TERCERA PARTE

REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Vamos a iniciar los trabajos. Se reanuda el receso de hoy por la mañana.

Con fundamento en el numeral segundo, fracción tercera, del Acuerdo por el que se establecen las normas que reglan las intervenciones en este debate, tiene el uso de la palabra para realizar su posicionamiento sobre este Tercer Dictamen, el senador Carlos Alberto Puente Salas, por el Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias señor Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

En el análisis de este Dictamen, el Partido Verde ha enfatizado la flexibilidad que deben tener las empresas productivas para responder con oportunidad a las contingencias que se presentan.

Estamos convencidos que los mecanismos que se adoptan, permitirán que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, enfrentaron de manera competitiva a los demás participantes de la industria eléctrica y de hidrocarburos.

Esta es la razón por la que en los ordenamientos se incorporan regímenes especiales con disposiciones específicas en materia de empresas subsidiarias, adquisiciones, contratos de arrendamientos, servicios y obras, presupuesto, deuda pública, responsabilidades administrativas, remuneraciones y dividendo.

Para el Partido Verde estas condiciones especiales contribuirán a que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad cumplan con su objeto y con el mandato de generar valor.

Con relación a la realización de las actividades estratégicas de exploración y extracción, nos manifestamos a favor de que se realicen a través de empresas productivas subsidiarias cuando se trate de área asignada o cuando Petróleos Mexicanos realice de manera exclusiva al amparo de un contrato.
También nos parece acertado que dichas actividades las lleven a cabo empresas filiales, cuando sea en asociación con un tercero o cuando se realicen actividades distintas a las estratégicas.

De esta manera, Petróleos Mexicanos podrá determinar las mejores condiciones, de acuerdo a las características específicas y geológicas de los yacimientos y enfocarse a circunstancias especiales o situaciones concretas de mercado.

Consideramos que la actuación de estas empresas subsidiarias y filiales, se apega a las disposiciones constitucionales, pues su creación, fusión o término en cualquier caso deberá ser aprobada por el Consejo de Administración.

Por lo que hace a las remuneraciones, es necesario que sean atractivas para captar a personas altamente capacitadas en materias sumamente especializadas y técnicas.

También, para evitar la fuga de personal hacia las empresas competidoras, las remuneraciones deben equipararse a las de la industria nacional e internacional como lo establece el Dictamen.

Otorgar percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas, incentivará y elevará el desempeño del personal.

En cuanto a las adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y obras, consideramos que la exclusión de las empresas productivas de la aplicación de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las hará más competitivas.

De ninguna manera se afectan los intereses nacionales, pues siempre tendrán que apegarse a lo dispuesto en el Artículo 134 Constitucional en cuanto a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Para el Partido Verde, las modificaciones realizadas por las Comisiones para que las adjudicaciones se realicen por medio de concurso abierto, por subasta ascendente o descendente, a sobre cerrado, entre otros, ofrece mejores ventajas a las empresas para elegir a los mejores proveedores.

Un componente trascendental es el que se establece en materia de rendición de cuentas. Se incluye un nuevo esquema con tres instancias que podrán colaborar entre sí, pero que tienen funciones perfectamente definidas.

El Comité de Auditoría, con funciones de vigilancia y auditoría y bajo el mando del Consejo de Administración.

El sistema de Control interno, responsabilidad del Director General, se encaminará a la identificación, prevención y administración de riesgos y la observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras, entre otros.

Habrá auditores externos que actuarán conforme a las mejores prácticas. Del mismo modo, y considerando su competencia constitucional para revisar y auditar el uso y manejo de todos los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación continuará fiscalizando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.

Conforme a esto, los sistemas de vigilancia y auditoría se fortalecen y cumplen con el objetivo principal: combatir los actos de corrupción y contribuir a la mejora institucional y operativa.

Por eso nos parece acertada la incorporación en el dictamen de medidas para garantizar la integridad en las contrataciones y que incluyen: mecanismo para identificar a los responsables de la toma de decisiones durante los procedimientos de contratación en la ejecución de los contratos; sistema de denuncias y quejas anónimas para poder identificar conductas ilícitas; obligación de contar con un sistema de información sobre sus proveedores; los recursos mínimos para ser contratados y el historial de su cumplimiento, a fin de prevenir favoritismos.

En materia contra la corrupción, el dictamen establece reglas claras sobre la debida actuación de los funcionarios y trabajadores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad; detallando las distintas responsabilidades a las que estarán sujetos y la implementación de un código de conducta.

En cuanto a la transparencia, el dictamen dispone que Pemex y Comisión Federal de Electricidad cumplan con las disposiciones que establece el artículo 104 de la Ley de Mercado de Valores, respecto a la revelación de eventos relevantes, riesgos, contingencias legales importantes, operaciones principales, entre otros.

Para complementar los mecanismos de rendición de cuentas, el dictamen establece que se presente al Congreso un informe que permita conocer los resultados por línea de negocios, con base en parámetros aceptables internacionalmente y fácilmente comprobables. Toda esta información deberá hacerse pública vía internet.

Compañeras y compañeros senadores, de ninguna manera la adopción de este modelo significa la privatización o desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Por el contrario, este esquema las fortalecerá y consolidará como agentes centrales de la industria de hidrocarburos y eléctrica; con esta nueva estructura se les coloca en un plano de igualdad respecto a aquellas con las que competirán y que también gozan de amplia flexibilidad en su desempeño.

Es un paso trascendental hacia su modernización, los mecanismos que se incluyen, su organización bajo los principios de gobierno corporativo, permitirán multiplicar su capacidad operativa, reducir costos, elevar la eficiencia e incrementar los ingresos presupuestales para atender las demandas nacionales.

Por estas razones, a nombre del Grupo Parlamentario de mi partido, el Partido Verde, nos manifestamos a favor del presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, senador Puente.

Ahora pasaríamos a la intervención del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez, hasta por diez minutos.

SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros senadores, la discusión que hoy reinicia el Congreso de la Unión sobre las leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, es en realidad la discusión sobre el proceso, sobre los ritmos de extinción de la empresa pública en México, según la propuesta que ha presentado a esta soberanía el presidente Enrique Peña Nieto. Como ustedes verán, contrasta con lo dicho por el orador que me antecede.

Con esa decisión, históricamente el titular del Ejecutivo ha pretendido abordar el porvenir del país poniendo por delante el negocio privado, la predominancia del mercado por encima de la organización de un proyecto nacional anclado en el uso estratégico de la riqueza energética del país para el beneficio de todas y todos los mexicanos.

