Versión estenográfica de la Consulta sobre la iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, celebrada en el Senado de la República.
(Primera parte)
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muy buenos días tengan todos ustedes.
Para quienes integramos el Senado de la República, es un honor tenerlos esta mañana con el propósito de llevar a cabo un primer Foro en relación con la Ley de Recursos Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita; también conocida como la ley contra el lavado de dinero.
Como ustedes saben, amigas y amigos; compañeros senadores, el Senado se ha caracterizado por ser un espacio de discusión y de reflexión sobre los temas de la agenda nacional. En esta oportunidad, precisamente, en relación con la ley que nos ocupa.
La ley, como es del conocimiento de todas y todos ustedes, entró en vigor hace casi dos años y ha significado un importante instrumento para verificar que las operaciones económicas se realicen en un marco de transparencia y legalidad.
No obstante ha significado también un importante esfuerzo para diversos sectores económicos que participan en el registro y la notificación de operaciones de gran cuantía: las llamadas actividades vulnerables, que obligan a quienes realizan operaciones de comercio o servicios, que informen de las transacciones económicas que realizan con base en los límites establecidos en la ley.
Esa circunstancia que aplica a notarios, a quienes les damos la bienvenida en su representación; a corredores públicos, que también nos acompañarán a lo largo del desahogo de este encuentro; a los agentes inmobiliarios; a casas de empeño, de subastas y de apuestas; a distribuidores de vehículos terrestres, marítimos y aéreos; a vendedores de joyas, que también nos acompañan, y metales preciosos; a compañías de transportes de valores, entre otros.
A todos quienes hoy nos acompañan esta mañana, les damos la más cordial bienvenida.
El propósito del Foro es hacer una reflexión amplia para reducir la carga económica que implica cumplir las obligaciones de la Ley para los Sectores Económicos calificados como vulnerables, pero también para seguir siendo muy puntuales en lo que a todos nos interesa: prevenir que efectivamente se puedan realizar operaciones que no estén catalogadas de manera lícita dentro de la economía nacional.
Hasta ahora reconocemos que la participación de los sectores económicos ha sido definitiva para los propósitos de la ley, que no es otro sino seguir la ruta del dinero como el mecanismo más eficaz para abatir cualquier actividad del crimen organizado.
En ese sentido, me complace mucho que hayan aceptado la invitación.
Aprecio, y en nombre del presidente de la Comisión de Hacienda, del senador José Francisco Yunes, a mis compañeras y compañeros legisladores que nos acompañan.
Quiero agradecerle a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a la senadora Cristina Díaz, quien también tiene el turno de esta ley que nos ocupa.
Por supuesto, al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al senador Enrique Burgos, integrante además de la Comisión de Justicia, que también tiene el turno del análisis correspondiente.
A mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, al senador Manuel Cavazos y al senador Alejandro Tello, que también nos acompaña esta mañana.
A lo largo de la jornada, estarán incorporándose compañeros de otras comisiones.
Advertir que en todos los casos tenemos gran interés de escucharles, de poder construir los consensos adecuados y, sobre todo, la pertinencia de la ley.
En este sentido, también apreciar enormemente la asistencia de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, representadas en este caso por el licenciado Narciso Campos Cuevas.
De tal suerte, y si mis compañeras y compañeros así nos lo permiten, ¿si quieren hacer uso del micrófono o podríamos iniciar con la presentación de nuestros compañeros invitados?
Le pediría al licenciado Narciso Campos, sin más preámbulo, que nos pueda compartir algunos de los comentarios sobre la ley que nos ocupa.
Muchas gracias.
LICENCIADO NARCISO CAMPOS: Muchas gracias, senadora Alcalá. Muchas gracias al Senado por invitarnos a participar, de parte de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias por invitarnos a participar en este foro de consulta relacionado con este proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Transmisión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Anti-lavado.
