INICIA TERCERA PARTE

…dichas declaraciones. Tenemos que reconocer que el IFETEL, en acato a nuestro mandato y haciendo uso de la supletoriedad de diferentes leyes, cumplió en tiempo y forma con la voluntad legislativa aquí expresada.

Es por ello que considero que en estos momentos lo que le otorga mayor fortaleza y certeza jurídica a la actuación del IFETEL y, a su vez, al propio contenido de la legislación secundaria por lo que respecta al tema de mérito, es que se produzcan íntegramente en la ley el texto constitucional por lo que se refiere a la preponderancia, ya que, si en estos momentos variamos la literalidad de las disposiciones constitucionales no tan solo vulneraríamos el contenido y el alcance de la multicitada figura jurídica, sino que pondríamos en riesgo los procesos contenciosos vigentes a través de los cuales las empresas declaradas preponderantes están impugnando esta declaratoria y a su vez abriríamos la posibilidad a nuevas impugnaciones que seguramente acabarían en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y únicamente retrasarían aún más la implementación de esta importante normativa que viene a proporcionar las tan necesarias reglas para la regulación de los sectores.

La reforma constitucional también otorgó al IFETEL la posibilidad de actuar dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica para hacer uso de todos los instrumentos legales para prevenir las prácticas monopólicas y las concentraciones, así como buscar la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, medidas regulatorias que dicho órgano autónomo del Estado está obligado a contemplar y a actuar en consecuencia.

Quiero establecer que mi voto, tengo dos en comisiones, serán a favor sin reservas de este dictamen y por supuesto este voto se va a extender a favor en el Pleno.

Y sé, sé de los esfuerzos del compañero Corral. Sé de esas visitas que hizo a diferentes estados –entre ellos del que soy natural– con esa alianza que me parece muy interesante, que respeto y que he seguido desde hace mucho tiempo; primero como comunicador y ahora como legislador.

Uno de los puntos sobre los que quisiera cerrar la participación, si me lo permite el ciudadano presidente de la Comisión, es la cuestión de la comercialización de los permisionarios.

Este oficio, senador Corral, yo lo conozco desde hace muchos años. Lo conozco desde las redacciones de los prestigiados periódicos en los que he trabajado; lo conozco operando cabinas de radio; lo conozco como locutor comercial; lo conozco como comunicador y fue esa honrosa profesión –pongo por testigo al senador Ruffo, que fue gobernador de mi estado, amigo mío– la que me permitió, la que me hizo el favor de ubicarme en una posición de preponderancia electoral.

Y, créame, por las experiencias que tengo en la cámara, por las experiencias que tengo como gerente de estaciones, como ejecutivo de cuentas, yo le digo a usted que nadie puede competir en igualdad de circunstancias, ni siquiera acercarse a un concesionario público federal que atiende todas y cada una de las requisiciones que le impone la ley.

Y también le quiero decir que antes de orientar el sentido particular de esta cuestión de los permisionarios, me permití tener un diálogo sincero con el líder nacional de STIRT, que es el sindicato de la industria, y le consulté, le pedí su información sobre el particular y todos sabemos que este sindicato, que además es muy honroso y al cual yo he pertenecido, tiene una campaña contraria porque alega la pérdida de fuentes de empleo, de fuentes formales sobre esta situación que se impone.

Sí me gustaría en lo futuro poder dialogar sobre ciertos aspectos muy importantes que encuentro en sus propuestas, por supuesto que me gustaría inclusive, si usted me invita a acudir a alguna de esas reuniones.

Sin embargo creo que el tiempo se nos acabó. Creo que aquí hemos ya analizado, hemos estudiado, hemos aportado unos mucho, otros poco, y obviamente le haría esta aclaración simple y sencillamente sobre el tema concesionarios, permisionarios y ratifico a la asamblea que el sentido de mi voto es a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, senador.

Miren dentro de los integrantes de comisiones unidas ya se agotó la lista de quienes hablaron en contra de este proyecto…

(Interrupción del público)

Vamos a pedir que guarden respeto a esta asamblea, respeto a esta asamblea, guarden compostura.

(Interrupción del público)

Personal de seguridad, por favor háganse cargo.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Al personal de resguardo, no hacer uso de la violencia, por favor, al personal de resguardo le solicitamos, por favor, no hacer uso de la violencia.

Le pedimos a resguardo que no saquen a los presentes, solamente les pedimos, por favor, que guarden compostura.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Vamos a continuar con la sesión.

A continuación le vamos a dar la palabra al senador Gerardo Flores.

Les decía, ya terminaron las intervenciones en contra de los integrantes de comisiones unidas y ahora vamos a continuar con los que están todavía inscritos a favor de este dictamen de comisiones unidas u después seguiremos con los demás que se inscribieron para este propósito.

Vamos a pedirle al resto del público que está acompañándonos, por favor, ocupe sus lugares, vamos a continuar con esta sesión.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Solicitamos al personal de resguardo que no saquen a los ciudadanos que están aquí presentes, por favor, nadie ha dado la instrucción de que saquen a nadie.

Les pedimos, por favor, que se conduzcan con respeto, pero por favor, reiteramos no hacer uso de la violencia y no ha solicitado nadie que saquen a nadie de este recinto.

Por favor, nada más les pedimos que respeten el proceso que estamos desahogando en este momento y por favor regresemos al orden para continuar desahogando este proceso.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Los que deseen permanecer aquí lo pueden hacer. Lo único que les pedimos es que nos dejen desahogar esta Asamblea en los términos del Acuerdo que hemos adoptado.

Pueden permanecer aquí; pueden escuchar todo lo que está desarrollándose aquí. Pero les rogamos que por favor se conduzcan con respeto para los oradores para que desarrollemos el resto de la Asamblea en los términos del Acuerdo que hemos adoptado.

Gerardo Flores, por favor, hasta por 15 minutos.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Con su venia, señor Presidente.