El Partido de la Revolución Democrática ha insistido en distintas ocasiones en advertir que la opción adoptada por el Presidente Peña Nieto junto a los legisladores del PRI y del PAN es un salto hacia la polarización social y hacia la inestabilidad de la estructura económica, pues el acuerdo voluntarista que han formado la mayoría panista y priista va en contrasentido, no sólo de la historia política y social que dan cuerpo a nuestras instituciones sino a las tendencias del actual mundo globalizado.

La empresa pública en todo el mundo es un instrumento que el Estado asume para impulsar el desarrollo, ante la ausencia o ineficiencia de actores capaces de asumir el progreso social y desarrollo nacional como tareas fundamentales.

Así ocurrió en México, en el periodo cardenista de los años 30 con la electricidad pero también en la misma década en Estados Unidos donde Franklin Delano Roosevelt pondría en pie la ley de empresas de servicio público, conocido como PUCA, que lograría llevar la electricidad al medio rural e impulsar el consumo urbano con tarifas hasta un 30 por ciento más bajas que las empresas privadas rompiendo el control que había frenado la electrificación y la expansión de la demanda de electricidad en esa nación. Empresa pública en Estados Unidos, señoras y señores senadores.

En Europa, Canadá, América Latina o Asia la empresa pública es una realidad vigente, como instrumento del Estado para garantizar los servicios públicos esenciales, mantengan su acceso universal y no dependan de tendencias de lucro particular o de vaivenes de la bolsa de valores para asegurar el control y aprovechamiento pleno de recursos estratégicos o incluso para lograr posiciones ventajosas en el desarrollo científico-tecnológico dentro de la economía global.

Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega. Antes de los 60 Noruega no contaba con una industria petrolera, cuando en 1969 se descubrió Ekofisk, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mensaje que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo de desarrollar sus campos sino competir en la industria internacional.

Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción sino la transferencia tecnológica. Por cada ingeniero de las transnacionales debía haber por lo menos dos de las empresas noruegas. Repito: Por cada ingeniero de las transnacionales debía haber por lo menos dos noruegos.

Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia, que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. Ahora pueden negociar términos más ventajosos con las petroleras internacionales, pues, si éstas exageran sus pretensiones, siempre pueden acudir a Statoil para desarrollar sus yacimientos.

Nada similar se encuentra en las iniciativas presentadas aquí y eso que el caso noruego fue una bandera discursiva para comparar a México. Creo más bien que tomaron el caso noruego para hacer absolutamente todo lo contrario.

Aquella es una empresa exitosa, transparente; aquí lo que pretenden es una empresa pequeña y no se ataca a la corrupción.

En contra parte, en contracorriente, la propuesta del titular del Ejecutivo que hoy discutimos y los más de 100 cambios que el PRI y el PAN han incorporado al dictamen radicalizan la orientación para neutralizar, desmembrar y hacer inviables a dos instituciones que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía energética de la nación, la viabilidad económica del Estado y el confort de las familias mexicanas.

Por todo esto es que a nombre de mi fracción parlamentaria expongo a la nación las siguientes consideraciones, y digo que expongo a la nación, porque aquí han capeado los oídos.

Primero.- El, primer objetivo de la propuesta del Presidente Peña Nieto es reducir la misión y el objetivo de ambas empresas al circunscribirlas a una función estrictamente económica, obtener la mayor rentabilidad para el Estado, según rezan el artículo cuarto de ambos proyectos de ley.

En nuestra opinión PEMEX y CFE tienen objetivos de mayor trascendencia, como pudiera ser contribuir prioritariamente para garantizar la seguridad energética de la nación y asegurar un abasto suficiente a precios accesibles de combustibles, insumos y electricidad, para el confort de la familias mexicanas, los servicios y la industria.

Para lograr los objetivos anteriores se requiere que PEMEX y CFE modernicen y perfeccionen la actual estructura industrial que poseen, no que la desaparezcan, como es la propuesta.

2.- Sin embargo, el segundo propósito del proyecto que presenta el dictamen es romper la integración industrial de PEMEX y CFE, separar sus actividades como negocios independientes, a través de una estructura corporativa donde las subsidiarias se encargarán de las actividades que el artículo 28 constitucional identifica como estratégicas y el resto, es decir, la refinación, la petroquímica, el transporte, la comercialización, al generación de electricidad, su transformación y el suministro minorista se operarán a través de empresas filiales.

Este es un cambio que ayer se introdujo con una claridad que no tenían las iniciativas enviadas por Peña Nieto. Es un esquema corporativo donde las empresas filiales serán consideradas no paraestatales y, en consecuencia, para estos negocios, PEMEX y CFE podrán entrar en asociación incluso minoritaria con particulares.

Siendo claros, el diseño propuesto no proviene de una necesidad tangible, dada por la debilidad de PEMEX o CFE. Es, por el contrario, una decisión ideológica de disminuir la magnitud de nuestras empresas estatales para abrir espacio a inversionistas privados.

Esta intención manifiesta de romper la integridad industrial de PEMEX y CFE no sólo fragmentará sus cadenas de valor y las hará perder competitividad, el país también perderá, pues en el caso de PEMEX se transformará paulatinamente en una entidad extractiva, administradora de contratos y dejará las actividades de transformación industrial a que otros las realicen, cancelando así el anhelo que un día hubo en México por lograr un desarrollo tecnológico autosostenido, que se pudiera irradiar hacia un número cada vez mayor de empresas mexicanas que produjeran insumos, bienes de capital y tecnología.

Es muy probable que el modelo implícito en el dictamen sea asociar la petroquímica y la refinación con empresas extranjeras, dejando el abasto nacional de combustibles e insumos industriales a cargo de entidades que tendrían como interés principal la obtención de rentabilidad, antes de ofrecer precios accesibles para los consumidores mexicanos, por impulsar la industrialización del país.

Me permite, Presidente, tomar un poco de agua. Ahora sí, gracias, presidente.

3.- La exposición de motivos de las iniciativas plantearon que el gobierno busca pasar de administrador de las empresas del Estado a propietario otorgando autonomía y flexibilidad de sus estructuras internas.

Sin embargo, poco más de un tercio de ambas iniciativas se refieren a procesos de administración donde los actores predominantes son funcionarios públicos.