El objeto de la Ley Anti-lavado, como lo establece su artículo 2º, es proteger el Sistema Financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fin, por un lado, recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos, las operaciones relacionadas con los mismos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. Y, por otro lado, evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Y estos objetivos son, sin duda, temas muy relevantes para el gobierno federal, y una parte fundamental de la estrategia para combatir a las organizaciones delictivas.
El Sector Financiero cuenta con regulación en materia de prevención de lavado de dinero desde hace más de una década, la cual ha ido evolucionando para adecuarse a las innovaciones en el sector financiero y para adecuarse a los más altos estándares internacionales, los cuales también a través del tiempo evolucionan conforme van desarrollándose los sistemas financieros, la interconexión de los mismos, los productos, los servicios y la tecnología utilizados para la prestación de estos servicios, y por supuesto la relación de los usuarios con las mismas instituciones financieras.
Por su parte, como mencionaba también ya la senadora Alcalá, la Ley Anti-lavado se encuentra vigente a partir de 2013. Y ésta surgió del trabajo responsable del Poder Legislativo, atendiendo a recomendaciones internacionales y a la necesidad de regular, no sólo a instituciones en particular respecto de sus funciones, como es la parte de las instituciones financieras que ya tenían regulación y que lleva una línea por separada, sino también a las actividades vulnerables y a las personas involucradas en las mismas.
Derivado de estos esfuerzos legislativos, regulatorios y de supervisión, el año pasado México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, el GAFI, entre otras cosas gracias y precisamente a la Ley Anti-lavado y a otras modificaciones hechas dentro de la reforma financiera.
Y aquí es importante destacar que México tiene un cumplimiento respecto de las recomendaciones en materia de lavado de dinero del GAFI, por encima del promedio de sus países miembros. Y nuestro país se encuentra también por arriba, en cumplimiento, por arriba mayor del promedio, comparado con otras economías del mundo agrupadas en el G-20 y en países miembros del GAFISUR.
Y este estatus es muy relevante ya que nos proporciona una base sólida, objetiva, para establecer que hemos desarrollado mecanismos sólidos en los regímenes jurídicos e institucionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Podemos afirmar entonces que en la actualidad contamos con un sistema robusto de prevención de lavado de dinero, tanto en la parte relativa al sistema financiero, como lo relacionado con las actividades vulnerables.
Y precisamente a partir de esta base es que nos parece muy adecuado el ejercicio que se hace hoy en este foro de discutir una iniciativa que tiene como finalidad realizar ajustes a la Ley Antilavado, a poco más de dos años de su entrada en vigor, para adecuarla de mejor manera a la realidad comercial de nuestro país, para que siga siendo un instrumento efectivo de combate al lavado y al mismo tiempo permita que las actividades lícitas, el comercio lícito pueda llevarse a cabo de manera ordenada y sin contratiempos.
Realizar modificaciones que favorezcan la efectividad del régimen es un ejercicio de países con sistemas antilavado maduros y deberá ser un esfuerzo continuo de las autoridades administrativas, de manera que el aprendizaje y la experiencia en la implementación del marco legal se convierta en un insumo para mejorar precisamente el marco normativo.
Es importante señalar además que la iniciativa se presenta con mucha oportunidad, ya que México será evaluado al final del 2016 respecto del cumplimiento de las nuevas recomendaciones establecidas por el GAFI, en el que México participa activamente.
Y una de las características principales de las nuevas recomendaciones, consiste en la necesidad de que el marco jurídico, el actuar de las autoridades y de los regulados, sea acorde al principio de un enfoque basado en riesgo, que tiene la finalidad de que los recursos que se dedican a prevenir el lavado de dinero, se utilicen de manera eficiente.
Confiamos en que la iniciativa ayudará a alcanzar este objetivo.
La iniciativa de reforma recoge la experiencia e inquietudes operativas de los sectores automotriz, joyero, inmobiliario, asistencia privada y función notarial, entre otros. Respecto de ellos escucharemos la opinión de sus representantes.
Adicionalmente, con base en información proporcionada por las autoridades responsables de PLD, se determinó revisar ciertos umbrales establecidos en la Ley Antilavado, para lo cual se tendieron las características de las operaciones, la forma en la que se realizan en nuestro país, la forma en la que opera nuestra economía y los montos de las operaciones realizadas en ellas.
