mínimo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores sea un reflejo del rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.

 

Esta iniciativa por sí misma es una reforma necesaria para no dañar principalmente esta subcuenta de vivienda, es en beneficio de los trabajadores.

 

El Infonavit, sabemos, es una institución de los trabajadores y lo que estamos persiguiendo es darle la estabilidad financiera a sus rendimientos y significa, por supuesto, ayudarlos y continuar con esa estabilidad para ellos, de quien es esta institución y, por supuesto, generar mayores activos.

 

Con ello, con la actualización de este artículo, se  apuntala la salud financiera del Instituto, asegurando su permanencia y fortaleza para todos, para todos sus derechohabientes actuales y futuros.

 

Esta actualización asegura que este organismo social  continúe cumpliendo cabalmente su doble mandato.

 

En su rol hipotecario, por un lado, dando la oportunidad de que los trabajadores tengan acceso al financiamiento para comprar su casa y asimismo su rol pensionario, el cual cobrará cada vez más relevancia, estará también un Infonavit más sano, más fortalecido, entregando al final de la vida laboral de sus derechohabientes los ahorros de toda una vida, incluyendo los intereses justos y competitivos  a dicho ahorro, a dicho esfuerzo.

 

Por lo anteriormente expuesto, los trabajadores se verán beneficiados con un instituto sólido y vigoroso, ya que los  recursos que integran el Fondo Nacional de Vivienda, son propiedad, como lo hemos comentado, de los propios trabajadores.

 

La necesidad de plantear una modificación al artículo 39 de la Ley del Infonavit, surge desde años recientes  a partir de que se ha iniciado un cambio paulatino, pero constante  e irreversible en la composición del activo financiero del Instituto.

 

Desde finales de los años 80’s, todos los créditos otorgados por el Instituto fueron originados en salarios mínimos.

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 39 de su ley, el rendimiento mínimo garantizado para el ahorro de los trabajadores en la subcuenta de vivienda, igualmente, está destinado en salarios mínimos.

 

Es decir, el Infonavit cobra en salarios mínimos y también paga  en salarios mínimos, guardando con esto un adecuado equilibrio financiero, un adecuado calce financiero.

 

No obstante lo anterior, a partir del año 2012, el Instituto quedó habilitado nuevamente para otorgar créditos en pesos, con tasas de interés fijas y pagos fijos.

 

En este mismo sentido, durante el 2015, el Infonavit lanzó un primer programa piloto  para reestructurar de valor salario mínimo a pesos hasta 15 mil créditos.

 

Esta acelerada  originación y reestructura de créditos en pesos, modificará el adecuado equilibrio financiero que se mencionó anteriormente.

 

De ahora en adelante,  y en una proporción cada vez mayor, el Infonavit cobrará en pesos y pagará  en valor del salario mínimo. Esta condición financiera es nombrada comúnmente como “descalce financiero”.

 

Asimismo, el artículo  26 de la Constitución establece que las obligaciones y supuestos previstos en los distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en unidades de medida y actualización, se deberán solventar entregando su equivalente en moneda nacional con la finalidad de respetar la utilización del peso como única moneda de curso legal en el territorio nacional.

 

En este sentido, todas las referencias que se tengan en la Ley del Instituto, deberán ser sustituidas por las relativas a  la Unidad de Medida y Actualización.

 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de dar cumplimiento a la reforma constitucional, se proponen modificaciones, como lo mencioné a los artículos 39, 44 y 55 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

 

Y, desde aquí, quiero hacer un reconocimiento a su titular, porque a días de hacerse cargo del mismo, ha vislumbrado y ha protegido, junto con su equipo de trabajo, el poder mantener la estabilidad financiera  de esta subcuenta de vivienda que los beneficiarios y que además, los trabajadores son los únicos, que ellos   serán los que tendrán el mayor beneficio con esta iniciativa.

 

Por ello, agradezco a todos ustedes su incorporación y, en especial, como lo comenté, al titular del Infonavit.

 

Muchísimas, muchísimas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa  Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera.

 

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

 

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidenta.

 

Para preguntarle a la Senadora si me permite adherirme a su iniciativa, que creo que es más que pertinente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Senadora Barrera?

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia (Desde su escaño): Con gusto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senador.

 

Pido a la Secretaría tome nota de los Senadores y Senadoras que quieran suscribir la iniciativa de la Senadora María Elena Barrera.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Enseguida se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General.

 

La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): ¿Me permite, Presidenta?

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Layda, por favor.

 

La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Muy brevemente quiero plantear el objeto de esta Iniciativa, ya que siendo la migración un problema que sacude al mundo en lo internacional y aquí en nuestro país.

 

Nosotros tenemos 4 mil 330 kilómetros de frontera terrestre; tenemos 100 años de historia legislativa. Nuestra primera Ley de Inmigración fue en 1908, entonces, nosotros lo que proponemos es que la Comisión de Migración esté considerada dentro de las Comisiones Ordinarias de este Senado. A la fecha lo es, pero por acuerdo, no por ley.

 

Entonces, nosotros creemos que no debe estar sujeta a los vaivenes políticos, a la buena voluntad de quienes forman la junta de notables, que en esta ocasión lo hubo, sino que trasciende esta legislatura, y que debería de ser considerada, por ley, una Comisión Ordinaria, no por acuerdo, tal y como está en la Cámara de Diputados.

 

Gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Layda.

 

Túrnese la presente iniciativa las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, Presidenta.

 

Compañeras Senadoras y Senadores: Hoy presento una Iniciativa de reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, partiendo de un principio donde buscamos la igualdad, la equidad y, sobre todo, el reconocimiento de nuestras lenguas y de las lenguas originarias.

 

Dialogar es reconocer al otro, y así también refrendar que las leyes cuando tienen voluntad de permanencia no pueden ser otra cosa que conversaciones, espacios de oportunidad y de comunicación. Y cuando más universales sea, mayor será la voluntad de hablar con todo el mundo. 

 

El 14 de julio del 2014, se publicó por decreto, por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual entró en vigor el 13 de agosto del mismo año.

 

En el contenido de dicha ley se señala el artículo 230, donde dice: “En sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, deberán hacer uso del idioma nacional”. Aquí es muy importante hacer un exhorto de poder darle el concepto, la definición.

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos del idioma nacional?

 

Nos referimos, acaso, ¿al español?

 

Que para quienes somos originarios o tenemos un origen en las diferentes culturas y las lenguas originarias de este país, el español es una lengua, al final del camino, impuesta, prestada, producto de una colonización. Por lo tanto, no podemos, no debemos, por razones de sangre, estar de acuerdo en que se pueda circunscribir el artículo 230 únicamente al precepto de idioma nacional entendiéndolo nada más como el idioma español.

 

No olvidemos que en México hay muchas lenguas, hay muchas culturas y que deben de tener permanentemente nuestro reconocimiento.

 

El mismo artículo 230 señala: “Lo anterior, sin prejuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda”.

 

Nos da un  tratamiento de adicionalmente, al mismo tiempo nos circunscriben únicamente a las concesiones específicas de uso social, donde ahí abre una oportunidad, una ventana muy chiquita para que se pueda hace uso la lengua originaria de cada región, de cada localidad.

 

Desde julio del 2014, el colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística” comenzó la batalla legal sobre este artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el 230, interponiendo un amparo por considerar discriminatorio el término idioma nacional, el cual hace referencia obviamente al español y, con ello, se excluía por lo menos 68 lenguas, 68 lenguas de las cuales deberíamos de sentirnos parte de nuestra esencia como mexicanos, porque muchos en quinta, en cuarta, en tercera, en segundo, o en primer generación, venimos de los pueblos originarios.

 

No es posible, entonces, que estemos con este artículo aceptando únicamente una mayor cobertura de comunicación en las concesiones a la lengua nacional refiriéndonos al español y dejando fuera cerca de 68 lenguas de los pueblos originarios de las once familias lingüísticas que tienen presencia en México.

 

Y que de estas once familias lingüísticas se derivan otras 364 variantes, toda una cultura, toda una gran población muy importante que se encuentra presente en todo el territorio nacional y, particularmente, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde hay una mayor concentración de los pueblos originarios.

 

Donde finalmente se encuentran los menores índices de desarrollo humano, donde se encuentra de generación tras generación la marginación y la pobreza, donde los padres no heredan oportunidades de desarrollo humano a sus hijos, lo que heredan es con lo que se hace, con la pobreza y se muere con la pobreza, y donde se ocupan los primeros lugares en pobreza alimentaria, y aunado a todo lo que en nuestro desarrollo regional como estados, en lo que debe de ser la oportunidad a la integración plena, a la alimentación, al bienestar de nuestras familias, todavía tenemos el artículo 230 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde excluye cerca de 12 millones de mexicanos de lenguas originarias que no tienen acceso a la comunicación de manera directa, porque se da prioridad a la lengua nacional.

 

Es por eso que las transmisiones de radiodifusión emitidas por las concesionarias…

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Adelante, Senador.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Decía entonces que debemos de hacer ese profundo análisis a este artículo 230 para que se pueda dar una cobertura amplia y, sobre todo, que podamos delimitar el concepto de lengua nacional y que no demos una ventana muy pequeña a las lenguas originarias para que en las pocas estaciones de radio comunitarias de los llamados radios de carácter social se puedan utilizar quienes descendemos más directamente de los pueblos nativos mexicanos.

 

Con base en lo anterior, el colectivo demandó que como consecuencia de restricción arbitraria, prevista en el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resultan violados sus derechos a la libertad de expresión, así como el derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto será un trato diferenciado e injustificado a los contenidos de la lengua indígena.

 

Por otra parte, señala trasgredido su derecho a participar en la vida cultural.

 

Finalmente el colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística” argumenta que también se trasgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a su autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimiento, cultura e identidad de la cual todos debemos sentirnos parte de estos pueblos originarios y de nuestro propio origen de lo que ha sido México antes de la conquista.

 

Es por ello, compañeras y compañeros, que hacemos una propuesta en lo que consideramos necesario que el Congreso de la Unión debe actuar de manera pronta para remediar la situación considerada como discriminatoria y dejar plasmado en un nuevo texto tanto en lo pluricultural de México como el respeto íntegro de los derechos de los pueblos originarios.