Podría decirse que, contrario de lo que anuncia el discurso gubernamental, su iniciativa y las correcciones del dictamen acentúan la injerencia administrativa del gobierno y hace de PEMEX y CFE más que empresas productivas del Estado, empresas del Presidente Peña Nieto.

Como lo muestra con toda claridad, la organización de los consejos de administración, la definición del plan de negocios y la determinación del presupuesto, que en conjunto constituyen el núcleo administrativo del proyecto.

El Consejo de Administración, está compuesto por 10 personas elegidas únicamente por el Presidente Peña Nieto, 5 de ellos funcionarios de su Gabinete, designados por él, y 5 especialistas escogidos por él.

El Dictamen, llega al extremo de plantear que al Senado ratifique a los 5 Consejeros profesionales en ausencia, o en su defecto, por afirmativa ficta, seguramente con la intención de diluir cualquier signo de coparticipación del Poder Legislativo. A eso estarán renunciando, señoras y señores, senadores del PRI y del PAN.

Este esquema anula el objetivo de otorgar autonomía a PEMEX y CFE debido a que su principal órgano de Gobierno estará cooptado por el Gabinete del Presidente de la República y por individuos designados también por el Presidente.

Se llega al absurdo, en los Artículos 17 de PEMEX, y 16 de la CFE, de postular que el conflicto de interés que aparecerá entre los funcionarios públicos que serán al mismo tiempo conductores de la política energética y operadores, se pueda dirimir en un acto de conciencia individual.

Los artículos antes mencionados, ordenan a los funcionarios públicos que participen en los consejos de las empresas estatales, que separen en todo momento los intereses de la Secretaría donde trabajan, de los intereses de PEMEX ó CFE, como si fuera la voluntad de la persona la receta mágica para evitar el conflicto de intereses. Esto, señoras y señores, es más que ridículo.

Por lo tanto, no habrá neutralidad ni profesionalización en la conducción de PEMEX y CFE.

Continuará la entrada y salida de funcionarios públicos al frente de PEMEX. Sólo basta notar que en el año y medio que lleva la administración de Peña Neto, ya ha habido distintos cambios entre los Subsecretarios de Energía, que tendrían como responsabilidad los Consejos de CFE y PEMEX.

Podría decirse que hay un claro retroceso en términos de estabilidad respecto al modelo anterior.

Pero lo más grave es que esa forma de funcionamiento lo que sí va a privilegiar es el medio para el florecimiento de los negocios personales a costa de las empresas públicas.

La concentración del poder, es el elemento clave para detonar los procesos de corrupción, tan añejos en la administración pública en México.

Por otra parte, no queda claro por qué, en el caso de CFE, participará un trabajador de Consejo de Administración, y no en el caso de PEMEX.

Cuatro. Respecto a los procesos de programación o planeación económica industrial de las dos empresas, no hay mecanismos que aseguren una orientación precisa.

Por ejemplo: No se sabe si PEMEX habrá de orientarse prioritariamente a lograr una determinada reposición de las reservas de petróleo crudo, o gas, que fije la SENER, o si se buscará una autosuficiencia en gasolinas, gas LP, o gas natural.

O si la operación de PEMEX sólo se orientará de acuerdo a las señales de mercado. Si esto último fuera el caso, entonces para qué queremos en el país una empresa estatal.

Otra innovación que se presenta, es que la evaluación anual que realizará el propietario de la empresa –esto es el Presidente de la República--, será llevada a cabo por un Comisario, el Artículo 108 de PEMEX y el 110 de CFE, que será propuesta por una institución de especialistas en finanzas.

Concluyo Presidente:

Es evidente que la evaluación de la operación de las empresas estatales no tiene que ver sólo con su rentabilidad.

El Congreso, aparte de conocer los resultados financieros, tendría que hacer una evaluación global y aportar consideraciones sobre los objetivos y las metas de ambas empresas.

Sin embargo, ninguna disposición en ese sentido considera el Dictamen.

Cinco. Respecto a la autonomía presupuestal que se presume, es necesario advertir que el Artículo Primero de ambas Iniciativas sostienen que sólo estarán sujetas al balance financiero y al techo de servicios personales.

Pudiera pensar que finalmente PEMEX y CFE lograron escapar del control directo de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, prevalecen en lo fundamental los mismos vínculos de control que ha tenido la Secretaría de Hacienda en todo el proceso de planeación y autorización de inversiones.

La Ley Federal de Presupuestos señala claramente en su artículo 32, que los proyectos de infraestructura de largo plazo a cargo de las empresas productivas del Estado, deberán cubrir los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda.

El artículo 50 de esa misma Ley de Presupuesto, siguen instruyendo que los contratos plurianuales se realizarán siempre que no afecten negativamente la competencia económica en el sector de que se trate y requerirá la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda.

El artículo 22-Bis de la Ley General de Deuda, consigna que las obligaciones constitutivas de deuda pública de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, no constituyen obligación garantizada por el Estado mexicano; lo que seguramente aumentará el costo de dinero para la CFE y Pemex.

Además, la Secretaría de Hacienda y la empresa productiva acordarán la calendarización de las operaciones de financiamiento, cuidando que no se incremente el costo de financiamiento del resto del sector público o se reduzcan las fuentes de financiamiento del mismo. ¿Mayor injerencia?

Lo que en otras palabras, implica que Pemex y CFE seguirán dependiendo de la política de estabilización macroeconómica que en la coyuntura determine la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál autonomía? ¿Cuál separación de Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda?

Sólo discursos, mentiras.

Finalmente, la Ley de Ingresos de cada año se integrará con el dividendo estatal que entreguen las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias; con ese fin, la Secretaría de Hacienda intervendrá desde las fases iniciales de estimación para que este dividendo responda a los escenarios que proyecte la Secretaría, y no a las posibilidades o necesidades de expansión que requieren las actividades sustantivas de Pemex y CFE.

De este modo, por su magnitud, el dividendo estatal que pagará Pemex y CFE seguirá siendo la llave que cuadre el equilibrio anual de las finanzas del Gobierno Federal; tal y como ha ocurrido en el pasado.

Pemex y CFE están en la peor perspectiva imaginable: desintegradas, reducidas en su tamaño, sujetas a una fuerte competencia con grandes empresas internacionales y además, controladas en sus ingresos y sus inversiones por un Gobierno incapaz para impulsar el crecimiento de la economía nacional y sediento de ingresos para paliar los conflictos sociales, derivados del desempleo y la carencia de oportunidades de la mayoría de la población.