En ese sentido, de parte de la Secretaría de hacienda, compartimos las finalidades de las modificaciones propuestas, que son las siguientes:
Incrementar la eficacia de la Ley Antilavado; adecuarle en mayor medida las recomendaciones del GAFI, ajustar la Ley Antilavado para que responda adecuadamente a las condiciones operativas de los sujetos obligados, facilitando su implementación.
Todo ello con el propósito final de que los involucrados que están gobernados, sigan uniendo sus esfuerzos en torno al debilitamiento de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y con ello impedir el uso de recursos para su financiamiento.
Y por último la finalidad de posibilitar que las autoridades enfoquen su análisis en operaciones más sensibles a la comisión del lavado de dinero, a restablecerse algunos umbrales de identificación y presentación de avisos.
Como mensaje final de parte de la Secretaría, me gustaría resumir estas ideas en que en los últimos años hemos observado y hemos tenido importantes avances en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mantener los avances alcanzados, depende de tener realmente la capacidad de mejorar continuamente el marco legal, regulatorio y de supervisión.
La Iniciativa que hoy se discute en este foro, representa una mejora al marco legal de la Ley Anti Lavado.
Confiamos que la realización de este foro, la comunicación con los sectores involucrados, ayuden y abonen a mejorar los objetivos buscados en la Iniciativa.
Les agradecemos mucho nuevamente la invitación a participar con ustedes y deseamos que los trabajos del día de hoy sean de lo más provechoso.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias.
Apreciamos mucho la intervención del licenciado Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin duda sus comentarios enriquecerán mucho lo que implicará la dictaminación posterior de esta Iniciativa.
Al mismo tiempo, le doy la bienvenida y le cedo el uso del micrófono, por si quiere hacer alguna intervención, al senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Al contrario, muchas gracias senadora Blanca Alcalá.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Saludo a mis compañeros y a mi compañera senadora Cristina Díaz.
Y darles la bienvenida a todos nuestros invitados, nuestras invitadas, que van a participar en este foro, para discutir en torno a la propuesta de Reforma Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Un tema central, no solamente para el desarrollo de la actividad económica de nuestro país, sino para un replanteamiento de la política contra la delincuencia organizada.
Porque lamentablemente el nivel que ha alcanzado el lavado de dinero en nuestro país, ha generado un empoderamiento económico de la actividad delictiva que le ha dado un gran poder corruptor y ha penetrado prácticamente todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas, a los propios partidos políticos y se han convertido en un factor determinante, en muchos casos, de la economía local, e incluso inciden de manera significativa en la economía nacional.
Pongo algunos ejemplos:
Los datos del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señalan que entre el segundo trimestre de 1993 y el año 2009, el lavado de dinero en nuestro país equivalió al 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió más de 28 y medio millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero, y algunos analistas refieren que en nuestro país se lavan anualmente cerca de 10 mil millones de dólares.
Y esto es solamente una parte de los recursos con los que opera la delincuencia organizada, la cual ya no se restringe de manera fundamental al tráfico de drogas o estupefacientes, sino que ha habido una enorme diversificación de su actividad delictiva, que va del contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, la extorsión, el cobro de derecho de piso, la piratería, la evasión fiscal, e incluso actividades que pudieran ligarse al financiamiento de grupos que desestabilizan la vida interna del país.
De acuerdo al Instituto Basilea, que publica anualmente una evaluación del nivel de riesgo de cada país en materia de lavado de dinero y cuya calificación va del cero al número 10, nuestro país se encuentra en un nivel de riesgo intermedio, con el 5.4 por ciento de calificación, que es muy similar a países como Italia y España.
Y el dato, uno de los datos que son al parecer de los más interesantes, más allá de que la propia Procuraduría General de la República reportó 2 mil 224 probables responsables y siendo detenidos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cierto es que el incremento de averiguaciones dentro del fuero federal, en las autoridades federales y en los gobiernos de los estados, se ha incrementado de manera significativa.