 

Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras, y las palabras están reconocidas en nuestras lenguas madres que es parte de nuestra cultura.

 

Por lo anterior, presentamos ante ustedes, a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto donde se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, proponiéndolo quedar de la siguiente manera.

 

Artículo 230. Es sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas nacionales, no de la lengua nacional únicamente entendida como el español, sino de las lenguas nacionales, de todas las lenguas originarias de nuestro territorio nacional, entendidas éstas como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas.

 

Por su atención, muchas gracias, y ojalá que nos puedan dar su apoyo y su opinión favorable.

 

Buenas tardes.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Sofío Ramírez Hernández.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas procedentes de la Secretaría de Acción Femenil del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Jesús Priego Calva.

 

Agradecemos su visita a este Senado de la República.

 

Bienvenidas.

 

(Aplausos)

 

Igualmente, damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Preparatoria del Colegio Arjí A.C., Campus Villahermosa Tabasco, invitados por el Senador Carlos Manuel Merino Campos.

 

Agradecemos su visita a este Senado de la República.

 

Bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Enseguida tiene la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que adiciona el Código Penal Federal  y el Código Federal de Procedimientos Penales.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta.

 

Es imperativo que sigamos luchando contra la corrupción, en particular contra las redes, y hoy quiero abordar con ustedes el tema de la cadena de mando, que es una parte fundamental en la ingeniería y la arquitectura de la corrupción en México.

 

Hasta ahora, el principio básico y generalizado se ha enfocado en los primeros niveles de la cadena de mando sin que éste llegue a los mandos superiores, ya que estos actos no son firmados por ellos sólo los ordenan, dirían, son corruptos, no tontos, instruyen, pero no dejan ninguna documentación para una persecución posterior.

 

Y, por el otro lado, muy eventualmente y en muy pocos casos, se ha atacado a las cabezas, pero sin que se ataquen las estructuras que están debajo de ellos.

 

Hay muchas formas de explicar la corrupción: los bajos sueldos, la ambición de los funcionarios; pero también hay que considerar que hay casos, que hay corruptos por instrucción, por órdenes, por tratar de conservar el empleo, por evitar el hostigamiento, o simplemente por seguir las instrucciones de un superior jerárquico.

 

En este sentido, la sumisión y el temor reverencial, que podemos decir que si bien no exime al servidor público que comete estos actos, sí puede ser una condición atenuante.

 

Los delitos a los que nos referimos en materia en particular son los que ya están considerados en el artículo del 214 al 224 del Código Penal Federal, como lo son: el uso indebido del servicio público, el aviso de autoridad, desaparición forzosa de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, por mencionar algunos.

 

El común denominador de todos estos delitos es que generan beneficios y que prácticamente en la totalidad no generan este beneficio exclusivamente para el que lo comete, también se comparte un porcentaje importante con el superior jerárquico o con los compañeros de trabajo, mientras que los ejecutores del acto acaban pagando pocas, pero algunas veces; los superiores, pues prácticamente nunca.

 

El punto es cómo evitar a estos llamados “fusibles”, es decir, aquellos que acaban pagando una culpa y evitan que la investigación llegue a los superiores. La propuesta es atacar las redes de corrupción generando incentivos para generar testimonios e información y evidencia contra todos los participantes.

 

La presente iniciativa tiene como objetivo incentivar la denuncia de la cadena jerárquica de corrupción, dando al servidor público que esté bajo proceso y que aporte información, testimonio y evidencia sobre la participación de sus superiores, compañeros o subalternos, y dependiendo de la utilidad de la misma y a criterio del juzgador, un beneficio de reducción de su pena entre el 20 y el 70 por ciento.

 

En países como Brasil y Guatemala, mediante mecanismos legales de esta naturaleza, se han podido escalar las investigaciones en casos de corrupción para llegar a los niveles más altos de gobierno, combatiéndola con eficacia de abajo hacia arriba, llegando al nivel presidencial, cosa que en México hasta hoy es impensable.

 

Brasil sentó su primer precedente con el escándalo llamado “Mensalão”, un esquema de corrupción donde se usaban fondos públicos para pagar sobornos al Congreso con la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno.

 

La investigación duró del 2005 al 2012 y resaltó en sentencia condenatoria de políticos, banqueros y empresarios, entre ellos el jefe del gabinete de  Lula, un ex jefe del Partido de los Trabajadores, líderes sindicales y el ex director del Banco de Brasil.

Otra operación llamada “Lava Jato”, involucró a 150 miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno Brasileño que enfrentan graves cargos frente al Tribunal Supremo de Brasil, por soborno, corrupción y lavado de dinero por un monto de cuatro mil millones de dólares.

En el proceso de investigación se descubrió que un grupo directivo de grandes empresas repartió un porcentaje de cada obra para Petrobras a cambio de sobornos para políticos y funcionarios de alto rango, además de que contribuyeron a financiar campañas y otros gastos políticos.

La clave de esta investigación ha sido precisamente que los indiciados aceptaron colaborar con información de otros involucrados a través de beneficios en su sentencia.

Otro caso destacado es el llamado “La Línea” en Guatemala, en mayo del 2014, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad de aquel país, comenzó una investigación después de recibir reportes de que un grupo de importadores con ayuda de oficiales aduaneros, falsificaron documentos para pagar sólo el 40 por ciento de impuestos, destinando un 30 por ciento a sobornos y el restante a la evasión fiscal.

Los ejemplos de lo ocurrido en estos dos países nos muestran la importancia y la urgencia de que nuestra legislación cuente con una herramienta para que las investigaciones puedan verse complementadas de manera adecuada y precisa, sin que la responsabilidad quede en un mando inferior.

En tanto no contemos con estructuras de investigación con esta clase de fortaleza, muchos casos como los que todos conocemos, seguirán quedando impunes o permanecerán en la duda absoluta sobre la legalidad de sus actos.

La propuesta de iniciativa que presento ha denominado el primer acuerdo en relación a la voluntad de un funcionario de confesar para llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y reducir su pena por los delitos cometidos.

Esta iniciativa adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal, y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales.

En el artículo 213 Ter que se adiciona, se establece que el primer acuerdo es el beneficio que pueda obtener un servidor público indiciado cuando aporte información, testimonio o evidencia sobre la participación de sus subalternos, superior o compañeros en los delitos vinculados a corrupción.

Hay otra alternativa que es que, antes de iniciado el procedimiento administrativo o penal en su contra, pueda confesar y también recibir este beneficio.

De aprobarse estas sanciones y de aprobarse estas reformas, no sólo será posible sancionar a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de los delitos.

Esta es una de las prácticas más exitosas a nivel internacional para combatir a las redes de corrupción.

Con esta propuesta reforzaremos el Estado de derecho y podremos facilitar una sanción adecuada a los funcionarios que cometan o se vean implicados en actos de corrupción, sin importar su nivel jerárquico, a motivar la denuncia de los más altos jerarcas, donde se generan estos delitos.

Por esto solicito que esta iniciativa se incorpore al paquete de medidas contra la corrupción, y estoy seguro de contar con su apoyo porque es lo correcto, es útil y es armónico con nuestro marco jurídico.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Luis Humberto.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría para con ellos.

El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de decreto:

Uno por el que se reforma la fracción séptima del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Y otro por el que se reforman los artículos 6, 14,19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

Asimismo tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, con el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Son todos los dictámenes de primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud en materia de atención a grupos vulnerables.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, sírvanse a manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Si se omite la lectura, señora Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo.

 

Por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sonia Rocha Acosta, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones en termino de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con la venia de mi señora Presidenta.

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

 

Por ello, es de suma importancia que los gobiernos de cada país elaboren las políticas públicas necesarias, tanto preventivas como paliativas que generen una cultura de cuidado de la salud en su población.

 

Con base a lo anterior, podemos decir que con una prevención eficaz, se puede llegar a reducir la atención de las personas con padecimientos como cánceres, el sobrepeso, la obesidad, afecciones respiratorias cardiacas e hipertensión y diabetes. Mismas que laceran a nuestra sociedad.

 

Se podrá  brindar un mejor servicio a aquellas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, o aquellos que tengan enfermedades crónico-degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras. Y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan un tratamiento.

 

Con ello, no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también podrían un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de la salud en óptimas condiciones.

 

Actualmente, los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos financieros e infraestructura y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

 

Con lo anterior, se destaca que en este rubro; en el rubro internacional existen normas que hacen valer el derecho a la atención médica, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala: “que se debe dar la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios y cabe poner énfasis en nuestro artículo constitucional que plasme el derecho a la protección de la salud que posee todos los mexicanos”.

 

En este tenor el Plan Nacional de Desarrollo en la Estrategia 233, hace referencia a mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

 

Por ello, las Comisiones Dictaminadoras consideran viable, reformar el artículo 35 de la Ley General de Salud y, con ello, conceder la atención médica referente a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, por lo que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a población abierta.

 

Lo que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo ordenamiento que hace referencia a que será materia de salubridad general la atención médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

 

En este tenor de ideas es importante la atención médica en los grupos vulnerables, los cuales están definidos en la Ley de Asistencia Social que en su artículo 5 dice: “Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situación de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y; por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”.

 

Es por todo lo anterior, que la reforma planteada por este dictamen pretende que el artículo 35 de nuestra Ley de Salud mencione lo siguiente:

 

Artículo 35. Los servicios públicos a la población en general, los que se presenten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios  fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

 

Por ello, compañeros y compañeras Senadoras pido su voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Salud, para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar una mejora en su salud, y con ello tener una mejor calidad de vida.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Armando Neyra Chávez: Con su permiso, compañera Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Preservar y garantizar el derecho a la salud de las personas representa una tarea fundamental para el Estado mexicano y sus instituciones.

 

El acceso a un sistema de salud de calidad universal es una condición básica para el  bienestar de la población y una de las mejores inversiones que puede realizar el gobierno para que, la calidad de vida y el nivel y desarrollo de las familias mexicanas se incremente.

 

Bajo estas consideraciones las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de la presente propuesta por lo que se reforma el artículo 35 de la Ley de Salud.