Finalmente, es indispensable señalar que el esquema corporativo propuesto en el dictamen, según el cual las filiales de Pemex y CFE, al asociarse con particulares cederán en la propiedad y el control de las entidades públicas; lo que tratándose de actividades consideradas como estratégicas, serán violatorias de los artículos 25 y 28 constitucionales.

La reforma de Pemex y CFE, paradójicamente se da en un momento en que más allá de deficiencias superables, ambas instituciones atraviesan una situación positiva y una gran potencialidad. Pemex contribuye, como nunca en su historia, en su aporte al ingreso del Estado. Comisión Federal de Electricidad mantiene un margen de reserva operativo, superior al 40 por ciento de las necesidades de electricidad del país, y si le reducen los precios indebidos del combustóleo, podrían bajar de manera sensible las tarifas que ofrece al país.

Por todo lo señalado, sólo queda afirmar que el motor que mueve estos cambios está muy lejano de velar por el bien de la nación. El motor que mueve a aniquilar a Pemex y CFE, es la corrupción, la posibilidad de hacer negocio, de crear más adelante sus propias empresas o asociarse con las empresas que vendrán a competir con la nuestra.

Es hacerse indebidamente de la riqueza energética de todas y todos los mexicanos; corrupción les ha movido en el sector energético desde siempre y ahora la acarician como una realidad legal.

Muchas gracias.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, senador.

El senador Jorge Luis Lavalle, por parte del Partido Acción Nacional, para su posicionamiento. Hasta por diez minutos, senador, si es tan amable.

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Gracias, Presidente.

Este tercer dictamen se compone de cinco leyes: dos nuevas y tres con modificaciones, pequeñas o sustanciales, a leyes ya existentes. Se conforman por la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados traen más de 80 cambios sustanciales a las presentadas por el Ejecutivo originalmente que, si lo sumamos a los cambios que presentan los primeros dos dictámenes, de los cuales suman más de 140 cambios sustanciales, llegamos a más de 220.

¿Esto qué indica? Que seguimos avanzando y seguimos viendo la manera de ir mejorando este modelo energético para que las leyes que aprobemos aquí realmente estén a la altura de las expectativas y nos den los resultados que estamos esperando todos los mexicanos.

Y no hemos terminado, creo que todavía falta seguir trabajando y por ello la insistencia de Acción Nacional de la integralidad que guardan estos cuatro dictámenes para efecto de poder velar y vigilar que todo este modelo energético funcione de manera eficiente y esté perfectamente concatenado.

Este modelo integral, en el cual, como vemos una vez más, en este tercer dictamen se sigue defendiendo lo que está escrito en los dictámenes, no lo que no está. Se sigue defendiendo perfectamente que las empresas productivas del Estado, de lo cual trata este tercer dictamen, son 100 por ciento propiedad del Estado Mexicano y en el cual lo que estamos creando es un modelo para darle las herramientas a estas empresas productivas para que nos puedan dar los mejores resultados a los mexicanos.

Hoy por hoy seguimos teniendo y mientras más nos tardemos en aprobar esta reforma energética seguimos estando ante grandes amenazas y ante grandes oportunidades.

Amenazas, porque nuestra plataforma de producción de área de petróleo sigue cayendo. Como lo hemos mencionando en muchas ocasiones, ya de 3.5 millones ya estamos en menos de 2.5. Seguimos importando y cada día más gasolinas, gas, petroquímicos y lo seguiremos haciendo porque las necesidades de energéticos de los mexicanos siguen creciendo; tenemos una tasa de crecimiento constante de poco más del dos por ciento anual. Tenemos que hacer algo al respecto.

Y hoy nos encontramos ante grandes oportunidades que no tenemos por qué negarle a los mexicanos y, en este caso a las empresas productivas del Estado, la oportunidad de poder asociarse, de poder asociarse con empresas que nos permitan compartir mejores tecnologías para ser más eficientes, para darles a los mexicanos no solamente mejor calidad de los servicios, como es el caso de la CFE, sino también poder dotarlos de mayores recursos para el Estado mexicano, de mayores y mejores recursos para todos los mexicanos y sobre todo que esto genere derrama y mayores ingresos que generen empleos y todos los demás beneficios que ya hemos platicado.

Ahora bien, en este dictamen y en este conjunto de leyes, vemos las características que delinean este modelo energético en lo que tiene que ver con las empresas productivas del Estado. Vemos, por ejemplo, que ya no forman parte del artículo 90 constitucional; aquí se está generando una condición y un mecanismo especial para poder catalogar a las empresas productivas del Estado dentro de un modelo que realmente nos permitan mantener a todos los mexicanos la propiedad, pero darle la oportunidad de sacarlas de esas camisas de fuerza que les impedían el poder dar los resultados que estamos esperando.

Si vemos los objetos que nos define esta nueva ley, finalmente está orientar a la empresa hacia ser más eficiente y que el gobierno deje de querer ser una empresa, y que realmente esta empresa nos dé resultados, como la creación de valor económico, el incrementar los ingresos de la nación, el operar con equidad y con responsabilidad social y ambiental, el generar una autonomía para que operen como empresas y puedan tener la autonomía técnica de gestión y presupuesto para su toma de decisiones y que realmente funcionen orientados hacia las mejores prácticas de negocio.

Ahora bien, si nos vamos a los apartados más específicos que contienen estos dictámenes nos vamos a la parte de los dos tipos de empresas productivas que dependerían de las empresas productivas del Estado, que es el Modelo de Subsidiarias y Filiales.

Y bien lo decían nuestros compañeros que me antecedieron, aquí lo que pretendemos es poner orden y generar las mejores condiciones para el Estado Mexicano. El modelo de subsidiarias lo que pretende es que precisamente las subsidiarias operen para aquellas actividades que se siguen considerando estratégicas para la nación, pero que también le demos la oportunidad a las empresas productivas del Estado de poder generar modelos de filiales orientadas hacia las decisiones comerciales, mercantiles, que les permita no solamente hacerse de mejores recursos, de mejores socios y de mayores recursos para potenciar la capacidad de inversión y de utilidades que generen estas empresas que son propiedad de todos.

El Régimen de Remuneraciones es una clara idea –y también lo comentaban hace un momento– para poder darles competitividad laboral. Si nosotros no abrimos y no generamos este régimen especial, lo que va a pasar es que las demás empresas se van a llevar al capital intelectual que tenemos en las empresas productivas del Estado. Por ello esta enorme necesidad de quitarle esas ataduras que tenían en el artículo 127 de la Constitución.