Este dato, por ejemplo, las entidades en el periodo de 2006 a 2014, las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas ligadas a este delito, fue en primer lugar –y es para preocuparse– la propia Procuraduría General de la República, que recibió mil 942 denuncias, es el número de averiguaciones previas.
Le siguen Sinaloa, con 396; Baja California, con 203; Sonora, con 176; Tamaulipas, con 136; y Jalisco, con 109.
Si sumamos a los cinco estados que más averiguaciones previas tienen abiertas, no alcanzan los que están registrados en la Procuraduría General de la República. De esa dimensión es el problema que estamos enfrentando.
Y si bien nuestro país ha atendido de manera importante las recomendaciones en materia de lavado de dinero, como parte del grupo de acción financiera sobre lavado de dinero, solamente hemos atendido 24 de las 40 recomendaciones; que sería muy útil las restantes considerarlas en este proceso de revisión del marco legislativo.
Y esperemos también que junto con ello, nosotros podamos ayudar a debilitar este poder patrimonial, económico y financiero que tiene hoy la delincuencia organizada; dentro de una estrategia, eso se está discutiendo ligado a los temas de gobernabilidad, de seguridad nacional, las políticas de seguridad pública; el eje fundamental para poder recuperar la fortaleza del Estado frente al crimen; y el dominio del Estado sobre los territorios para que vuelva a restablecerse la autoridad legítimamente electa, tiene que partir hoy no solamente de las decisiones punitivas en el territorio, sino fundamentalmente de desmantelar el poder económico y financiero que tiene la delincuencia organizada y que le permite una enorme reproducción.
Y afortunadamente, en el marco legislativo hemos avanzado, aunque se requieren por supuesto cambios sustantivos en la ley, y este es el motivo justamente de este Foro, que esperemos cumpla con su objetivo.
Yo sinceramente deseo, esta discusión la iniciamos ya hace un año con una iniciativa de la senadora Blanca Alcalá, que fue avalada por distintos grupos parlamentarios. Es importante conocer la otra cara de la moneda, que es el impacto que una regulación tan descriptiva, particularmente vinculado en el control de las operaciones en efectivo y otras medidas, como los reportes y las denuncias sobre la presunción del manejo de recursos de procedencia ilícita, ha tenido en la actividad económica, comercial, con los sujetos, con los agentes económicos, tienen que participar directamente en la implementación de la ley.
Y estoy seguro que van a enriquecer mucho en los trabajos para poder contar con un mejor instrumento legal, que nos permita tener acciones efectivas contra el crimen; pero que al mismo tiempo no entorpezcan y limiten o agoten la posibilidad de desarrollo en las empresas, las pequeñas y las medianas empresas, en particular; que nos interesa mantengan un ritmo de dinamismo, más aun con el muy sombrío escenario económico que se vislumbra para los próximos años.
Yo les agradezco su atención, agradezco a la senadora Blanca Alcalá su invitación y estamos atentos.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Al contrario, como siempre agradecer al senador Encinas su exposición amplia, clara y sobre todo pertinente en relación con lo que nos interesa en el Poder Legislativo.
Para continuar con la mecánica de este encuentro, le pediría al presidente del Colegio de Notarios, al licenciado Héctor Galeano Inclán, su intervención.
Y de manera posterior, para tener esta interlocución, le pediría a la presidenta de la Comisión de Gobernación, también sus comentarios.
Muchas gracias.
LICENCIADO HÉCTOR GALEANO INCLÁN: Muchas gracias y muy buenos días.
Saludo con afecto a los señores senadores, muchas gracias por esta oportunidad que representa para el notariado mexicano, que me honro en presidir, el contar en este Foro de consultas, con miras a la reforma, a la posible reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Naturalmente, hubo una ley perfectible, como cualquier otra, una ley que evoluciona, una ley que tiene que ir incorporando los cambios que en la realidad se van generando. Las leyes no son marcos estáticos que regulen fenómenos; sino debe responder precisamente a los nuevos fenómenos que va generando la dinámica social.