Antes que nada yo quiero expresar que hoy más que nunca en este país está firme la voluntad de los Tres Poderes de la Unión en respetar el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos.

En el Senado de la República estamos convencidos de escuchar a todas las voces, las hemos escuchado en distintas ocasiones.

Estoy seguro que los que asisten a esta sesión también pueden comprender la necesidad de que esta sesión se desarrolle con orden.

Dicho lo anterior, señor Presidente, me tomaré un tiempo para hablar de por qué estoy a favor de este Dictamen, o del Dictamen que hoy está a consideración de estas Comisiones Unidas:

En primer lugar, porque estamos hablando de que se cumple un anhelo con el que pensó, o con el que se construyó, con el que el Legislador de 1995 construyó en aquel entonces la Ley Federal de Telecomunicaciones, que era regular o introducir en México un concepto novedoso, que era el de regular redes públicas de telecomunicaciones, o regular redes y no servicios.

Lamentablemente, una deficiente práctica administrativa, hay que reconocerlo, desvirtuó ese propósito contemplado en esa ley.

En lugar de regular redes, empezamos a regular servicios de manera como si fueran departamentos; se empezó a hablar del servicio local, del servicio de larga distancia, del servicio de telefonía móvil, del servicio de “trunking”, etcétera.

Se empezaron a crear reglas para cada uno de sus servicios, lo que hizo que a la larga la regulación se volviera ineficaz.

A la par de eso, el marco legal era deficiente, la fuerza, o la construcción del andamiaje institucional también era muy deficiente, lo que permitió que en México, a diferencia del resto del mundo, pudieran establecerse reglas para promover la competencia efectiva en nuestro país, mientras en todo el mundo se logró regular de manera eficaz, sobre todo a los operadores grandes, al operador que controlaba la mayor parte del mercado.

En nuestro país eso no se logró; se fracasó una y otra vez y hoy estamos en una situación en la que sí el sector de las Telecomunicaciones y el sector de la radiodifusión, hay una gran concentración, hay que reconocerlo.

Sin embargo, yo no coincido con los que aquí han venido a criticar el dictamen porque hay un cambio substancial en el andamiaje institucional al que ya me referí y un cambio substancial y muy poderoso en las herramientas que le estamos dando a ese órgano regulador para que sus medidas tengan la eficacia que antes no pudieron tener, y me refiero concretamente, primero, al hecho de que el órgano es un órgano constitucionalmente autónomo, que ya no está sujeto a los vaivenes del poder.

Le dimos la autonomía suficiente en cuanto a, por ejemplo, a la permanencia de sus comisionados. Le dimos un arma muy poderosa también, que es el hecho de que sus decisiones no pueden ser recurribles, o no pueden ser sometidas al recurso de revisión, que es un recurso al que están sometidas muchas decisiones, o las decisiones de la mayor parte de los órganos del Estado Mexicano, no pueden ser suspendibles en amparo.

Entonces, ese sólo hecho le va a dar una fortaleza que jamás tuvo ningún órgano del Estado mexicano, por lo menos un órgano regulador.

Se han dicho aquí muchas cosas respecto a que el dictamen no tiene lo que señala la Constitución. Se ha hablado, por ejemplo, de que el dictamen no prevé o no contempla un sistema de medios públicos como lo dicta o como lo señala la Constitución: yo no estoy de acuerdo con quienes han expresado eso aquí.

Es verdad que la iniciativa del Ejecutivo Federal, en su momento, no contemplaba de manera precisa lo que señala la Constitución; sin embargo, en el ejercicio que se ha llevado a cabo desde que se presentó la iniciativa, desde que se presentó el anteproyecto de dictamen en abril y al día de hoy, ha habido una corrección sustancial en esa parte; y hoy tenemos una propuesta de un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano descentralizado, no sectorizado que sí cumple con el objeto que prevé la Constitución.

Por ejemplo, un beneficio muy importante que trae el dictamen –ya lo dijeron aquí algunos compañeros– es la eliminación a partir de enero de 2015, de los cargos de larga distancia para telefonía fija y telefonía móvil. Eso se traduce en un beneficio sustantivo para la población, que hoy paga por ese servicio 19 mil millones de pesos por año. Esta iniciativa o este proyecto de dictamen que hoy está a consideración de nosotros, le plantea a los mexicanos que a partir del 2015 dejen de erogar 19 mil millones de pesos; eso se trata, sin duda, de una ganancia importante para todos los usuarios de este país.

Y yo aquí coincido con lo que ya señaló un colega del sureste, que me antecedió en el uso de la Tribuna, cuando señaló que en este dictamen o en esta discusión no se trata de hablar a favor o en contra de alguna empresa: es a favor de los usuarios y las audiencias, este tema de los cargos de larga distancia es un tema concreto de cómo se está legislando a favor de los usuarios; es un tema que ya está siendo legislado o que ha sido legislado en otros países a favor de los usuarios. México no puede quedarse atrás, el avance tecnológico permite que ese tipo de cargos ya no tengan justificación.

Al igual que esa expresión que este mismo colega que me antecedió, señalaba que no puede haber ningún legislador satisfecho con un proyecto de dictamen. Coincido plenamente con él, creo que podemos hacer todavía mejor las cosas; sin embargo, lo perfecto es enemigo de lo viable, y aquí lo que tenemos que hacer es avanzar, darle a los mexicanos las posibilidades de beneficiarse de lo que sí contempla la Constitución.

Como dije, está el tema de la eliminación del cargo de larga distancia; pero con lo que dije sobre el andamiaje institucional y las herramientas que le estamos dando al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no tengo ninguna duda que va a poder regular de manera mucho más eficaz que lo que hacían las anteriores autoridades. Y lo va a poder hacer en un sector de telecomunicaciones y en el sector de la radiodifusión, cosa que antes no podía lograrse de manera uniforme: hoy, esa autoridad puede regular con la misma fuerza ambos sectores.