Si nos vamos a los demás apartados, en la parte de adquisiciones, arrendamientos y servicios en la parte de bienes, vemos que lo que están generando son reglas claras de un régimen especial que no solamente maneja este concepto transversal que vemos en todos y cada uno de los dictámenes, que es el de transparencia y rendición de cuentas, sino que adicionalmente busca generar las mejores condiciones para que en todo momento sea el Estado Mexicano el que se vea beneficiado de todas y cada una de las operaciones que se lleven a cabo en el sector energético.

La parte de responsabilidades mantiene el hecho de que queremos un régimen no solamente transparente y que rinda cuentas, sino que adicionalmente todos y cada uno de los servidores públicos y los empleados que trabajen en cada una de estas empresas, nos rindan cuentas a cada uno de los mexicanos y precisamente acabemos con los problemas de corrupción que hemos visto en el pasado.

El tema del dividendo estatal es un tema de especial importancia porque lo que estamos buscando ya lo veremos cuando se discuta lo que es el paquete fiscal, estamos buscando también que PEMEX y la CFE sean más competitivos.

Para ello, por ejemplo para el caso de PEMEX, sí necesitamos que las cargas o lo que son las cargas fiscales que tienen actualmente los modelos de asignaciones, deben de equiparase a las cargas fiscales que tienen actualmente los contratos.

De tal manera que puedan competir en igualdad de condiciones con las demás empresas, porque por otra, a través de estos dividendos estatales podemos garantizarle al Estado Mexicano que va a contar con lo que ya dispusimos en el mandato constitucional, que es que el Estado tenga siempre el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto Proveniente de los hidrocarburos.

Por último, el tema del gobierno corporativo, es un tema creo de los más polémicos y también de los más importantes de este dictamen, no solamente orientando a la empresa a las mejores prácticas, sino darle facultades reales a su consejo de administración.

Facultades en las cuales realmente las decisiones estén orientadas a las mejores prácticas del mercado, en la cual sus integrantes también tengan un equilibrio.

Hay que recordar que esta empresa es de todos los mexicanos y es el Estado Mexicano y por ello debe estar representada, por una parte, por funcionarios del Estado Mexicano, pero por otra, ya vemos que uno de los cambios más importantes que incluye este tercer dictamen, que es precisamente el de los consejeros independientes, en los cuales estamos buscando perfiles de a de veras, perfiles de consejeros que realmente tengan la experiencia y la visión para poder orientar las políticas y las estrategias de estas empresas hacia lo que más le convenga a la empresa y a todos los mexicanos.

Y es por ello que dentro de este equilibrio para notros era totalmente irreductible el hecho de que sea simplemente una propuesta del Ejecutivo sin más ni más.

Ahora esta propuesta ya trae la ratificación del senado y trae la definición más detallada de perfiles orientados hacia lo que más convenga al sector y hacia la mayor experiencia y mejor rendición de cuentas en este sentido.

Este tercer proyecto de dictamen, ya para terminar, probablemente viene a ser parte de este conjunto de leyes, nos falta todavía el cuarto dictamen que incorpora todo lo que es el eje regulador de este modelo energético, que terminará de cerrar, dentro del punto de vista operativo, todas las características generales que estamos buscando incorporar dentro de las herramientas que pretendemos darle al modelo energético mexicano, para que funcione de manera eficiente.

Entonces, de estas 80 modificaciones sí vemos avances importantes, el Partido Acción Nacional, como lo ha hecho en congruencia en los dos dictámenes anteriores, pues nos reservaremos el 100 por ciento de este dictamen, esperando las modificaciones que incluye el cuarto dictamen, a efecto de que podamos ya, en la integralidad de estas leyes, poder determinar qué cambios estaremos todavía proponiendo y finalmente podemos estar aprobando el mejor modelo energético para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, señor senador.

Y para terminar esta parte de los posicionamientos, por el Partido Revolucionario Institucional le concedo el uso de la palabra al senador Oscar Román Rosas, hasta por 10 minutos.

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Con el permiso de la Presidencia, senadoras, senadores integrantes de estas comisiones unidas:

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI presento el posicionamiento en lo general a favor del tercer dictamen en torno a las leyes secundarias en materia energética que hoy discutimos.

El dictamen trata sobre la expedición de dos nuevas leyes: la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

De igual forma, se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

La finalidad de este Dictamen, es transformar y desarrollar el régimen especial de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a empresas productivas del Estado, para que sean más eficientes, sean más productivas, rindan mejores frutos a los mexicanos y generen más y mejores energéticos, a precios bajos y competitivos.

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de ser las mayores empresas públicas del país, presentan enormes retos y áreas de oportunidad en su eficacia y productividad.

Esto se debe en gran medida a la existencia de un marco jurídico no propicio, que les impedía operar con eficiencia y potencializar sus capacidades productivas.

Por tal razón, uno de los ejes torales en los planteamientos y discusiones sobre las reformas del Sector Energético, es la necesidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

Por ello existe un amplio acuerdo en el sentido de que la Reforma debe establecer con toda claridad que ambas empresas gozarán de mecanismos de administración y operaciones eficientes y que seguirán siendo 100 por ciento propiedad del Estado Mexicano.

Se establece con claridad que esas empresas contarán, entre otras facilidades, con autonomía técnica de gestión, así como un régimen especial de contratación de bienes y de libertad de endeudamiento, entre otros aspectos.

Bajo el modelo propuesto en el Proyecto de Dictamen, Petróleos Mexicanos podrá participar bajo las mejores condiciones en toda la cadena de valor, que va desde la exploración y extracción de hidrocarburos, hasta su comercialización.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser una empresa de electricidad a una de energía, con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios a los consumidores en un entorno más competitivo.

Se posibilita a ambas empresas para acompañarse de los socios que requiera, con la finalidad de incorporar tecnologías con las que no cuente.

Asimismo, podrán sanear sus finanzas y contar con recursos adicionales para la inversión.

Con el Dictamen, se fortalece al Consejo de Administración dotándolo de una nueva estructura organizacional acorde con las mejores prácticas internacionales.

Entre ellas, destaca que se establecen garantías institucionales para evitar intromisiones no deseadas al incorporar consejeros independientes, con requisitos estrictos de acceso para ocupar el cargo y reducir la participación del Gobierno Federal.