Buena oportunidad, estamos a 12 años prácticamente de la urgencia de esta legislación, y ciertamente tenemos que reconocer que fue una legislación que vino a impactar quizá, diría yo, en forma similar a como impacta la legislación fiscal vino a impactar la actividad diaria, vino a impactar la actividad diaria de ciertos sectores que realizamos una determinada, o somos considerados como una actividad o profesión no financiera designada por parte de autoridades, incluyendo las internacionales, como GAFI.
El notariado ha estado consciente siempre de que es una de las actividades señaladas por su nombre y su función en todas las regulaciones de carácter internacional.
La posición del notario naturalmente es una posición en que se trata de un profesional del derecho, pero que es investido de una fe pública y ejerce una función pública.
Dicho en otros términos, se encuentra la mitad entre autoridad y particular.
Consecuentemente el notariado no es ajeno y admite y asume plenamente la responsabilidad que esta legislación trae consigo, porque se vuelve un coadyuvante con la autoridad en el cumplimiento de las altas finalidades que perseguimos todos los mexicanos en lo general, que es abatir los índices de criminalidad, abatir los índices de delincuencia organizada, y aspirar a un futuro de mayor paz.
Es claro y todos debemos tener presente que al notariado en ninguna de las actividades consideradas sensibles en el proceso de lavado de dinero, no nos corresponde ni la prevención ni la identificación, eso le corresponde a la autoridad.
Nosotros no somos la autoridad que va a prevenir o a identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque es tan sencillo como tener presente que el proceso de lavado de dinero no se genera en una sola operación determinada.
El lavado de dinero es una concatenación de una serie de procesos, de una serie de actividades, de una serie de actos, desde la generación del recurso de procedencia ilícita hasta su incorporación en el mercado formal.
Esta operación no se va a dar en un solo momento. Sería ridículo y absurdo por parte de un delincuente el dejar todas las huellas posibles entre la generación del recurso de procedencia ilícita e incorporarlo, intentar incorporarlo en el mercado formal en un solo acto; esto es absurdo.
En una clave, en una concatenación, el proceso de lavado de dinero conlleva a una serie de actos de inteligencia; a una serie de actos vinculados hasta incorporar al mercado formal.
Consecuentemente, en este espectro de actos, el notario podría intervenir en alguno de ellos, y no necesariamente ese acto va a ser la conclusión del proceso de lavado de dinero.
Consecuentemente, todos los que realizamos las llamadas “actividades vulnerables”, debemos estar conscientes que corresponde a la autoridad el análisis, el análisis inteligente, el análisis de inteligencia en relación con todo lo que nos corresponde a los demás que realizamos actividades vulnerables.
¿Qué nos toca a los demás? Obtener información; obtener y conservar información, documentación, datos e imágenes; conservarlos a disposición de la autoridad y presentar los avisos de las hipótesis que objetivamente señale la ley.
Esta es la parte fundamental de lo que nos corresponde a quienes realizamos estas actividades sencillas.
Naturalmente, como cualquier texto de ley, como cualquier legislación, digo, es perfectible y siempre tenemos que ir revisándola. Tan es así, que en los primeros impactos que originó esta ley, y debo reconocerlo, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hemos encontrado el notariado mexicano en un interlocutor ideal, un interlocutor adecuado, un interlocutor que ha sabido interpretar todos estos pequeños ajustes que ha originado la legislación.
Tan es así, que algunas de las disposiciones en materia de reglamento de la ley o previstas en las reglas, han sido soluciones que hemos venido incorporando en esta aplicación diaria de la ley.
Quizá, a lo mejor una de las peticiones que haría el Notariado Mexicano a este legislador, es: comenzar a incorporar estas fórmulas que existen en el reglamento y en las reglas, y que han venido a solucionar problemas vinculados con el texto de la ley, comenzar a incorporarlos para que permanezcan en el texto de la ley como tal y no sean susceptibles el día de mañana, de ser modificados, cuando se han probado sus virtudes.