En el caso de la radiodifusión, hay ejemplos palpables de beneficios para la sociedad mexicana, como es el hecho, y ya está previsto desde la Constitución, ya está en funcionamiento en nuestro país un régimen de retransmisión gratuita de contenidos, que se conoce como must carry must offer, que ha permitido que se dinamice la competencia en el sector de televisión de paga, que hoy muchos señalan como un sector con problemas de competencia:

Yo les tengo la noticia de que ese sector, justamente es el sector que mayor dinamismo ha tenido a raíz de la reforma constitucional; y que esa medida del must carry must offer, es el que le ha permitido a un operador que antes no tenía acceso a esos contenidos, incrementar su número de suscriptores en 200 mil usuarios. Si eso no es un signo de un beneficio de la reforma constitucional, no entiendo entonces a qué le llaman beneficio.

Está también otro ejemplo u otro beneficio muy importante, que es el hecho de que con la aprobación de este dictamen vamos a poderle dar herramientas por fin al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda llevar a cabo la licitación de las dos cadenas de televisión que están previstas en la Constitución.

Me parece que ese es otro avance importante que le va a dar mayores opciones de pluralidad a los mexicanos en el tema de la radiodifusión y en el tema de las telecomunicaciones no tengo ninguna duda que el andamiaje que ya le dimos al Instituto Federal de Telecomunicaciones por lo que hace a la Ley Federal de Competencia Económica le da la fuerza suficiente, le da la eficacia suficiente para poder imponer obligaciones a todos aquellos operadores que consideren y que determinen que tienen poder sustancial en el mercado relevante.

Eso es algo que antes no podía ocurrir porque la COFECO no tenía ni las herramientas ni tenía la fuerza suficiente para hacer valer sus decisiones, sus resoluciones en materia de poder sustancial. Hoy se las dimos al instituto; el instituto tiene la fuerza suficiente para imponer medidas en un solo acto, ese es otro cambio muy importante que nadie ha detectado porque antes teníamos una doble ventanilla en ese tema de la regulación del poder sustancia, porque por un lado la COFECO tenía que emitir una resolución, la cual era de inmediato objeto de un recurso de revisión, objeto de un amparo y hasta que eso no se resolvía entonces COFETEL podía entrar a imponer medidas u obligaciones asimétricas a los agentes que hubieran caído en esa situación.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Permítame, senador, un momento. Voy a pedirle nuevamente a los asistentes que pongamos atención al orador.

Adelante, senador.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES: Hoy, decía, esa doble ventanilla ya no existe; existe en un solo acto, el instituto puede declarar el poder sustancial e imponer las medidas que considere necesarias para acotar ese poder sustancial.

Yo estoy convencido de que el dictamen tiene las herramientas necesarias para regular de manera eficaz a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

No pienso caer en la retórica de aquellos que hablan de que esto no tiene ningún avance. Sí tiene avances, no podemos engañarnos, debemos darle a los mexicanos la posibilidad de que puedan acceder a mejores servicios de telecomunicaciones, como lo hacen los ciudadanos de muchos otros países, así como también a mejores servicios de radiodifusión.

Hay otros beneficios que no se contemplaban en el dictamen o en el proyecto de dictamen de manera inicial; se hicieron correcciones importantes en todo a lo que preocupaba a la población en torno a la posibilidad de introducir censura en el Internet, eso ha quedado superado, ha quedado claro que eso ya no está. Por el lado de los derechos de los usuarios y las audiencias se han introducido cambios muy importantes. Estoy de acuerdo que posiblemente puedan mejorarse, pero no por eso podemos detener hoy la discusión y eventual votación de este proyecto de dictamen.

En el caso, por ejemplo, de los discapacitados o de las personas con discapacidad, se señalaba aquí de manera errónea o se nos ponía un ejemplo que no es adecuado. Simplemente se nos decía que en Estados Unidos hay filiales de empresas mexicanas que allá sí transmiten con subtitulaje todo el tiempo. El ejemplo no es utilizable para el caso de México, porque en ese país desde el año 2009 todas esas empresas transmiten con el estándar digital, cosa que en México todavía no ocurre.

Tenemos que trabajar para que México pueda transmitir y transitar a un ecosistema de televisión digital terrestre; no debemos detener ese avance, y cuando tenemos vamos a poder pensar en todos esos avances que hoy se ven en otros países.

No detengamos el avance de la televisión digital terrestre y podremos darle a las audiencias mayores opciones y, sobre todo, a esas audiencias que desafortunadamente no tienen la capacidad de escuchar o de ver de manera adecuada lo que se transmite en la televisión.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente. No tengo duda que el dictamen contiene avances muy importantes y que el Senado no se detendrá con la discusión de este dictamen que más adelante discutiremos, porque este tema es un tema que implica a un sector con un avance tecnológico constante que requiere una revisión constante y, por lo tanto, creo que esto es un asunto en el que nos vamos a seguir viendo las caras y qué bueno que podamos seguir discutiendo temas tan importantes como este para México.

Es cuanto, señor Presidente.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias senador Flores.

A continuación tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos la senador a Iris Vianey Mendoza, para razonar su voto.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos.

Vengo a razonar mi voto en razón de dos motivaciones específicas. Una tiene que ver con el detalle del dictamen que nos ha llevado ya bastantes horas de estas estudiando y otra tiene que ver con el procedimiento.

Es una decisión personalísima con respeto a mi grupo parlamentario y al resto de los legisladores de las diferentes comisiones.

Como senadora de la República integrante del grupo Parlamentario de la Revolución Democrática debo expresar, primero, mi satisfacción por concretar una reforma de las principales en nuestro país y que ha sido un reclamo ya por muchas generaciones y hoy por un vasto sector sin duda de las mayorías de la sociedad mexicana.

La reforma constitucional y hoy en su legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión urge que se resuelve más no en esta condición.

Debo decir también que en el procedimiento en el que ha sido complicado el debate al que me he opuesto incluso en el acuerdo que las mayorías tomaron, tenemos que participar y hacer un posicionamiento en lo general.