 

En  particular, de hacer énfasis en que los servicios de salud deben darse con prontitud y bajo los criterios de universalidad y de gratuidad a las personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

 

Por ello los legisladores de mi  partido respaldaremos esta iniciativa que permitirá coadyuvar en la elaboración de políticas públicas y de gobierno en materia de prevención de diversos padecimientos y construcción de una cultura de cuidado y de salud en la población.

 

Con su voto a favor del dictamen a discusión se podrá mejorar sustantivamente los servicios de salud de nuestro país, y lo más importante, se generará un impacto positivo a la economía de las familias mexicanas.

 

Señores legisladores: No podemos ser omisos ni indiferentes ante las diversas denuncias de malos tratos y de servicios ineficientes y diversas entidades del país como Oaxaca, Puebla y en la Ciudad de México.

 

Compañeras y compañeros: Es claro que el cuidado y protección de la salud es una condición fundamental e indispensable para el crecimiento y desarrollo del país, por su relación directa para mejorar los indicadores relacionados con el rezago social y la pobreza y marginación.

 

Bajo estas consideraciones es de vital importancia que las personas que están en desventaja por motivos de salud, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política y que se encuentran en mayor riesgo, tengan asegurado el acceso universal a los servicios de salud.

 

Reconocemos las medidas que ha tomado el gobierno de la República desde el inicio de esta administración, son acciones que hoy están dando resultados.

 

Por ejemplo, se han inaugurado diversos centros regionales de desarrollo infantil, estimulación temprana a través de los cuales se instrumentan diversas medidas  de prevención, vigilancia del crecimiento y desarrollo, diagnóstico y de atención oportuna.

 

Dado al fortalecimiento de las instituciones de salud, la mortalidad materna en México se ha reducido en un 40 por ciento en los pueblos indígenas, en los últimos tres años, aspecto que tiene gran valor, pero que sigue siendo insuficiente para nuestras aspiraciones de un México más sano.

 

Lo anterior es muestra clara que estamos transitando por el camino correcto. Sin embargo, no debemos escatimar esfuerzos en esta aspiración.

 

Es cuánto, compañera Presidenta.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeros y compañeras Senadoras.

 

Con su permiso, Senadora Presidenta.

 

Hablar del tema de la salud es un tema relevante para las y los mexicanos, y principalmente para nuestros pueblos originarios.

 

El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del cuarto párrafo al artículo 4 de nuestra Carta Magna, mediante el cual se elevó a rango constitucional el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud, disponiendo a través de la ley en el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud.

 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas o pueblos originarios de nuestro México, que se considera a la CDI, definió como indígenas a las personas que forman parte de un hogar donde el jefe o jefa, su cónyuge o alguno de los descendientes declara ser hablante de la lengua indígena.

 

En el mismo tenor, la Encuesta Nacional de Salud 2006-2012 estimó un total de 10.3 millones de personas indígenas, es decir el 9.4 por ciento de la población nacional en el país.

 

Los resultados de este análisis demuestran que persisten desigualdades en las condiciones de vida, la situación de salud y el acceso a los servicios de salud entre la población indígena y la no indígena.

 

En esta tesitura la Organización Mundial de la Salud, en su estudio realizado en el 2012 situó a Oaxaca en último lugar en lo relativo a la mortalidad infantil, con una tasa de 25 por cada mil nacimientos, tratándose indígenas, y de 49 por cada mil nacimientos.

 

Asimismo, en el caso de mortalidad materno-infantil no existe variación significativa, pues ésta se mantiene prácticamente de 6 por cada 10 mil, siendo la edad promedio de muerte de 29 años, ocurriendo la mitad de estas muertes en zonas rurales.  Y que dicha problemática a su vez ha resonado en el estado de Oaxaca en casos de deficiencia en atención de salud a hombres y mujeres indígenas. Además, como lo dio a conocer el Instituto Nacional de las Mujeres, 43 de cada 100 mujeres indígenas en edad fértil carece de acceso a los servicios de salud.

 

Lo anterior deja de manifiesto la situación que viven, o es potencialmente probable que vivan mujeres embarazadas, quienes además de no recibir una atención adecuada durante el embarazo, por diversas circunstancias al momento del parto, por no ser atendidas con el carácter prioritario, ni con la sensibilidad que debe existir con una mujer que requiera asistencia médica por una emergencia,  y además por tratarse de mujeres de origen indígena.

 

Ante este tipo de situaciones, la Ley General de Salud en su artículo 469 establece lo siguiente: “El profesional técnico o auxiliar de la atención médica, que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 5 a 125 mil días de Salario Mínimo General Vigente en la zona económica a que se refiera, y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años”.

 

En menos de un año se han registrado 11 casos de mujeres en México que han dado a luz en los patios o jardines de los hospitales, otras lo han hecho en las banquetas de los accesos principales, y una más en los baños.

 

Muchos de estos casos  son por desatención del personal médico.

 

En mi natal estado de Oaxaca, se presentó una vergonzosa experiencia de falta de  atención médica en octubre de 2013, donde una mujer indígena de origen mazateco, diera a luz en una jardinera del Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, este municipio pertenece a la cuenca de Papaloapan.

 

No siendo atendida por ningún  tipo de personal médico del nosocomio, alegando que no hablaba español. Lo cual lo convierte en una falta gravísima a su persona y a sus derechos humanos.

 

Y casos recientes, el de dos mujeres de origen indígena, las cuales le negaron los servicios médicos, pediátricos y gineco-obstétricos en el mes de junio del año 2015.

 

En el artículo 27 de la ley en cuestión, versa sobre los defectos del derecho a la protección de la salud y sus respectivas consideraciones que se toman para que un servidor sea considerado como básico en cuestión de salud, y dentro de estas consideraciones se encuentra la fracción X, que a la letra dice lo siguiente: “La asistencia social a los grupos más vulnerables y de estos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas”.

 

Considero preponderante reformar la fracción de mérito a efecto de establecer explícitamente la necesidad de hacer obligatoria  la asistencia de los grupos vulnerables y a los pertenecientes a las comunidades indígenas, de esta manera otorgaremos una alta prioridad a la conservación de la salud, mejorando condiciones estructurales de vida de los pueblos indígenas, en particular las medidas orientadas a la reducción de barreras de acceso a los servicios de salud, así como el goce pleno de la salud para los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana.

 

Por desgracia en nuestro país, no sólo en Oaxaca existen pueblos originarios, sino también hablando de Guerrero, de Chiapas, de Chihuahua.

 

 Es ahí donde tenemos que sumar esfuerzos, compañeros y compañeras Senadoras.

 

Es ahí donde tenemos que dejar de lado nuestra gran diferencia como posiciones políticas

 

Es ahí donde tenemos que hacer esa gran unidad  que nos fortalece a todos los que representamos a aquellos que tuvieron ese favor de confiarnos, ese loable favor que tenemos que hacer todas  y todos los legisladores que existimos en este máximo tribunal que representa al Estado mexicano.

 

Muchísimas gracias por su atención.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Por no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Senadora Silvia Garza.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Si me permite hacer llegar mi participación al Diario de los Debates.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senadora, su discurso se integra al Diario de los Debates.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y de la Universidad de Stanford, invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

 

Sean todos bienvenidos y bienvenidas.

 

(Aplausos)

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al registro del sistema, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Compañeros Senadores: Les informo que a petición de la Comisión de Salud, se retira de su discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud.

 

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación en materia de calendario escolar.

 

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, por instrucción de la Presidencia, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por diez minutos.

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señora Presidenta.

 

Distinguidos legisladores.

 

El día de hoy vamos a presentar una iniciativa enriquecida en el Diario Parlamentario por el Senado de la República que nos ha turnado el Ejecutivo Federal, y me voy a referir a cuatro aspectos: primero, el contexto; segundo, cómo nos llegó la minuta y cómo está la realidad actual; tercero, la propuesta que tenemos; y, finalmente, algunas consideraciones.

 

Introducción.

 

El tiempo escolar es un recurso educativo que incide de manera importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, el tiempo como tal es un recurso diferente a los demás porque es limitado, inexorable, indispensable e insustituible, este recurso educativo hay que racionalizarlo para poder tener el cumplimiento de los contenidos, de los planes y programas de estudio y, sobre todo, la transformación del educando, que es una persona única, irrepetible e insustituible.

 

No hay jornada ideal escolar en el mundo, y lo que tenemos qué pensar es cómo aprovechar mejor el uso del tiempo para que cada niña, niño y adolescente, en el momento en que está expuesto a un proceso de estimulación, de enseñanza-aprendizaje, donde se transforma en conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes pueda tener su mejor desarrollo integral, para esto podríamos tener varias preguntas, entre otras tres.

 

Primera.

 

¿A quién le correspondería establecer el calendario?

 

Segunda.

 

¿Cuántos días de calendario requerimos?

 

Y tercera.

 

¿Cómo aprovechar mejor el tiempo de la jornada escolar?

 

En la revisión de experiencias internacionales nos hemos dado cuenta que hay diferentes modelos para la toma de decisiones, en repúblicas o en gobierno unitarios nacionales estos son los que toman la decisión.

 

En el caso de México lo que uno quisiera ver cada vez más es un modelo federalista y de descentralización, donde los actores van participando.

 

En segundo momento, cómo estamos actualmente.

 

Según la ley vigente, los días calendario son 200, lo establece la Secretaría de Educación Pública y se da el marco de flexibilidad para que una vez publicado en el calendario la autoridad local pueda hacer algunos arreglos que en ocasiones corresponden, por ejemplo, a fenómenos meteorológicos, a periodos vacacionales, a emergencias de desastres naturales, entre otros, sin embargo este modelo ya está agotado porque tiene dos grandes limitaciones.

 

La primera es que tiene una operatividad discrecional que no da fundamentación técnico-pedagógica para las mejores decisiones.

 

Y la segunda, es que lamentablemente no fomenta las prácticas de que los actores involucrados puedan de una manera más activa participar, por eso la propuesta.

 

Tercer momento, lo que queremos es empoderar a la comunidad escolar, esta propuesta tiene cuatro principios fundamentales: la primera es el mejor aprovechamiento de la jornada escolar y el mejor desempeño en el aprendizaje; la segunda es la descentralización; la tercera es la participación de las comunidades educativas; y la cuarta es fomentar la autonomía de gestión.