Creo que la propia ley contiene lo que solicitaríamos, cualesquiera que realizamos actividades vulnerables, me refiero al artículo 12, fracción cinco, inciso, pero yo el cinco en general:
Al establecer regulaciones administrativas en sus ámbitos de competencia tendientes a identificar y prevenir actos u operaciones realizadas con el objeto de esa ley, las autoridades deberán procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias, trámites innecesarios que afecten el normal desarrollo de la sociedad y tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y mitigar su impacto económico.
Creo que es una ley que perfectamente señala hacia la autoridad qué le pide en relación con las actividades sensibles. Es decir, dicho en otros términos, nosotros debemos mirarnos como todo un sector que estamos dotando de información a la autoridad y que consecuentemente, una vez que la autoridad cuenta con la información, debemos procurar que ésta no se duplique.
Para qué generar duplicidad de informes, si de lo que se trata es de llevar a la autoridad una determinada información que sea útil, que sea objeto de análisis y que produzca los resultados adecuados.
Ciertamente es conveniente revisar los umbrales, me parece fundamental la revisión de los umbrales en cada una de las actividades vulnerables, atendiendo a criterios de facilitar algunas de las operaciones, que no lleven este riesgo tan marcado en las operaciones en general.
Y quizá en esta facilidad, yo pensaría, por ejemplo, y tendría una hipótesis aquí por señalar, una muy sencilla hipótesis en este intento de no duplicar: sabemos que no podemos utilizar, para la liquidación de operaciones, efectivo hasta un momento de 540 millones, superior, compra de inmuebles.
Pero qué pasa cuando una persona en particular deposita efectivo en la cuenta del vendedor y le deposita a lo mejor un efectivo superior al restringido, al objeto de la restricción.
Yo pensaría en general, bajo este esquema de duplicidad que si estaos en presencia de un dinero que ya se incorporó en un sistema financiero, para qué evitar la duplicidad de controles, que se la institución del sistema financiero la que controle o denuncie o investigue el origen de esta cantidad de dinero que alguien ya se atrevió a incorporar en el sistema financiero.
Y también en este afán de intentar simplificar operaciones, me preguntaría hasta qué punto tiene sentido una regulación que se deja a terceros, como por ejemplo cuando una institución de crédito, la principal de las instituciones objeto de prevención, vende por ejemplo un inmueble, un inmueble de los que desafortunadamente se han hecho de tantos, por las condiciones crediticias en donde los deudores no pudieron pagar.
¿Qué pasa en el momento en que una institución de crédito vende un inmueble?
Porque naturalmente toda esa operación está siendo revisada por una persona que ya está sujeta a un control de prevención. Para qué someter a esta persona a su vez a otro control de prevención, a través de los informes que debe constituir otra persona que está sujeta a actividad vulnerable.
Pero como no hay distingos en la ley, y se habla exclusivamente de objetos determinados, es el caso en que algunas de las hipótesis que vamos encontrando en la realidad diaria no van siendo objeto de una respuesta inmediata a la legislación.
Y ciertamente también quiero señalarlo: desafortunadamente algunas de las operaciones, y es algo que yo rogaría a los legisladores maduráramos, pensáramos, reflexionáramos, desafortunadamente muchas operaciones que por determinadas condiciones de la ley no se pueden concretar en la oficina de una notaría, están caminando por el lado de los juzgados.
Ahora la gente cuando no encuentra una respuesta porque habrá una serie de restricciones, provisiones o limitaciones en la ley, busca un conducto, y ese conducto a veces se están volviendo los procedimientos jurisdiccionales, y en diferentes latitudes de la República Mexicana, a través de procedimientos jurisdiccionales se está llegando a las finalidades no deseadas y que intentamos mitigar a través de esta ley.
Yo agradezco la oportunidad que al Notario Mexicano se le da. El Notario Mexicano creo que con cualesquiera de los senadores aquí presentes, hemos siempre tenido un trato, un diálogo y siempre sobre la base, y lo repito y lo digo nuevamente, el notariado no pide otra cosa más que reglas claras para su ejercicio.