Debo decir que este acuerdo de algunos integrantes de las mesas directivas va contra el Reglamento del Senado y que sin embargo, como abogada, conozco a detalle también que el pleno subsanará en su momento este vicio de origen en el procedimiento, en lo que es este procedimiento de debate legislativo.

Hemos considerado ya varias opciones y también conocemos la posición de la Corte al respecto. Es el pleno quien ha subsanado en otros momentos y subsanará en este detalle de la convocatoria de la falta de oportunidad de debatir en lo particular este dictamen.

Afirmo también que lo conocí tarde, el dictamen, más sin embargo no me parece una mala reforma. En la Constitución trasciende parte importante de esta reforma y sabemos que es de gran calado, pues pocas propuestas de legisladores comprometidos de sectores de la sociedad civil, que durante los últimos años vienen luchando en este tema.

De cara a la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona para acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías.

El Estado tiene el deber también de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural, el pluralismo comunicacional. Ello implica asegurar también la igualdad de oportunidades para el acceso, la participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y a la gestión de otros servicios de difusión.

Indudablemente que la iniciativa contiene principios fundamentales que se orientan en este sentido. Sin embargo, afirmamos en su momento durante el procesamiento de la reforma constitucional, que era un piso mínimo para transitar hacia un régimen jurídico para la radiodifusión de las telecomunicaciones que verdaderamente garantice su función como servicio público. Como un servicio público esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia

Debo mencionar una palabra que un compañero en algún momento dijo, y que considero que las mayorías hemos dejado de lado: la globalización. La globalización en la que estamos inmersos y que ya nos alcanzó, con sus pro y sus contra, y de ellos hablaré al final.

Dijimos en aquel entonces: en ningún momento nuestra propuesta es negociable hacia abajo. Eso dijimos el Grupo Parlamentario del PRD. Se trataba de robustecerla y no de retroceder.

La Ley Secundaria regula hoy dos sectores: las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Pero en ambos sectores de servicios, tanto en radio, televisión abierta, en radiodifusión, en televisión restringida o por cable, el Internet, la telefonía fija, telefonía celular, en general las telecomunicaciones, la Constitución se reformó con una clara disposición de enfrentar no sólo a poderes fácticos sino a la actualidad de nuestros tiempos y es a lo que quiero referirme.

Más allá de los intereses que quienes estamos aquí representamos, y me refiero al pueblo, a nuestra gente, a los estados, incluso aquellos intereses de origen que algunos legisladores tienen y han sido señalados por ello, hay que privilegiar la condición del tiempo en el que vivimos.

La cancha debe ser pareja para todos; no perjudicar pero tampoco beneficiar a nadie, a nadie en lo particular.

Más de 10 años llevan ya los pueblos indígenas esperando que se reglamente su derecho para acceder directamente a frecuencias del espectro radioeléctrico y no se concede de facto aunque hemos logrado un avance importante.

¿A caso se requeriría un procedimiento en vía de acción afirmativa para que los pueblos originarios, que no deberían ser restringidos a un segmento de banda como hoy se restringen para que tengan acceso a lo que establece nuestra Constitución?

En nuestro posicionamiento de origen hablábamos de un tercio que por derecho merecen y celebro, y afirmo, y aprovecho para destacar la participación y agradecer a mi Coordinador del Grupo Parlamentario, que hasta el último momento ha estado insistiendo.

Celebro también la modificación que voté a favor del Dictamen en el Artículo 90, donde se da un paso importante a los medios indígenas, comunitarios y públicos, a quienes debe reconocerse su derecho pero además los patrocinios para que puedan comercializar el tiempo para su financiamiento.

Como sucede en todo mundo democrático, como lo dispone la Constitución, pero como además lo establecemos en la Reforma, donde además el Gobierno Federal se obligaría a proveerles de los medios necesarios para la realización de sus actividades.

Debo entonces agregar, por ser mi convicción, que se avanza en un sentido en esta Iniciativa y mencionar algunos puntos –espero no repetir algunos de los que ya se mencionaron--, algunos puntos importantes:

Se avanza en un sentido al menos en los siguientes aspectos:

En definir a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general.

En la creación de dos órganos constitucionales autónomos con personalidad jurídica, patrimonio propios para regular las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica.

Destacar que se le reconoce al Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad en materia de competencia económica y de dichos sectores.

La creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión, de gestión para operar sistemas de radio y televisión, asignados al Gobierno Federal, expresando que la ley particular deja aún mucho por hacer en ese sentido.

Ese es uno de los aspectos frágiles del dictamen y que también nos preocupan. Nos preocupan a quienes sí nos interesa que no se haga apología del delito desde las series televisivas, desde los narcocorridos, la narcocultura y lo que hoy vemos en televisión.

Se concreta un marco normativo convergente para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, cosa que en otros momentos no vislumbrábamos y que hoy vemos concretado.

Una de las primeras y, sin duda, avanzado acierto de esta reforma, es la convergencia plena y que se establezca la concesión como figura jurídica habilitante única; es decir, concretamente una sola figura de autorización para preestablecer los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. La concesión, que podrá ser de uso comercial, público, social o privado, terminando con un largo periodo discriminatorio hacia los medios comunitarios, indígenas y de carácter público.

Se regulan de forma precisa los servicios conocidos como must carry must offer, de las señales radiodifundidas de manera gratuita en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones; así lo establecimos nosotros y seguiremos debatiendo mañana y hoy, ya que no será posible en lo particular.

Por último, y voy al razonamiento de mi voto, en razón de que vivimos un tiempo de inmediatez; y con esto también me dirijo a los chicos que hoy trataron de manifestarse y protestan afuera, en las calles, también a quienes los invitaron que, más allá de que estén adentro o estén afuera, ya tienen una posición al respecto, una posición ya sea personalísima o política.