 

Esta propuesta amplía el marco competencial de los actores directos y propone un modelo donde en tres niveles se dan participaciones muy importantes.

 

Primero.- En el nivel nacional la Secretaría de Educación Pública pone un calendario de 185 a 200 días, se da ese margen con la condición de que se cumplan los planes y programas de estudio, los objetivos y, desde luego, las horas de estudio.

 

Segundo.- Las autoridades escolares directamente involucradas, como son directores, supervisores, jefes de zona, hacen una reflexión para ver si esta es la mejor propuesta.

 

Y tercero.- La autoridad educativa estatal, la local, recomienda los ajustes al calendario y los aprueba a la autoridad para recomendar a la autoridad nacional para poder tener mejores niveles de eficacia.

 

Las comisiones dictaminadoras, y en esto agradezco a la Comisión de Educación, a toda completa porque lo revisó de manera muy acuciosa, y también debo destacar el papel muy comprometido de la Secretaría de Educación Pública que construyó esta propuesta en paralelo para buscar consultas de enriquecimiento y, en su momento, también se verá con los Diputados en San Lázaro, y la comisión de la materia, de Estudios Legislativos, que preside doña Graciela Ortiz, porque estamos buscando el mejor espacio para poder tener las mejores decisiones.

 

Y por eso estamos convencidos que un gobierno colaborativo que incorpore a los actores directamente comprometidos siempre va a ser mejor, porque nadie conoce mejor la realidad que la persona que lo está viviendo.

 

En el Senado, ¿en qué se enriqueció el diálogo en la discusión? Principalmente en insistir en el principio de federalismo de descentralización y, en particular, el fomentar la participación de la comunidad educativa y avanzar en la autonomía de gestión.

 

En este sentido, nosotros en el ámbito respetuoso de la República, le hicimos algunas consideraciones de redacción y añadimos que en la participación el Conapase, el Consejo Nacional para la Participación Social en la Educación, pueda recibir una consulta por parte de la autoridad federal antes de emitir lo necesario para el calendario escolar.

 

En caso de aprobarse esto iría a San Lázaro; en su caso al Ejecutivo durante el mes de mayo la Secretaría de Educación Pública expediría los lineamientos en consulta con los actores involucrados, para que en el tercer lunes de agosto, cuando inicia el calendario escolar, esto esté debidamente atendido.

 

Nos sentimos muy complacidos porque esto es producto de una colaboración republicana. El Congreso está para colaborar, no para servir, y aprovechamos esto porque creemos que está potenciando el máximo de participación.

 

Mi deseo es que el consenso que hoy se reúne en el Senado sea aprovechado para el bien de México y no para motivaciones personales ulteriores.

 

Es cuanto.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Presidente.

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral primero, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos.

 

Tiene la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senadora Presidenta.

 

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

 

El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos es de gran relevancia para continuar impulsando la reforma educativa, ya que busca optimizar el aprovechamiento efectivo del tiempo de la jornada escolar.

 

El proyecto de decreto plantea que el calendario escolar tenga una duración mínima de 185 días y una máxima de 200 días efectivos de clases, en los que se deberá cumplir con las horas de clase que establezca la Secretaría de Educación Pública.

 

Asimismo, se propone que la autoridad educativa federal establezca lineamientos para que las autoridades escolares de educación básica decidan el calendario escolar que mejor se ajuste a sus necesidades y condiciones generales.

 

En la discusión de esta propuesta, resultó necesario considerar el mandato constitucional que otorga al Estado mexicano la obligación de garantizar la calidad en la educación. Esto quiere decir que los materiales, los métodos educativos y la organización escolar, la infraestructura educativa, la actitud de los docentes y los directivos, deben garantizar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.

 

En consecuencia, el máximo aprovechamiento del tiempo escolar es mucho más importante que la duración del calendario escolar, a fin de promover la eficiencia educativa y ofrecer a los estudiantes múltiples posibilidades de desarrollo y aprendizaje.

Las cifras son contundentes. En los países de la OCDE la duración del ciclo escolar en educación primaria tiene un promedio de 185 días y 791 horas; mientras que en México son 200 días y 800 horas.

 

En el nivel secundaria los países de la OCDE tienen en promedio 183 días y 907 horas; mientras que en México reporta 200 días y mil 167 horas.

 

Estas cifras demuestran que México tiene la mayor duración del calendario escolar; sin embargo, los países con menos días y horas en sus calendarios escolares son los que tienen el mejor rendimiento en las evaluaciones educativas internacionales.

 

Adicionalmente, el calendario escolar de 200 días no siempre se cumple, ya que la mayoría de las entidades federativas se ven obligadas a realizar cambios y ajustes debido a factores meteorológicos y períodos vacacionales, así como días festivos en cada estado.

Por ello es necesario que las autoridades locales tengan mayor autonomía sobre el calendario escolar, bajo ciertas directrices definidas por el Ejecutivo Federal, a fin de asegurar que los ajustes no alteren la cobertura de los planes y programas de estudio.

Cabe mencionar que esta propuesta no genera impacto presupuestario, ya que no implica la creación o modificaciones de unidades administrativas, ni de plazas laborales para la Secretaría de Educación Pública.

Por último, coincidimos con las modificaciones de redacción que realizan las comisiones dictaminadoras, corrigiendo imprecisiones e incongruencias, con lo cual contribuyen a robustecer el espíritu de la iniciativa.

Por todas estas razones los Senadores del Partido Verde votaremos a favor de esta propuesta que fortalecerá la autonomía de gestión de las autoridades educativas locales sobre el calendario escolar, a fin de promover la eficiencia y calidad educativa.

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, Senadora Presidenta.

Compañeras y compañeros: Estamos en este momento del país en la implementación de una reforma educativa que ha tenido sus complejidades, pero que ha planteado, a mi juicio, tres momentos que son muy importantes y que vienen al caso por lo que estamos discutiendo.

Un primer momento es el ordenamiento del Sistema Educativo Nacional, y me parece que eso es imperativo, es importante que se haga, es importante que se realice, es importante que se lleve a la práctica en todo el país, no indiscriminadamente en algunos estados de la República, sino en todo el país, empezando obviamente por oficinas centrales, empezando por las Secretarías o los Institutos de Educación en los estados, y avanzando obviamente a todas las escuelas del país.

Esto es importante porque había permisibilidad en el sector educativo prácticamente de todo. Había funciones que no correspondían a una institución sindical  y que metía en mucho conflicto y en muchos procesos difíciles administrativos a la propia autoridad educativa local.

Entonces es importante este reordenamiento y me parece que la reforma educativa plantea de manera seria este tema, y obviamente llamamos desde aquí a que este tema se siga trabajando de manera mucho muy responsable.

Una segunda parte de esta reforma es lo que tiene que ver con lo laboral. De facto se ha planteado un nuevo estatuto laboral -esto hay que tenerlo presente-, un estatuto laboral que es el que tiene en la incertidumbre a prácticamente todos los educadores del país.

Se ha planteado en este estatuto laboral nuevo, que la evaluación sea el elemento fundamental con que los maestros de México puedan promoverse horizontal y verticalmente.

La evaluación de facto no significa de ninguna manera que su resultado eleve la calidad de la educación, que es el elemento fundamental de los argumentos del gobierno federal para con la reforma.

Hay muchos compañeros que ahora ya se evaluaron en el país, y la sola evaluación no ha repercutido de ninguna manera en la calidad educativa.

Ese argumento es falso y ese argumento me parece que es importante que lo tengamos presente porque creo que en un tiempo más adelante -no hay ánimo ahora- es importante revisarlo. Este es un elemento también fundamental.

Y hay una tercera parte de la reforma que a mi juicio es la parte medular, y es el análisis del modelo educativo.

Parece que el gobierno federal ha aceptado ya que este debate se dé, y este debate debe darse en lo posible, o es necesario que se dé desde los educadores del país.

Es importante que todos los maestros, desde todas las escuelas del país, puedan dar su opinión sobre lo que tiene que ver con una reorientación del modelo educativo. No es un asunto nada más de la curricula.

De lo que se está enseñando es muy importante, o de los materiales educativos con los que estamos enseñando también es muy importante, pero también es importante discutir y poner a debate los principios y los valores de la educación, los fines de la educación, el modelo pedagógico y didáctico, la política educativa, la planeación educativa, la evaluación educativa, el financiamiento de la educación, el marco jurídico de la educación, la administración de la  educación, el sistema de formación de docentes que es algo que también tenemos pendiente y los diversos niveles y servicios educativos que existen en el Sistema Educativo Nacional.

 

Este debate es a juicio nuestro el fundamental. Este es el real debate, es discutir la orientación que el modelo educativo de este país va a tener.

 

Es ubicar los paradigmas y los perfiles de egreso que van a tener los estudiantes cuando egresen del Sistema Educativo Nacional. No nada más en lo que refiere a la educación básica.

 

Por cierto, también debe darse en el sistema, en el nivel medio superior y también debe darse en el nivel superior.

 

Acabamos de tener un foro con la Comisión de Educación y la ANUIES, con la Comisión de Educación del Senado de la República, en Xicoténcatl, y ahí vertieron varias opiniones especialistas, académicos, estudiosos investigadores del nivel medio superior y superior fundamentalmente. Y la verdad nos han dejado con una gran tarea.

 

Es importante regular la educación superior, pero también es importante tomar en cuenta las condiciones y la opinión que tienen los académicos del nivel medio superior y del nivel superior.

 

No puede haber pues una reforma educativa de fondo, sin la participación de los maestros de México, y me parece que el gobierno federal está en las puertas para poder iniciar este proceso, ojalá que pueda llevar hasta las escuelas y que todos los maestros opinen sobre lo que ellos creen que tiene jugar el papel la educación en nuestro país. Y hoy aprobamos una modificación al calendario escolar.

 

Hay quienes piensan que entre más días se encuentren los alumnos en las aulas, mayor va a ser la calidad de la educación.

 

No, esto no es así, esto no es automático. La calidad de la educación está en razón de los elementos contextuales en los que se desarrolla el proceso aprendizaje.