Se establecen regímenes especiales de responsabilidad y remuneraciones acordes con las de empresas de carácter privado.

Con ello, se terminan los sueldos desproporcionados de funcionarios públicos.

No quisiera dejar de señalar que a ese Dictamen se le han hecho ajustes importantes.

Con los ajustes propuestos, se tendrá una nueva concepción del papel del Gobierno Federal en los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, dejando el rol de administrador principal para asumir el de propietario.

En ese sentido, el papel del Ejecutivo Federal se suscribirá a nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a su Dirección General.

Proponer al Consejo el dividendo estatal que las empresas entregarán al Estado.

Evaluar el desempeño global de las empresas y de sus directivos, con el apoyo de un Comisario ratificado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Respecto al tema de la transparencia y del combate a la corrupción, se propone un nuevo esquema de vigilancia, auditoría y control integral. La vigilancia y auditoría estarán bajo el mando del Consejo de Administración, a través de su Comité de Auditoría, compuesto exclusivamente por consejeros independientes y por una auditoría interna. El sistema de control interno será responsabilidad del director general.

Finalmente, se fortalecerán los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, homologando el acceso a la información con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, aun cuando no coticen en Bolsa.

En suma, la reforma atiende una demanda de hace varias décadas para dar un nuevo carácter empresarial a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que va a permitir potencializar todas sus capacidades en beneficio de los consumidores y de la nación en su conjunto.

Se hace un planteamiento serio para separar las funciones de propietario y administrador de las empresas: las funciones de propietario corresponden a cualquier dueño de una empresa; se otorga al Ejecutivo y al Legislativo como representantes de todos los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de Pemex y de CFE.

El Ejecutivo y el Legislativo trabajarán en conjunto para definir el objetivo de las empresas y las actividades que realizarán; determinar las reglas mínimas de organización a manera de estatutos sociales, designar a los miembros del Consejo de Administración. En este proceso participarán tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ratificando las designaciones de aquél.

Evaluar el desempeño de las empresas y los consejeros de administración, a través de una nueva figura de administración y a través de un comisario, que será designado por ambos poderes y evaluará la marcha de estas empresas. Definir el dividendo estatal que corresponda entregar al Estado por los rendimientos de las actividades de las empresas; así como también de recibir periódicamente informes sobre el desempeño de las empresas.

Tanto Pemex como CFE contarán con regímenes especiales de autonomía en materia de presupuesto, deuda, remuneraciones, contrataciones; de manera que todas sus decisiones serán tomadas de manera autónoma por cada una de ellas. CFE y Pemex no tendrán camisa de fuerza; se establece que sólo habrá una representante de la Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración de Pemex, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

La intervención de Hacienda podrá elaborar los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de ingresos excedentes, sus propias reglas de austeridad, diferente a las del resto del Gobierno. Las reglas y políticas para sus inversiones, sin necesidad de registro alguno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las adecuaciones a su presupuesto, las políticas para contratar deuda.

De esta manera, el Gobierno Federal se limita a ejercer, junto con el Congreso de la Unión, las funciones de propietario de la empresa y deja al Consejo de Administración el mandato y responsabilidad de administrar y velar por la buena marcha de las empresas.

Esta reforma a las empresas públicas no podía esperar más; es un nuevo modelo en el que se CFE y Pemex tienen el mandato legal de ser productivas. Con el nuevo esquema se evitarán ineficiencias y gasto improductivo; CFE y Pemex están, de hoy en adelante, para trabajar a nombre de todos los mexicanos y el Estado, como debe ser, tendrá la rectoría legal, legítima de los bienes de la nación, que se le ha encargado proteger y usufructuar en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas gracias, senador.

Pasaremos a la discusión en lo general. Voy a dar cuenta del registro que los diferentes senadores, senadoras de los diferentes partidos políticos han registrado.

Tengo registrado, en contra, al senador Rabindranath Salazar Solorio; al senador Fernando Mayans Canabal; a la senadora Dolores Padierna Luna, al senador Zoé Robledo Aburto, al senador Fidel Demédicis Hidalgo y al senador Benjamín Robles Montoya en contra en lo general. Y a favor del mismo están registrados el senador Francisco Domínguez Servién, el senador José Ascensión Orihuela y un servidor.

Concedo el uso de la palabra para la discusión en lo general al senador Rabindranath Salazar Solorio hasta por 10 minutos.

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Gracias, Presidente. Esta participación en lo general, en primera instancia quiero mencionar que la estamos haciendo bajo propuesta en el sentido de que se sigue violando el reglamento en el numeral 147, apartado dos, del mismo y quiero que quede constancia de esta circunstancia.

Señoras y señores; senadores, senadoras: Reanudamos la discusión de la legislación secundaria en energía con la firme intención de que quede clarificada la posición de la izquierda en esta importante etapa parlamentaria.

Que quede claro, nuestra participación se da porque es más importante que la gente conozca los argumentos y tenga los argumentos de juicio suficientes para que se dé cuenta quiénes estamos por la defensa de la soberanía energética y quiénes por empeñar el futuro sustentable de las próximas generaciones. Por ello, nuestra participación en sí misma no convalida un método ilegal, pero aún con ello estamos dispuestos a dar el debate.

Entrando al tema del presente dictamen, es preciso recordar que la reforma constitucional del pasado mes de diciembre yo pie a la creación de nuevos dispositivos normativos con la finalidad de armonizar la legislación secundaria a lo que establece la tan desaseada y abusiva reforma a la Carta Magna.

Es por ello que nos encontramos discutiendo proyectos tan contradictorios entre sí con profundas y grandes objeciones o hasta con vicios de inconstitucionalidad. Lamentablemente modificaron la Constitución apresuradamente y, por ello, los promoventes de estos proyectos nos han remitido dictámenes que no resisten el ejercicio de la revisión del análisis y del contraste.

Este dictamen, el tercero en el orden de discusión, no es la excepción y, además de generar una profunda preocupación por sus contenidos, prácticamente deja en una situación de incertidumbre normativa a Petróleos Mexicanos. Está siendo tratada como una empresa más, cuando en realidad se debería buscar su consolidación como una empresa del Estado.

Los países que han abierto su industria exitosamente, como es el caso de Noruega o Brasil, lo han hecho bajo la premisa de fortalecer su empresa estatal y utilizándola en todo momento como un instrumento en las negociaciones con las petroleras internacionales. E incluso, muchos países en los que se destaca a Venezuela, exigen que la participación de la petrolera internacional sea en asociación con la empresa estatal.