Debo decir que estos tiempos de inmediatez nos obligan a ir aprisa, lo que nos ha obligado en este momento a aceptar el debate tal cual nos lo han planteado. Y esto no sólo ocurre en las Cámaras de esta Legislatura tan reformista, ocurre en la vida; hoy lo que se dice en 140 caracteres, depende de quién lo diga y qué tantos retwitts tenga, es una verdad plena, y no debería ser así.

Por eso la izquierda exige el debate, el debate amplio y a detalle, porque el simple hecho de leer 150 caracteres, cosa que agradecemos los medios y técnicas de la información de las que hoy tenemos acceso y podemos utilizar, no nos da la oportunidad de leer a fondo y conocer una nota plena. Así también, hoy discutir este dictamen sobre las rodillas y de esta manera, creo que nos mete en esta situación de inmediatez.

Sin embargo, sostengo que no es malo, que es más de lo que muchos esperábamos en otro momento; y me gustaría saber –y volviendo al tema de la globalización– si respecto de la gente que está afuera, que nos está viendo, que nos está escuchando y pensando en la globalización, ¿si han hecho un juicio ya del por qué de estas y otras reformas?

Lo dije hace un año y todas estas reformas pasan precisamente por el TPP, por el Tratado Transpacífico, nos están en este momento enrutando, como país, a homologar nuestra legislación en prácticamente todo.

Y todavía falta, desde lo que fue la Reforma Educativa, que fue más laboral que educativa, desde la Reforma Laboral, lo que vimos en la Energética, lo que estamos viendo hoy, lo que veremos mañana y las reformas que continúan; va nuestro país en una ruta de homologar su legislación totalmente para ser parte del Tratado Transpacífico. Esos son los grandes temas de la nación.

Pienso que la juventud debe estar alerta, la izquierda también; y aunque aquí muchos representen intereses de grupos de poder o se manejen recursos en las Cámaras para obtener tal o cual resultado. Quienes están afuera tienen siempre una visión más clara y deberían en este momento –creo yo– detenerla. Nuestro trabajo aquí es venir a representar la posición política de quienes nos pusieron en este lugar.

Por último, me gustaría comentar que hoy que estamos sobre la marcha resolviendo temas, pero debemos estar aportando, haciéndonos escuchar, como lo ha hecho nuestro grupo parlamentario, en un dictamen en el que reconozco muchas cosas buenas que no esperábamos y reconozco que le falta mucho. Mi voto debe ser en abstención.

Primero, para que quede claro que protesto por la violación al reglamento y la celeridad con la que estamos debatiendo. Segundo, porque reconozco que la autonomía del Pleno puede, en su momento, subsanar los vicios del procedimiento. Y, tercero, porque es momento de que fijemos una posición que vaya más allá de estar a favor de un grupo político, de un grupo monopólico o de un grupo de interés.

Una posición real y clara es que efectivamente la globalización nos alcanza y sí, este nuevo gobierno nos empuja en la ruta de las reformas, porque estamos ya sobre un tratado a quien nadie le ha puesto atención.

Mi voto, en este sentido, con todo respeto a mi grupo parlamentario y a mis compañeros de la Comisión, bajo este razonamiento, con plena libertad y reconociendo que la felicidad y la dignidad del pueblo tiene que ir de la mano con la justicia social, sobre todo en acceso a la información, es en este momento para abstenerme de votar este dictamen que conocí tarde, que me ha costado demasiadas horas de esfuerzo y de sueño identificar a detalle los cambios y que considero es la mejor posición, en lo personal.

Muchas gracias y buenas tardes.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza.

A continuación el senador Benjamín Robles Montoya. Finalmente, señor senador.

Muchas gracias, senador Presidente.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, señor Presidente. Desde aquí haré mi intervención y quisiera, con el respeto de mis compañeras y compañeros senadores integrantes de estas comisiones, dedicar mis primeras reflexiones porque no podemos decir que lo que sucedió hay que olvidarlo, hacer una reflexión que me parece muy pertinente.

Es evidente que ninguno de los presentes está de acuerdo en vivir sucesos como el que vimos. Entiendo la preocupación de los ciudadanos que se manifestaron. Entiendo que están aquí por su interés, porque alguien los invitó y yo creo que ellos deben saber que estamos en un proceso de discusión y de debate y yo, por supuesto, como lo he hecho con las radios comunitarias e indígenas de mie estado, Oaxaca, me pongo a sus órdenes e invito a mis compañeros de comisiones unidas que podamos invitar a estos jóvenes a que mañana tengamos un encuentro para que ellos puedan expresarse.

Entendemos que tenemos un proceso parlamentario que debe respetarse, pero creo que también valdría la pena revisar nuestros protocolos de seguridad, porque llegar a tintes de violencia, creo que ninguno de los presentes está de acuerdo y por eso me atrevo a hacer este planteamiento en un principio. Reiterándoles, como lo dijeron, a los compañeros, compañeras de Radio Ajusco, que estamos en la disposición de escucharlos para ver en este debate parlamentario que todavía nos va a llevar varias horas y estaremos esperando llegar al Pleno seguramente el viernes, poder llegar con más elementos que a ellos seguramente les satisfagan y a nosotros también.

Dicho lo anterior, senador presidente de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano; senadoras presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, quiero permitirme iniciar ya en concreto mi participación, resaltando lo que creo son dos aspectos fundamentales que deben prevalecer en los trabajos legislativos, no solamente lo que ya comenté, sino dos aspectos, criterios fundamentales: la formalidad y la transparencia.

Yo menciono esto porque si hacemos todos un ejercicio de memoria hay que recordar que estamos prácticamente a dos meses del primer encuentro que sostuvimos en estas comisiones en una reunión que yo recuerdo, por decir lo menos, fue muy poco afortunada.

Lo que estamos planteando es que haya mucha seriedad en estas reuniones de trabajo y que haya transparencia precisamente para que todo mundo sepa por qué estamos llegando a estos acuerdos. Transparencias en lo que será el debate de este dictamen, tanto en comisiones como en el pleno.