 

El método que se emplea, los contenidos que se enseñan, las condiciones del aula, las condiciones de la comunidades, la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Son otros elementos.

 

Y, por último, concluyo diciéndoles a ustedes: que el grupo parlamentario va a apoyar esta propuesta que es una propuesta importante, el Senador Romero Hicks ya ha dicho más o menos el proceso con el que fue consensada, pero concluyo diciéndoles que al enterarnos que había un recorte presupuestal de alrededor de 4 mil millones de pesos, al sector educativo, al menos lo que tenemos que hacer es preocuparnos.

 

Sí es cierto que este la reforma fundamental.

 

Sí es cierto que la educación es el factor que determine y detona el desarrollo de una sociedad y de un país. A nosotros nos parece muy complicado que los recortes alcancen al sector educativo, al sector de la salud y al sector del campo.

 

El importante revisar este tema de manera muy responsable.

 

Vamos a votar a favor de esta propuesta los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.

 

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Con su venia, señora Presidenta.

 

Compañeros y compañeras legisladores: La reforma educativa impulsada por el gobierno de la República, desde el inicio de la administración es de largo alcance y de  mayor calado.

 

Cuyos resultados continúan materializándose en favor de millones de niños, adolescentes y maestros en todo el país.

 

Hoy, como nunca antes, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la calidad de la educación obligatoria. De manera tal, que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo logró de aprendizaje de los alumnos.

 

En cumplimiento de dicho objetivo, el Ejecutivo Federal, propuso flexibilizar el calendario y las jornadas escolares para fortalecer la autonomía y la gestión de las escuelas.

 

Se trata de optimizar el uso del tiempo de la jornada escolar que posibilite a los docentes desarrollar a plenitud el enfoque pedagógico del plan y los programas de estudio. Y a los alumnos aprovechar el tiempo de manera efectiva.

 

México es uno de los países con mayor número de días y horas de instrucción obligatoria en educación primaria y secundaria.

 

Empero, de acuerdo con los resultados de las diversas pruebas internacionales, como PISA, no parece haber una correlación positiva entre la actual duración del ciclo lectivo y los aprendizajes de los alumnos.

 

Basta señalar que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de días de clase por ciclo escolar en educación  primaria es de 185 días, con 791 horas de instrucción obligatoria;  mientras que en México son superiores, de 200 días y 800 horas respectivamente.

 

En secundaria el promedio es de 183 días, y 907 horas de instrucción obligatoria al año en la OCDE, y de 200 días, y 1,167 horas en nuestro país, siendo la más alta de los países de dicho organismo.

 

No obstante la revisión comparada establece que en los países con los mejores puntajes en las pruebas internacionales tienen por lo general menos días y horas en sus calendarios escolares que en nuestro país.

 

Con los cambios que se realizan a la Ley General de Educación se confieren atribuciones a las autoridades educativas locales para realizar ajustes al calendario establecido por la autoridad educativa federal.

 

El punto  medular es establecer que el calendario escolar tenga una duración mínima de 185 días, y una máxima de 200 días efectivos de clase, a fin de que las autoridades educativas locales lo sitúen a sus necesidades y condiciones regionales.

 

Coincidimos con la propuesta de ampliar la participación de los actores directos del sistema educativo, dotándole de facultades expresas para proponer el calendario escolar que mejor responda a las dinámicas específicas de su comunidad.

 

Sin duda falta mucho por hacer, coincido con mi colega y Senador y maestro Raúl Morón en que tenemos un proceso a mediano y largo plazo en esta reforma educativa.

 

Este gobierno implementa un esfuerzo extraordinario para ir en esa ruta que durante más de 30 años no se había logrado mover.

 

Coincidimos plenamente en que hay que ir en una profunda reforma al modelo educativo, y que sin los maestros no será posible alcanzar el éxito en la consolidación de la reforma.

 

Sin embargo, tampoco es de regatearse el mérito que hoy el gobierno federal  imprime para que la educación pública de calidad en este país sea una realidad, y en ello, los maestros de México están participando todos y cada uno de los días; sin duda hay debate, y siguen habiéndolo sobre la estabilidad laboral que pueda presentar esta reforma.

 

Sin embargo lo hemos discutido y seguiremos estando en la mesa de diálogo para el efecto de que hasta el momento ninguna prestación ha estado en riesgo de los trabajadores docentes del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación.

 

Sin duda las nuevas reglas  establecen que sean los mejores que sean los mejores los que estén frente a grupo; sin duda la promoción tendrá que ser a través de una evaluación, pero también habrá que reconocerse que los maestros que tengan los mejores avances en su calidad, también tendrán satisfactores económicos que alcanzarán arriba del 35 por ciento en su salario mensual.

 

Por eso, en esta ocasión, y a poco tiempo de distancia de que aprobamos la reforma educativa estamos haciendo una reforma a esta ley para efecto de poder flexibilizar el calendario escolar y poder ser largo en capacidad de gestión y autonomía en coordinación con autoridades educativas estatales y federales y con la participación de los consejos de participación social de la educación para hacer realidad que podamos tener calendarios flexibles de acuerdo a los diferentes Méxicos y las diferentes circunstancias que existen en nuestro país.

 

La bancada del partido Revolucionario Institucional irá a favor de esta reforma.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Daniel Amador.

 

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar su posicionamiento a esta Mesa Directiva, por lo cual se incluye en el Diario de los Debates.

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 numeral 1 fracción III de Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores.

 

La Senadora Erika Ayala Ríos, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Sofío Ramírez Hernández.

 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?

 

No habiendo más oradores que se inscriban, doy la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos.

 

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su venia Senadora Presidenta.

 

Honorable Asamblea: Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI para presentar nuestro respaldo al dictamen en el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

 

Este dictamen es el resultado de un amplio análisis por parte de todos los grupos parlamentarios realizado a partir de la iniciativa que envió el Presidente de la República.  Y aquí agradecemos el esfuerzo y el trabajo de todos y cada uno de los que integran la Comisión.

 

Es importante destacar, que tiene por objeto flexibilizar el calendario y  la jornada escolar para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, facultando a las autoridades educativas locales para autorizar a las escuelas los ajustes que realice en al calendario escolar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal. Y faculta a los consejos escolares de participación social, para opinar sobre el ajuste al calendario aplicable a cada escuela.

 

Además, especifica que el calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clases, y que las autoridades locales deberán aplicar en cada entidad las autorizaciones de ajuste al calendario que se hayan dado.

 

Con lo anterior, se pretende elevar la calidad de la enseñanza e incrementar el logro de aprendizaje de los estudiantes, con una jornada escolar diaria, mejor organizada y aprovechada, que permita a los docentes desarrollar a plenitud el enfoque pedagógico del plan de estudios y todos los contenidos de los programas de estudio en los tres niveles de educación básica.

 

Ahora se van a transparentar las modificaciones que se hagan al calendario escolar, y se faculta a los Consejos de Participación Social para que puedan opinar sobre estos ajustes del calendario, que es importante para que todos sepamos que se cumple a cabalidad con los programas educativos en toda la educación.

 

La reforma a la Ley de Educación privilegia la duración de la jornada escolar, sobre la duración del ciclo lectivo.

 

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo a la legislación vigente. Ofrecer educación de calidad es una obligación y responsabilidad que comparten las autoridades federales y locales.

 

La reforma que hoy estoy segura, vamos a aprobar, permitirá adaptar el calendario a las condiciones contextuales de cada escuela, región o entidad, sin perder de vista el objetivo de que nuestros estudiantes obtengan el máximo aprendizaje de calidad.

 

Por eso, invito a que apoyemos esta iniciativa, porque una educación de calidad necesita la suma de todos, pero también las herramientas legales para actualizar y con certeza dar las circunstancias de que los planes de estudio se cumplan.

 

Recordemos que la respuesta trasversal a todos los problemas de nuestro país en educación, se pueden solucionar.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia compañera Presidenta.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Estamos discutiendo un asunto que es de vital importancia para organizar de manera adecuada los planes y programas de estudio y poder así eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

El gobierno de la República está haciendo una propuesta en el sentido de que los días del calendario pueden ser desde 185 hasta 200 días de calendario escolar. 

 

Argumenta el gobierno de la República, que es necesaria esta adecuación debido a que en muchas partes del país las condiciones climatológicas son extremas; es decir, por las mañanas puede estar haciendo mucho frío en determinada época del año, y por eso es necesario modificar el calendario para que este frío no afecte a los niños, niñas y adolescentes que están en el Sistema Escolar Básico.

 

Que el clima en algunas partes del país es demasiado caluroso y que es necesario ajustar el calendario para que los días más cálidos, o más calientes o más calurosos no afecten a los niños, niñas y adolescentes.

 

Hemos insistido hasta la saciedad en esta tribuna, de que es necesario el tema de la infraestructura.

 

Como educador, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, puedo sostenerles que sí la infraestructura educativa se construye desde una visión pedagógica, esta situación puede superarse. Es decir, cuando hablamos de las épocas de frío y en los estados de la República en donde el frío es extremo, pues se requiere un tipo de construcción diferente a la que se tiene en estados de la República, o en lugares de nuestro país en donde el calor o el frío no son tan extremos.

 

Por eso a la hora de construir un aula no se puede construir del mismo material. Esta distinción no la hacen en el Inifed  y ni la hacen los institutos de infraestructura educativa de los estados, con el mismo material que construye en el clima caluroso de Guerrero, con ese mismo material construyen en el clima frío de invierno que se da en los estados del norte del país.

 

Por eso, cuando nuestros estudiantes llegan en Chihuahua, por ejemplo, a las aulas de gobierno, pues parecen congeladores, no parecen aulas de clase.

 

Entonces someter a un alumno a estas condiciones, es quebrantar todas las posibilidades de que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle de manera adecuada y hace imposible la posibilidad de tener educación de calidad.

 

Por eso, seguiremos insistiendo en que hay que mejorar la infraestructura, y ésta adecuarla a las condiciones  que tenga cada entidad federativa, o que tenga cada región del país.

 

Pero esto se dificulta por una razón, porque el gobierno de la República ya anunció recortes, ya anunció que se recortarán 4 mil millones de pesos al sector educativo. Imagínense, 4 mil millones de pesos al sector educativo, áreas estratégicas como son las escuelas de tiempo completo.