El presente dictamen no consolida la autonomía presupuestal de Pemex, ya que sigue la lógica del pasado en la que Hacienda determina cuánto dinero necesita y, con base en ello, ordene a Petróleos Mexicanos.

La lógica deberá ser a la inversa, determinándose en primer lugar las necesidades de inversión para su mejor operación y que sólo el excedente de estos requerimientos debería estar a disposición de la Secretaría de Hacienda.

En resumen, el dividendo estatal debe determinarse a partir de las necesidades de reinversión de las empresas y no de los requerimientos del Ejecutivo Federal.

Otro de los temas que consolidan el supuesto que hemos venido refiriendo respecto al desmantelamiento de Pemex es que dentro del contenido del presente dictamen no se instrumentan mecanismos de transferencia tecnológica, para que cualquier proyecto que implique el uso de nuevas tecnologías o desarrollo, por ejemplo la extracción de hidrocarburos en aguas profundas, se establezca la obligación de que éstas se realicen en coinversión con Pemex, que provocasen, en su momento, la transferencia de tecnología en favor de la empresa.

Por citar otro ejemplo, el artículo 3º transitorio de la reforma constitucional menciona que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder de dos años a partir de la publicación del decreto para que los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado, en tanto éstas mantendrán su personalidad jurídica, es decir, de un organismo descentralizado.

Sin embargo, en ninguno de los artículos de ley que nos encontramos discutiendo podemos apreciar una definición legal de lo que es una empresa productiva del Estado y sus organismos subsidiarios, siendo que debería precisarse para determinar a qué categoría de organismos pertenecen dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pero la contradicción no se agota ahí e incluso se profundiza, porque por otro lado el artículo dos del proyecto de dictamen establece que Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal y acaso ¿no es producto del patrimonio de los mexicanos? ¿Qué entonces no es patrimonio de la nación?

Entonces nos preguntamos: ¿es propiedad exclusiva del gobierno o del Estado, pero tiene autonomía técnica, operativa y de gestión? ¿Puede llevar a cabo sus propios procesos de adquisiciones y contratos tal y como una empresa privada, pero deberá pagar dividendos al gobierno de hasta un 30 por ciento?

Estos organismos con personalidad jurídica y patrimonio propios, no son entes independientes del Estado, ya que representan sus intereses y son controlados de manera indirecta por la administración centralizada.

El proyecto de dictamen es contradictorio en prácticamente todos sus renglones, pues se afirma que con la coinversión empresa productiva del Estado se da a entender en la exposición de motivos del proyecto de dictamen que discutimos, que PEMEX ya no será el cuerno de la abundancia de las finanzas gubernamentales.

Sin embargo, el modelo del Consejo de Administración que propone es de total y absoluta ambigüedad, a fin de que esto derive en sumisión al Ejecutivo y que consolide un gobierno corporativo, ya que dentro del presente dictamen no se le dota de verdaderos mecanismos que le consoliden bajo el régimen corporativo, que para conseguirlo esto implicaría que los nombramientos de los funcionarios que ocupan los órganos de gobierno, provinieran de distintas fuentes, considerando indispensable que los consejeros independientes y el comisario no sean nombrados por el Ejecutivo Federal.

Otra muestra de la contradicción referida es la situación que está en el artículo 20 del proyecto de dictamen, en donde ni siquiera se establece como requisito para ser consejero el ser ciudadano mexicano y no tener o haber tenido un vínculo con alguna empresa competidora de PEMEX.

Con esta redacción un individuo que tenga o haya tenido vínculo con alguna otra empresa, podrá ser consejero de la empresa a la que los vínculos le compiten.

Es decir, que cualquier funcionario de alguna de las empresas transnacionales que así lo solicitara, pudiera ser parte también del Consejo de PEMEX.

Sin embargo, el artículo 30 es una verdadera joya de inconstitucionalidad en Derecho Mexicano, pues sus contenidos exentan a los propios consejeros, en ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, del régimen de responsabilidades, estableciendo una Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o cualquier otro ordenamiento, disposición aplicable en general, a los servidores públicos de carácter federal.

Ello, una franca violación a lo que establece el artículo 108 constitucional, el cual cito:

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal. Los funcionarios y empleados en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

Desde que vislumbramos una ambigua propuesta de legislación secundaria las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática manifestamos nuestras inquietudes, sobre todo porque la laxa reforma constitucional no clarificaba los verdaderos intereses que motivaban su modificación y todos aquellos aspectos que se contradicen, debieron clarificarse en los proyectos que nos encontramos discutiendo.

Sin embargo, una vez más la contradicción, la ambigüedad, la falta de definiciones normativas esenciales y sobre todo aspectos de inconstitucionalidad que pondrán en verdaderos aprietos a quien se arriesgue a aplicar estas normas, fueron la metodología que siguieron sus redactores, aspectos de verdad abusivos, como el hecho de que a este híbrido jurídico, llamado empresa productiva del Estado, se le dota el carácter de empresa, para efecto de convencernos a las y los mexicanos de que PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad competirán con los privados y los extranjeros con las características de cada una de ellas.

Sin embargo, en toda empresa existe una figura denominada reparto de utilidades, que es el dinero de las ganancias que se les distribuye a las y los trabajadores, a manera de conquista laboral.

Efectivamente, en toda empresa, menos en la empresa productiva del Estado, se contempla este beneficio. Eso sí, será el Estado quien acapare la renta petrolera en un ejercicio abusivo de discriminación para la clase trabajadora.

Esta clase trabajadora que ha dejado su vida en PEMEX, que ha aportado al desarrollo del país, quedó en el olvido, ya que el redactor de esta iniciativa se olvidó de proponer al Congreso de la Unión la Ley Secundaria del Artículo 21 transitorio.

¿Dónde quedó la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de PEMEX?

No hay seña ni rastro del Instituto Mexicano del Petróleo ni del personal que labora ahí. Ya no habrá investigadores mexicanos, muchos menos avances en tecnología.

Muchos trabajadores perderán sus puestos y los otros tantos que sean afortunados de mantener un empleo perderán sus prestaciones y deberán sujetarse a los lineamientos del Comité de Recursos Humanos, donde nuevamente el patrón será el Gobierno Federal.

Son lamentables y sobre todo preocupantes la cantidad de inconsistencias plasmadas a propósito y de manera dolosa en el Proyecto de Dictamen de estas leyes, sobre todo porque tal y como están diseñadas su aplicación coloca en una situación de total desventaja a PEMEX y CFE frente al Estado y frente a terceros.