Sin duda creo, senador Lozano, compañeras y compañeros senadores, que el tema que nos está reuniendo aquí es, como ya lo han expresado muchos de ustedes, uno de los de mayor relevancia en nuestro país, simple y sencillamente porque abarca aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestra nación.

Y creo que necesario subrayar y partir de esa premisa para que entendamos la magnitud de lo que hoy estamos discutiendo. Es evidente que esta reforma, esta discusión de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se relaciona, también lo he escuchado aquí de varios oradores, se relaciona con el crecimiento económico por supuesto, pero también con el desarrollo tecnológico de nuestro país.

Lo mismo también que con la competencia y la competitividad que con el ejercicio pleno, también lo hemos subrayado, de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Así de amplio, así de transversal, así de importante es el tema que estamos discutiendo y por eso me permito decir, porque o hemos comentado al interior de nuestra bancada, que las senadoras y los senadores del PRD estamos totalmente convencidos de este principio, es decir, de la necesidad de construir consensos alrededor de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, pero sobre todo partiendo del antecedente del respaldo unánime a una reforma constitucional que aquí también ya se explicó, fue prácticamente votada por unanimidad, solamente tres votos hubo en contra de esa reforma constitucional.

Es por eso que nosotros hace dos meses nos opusimos a un albazo legislativo, nos opusimos al fast track, nos opusimos a una imposición, en aras precisamente de construir consensos que nos permitieran cerrar el paso a cualquier intención regresiva que diera al traste con lo logrado con esta reforma constitucional.

Me parece y lo digo con respeto, que el proceso de construcción de este proyecto de dictamen es evidente que no ha sido fácil, por lo que estoy explicando y creo que no haría falta decirlo, pero vale la pena subrayarlo para centrarnos en lo fundamental del tema.

Y yo creo que también hay que estar conscientes de que habrá muchas voces inconformes como las que escuchamos hace un rato y como las que se han escuchado en las horas pasadas y seguramente se seguirán escuchando, pero estamos convencidos, en el PRD, que esta reforma, de esta envergadura, no podía estar manchada de ilegitimidad, como lo habría estado, desde mi punto de vista, si se hubiese aprobado, como se pretendía hace dos meses, así mediante un fast track y una aplanadora.

Y es que con esta reforma, insisto, se están poniendo en juego asuntos de fondo tan relevantes, hago propias las palabras de muchos de ustedes, como el combate a los monopolios; pero también como el combate al papel del gobierno que ha jugado ante muchos medios de comunicación, está en juego el ejercicio pleno, reitero, de la libertad de expresión, el derecho a la información, como ya lo señalé, y en síntesis lo decía el senador Ruffo, sin la calidad de nuestra democracia.

Pero también, sin duda –yo retomo también parte de lo expresado porque lo he hecho público en otras intervenciones--, están en juego los intereses de esos poderes fácticos en los que todos estamos de acuerdo que hay que ponerles un alto, de esos grandes grupos de poder que se vuelven también, sin duda, grupos de presión y que tal como ejercen esa presión en defensa de sus intereses, pues va, desde nuestro punto de vista, en detrimento del desarrollo económico y democrático también de nuestro país.

Reitero: de ese tamaño es la importancia de esta Reforma y de estas Leyes Secundarias y por eso han sido tantas voces desde hace muchos meses las que se han manifestado y sin duda se seguirán manifestando.

Sin duda, yo también lo creo, que hoy existe un debate público sobre muchos aspectos. Yo aquí no agotaría los 15 minutos en hablar de todos ellos.

Hablamos de obligaciones en materia de seguridad, de procuración de justicia. Se habla sobre la preponderancia, la competencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, sobre los derechos de las audiencias, sobre los derechos de los usuarios, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la neutralidad de la red, que ha pasado por momentos muy difíciles en este debate, entre muchos otros temas.

Sin embargo, como lo acotaba al inicio de mi intervención, como representante en este Senado del estado de Oaxaca, a mí me ha parecido que uno de los temas más relevantes a tratar es, sin duda, el de las concesiones de uso social.

Todo lo que tiene que ver con medios comunitarios y con medios indígenas que, vaya, que en Oaxaca, se lo decía yo a una persona que hace rato se acercaba a un servidor, vaya que en Oaxaca somos muy representativos de ello.

Por eso nos propusimos, presidentes de estas Comisiones, ubicar a Oaxaca, a mi Estado, en la punta de la discusión de ese nuevo documento que nosotros decíamos que teníamos que discutir, es decir, nosotros buscamos focalizar en la literalidad de las leyes que estamos por discutir y sin duda con algunas modificaciones espero muy substanciales a aprobar, pues a tocar los temas inherentes al Oaxaca y a los estados del sur sureste donde las redes comunitarias se han asentado.

Yo se lo decía aquí en corto al senador Torres Graciano: es impresionante en un estado como Oaxaca, como estoy seguro hay muchos, tú vas recorriendo y el único medio de comunicación visible que ves, son los de la televisión de paga.

¿Y dónde está entonces el respeto, la defensa, la promoción de los usos y costumbres?

Por eso las radios comunitarias indígenas son fundamentales en estados como el nuestro y por eso nosotros reconocemos y agradecemos públicamente el acuerdo que propusieron hace un rato los presidentes de las comisiones para modificar un par de artículos, uno de ellos que tiene que ver con este tema.

Porque nosotros por supuesto que pudimos haber asumido la estrategia de descalificar ante los medios lo que evidentemente no estamos de acuerdo pero preferimos optar por acercamientos, como lo anuncié en la mañana, para buscar que se corrigieran las cosas.

Y por eso, como lo dije en la mañana también, lo que vamos a buscar en las próximas horas es seguir revisando temas para buscar llegar al Pleno en el momento en el que así se determine, con un consenso que nos permita superar muchos temas.