 

Una de las grandes deficiencias del Sistema Educativo Nacional, es precisamente que tenemos más de 10 millones de nuestros infantes que hacen por lo mucho una comida al día y si afectan a las escuelas de tiempo completo, pues entonces la posibilidad de incorporar a los niños  a que tengan alimentos sanos, suficientes y nutritivos otorgados por el Estado mexicano, esa posibilidad se elimina, y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje por más esfuerzo que hagan los maestros no puede generar educación de calidad.

 

Hacer un recorte en educación no sólo es un despropósito, es un crimen, porque rompe con todas las posibilidades de que la educación en México sea  equitativa, se violentan de manera flagrante los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

 

¿Se podrá arreglar algo con el cambio de calendario escolar?

 

Quizás en materia de sufrimiento de los infantes, pero no es suficiente; se requiere  que en un área estratégica para el desarrollo de cualquier país como la educación se cuide en no ser un solo recorte, es decir, no sólo quitarle un solo peso.

 

Desde aquí hacemos un llamado al ciudadano Presidente de la República, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Educación para que  piense  en que el motor de desarrollo del pueblo que es la educación se va a ver seriamente afectado con estos recortes, aunque hablamos y adecuemos el calendario escolar, de acuerdo a las condiciones que tiene cada entidad federativa en materia  de clima.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Discutimos, como bien lo dijo  el Senador Romero Hicks, este asunto a profundidad, se le hicieron unas adecuaciones que desde nuestro punto de vista pueden  generar lo que se busca con el cambio de calendario, y por eso lo vamos a votar a favor, pero seguiremos señalando con mucho  énfasis, que mientras no se mejore la infraestructura educativa en el país, el proceso de enseñanza-aprendizaje no podrá desarrollarse de manera adecuada, y la educación de calidad no va a poder hacer su arribo al Sistema Educativo Nacional.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

 

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cristóbal Colón, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Fernando Yunes Márquez.

 

Agradecemos su visita en este Senado de la República.

 

Sean ustedes bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, Presidenta.

 

Amigos Senadores, compañeras Senadoras.

 

Vengo, como uno de los mexicanos de los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Pacífico Sur, Michoacán, donde a lo largo de la historia de nuestro país, la educación ha sido siempre un espacio donde ha estado presente la falta de oportunidad para el verdadero desarrollo educativo, donde se encuentran maestros que tienen que caminar muchas horas para llegar a su centro de trabajo, pero que no han tenido un reconocimiento, no nada más a su función noble del proceso enseñanza-aprendizaje, si no han tenido un reconocimiento, un incentivo económico a su esfuerzo para llegar a su centro de trabajo, donde muchas veces se pone en riesgo hasta su propia integridad física.

 

Allá en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, no podemos tampoco negar, que por muchos años hemos estado esperando la oportunidad para una mayor y mejor infraestructura educativa.

 

Y aquí está la voz, que les ha dado la experiencia como parte de lo que es la escuela de la vida, al maestro Fidel Demédicis, al maestro Raúl Morón, y a muchos maestros y maestras de este país, que por profesión son normalistas, pero que por vocación tienen un profundo compromiso por la educación.

 

Pero pasaron muchos años y muchas administraciones, gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos de la República de los diferentes partidos políticos, y fue precisamente hasta en el 2012-2013 cuando se presentan las propuestas de las reformas estructurales de este país, y dentro de ello la reforma educativa.

 

Más allá de los conceptos ideológicos y de la línea política, lo más importante es la escuela al centro, los niños al centro, los maestros al centro y la educación al centro de las familias de este país.

 

Es por eso que expreso mi reconocimiento a los esfuerzos de la Comisión de Educación, al análisis y debate que se desarrolló en este recinto parlamentario para aprobar la reforma educativa, porque estoy convencido que con ello sembramos banderas blancas de esperanza y de oportunidad para que la educación sea verdaderamente el pilar del desarrollo humano de los mexicanos.

 

Muchos que provenimos de los pueblos, de las familias de escasos recursos económicos, que no tuvimos la oportunidad, en nuestros tiempos,  de una mayor y mejor educación.

 

Pero hoy no es por el pasado, ni siquiera en  un concepto de entretenerse por el presente hoy debe ser una visión a futuro.

 

Lo que podamos darle a las niños y niños de este país para lograr la calidad de la educación; donde podamos verdaderamente dar la oportunidad de que la educación sea el gran espacio para la formación de los seres humanos, y que el día de mañana podamos tener a ciudadanos mejor educados y con mayor oportunidad para salir adelante.

 

Como maestro, en mi oportunidad, frente al grupo viví la experiencia de todo lo que representa los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es por eso que cuando di mi voto a favor de la Reforma Educativa, lo hice convencido de que teníamos que alcanzar la oportunidad de la verdadera educación.

 

Hoy es un gran paso y por eso vengo a expresar mi voto a favor de esta reforma a la Ley General de Educación para flexibilizar el calendario escolar, pero es tan sólo un paso de los muchos que contempla la Reforma Educativa para que sigamos promoviendo la mejora de la calidad de la educación, la gratuidad de la educación pública y, sobre todo, que el propósito al centro de todos de todos los esfuerzos sea la escuela, los niños, los maestros, la infraestructura, que podamos reconocer el desarrollo profesional de los maestros con pleno reconocimiento a su vocación.

 

Con una mayor selección en lo que es la oportunidad de los escalafones de oportunidad para los maestros que buscan un mejor ingreso en función a su desempeño, que se respeten los derechos laborales, que se reconozca la vocación docente, que la evaluación sea objetiva y que sea un propósito integral sin discriminación a nadie y, sobre todo, un sistema educativo responsable.

 

Compañeras, compañeros Senadores: Yo tengo la plena confianza que la escuela centro tendrá su propósito en este gobierno de la República y en el esfuerzo que pone todos los días el Secretario de Educación Aurelio Nuño, que la infraestructura y el equipamiento es una tarea que está avanzando con las escuelas al cien, que el desarrollo profesional docente tenga pleno reconocimiento y los incentivos económicos conforme corresponda, que los planes y programas de estudio sean el verdadero contenido para una educación integral, que la equidad y la inclusión y, sobre todo, que se fortalezca la vinculación de la educación con el mercado laboral y una reforma administrativa de todo el sector educativo.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

Va mi voto a favor de esta reforma a la Ley General de Educación.

 

Buenas tardes.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Sofío.

 

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias Senadora Presidenta.

 

Compañeras, compañeros.

 

Hay muchos caminos distintos para llegar a un mismo lugar, tenemos todos como un alto objetivo nacional, la educación. que sea de calidad, que implica siempre una compleja red  organizativa, métodos, directrices, directrices pedagógicas y de contenido, infraestructura, recursos humanos, recursos financieros, y tenemos también un país enormemente diverso, no solamente en lo geográfico, también en las culturas, las lenguas y, por supuesto, el clima, las costumbres, las necesidades.

 

Muchas veces hablar de diversidad en México es también hablar de desigualdad, por eso aplicar los objetivos nacionales en el espacio local tiene por tanto múltiples posibilidades, múltiples caminos y es elemental saber que no se puede usar la misma receta para todos.

 

Querer hacer algo igual en todo y todas partes es caminar hacia un objetivo de forma y cambiarlo por uno de fondo, y eso puede ser muy peligroso, porque es forzar circunstancias y es también prohijar la simulación.

 

No es lo mismo los 46 grados centígrados de Hermosillo que los menos de 11 grados en La Rosilla, allá en Durango.

 

No es lo mismo que lluevan 50 mililitros de precipitación al año en San Luis Río Colorado, que los 4 mil 389 que llueve allá en mi tierra en Cacahoatán, en Chiapas.

 

No es lo mismo ir a la escuela caminando tres calles aquí en la Ciudad de México, que caminar tres horas, como ocurre en la sierra de Chihuahua, en la sierra de Oaxaca, o en la sierra de Chiapas. Cada estado, cada municipio, y en muchas ocasiones cada escuela tienen condiciones particulares para poder cumplir sus objetivos, por eso los objetivos  no deben de cambiar, pero los modos sí deben de estar sujetos a ajustarse.

 

Por eso me parece que esta iniciativa es positiva, no es tan amplia quizá, no llega al fondo, pero es positivo empezar por algún lugar, porque se reconoce finalmente la necesidad de ajustar la organización y el financiamiento de las escuelas en el principio de sus diferencias, las escuelas son el referente comunitario del saber el espacio, donde las niñas, los niños mexicanos adquieren las herramientas para el ejercicio de sus  derechos y de sus libertades.

 

Ese es el fondo de la educación, hacer hombre y mujeres libres en México, hacer hombres y mujeres libres significa, en el fondo de largo plazo, que no vendan el voto, que sepan leer y escribir, que sepan cómo deben de ejercer sus derechos, que sepan cuándo deben de señalar a la autoridad y denunciarla.

 

Por eso, cómo vamos a pedirle a la escuela que forme hombres libres si lo que menos han tenido son márgenes de autonomía y justamente márgenes de libertad para decidir los aspectos más elementales de su organización.

 

Y aquí sí quiero dejar muy claro que es una buena oportunidad justamente para dotar de esa autonomía las escuelas, pero entendiendo a la escuela no como el edificio, no como la burocracia, no como la parte física, sino como la comunidad, la escuela es la comunidad; la comunidad escolar que forman alumnos, padres de familia, y particularmente los maestros y las maestras.

 

Quienes están frente a grupo, quienes tienen contacto directo con niñas y niños, son quienes conocen realmente la realidad de la comunidad y además son quienes saben cuáles son los objetivos educativos nacionales y cómo deben de cumplirse; son los profes, al final, los grandes referente éticos de las comunidades.

 

Por eso, si ya les hemos dado la confianza de transmitir el conocimiento, de forjar en sus alumnos los valores nacionales, y como dicen los abogados, pues quien puede lo más puede lo menos. Por ello es correcto que ellos también sean ahora responsables de la administración del tiempo para ajustar horarios, calendarios y circunstancias específicas.

 

Me parece que darles esa libertad es darles una mayor responsabilidad también es, por lo mismo, poderles exigir también mejores resultados de la labor académica que, al final de cuentas, ese es el objetivo importante.