El notariado vive de obligaciones, es naturalmente una función pública, es una función pública que tiene que cumplir con una serie de obligaciones, está habituado al cumplimiento de las obligaciones.
Lo único que el notariado solicita siempre es una claridad en el texto de la obligación y una claridad en la forma de cumplimiento de la obligación.
Muchas gracias por la oportunidad.
Senador Yunes: le saludo a usted.
Muchas gracias.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias al licenciado Héctor Galeana.
Por supuesto que le damos la bienvenida al Presidente de la Comisión de Hacienda, al senador José Yunes Zorrilla.
Y si él me lo permite, le cedería el uso del micrófono a la Presidente de la Comisión de Gobernación, a la senadora Cristina Díaz.
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Muchas gracias.
Muy buenos días señoras y señores.
Saludo a mis compañeros senadores.
En el análisis de los contenidos de la ley, que está proponiendo una serie de adecuaciones necesarias para fortalecer el esquema de prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Precisiones sobre la realización de las autoridades federales, tanto con autoridades estatales y municipios, y con pleno respeto a sus atribuciones los requisitos que deberán tener los servidores públicos a cargo de la administración de la información relacionada con propósitos de la ley, como por ejemplo el aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia se establezcan en el reglamento de la ley en la materia, así como la revisión de algunas de las definiciones contenidas en la ley, entre otras.
En ese contexto, se está proponiendo adicionar al concepto de entidades financieras, a las reguladas por los artículos 226 bis, de la Ley del Mercado de Valores, que trata de los asesores de inversiones, y 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. También se busca adecuar la denominación del Fondo de Inversión.
En relación al concepto de relación de negocios, se está proponiendo sustituir el calificativo cotidiano por el habitual, para identificar así a las que se establezca de manera formal entre quienes realizan una actividad vulnerable y sus clientes y no cotidiano, como se entendería una relación diaria como exclusión al mismo calificativo de los casos de prestaciones de servicios, de fe pública que realizan los notarios, corredores públicos y algunos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, dado que se trata de la prestación de un servicio en ejercicio de una función denegada por la autoridad competentes.
Se está añadiendo a las medidas y técnicas de investigación, aquellas incluidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de su reciente entrada en vigor en marzo de 2014 y la entrada en vigor del mismo instrumento en diferentes entidades federativas.
Y se precisa que la consulta de las bases de datos en poder de autoridades federales, estatales y municipales, por parte de esta unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría General de la República, sólo podrá hacerse una vez que sea suscrito el convenio para ese efecto.
Entre otros alcances y propósitos de la iniciativa, se precisa el régimen de los fideicomisos, cuyo objeto está relacionado con la realización de cualquiera de las actividades que la ley considera vulnerables para excluirlos expresamente del régimen de las entidades financieras y remitirlos al régimen general de la ley de que se trate.
Finalmente, se proponen adecuaciones a efecto de que la identificación de clientes o usuarios y la generación de avisos por parte de quienes realicen actividades vulnerables, constituya una medida adecuada de prevención e inhibición de conductas delictivas vinculadas con el lavado de dinero, considerando para ello montos de las operaciones que se realicen más cercanos a la realidad y que pudieran considerarse relevantes en orden al objeto de la ley, como por ejemplo en el área de construcción o desarrollos de bienes inmuebles, comercialización de tiendas de autoservicios, departamentales, especializadas de metales preciosos, entre otros.
Como podemos observar, la intención de esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, representa un reto para lograr inhibir la delincuencia y cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país.
Quiero subrayar de manera importante, porque en nuestro trabajo legislativo, que es elaborar leyes, presentarlas, dictaminarlas, también una parte muy sensible es atender y escuchar a la gente, entender lo que ellos viven cotidianamente.