Los contenidos son abusivos para las empresas productivas del Estado y sobre todo para sus trabajadores.

Lamentablemente, de aprobarse este cúmulo de errores jurídicos, el daño colateral lo pagaremos millones de mexicanos, mexicanas, que veremos a nuestra soberanía petrolera vendida al mejor postor.

Es cuánto, Presidente.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias senador. El segundo registro en contra, es el del senador Fernando Mayans Canabal, quien no se encuentra.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Nada más un comentario. Simplemente para preguntarle por qué no se está haciendo la regla del Pleno de una posición a favor, una en contra.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Porque el registro de oradores, es evidente que tenemos 6 senadores en contra y 3 a favor. Entonces lo que ha determinado la mesa es justamente para propiciar el debate parlamentario que usted también lo ha pedido, es que se equilibre con las posiciones en contra y a favor.

Y yo di cuenta, antes de que usara la palabra el senador Salazar, el orden de los oradores.

No se encuentra el senador Fernando Mayans. Por lo tanto le daría el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna, que es la que sigue en la lista. Senadora: si es tan amable, hasta por 10 minutos.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Quiero decirle al pueblo de México que está siguiendo esta transmisión, que el tema más importante, que son las leyes secundarias en materia energética, se están dando en las peores condiciones legislativas de la historia:

Sin quórum, con un debate simulado, dando la apariencia de que se cubre con lo mínimo de la ley.

Pero quisiera también que compararan cómo se trabajó en la Ley de Telecomunicaciones, cómo se le dio vueltas para no tocar ni con el pétalo de un artículo a los monopolios y en cambio aquí se verán, en estas leyes de PEMEX y CFE, se verá artículo tras artículo cómo van achicando, debilitando hasta su extinción las grandes empresas del Estado.

En este paquete deben observarse al menos tres cosas: el cambio de estatus de PEMEX y de CFE, el funcionamiento de sus Consejos de Administración, y la creación de un régimen de excepción, cuasi privado, que las ubica en la total discrecionalidad, faltando a los principios más elementales de transparencia.

En el primer caso, en la Exposición de Motivos se dice que el principal propósito de estas nuevas leyes es de convertirlas en empresas productivas del Estado, en darles autonomía de gestión y en permitirles competir en el mercado abierto.

Estas retahílas las repitió el PAN, el Verde, el PRI hace un momento. Es completamente falso; son tres falacias que quiero demostrar:

Está el Dictamen en Internet. El propósito principal de estas leyes es que PEMEX y CFE justamente dejen de ser las empresas productivas del Estado que hoy son.

En este momento PEMEX y CFE son las mayores empresas altamente productivas del Estado Mexicano.

PEMEX es una de las petroleras más productivas a nivel mundial. Tan sólo en 2013 entregó utilidades de un billón 330 mil millones de pesos, cantidad muy superior a cualquiera de las petroleras internacionales a las que les quieren entregar nuestro petróleo.

Díganme si esto es ser empresa improductiva, para que se transforme a productiva; y hoy es del Estado, y esa ley la va a convertir en una entelequia hasta su extinción.

La CFE tiene un volumen de ventas que en 2013 cerró en 318 mil millones de pesos, un nivel de ventas que muy pocas empresas en el mundo pueden entregar. En el caso de Pemex, el papel que esta ley le quiere dar es prácticamente colocarla en completa indefensión; por lo tanto, en un proceso de extinción.

Dicen que será una empresa más y que participará en igualdad de condiciones, lo cual es totalmente falso. Tan sólo en Ronda Cero Pemex ya se quedó en minoría, con el 42 por ciento de las reservas solicitadas: solicitó eso Pemex, aunque ya amenazó la SENER que no le va a dar más que el 30 por ciento; si así fuera, entonces Pemex tendría petróleo sólo para tres años, y los privados se quedaron con el 58 por ciento del total de las reservas.

Si la Secretaría de Energía cumple su amenaza, entonces esto aumentaría las ganancias de los privados hasta el 80 por ciento. Pemex se queda con los proyectos menos rentables, los privados con los yacimientos de mayor rentabilidad.

El régimen fiscal de Pemex es depredatorio y confiscatorio, el régimen fiscal de las petroleras privadas será bastante benigno, mucho más benigno que en otras partes del mundo, y lo vamos a demostrar en debate. No concursarán en igualdad de condiciones, será una competencia desleal, como la que se diseña en estas leyes; se les ata de pies y manos a nuestras empresas, para lanzarlas al mercado abierto y competir poniendo todas las ventajas para que las petroleras privadas sean las que ganen las licitaciones.
Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado de todas las licitaciones; pero no porque sea improductiva, sino porque deliberadamente, con muchas medidas de estas 21 leyes, se le quita su altísima rentabilidad, que es lo que les estorba a las petroleras internacionales.

Pemex estará en una competencia en condiciones muy desfavorables, se vuelve propiedad exclusiva del Gobierno Federal, ¿pues no le llaman empresa productiva del Estado? ¿Cómo le llaman empresa productiva del Estado y en el artículo 2 le ponen “propiedad exclusiva del Gobierno Federal?

O es del Estado o es del Gobierno o deliberadamente confunden los términos. Ya nada más falta que le pongan “PRI”, confundir el Estado con Gobierno, Gobierno con PRI, y revolver todo aquí para que se la “agandallen” cinco funcionarios del Gobierno Federal.

Pemex es de la nación, no puede dejarse en esta ley que sea propiedad exclusiva de Peña Nieto, eso sería un contrasentido. Lean el artículo 2. No puede decidir sus proyectos: será la Secretaría de Energía quien autorice sus proyectos y le imponga a sus socios; díganme qué empresa en todo el mundo acepta estas condiciones.

No puede hacer su plan de inversiones: será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, las que decidan en qué invierte, cuándo se invierte, cuánto se invierte y en qué no. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, tomarán todas las decisiones.

Les pregunto, ¿cuál autonomía de gestión?

Además, la Secretaría de Hacienda le impondrá su régimen fiscal confiscatorio, los mecanismos de inversión, las demás contraprestaciones y fijará los precios de mercado.

Vuelvo a preguntar, ¿cuál autonomía de gestión?

Pero, por si esto no fuera poco, anulan las facultades del Congreso. Otros países utilizan a sus…

SIGUE CUARTA PARTE

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