 

Maestras y maestros de México están comprometidos en su inmensa mayoría, no me cabe duda, con su vocación, con su labor profesional, por eso es tiempo de darles más poder y decirlo claramente: “Hay que darles más poder a los profesores, sobre todo en el espacio de lo local, de seguir confiando en su talento, en su vocación, en su compromiso social, y ahora también darles reconocimiento a sus capacidades organizativa.”

 

La escuela rural mexicana hizo de esta nación, en un momento convulso, una nación más ordenada con referentes éticos distintos a los de la Iglesia, y eso lo hicieron los profesores, y eso lo hicieron con una capacidad organizativa impresionante, ahí está la verdadera transformación de México, no está ni siquiera en este salón de sesiones, está en los salones de clases.

 

Por eso, una escuela que responda a necesidades locales y no a rígidas, y muchas veces absurdas directrices administrativas generales, se adapta mejor a su entorno y tiene mucho mayores posibilidades de éxito.

 

Maestra y maestros de México con mayor capacidad autogestiva deben y podrán ahora hacer de nuestras escuelas un ejemplo práctico del ejercicio cotidiano de algo que nos hace falta mucho, el reconocimiento de nuestras responsabilidades y el ejercicio pleno de nuestra libertad.

 

Enhorabuena y empecemos ya.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 88 votos a favor, dos votos en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Secretaria.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores.

En el orden del día de hoy está inscrita una iniciativa que suscriben diversos Senadores y Senadoras de los grupos parlamentarios, que contiene un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, para derogar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, y se agrega el inciso k) en el artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El proyecto está publicado en la Gaceta.

Los promoventes solicitaron el turno directo a comisiones.

En consecuencia se turna a las Comisiones Unidas de Justica; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen en sentido negativo de las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.

 

En consecuencia, está a discusión.

 

En virtud de no haber intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de decreto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidenta.

 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobada, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

 

Comuníquese.

 

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlos por concluido e informar al promovente.

 

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente de las entidades federativas, en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca a apoyar los proyectos ciudadanos en favor de conservación y protección.

 

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

 

En consecuencia, está a discusión.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para  hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Jesús Priego Calva: Con la venia de la Presidencia.

 

Compañeras y compañeros Senadores: En el grupo parlamentario del PRI, compartimos el interés de establecer condiciones que garanticen la conservación y protección de la mariposa monarca, con el presente asunto que afirmamos nuestro compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente.

 

En consecuencia, votaremos a favor de este dictamen, a través del cual se impulsa el apoyo de los proyectos ciudadanos para la conservación y protección de la mariposa monarca, tanto en los sitios de invernación, como en los que comprenden su ruta migratoria.

 

Para ponderar la trascendencia de la mariposa monarca y su ruta migratoria. Basta mencionar que en el año 2008, la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad.

 

Es fundamental contar con medios efectivos de la salvaguarda del santuario de la mariposa monarca y la conservación de su ruta migratoria. Debido a que ambas son cruciales para la conservación de dicha especie.

 

Es oportuno precisar que la mariposa monarca cuenta con una función primordial como agente de equilibrio para los ecosistemas de que funge como un indicador de los cambios que presenta el planeta.

 

México forma parte de los países considerados como diversos, situación que nos constriñe en la obligación permanente e ineludible de preservar nuestra riqueza biológica, incluida la mariposa monarca.

 

Es propicio referir que la mariposa monarca se distingue por distintas cuestiones, como es su longevidad, pues como se refiere en el dictamen puede llegar a vivir hasta nueve meses, mientras que la mayoría sólo alcanza las 24 horas.

 

Aunque su hábitat se extienda a gran parte del Continente Americano, el fenómeno migratorio que todos conocemos y admiramos, se delimita a Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, México. Donde se encuentran las condiciones idóneas para pasar el invierno.

 

La majestuosidad de la mariposa monarca es reconocida por todos, pero en estados como Michoacán se observa aún más, pues gracias a su actividad polinizadora, dicha actividad está entre los primeros lugares a nivel mundial, en cuanto a variedad de flora se refiere.

 

No es extraño que a nivel nacional, regional e internacional, se han impulsado, establecido y fomentado múltiples acciones encaminadas a ser asequible la conservación y pleno desarrollo de mariposa monarca.

 

Por mencionar un ejemplo, como se refiere en el dictamen, la mariposa monarca ha sido símbolo de diferentes acuerdos y la relación que existe entre los países que integran América del Norte.

 

En el ámbito nacional se mantiene como un tema central que es atendido desde todas sus aristas. Prueba de ello, son las áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, entre las que se encuentra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca ubicada en Estado de México y Michoacán.

 

La Reserva de la Biósfera Sierra del Abra-Tanchipa, en San Luis Potosí y el Parque Nacional El Cimatario, en Querétaro.

 

Compañeras y compañeros: Los legisladores del grupo parlamentario del  PRI, estamos convencidos de que resulta esencial que las acciones de conservación y protección de las mariposas monarca no se debe limitar a los destinos finales, sino que más bien debe ser integral.

 

Bajo estas consideraciones resulta vital exhortar al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogos de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca para que apoyen los proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección tanto en los sitios de invernación como en los que comprenden su ruta migratoria.

 

Es cuanto, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Senador.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Silvia Garza Galván: Con su permiso, Senadora Presidente.

 

Muchísimas gracias a la Senadora Ninfa Salinas, Presienta de la Comisión de Medio Ambiente por su atinada participación en este dictamen favorable para México y para sus recursos naturales, gracias a todos los compañeros de la comisión por el apoyo a este punto de acuerdo, hoy traducido en dictamen.

 

El presente dictamen exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente tanto local como federal para que apoyen los proyectos ciudadanos.

 

Si bien es cierto que existen algunas medidas por parte de la autoridad en apoyo a la preservación y conservación de las áreas donde llega la mariposa monarca, es indispensable el apoyo de la sociedad civil; de todos aquellos ciudadanos organizados que están interesados en proteger y conservar el hábitat de esta maravillosa especie.

 

Sabemos perfectamente la ruta de todo lo que viajan, que salen de Canadá, pasan por Estados Unidos y  llegan a nuestro país, porque aquí tienen las condiciones que se necesita para pasar el invierno.

 

Y además de ser un espectáculo fascinante el ver a esta especie, quiero decirles que es muy importante precisamente por el efecto polinizador que tienen, y que,  permiten el equilibrio de los ecosistemas por donde van pasando, garantizando la producción de alimentos y que favorece la vida del ser humano.

 

Pero en el paso de esta ruta llegan a diferentes áreas naturales protegidas.

 

Es tan importante la especie que en el 2008 la UNESCO declaró a la mariposa monarca como patrimonio de la humanidad.

 

Y precisamente el día de ayer, en Chapultepec se inauguró el  Mes de la Mariposa Monarca, donde estuvo presente, por supuesto la Conam, y algunas asociaciones civiles como WWF.

 

Compañeros y compañeras Senadores: Me gustaría mucho el apoyo a este dictamen, porque las autoridades deben de estar ocupadas y preocupadas por garantizar que esta especie esté protegida, y el sumar a la sociedad civil es de muchísima importancia.

 

Nosotros necesitamos hacer esfuerzos más grandes para que sea efectiva la protección, les puedo comentar que el pasado mes, una fuerte helada y vientos bastante intensos mataron aproximadamente 1.5 millones de ejemplares de esta especie.

 

Pero también, hace meses hubo una tala indiscriminada, aproximadamente de 8 hectáreas en la zona núcleo, allá en Michoacán, y así en las diferentes áreas naturales protegidas; por eso consideré muy pertinente firmar la iniciativa de la Senadora Marcela, que precisamente propone esta protección, vigilancia acompañada de la autoridad  de la autoridad federal, es excelente la iniciativa, ojalá se apruebe y esto va a beneficiar precisamente a nuestros recursos naturales.

 

Compañeros: La conservación de las áreas naturales protegidas es de suma importancia, son espacios que se escogieron, no crean que al azar, sino por las condiciones biológicas, ecológicas de edafología, ambientales, de paisaje urbano que tenemos que conservar.

 

La autoridad federal, la Semarnat tiene que garantizar que estas áreas naturales protegidas sigan así siempre, y tenemos que cumplir con las firmas de los tratados internacionales de la Convención de Biodiversidad donde iremos por el 17 por ciento del territorio en áreas naturales protegidas que les sirvan a México, que les sirvan a  los mexicanos  y que todo vaya relacionado a la protección de nuestros recursos.

 

Por su atención y por su voto a favor, muchísimas gracias por ayudarnos a conservar a la mariposa monarca, a su ecosistema, a su recinto, a su santuario.

 

Muchísimas gracias compañeros, y recuerden que necesitamos conservar a nuestros mejores aliados, que son los árboles.

 

Es cuanto, Senadora Presidente.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Silvia Garza.

 

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica,  si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado el acuerdo, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

 

Comuníquese.

 

Compañeros Senadores: La Mesa Directiva suscribió un pronunciamiento en torno al Día Mundial de la Salud.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea.

 

En el orden del  día de esta sesión, se registraron por conducto de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, variadas comunicaciones respecto al Día Mundial de la Salud.

 

Por lo tanto, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores desea emitir el siguiente pronunciamiento:

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, instituyó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud.  Este año decidió dedicar el día a una enfermedad grave, pero tratable, la diabetes.

 

Actualmente hay 422 millones de personas en todo el mundo que tiene diabetes, cifra que la OMS considera probable que se duplique en los próximos 20 años.  Esta enfermedad crónica se produce por exceso de glucosa o azúcar en la sangre, debido a la disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción.

 

El efecto de la diabetes no controlada daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

 

La Federación Mexicana de Diabetes estima que entre 6.5 y 10 millones de personas padecen esta enfermedad, de la cual 2 millones de personas ignoran que son portadoras.

 

Asimismo la diabetes representó para 2012 la segunda causa de muerte directa o indirecta, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

 

Recordemos el compromiso asumido el año pasado por el Estado mexicano, con la adopción de los objetivos de desarrollo sustentable, cuyo objeto incluye la meta de reducir la mortandad prematura por enfermedades no transmisibles en un tercio.