Lo ha dicho el Coordinador Parlamentario de nuestra bancada: nosotros vamos a respetar y hacer valer el espíritu de la Reforma Constitucional y sin duda la línea política que nos ha marcado al dirigencia nacional de nuestro Instituto Político y en eso tendrá que ver mucho esta lucha contra estos poderes fácticos, que no pueden quedar como si no hubiese pasado nada.

Parto entonces, compañeras y compañeros senadores, de la idea de que el Estado mexicano debe ser capaz de potencializar en infraestructura, en derechos, en atribuciones a los habitantes de las zonas distantes, de las zonas rurales, de las zonas urbanas marginadas, ese acceso a la información y al uso de las tecnologías de comunicaciones como instrumento de apoyo para erradicar su condición.

Por eso entiendo la manifestación de los compañeros y por eso no quiero que se quede ahí nada más, como si no hubiese pasado nada o como la nota roja de esta sesión; sino propiciar un encuentro con ellos, porque estoy seguro que si intercambiamos puntos de vista, vamos a encontrar un punto de acuerdo, que creo que es lo que estamos obligados en este Senado de la República.

Quiero acotar, finalmente en esta intervención, que las radios comunitarias: Oaxaca, en el sur-sureste, en una gran parte del territorio nacional; desempeñan sin duda un papel fundamental para nuestras comunidades al ser, en muchas ocasiones –reitero– los únicos medios de comunicación y difusión relacionados con la propia idea de cómo se vive en distintas partes del territorio nacional.

Y por eso les insisto que cumplen, sin duda, una invaluable labor de utilidad social; y para que sigan cumpliendo precisamente con esa tarea, con esas finalidades de utilidad pública, me parece indispensable bridarles las herramientas adecuadas que les permitan regularizarse, subsistir y cumplir con su labor. Y en eso hemos empeñado gran parte de nuestros esfuerzos, y lo vamos a seguir haciendo.

Habrá muchos otros temas, vamos nosotros a revisar –lo quiero comentar– hasta dónde podemos avanzar en las próximas horas en el encuentro de consensos, para ver qué es lo que en todo caso tendríamos que reservarnos. Pero nosotros hemos optado porque llevamos muchas horas y días revisando este documento.

Lo compartía yo con mis compañeros, creo que en lo que va de la Legislatura no habíamos estado revisando tan puntualmente una legislación en nuestra bancada, como hemos hecho en esta; hemos discutido todos los temas y, sin duda, no hemos llegado a acuerdos en muchos de ellos; pero en algunos ya hemos avanzado y eso nos permite hoy decir que estamos listos para el debate en lo general en el Pleno, que vamos a insistir en los temas que nos ocupan, algunos los expresarán: compañeros de nuestra bancada que han preparado ya desde ahora reservas; y la idea de que todavía podamos presentar, como lo hemos hecho en otros ejercicios parlamentarios, un anexo, un adendum, algo que nos permita ser más transitables.

Lo que queda claro es que a muchos meses de haber aprobado la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, estamos claros que urge dar el paso de estas leyes secundarias; pero no queremos darlo sin ton ni son: queremos darlo todavía luchando, en el caso del PRD, por las banderas, como lo decía la senadora Iris Vianey, por aquellas banderas de los electores que confiaron en nosotros; esos casi 16 millones de personas que pensaron que la izquierda era la opción de este país, cree que debemos seguir defendiendo.

Por eso nosotros estamos listos para el debate en lo general en el Pleno, y las reservas que en todo caso tengamos que hacer en lo particular.

Muchas gracias, senador Presidente.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias a usted, señor senador.

INTERVENCIÓN: Senador Robles, las comunitarias aceptamos el debate mañana, díganos la hora.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: A las 10:00 horas, amiga, en mi oficina.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien. Miren, ya terminaron las intervenciones de los integrantes de Comisiones, en contra y a favor; ahora vamos con una lista de seis oradores más y terminamos ya con esta relación de quienes van a participar.

Va a ser en el siguiente orden: en primer término el senador Alejandro Encinas, en contra; el senador Ríos Píter, a favor; la senadora Dolores Padierna en contra, senador Roberto Gil a favor; senador Manuel Bartlett en contra y termino yo, un servidor, a favor y con eso terminaríamos todas las intervenciones de esta tarde.

Senador Alejandro Encinas, si es tan amable.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador Presidente.

Yo, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con las ciudadanas y los ciudadanos que intentaron expresarse en este recinto y que lamentablemente por la intolerancia que prevalece en la relación de esta representación popular con la ciudadanía no pudieron hacerlo.

Quiero hacer un llamado y un exhorto al presidente del Senado de la República y al presidente de la Junta de Coordinación Política para que se revise el papel que debe desempeñar el cuerpo de resguardo y seguridad de la Cámara de Senadores, porque la obligación de este personal es la de auxiliar en la relación de los senadores con la sociedad y de ninguna manera actuar como cuerpo policiaco.

Es un órgano de resguardo, no es una policía y en esas sesiones, todas de carácter público, debemos aprender a reivindicar un principio fundamental en el trabajo parlamentario y legislativo en la relación con la sociedad, que es el principio de la tolerancia y el respeto con quienes piensan diferente que nosotros.

Dicho esto, quisiera empezar por señalar que más allá del proceso de discusión que ha restringido hoy la posibilidad del debate en lo particular de las reservas, lo cual va a motivar una enorme incertidumbre en lo que será el dictamen final que se someterá al Pleno, porque hasta donde tengo entendido por lo menos 60 modificaciones que se habían aceptado, 45 modificaciones plenamente redactadas, 15 en revisión, no están incluidas en el proyecto que estamos discutiendo.

Desde el día de ayer que se circuló el documento y en la información que dispongo evidentemente el no haber cumplido que esas modificaciones se iban a incorporar en la sesión de las comisiones unidas nos va a dejar en incertidumbre y espero –ahí sí no coincido con mi compañero Benjamín Robles– que no aparezca un adéndum que modifique de fondo y profundice la regresión que, desde mi punto de vista, significa este dictamen respecto a la reforma constitucional que consensamos el año pasado.