Hace unos días tuve la visita de ANTAD, estaba CANACO también, CCI y algunos otros organismos privados. Entre ellos me sensibilizaron mucho y yo lo quiero registrar, porque por ejemplo, en el caso de ANTAD, de esta grande organización que atiende todos los días un promedio de 18 millones de personas en tiendas de autoservicio, departamentales, especializadas; ellos pusieron sobre la mesa y están poniendo sobre la mesa de los legisladores, el contenido de esta iniciativa de ley que presentó la senadora y otro grupo de senadores que la acompañamos, el 8 de abril de 2015, la preocupación al aumentar los umbrales de las actividades vulnerables y la identificación de aviso por parte de la autoridad hacendaria.
Y desde luego, otra de las preocupaciones es la obligación a la acumulación de actos u operaciones por un periodo de seis meses.
Desde luego que estos temas de la acumulación de operaciones para presentar aviso, la obligación de la acumulación de estas operaciones a un periodo de seis meses, es de facto, está eliminando los umbrales de identificación de los clientes previstos en la propia ley.
Por otra, nos señalan que llevar el control de estos establecimientos, de todas las compras que se realicen, sin importar el monto del umbral de identificación que está previsto por la ley, deben de tener un registro de cada uno de sus clientes y de cada operación, independientemente del monto, para poder dar cumplimiento al aviso que tienen que dar a la autoridad hacendaria.
Uno de los problemas muy serios a los que se enfrentarían en el futuro, porque hay comercios pequeños, medianos y algunas tiendas grandes; no cuentan con los sistemas informáticos, operativos que permitan identificar el consumo en lo individual por cada cliente; y no es posible identificar si el cliente acumuló los montos pagando, ya sea con tarjeta de servicios o de crédito no financiero, tarjeta de regalo, etcétera.
Creo que otro de los temas que expusieron con una gran preocupación, es la exigibilidad de imágenes y datos.
Esto está obligando a los particulares a contar con imágenes o datos, y sin duda genera cargas administrativas al sector comercial, que provoca altos costos en su implementación y en su actividad administrativa.
Sin duda, esos son los temas que en lo particular hemos recogido, y que sin duda la importancia de poder llevar a cabo este foro para hacer este análisis de las propuestas planteadas que está proponiendo la sociedad, lo que queremos es que se pueda fortalecer la aplicación en el futuro de esta ley, y sin duda que tengamos herramientas jurídicas correctas para poder lograr la identificación de este tipo de actividades ilícitas.
Como bien señaló Narciso, nos tocó a nosotros al inicio de nuestra legislatura, la LXII, llevar a cabo la dictaminación. Y le tocó precisamente a la Comisión de Gobernación estar a la cabeza de un tema tan delicado.
La premura que teníamos al estar iniciando nuestro trabajo legislativo, además de la presión que bien ha señalado Narciso, que había para el gobierno mexicano por organismos internacionales de que México contara con instrumentos jurídicos, que pudiera identificar estas operaciones ilícitas y que pudiéramos dar cumplimiento a una serie de convenios internacionales, nos llevó a dictaminarla.
Pero siempre es necesario revisarla, actualizarla y, ¿por qué no decirlo?, perfeccionarla. Para eso estamos aquí los legisladores y lo hacemos con el mejor de los propósitos, siempre de la mano también buscamos trabajar con la sociedad pero, sin duda, con la autoridad.
Por eso reconocemos el trabajo que ha venido realizando la Secretaría de Hacienda, y aunque la Secretaría de Hacienda tiene fama de tener mano firme y dura, no deja de ser sensible también para todos.
Así que, muchísimas gracias, Narciso, por tu participación.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias. Le agradezco enormemente a la senadora Cristina Díaz los comentarios que aquí nos ha compartido y que efectivamente parten de la reflexión de esta interlocución hemos tenido con diversos actores de estas actividades.
Seguramente nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda también nos ayudarán después a ir esclareciendo muchas de estas interrogantes que a partir de los sectores surgen.
En este orden de ideas, quisiera precisamente pedirle al licenciado Vicente Yáñez Solloa, de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que nos pueda ilustrar con algunas de las reflexiones que aquí ya se anticipaban en relación con las preocupaciones que tiene este sector.
Muchas gracias.
****** (Sigue segunda parte) ******
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