 

Según previsiones de la OMS, en 2030 la diabetes será la séptima causa de defunciones en el mundo. En este tenor debemos recurrir a la prevención y detección como armas claves para detectar y tratar la diabetes.

 

En virtud de lo anterior, las Senadoras y Senadores integrantes de la Mesa Directiva, ponemos a consideración el siguiente acuerdo:

 

Primero.- Se hace un atento llamado a las autoridades del Sector Salud, a realizar las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico de la diabetes y el acceso a medicamentos esenciales, como la insulina.

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la que en el marco del Día Mundial de la Salud, fortalezca la implementación de las líneas de acción de la estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

 

Tercero.- Se exhorta a las autoridades del Sector Salud a incrementar las campañas informativas sobre la diabetes y sus consecuencias, principalmente las dirigidas a los jóvenes.

 

Es cuánto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Comuníquese.

 

Las proposiciones registradas sobre este tema, se dan por atendidas con el acuerdo de la Mesa Directiva.

 

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a la Mesa Directiva el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

 

Este documento está disponible en el monitor de sus escaños.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva, únicamente.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidenta.

 

Convocatoria pública a partir de las siguientes bases:

 

Primera. Se convoca a las personas interesadas para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que emite el cumplir con los requisitos legales y con experiencia profesional en materia de medios públicos de radiodifusión, a presentar su candidatura mediante solicitud por escrito en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, esquina Insurgentes Centro, sótano 1, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030, a partir del día 11 de abril de 2016 y hasta el 15 de abril de 2016, en un horario de 10:00 a 18:00 horas en días hábiles.

 

Segunda. Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los interesados deberán acompañar a su carta de solicitud los siguientes documentos:

 

1.- Currículum Vitae con fotografía, en el que precise, fecha de nacimiento, los datos generales y número telefónico del aspirante, acreditando principalmente experiencia profesional de más de cinco años en materia de medios públicos de radiodifusión.

 

2.- Versión pública por el interesado del Currículum Vitae que acompaña, en términos de los requisitos que establezcan las disposiciones normativas aplicables.

 

3.- Copia certificada  del acta de nacimiento del aspirante y su credencial para votar con fotografía por ambos lados, expedida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral.

 

4.- Copia certificad del título profesional o de licenciatura, preferentemente relacionado con medios de comunicación.

 

5.- Escrito en el que manifieste  bajo protesta de decir verdad:

 

a).- No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en ningún partido o agrupación política en los dos años anteriores a la presentación de su solicitud.

 

b).- No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

 

c).- No desempeñar, ni haber desempeñado cargos de Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado o Senador en el año anterior a la presentación de su solicitud.

 

6.- Un ensayo con máximo de diez cuartillas en hoja tamaño carta, letra tipo Arial, tamaño 12, que incluye los siguientes dos apartados: 

 

a).- Los puntos más importantes en el que se basaría su participación como Consejo Ciudadano.

 

b).- Las razones por las que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo.

 

7.- Documentación que permita acreditar sus conocimientos en materia de medios públicos de radiodifusión.

 

8.- Un disco compacto que contenga:

a).- Copia de todos los documentos digitalizados en formato PDF.

 

b).-  Versión pública de todos los documentos solicitados en la presente Convocatoria en formato PDF.

 

9.- Una carta signada por el aspirante en la que otorgue su consentimiento para que el Senado de la República publique la versión pública que entregue de sus documentos.

 

Los documentos que entregue deberán estar foliados y firmados con tinta azul en su margen derecho; y, en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberá contar con una firma autógrafa del aspirante.

 

Los originales podrán ser requeridos, en cualquier momento, por las comisiones dictaminadoras para realizar el cotejo de los mismos con copias exhibidas.

 

Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la materia de transparencia y acceso a la información pública.

 

Tercera. La Junta de Coordinación Política del Senado, mediante acuerdo que adopte para tal efecto, remitirá dentro de los tres días siguientes al cierre de la recepción de los documentos a las Comisiones  de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, la documentación de los aspirantes. La falta de algunos de los documentos aquí señalados o su presentación fuera de tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para considerarlos inelegibles.

 

Cuarta. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación del Senado de la República, deberán acordar el formato y metodología para la evaluación de los candidatos.

 

Quinta.- Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, analizarán exhaustivamente las propuestas y procederán a la presentación ante la Junta de Coordinación Política del listado en el orden alfabético, debidamente fundado y motivado de los candidatos que, a su juicio, cumplan con los requisitos de la presente convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a más tardar el 25 de abril del 2016, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado.

 

Sexta. Una vez recibido el listado de los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno del Senado, mediante un acuerdo, los nombres de los candidatos que integrarán las vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en los siguientes términos:

 

a).- Un consejero cubriendo la vacante de la ciudadana Nora Patricia Jara López, quien desempeñará  su cargo por un periodo de 5 años; y

 

b).- Un consejero cubriendo la vacante generada con la renuncia del ciudadano Raúl Quintanilla Matiella, quien desempeñará su cargo hasta el 1º de diciembre del 2017.

 

Séptima. La propuesta de la Junta de Coordinación Política será puesta a la consideración del Pleno del Senado  de la República para su votación por cédula.

 

Octava. Una vez aprobado por el Pleno del Senado el nombramiento respectivo, las personas designadas rendirán protesta de Ley.

 

Novena. Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta parlamentaria y en la página electrónica del Senado, a partir de la fecha de su aprobación y hasta el día 15 de abril del 2016, así como al menos dos de los diarios de circulación  nacional.

 

Décima. Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Junta de Coordinación Política.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Está a discusión.

 

No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto convocatoria presentado.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidenta.

 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de convocatoria.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque ser rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

 

Publíquese.

 

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a la Mesa Directiva el acuerdo por el que se establece el procedimiento y se emite la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco.

 

Este documento está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva únicamente.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

 

Convocatoria.

 

Primero. Se convoca a las personas interesadas en ocupar los siguientes cargos:

 

1.- Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local de la Ciudad de México.

 

2.- Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del estado de Querétaro.

 

3.- Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del estado de Tabasco.

 

Segundo. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que estimen a reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el Sótano número 1, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030, a partir del 11 de abril del 2016 y hasta el 15 de abril del 2016, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas en días hábiles, la solicitud respectiva.

 

Deberá acompañarse por duplicado de la documentación siguiente:

 

1.- Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.

 

2.- Versión pública elaborada por el interesado del Curricular Vitae que acompaña en términos de los requisitos que establecen las disposiciones normativas aplicables.

 

3.- Copia certificada de los siguientes documentos:

 

a).- Acta de Nacimiento

 

b).- Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años.

 

c).- Cédula Profesional.

 

d).- Credencial para votar con fotografía.

 

e).- Documentos que corroboren el Currículum Vitae.

 

4.- Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad:

 

a).- No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión.

 

b).- Haber residido en la entidad federativa del que se trate durante el último año.

 

c).- No haber sido de la entidad de que se trate: Gobernador, Secretario, Procurador, Senador, Diputado Federal o Local, en los últimos 4 años.

 

d).- No desempeñar ni haber desempañado cargo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político.

 

e).- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años.

 

f).- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos 6 años.

 

g).- En el caso que sea, o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, y en caso de respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, se ha dictado resolución, el sentido de la misma.

 

5.- Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho laboral.

 

6.- Ensaño con extensión máxima de 5 cuartillas en hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas:

 

Análisis de la reforma constitucional electoral.

 

Análisis de las reformas secundarias.

 

Competencia del Instituto Nacional Electoral.

 

Armonización de las legislaturas locales en reforma política electoral.

 

7.- Si el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, deberá presentar escrito con una extensión máxima de 3 cuartillas donde expone las razones o motivos por los que considera debe seguir perteneciendo a dicho Órgano.

 

8.- Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de Justicia.

 

La Junta de Coordinación Política del Senado remitirá, dentro de los 3 días siguientes al cierre de la recepción de los documentos, a la Comisión Justicia, la documentación de los aspirantes, y emitirá un acuerdo para validar los mismos. La falta de alguno de los documentos  aquí señalados o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para decretarlos inelegibles.

 

Las versiones publicadas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

 

Tercero.- Con la intención de brindarle máxima publicidad a la presente convocatoria, deberá publicarse en la Gaceta del Senado, en dos periódicos  de circulación nacional, en la página oficial del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión de Justicia.

 

Cuarto.- La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología para la evaluación de los candidatos.

 

Quinto.- La Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de Coordinación Política, mediante dictamen, fundado y motivado, del listado de los candidatos que cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria considere que reúnen las condiciones de legibilidad para el cargo de Magistrado Electoral para integrar el órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, y de los estados de Querétaro y Tabasco, a más tardar el 25 de abril del presente año, la cual será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado.

 

Sexto.-  Una vez recibidas las listas de los candidatos en los términos del punto que antecede, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores la lista de los candidatos que considere serán elegibles para cubrir las vacantes de referencia, indicando el periodo por el cual serán elegidos en términos del numeral 1 del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Séptimo.-  Los Magistrados Electorales elegidos rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

 

Octavo.-  En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría constitucional de los tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción IV, inciso c) párrafo V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación.

 

Noveno.- La designación de quienes resulten electos respectivamente se comunicará al Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de los estados de Querétaro y Tabasco, al Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los presidentes de los congresos de los estados de Querétaro y Tabasco, al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a los presidentes de los órganos locales en materia electoral de la Ciudad de México y los estados de Querétaro y Tabasco.

 

Décimo.-  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Está a discusión el proyecto de convocatoria.

 

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que propone el procedimiento y la convocatoria.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que propone el procedimiento y la convocatoria.

 

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se aprueba, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México, y de los estados de Querétaro y Tabasco.

 

Publíquese.

 

Compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que recibimos en la Mesa Directiva el Informe con los resultados y conclusiones principales de los trabajos de las Audiencias Públicas realizadas a propósito del análisis y debate relativo al posicionamiento de México ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

 

Dicho informe está suscrito por las Senadoras Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y por los Senadores Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; y Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

 

Publíquese el Informe en la Gaceta.

 

Compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en la agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

 

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 12 de abril, a las 11:00 horas.

 

Se levantó la sesión a las 15:10 horas.