Esto debe preocuparlos porque no sería la primera vez en donde, teniendo acuerdos, se da marcha atrás. Pongo los dos ejemplos más recientes, un acuerdo pleno en la reforma político-electoral, donde de repente de manera subrepticia nos apareció el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral, que afortunadamente ya se revirtió, y otra que hace apenas 15 días que tenía un acuerdo para dictaminar en el periodo extraordinario los mecanismos de asignación de los diputados de representación proporcional de las coaliciones, el Senado decidió levantar su sesión en lugar de dictaminar la minuta enviada del Senado.

Yo creo que por eso debemos de ser muy claros. Por supuesto que yo no estoy en contra de la negociación. La negociación es parte de nuestra labor legislativa y debe ser transparente, clara, como se ha anunciado permanentemente.

El problema no es negociar, sino qué se negocia y la certeza en lo que se negocia y hoy, en este proyecto de dictamen, hay que decirlo, no solamente no hay certeza, hay una incertidumbre y el riesgo de que se profundice esta regresión.

Y hablo de una vez yo, porque desde mi punto de vista este dictamen es un viraje de 180 grados respecto a la reforma constitucional que hace apenas un año, bueno, a finales del año pasado, buscaba establecer condiciones de competencia real para la telefonía, la radio y la televisión.

A partir de consolidar principios básicos de los derechos ciudadanos a la igualdad, la pluralidad y la competencia, para hacer valer la noción del servicio público que representan las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país,

Y lamentablemente el proyecto de dictamen, si bien ha sufrido modificaciones, registra correcciones de algunos avances respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal, hoy no garantiza que los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión sean prestados en condiciones de calidad, cobertura universal, acceso libre y continuidad, preservando la pluralidad y la veracidad de la información.

Por eso quisiera destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado establecer y consolidar en este dictamen, en donde existen profundas insuficiencias y que no se reducen al debate en torno a la definición de preponderancia, que es uno de los temas al que me voy a referir más adelante.

Pero creo que el punto inicial de esta discusión, si queremos avanzar en la democratización de los medios, debe de partir de generar las condiciones para el ejercicio libre de los derechos que los ciudadanos tienen consagrados en la Constitución, partiendo de lo establecido en el artículo sexto constitucional, donde el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y la plena libertad de expresión.

Y por eso lo que corresponde al ejercicio del derecho a la información al derecho a la libertad de expresión, a la no censura, el derecho de los usuarios al servicio de calidad con tarifas más bajas; el de las audiencias para acceder a una oferta que permita elegir entre distintas opciones de comunicación, reconociendo la pluralidad cultural, étnica y política de nuestra sociedad.

El derecho de réplica sobre el cual está pendiente la elaboración, el dictamen de esta ley que tenía un término constitucional y otros temas como el derecho a la objeción de conciencia de los comunicadores y en particular y esto lo subrayo, el derecho a la privacidad y la libre circulación de las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas, a través de la red o bajo cualquier modalidad, no están garantizados en este dictamen.

Segundo tema que a mi juicio es de las asignaturas pendientes: el garantizar la democratización de los medios, que no se resuelve con la definición de preponderancia, ese no es el tema nodal, porque la democratización de los medios no va a venir de los concesionarios comerciales, de las concesiones privadas y comerciales, cuyo objetivo fundamental es el lucro y la ganancia.

Vamos a ver el debate de preponderancia,, que de origen tiene muchos problemas e implicaciones se ha decidido transcribir y establecido en la reforma constitucional, en el artículo 28, el segundo y el octavo transitorio, en donde de manera indiscriminada o indistinta se establecen distintos conceptos de preponderancia. El propio artículo 28 habla de preponderancia por sector y por mercado en el mismo párrafo.

El Segundo Transitorio habla de segmentos del mercado y especifica cada uno de los servicios y el Artículo Octavo Transitorio habla de preponderancia en servicio y los especifica.

Es evidente que de origen tenemos un problema con esta definición. Va a terminar tarde o temprano en la resolución de la Corte, más cuando en el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución establece ya la única viabilidad de lo que es la única posibilidad de intervención de vinculación jurídica es el amparo sin la suspensión de las actividades.

Entonces es algo parcial y esto derivará justamente en esta de solución sobre la preponderancia que dependerá en gran medida de la fortaleza que de esta ley le otorgue al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Pero la verdadera democratización de los medios, como decía, no vendrán de los medios comerciales. Tendrá que venir, o debe venir de la conjunción de dos factores fundamentales:

Lo que es la verdadera regulación del Estado; el Estado sea un órgano regulador no sólo de las condiciones de competencia sino del ejercicio de los derechos para la democrat5ización de los medios y de la construcción de medios alternativos a los medios comerciales.

Y aquí lo que son los medios públicos, los medios sociales, comunitarios e indígenas, son la clave, o deberían ser la clave para genera alternativas de comunicación democrática a partir de reconocer que las telecomunicaciones y la radiodifusión en tanto asuntos del interés público no van a ser resueltos por el Estado, digo, por el mercado, y el Estado debe de intervenir.

Y en este Dictamen se reduce la misma expresión a los medios públicos y a los medios sociales, en donde se llega al extremo, en el caso de los medios indígenas, en donde ahora intervendrá la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tendrá que emitir un certificado de indigenismo a los solicitantes de una concesión de cualquier comunidad o pueblo originario de nuestro país.

Y no es con la tutela de la autoridad como se va a desarrollar estos medios, menos aún cuando se restringe solamente el acceso de los medios comunitarios y de los medios indígenas al 10 por ciento del espectro de la radio en frecuencia modulada y a un pedazo de lo que quede de amplitud modulada.

Una verdadera democratización de los medios siguiendo ejemplos como Ecuador, Uruguay y Argentina, donde se establece que se divide en tres tercios iguales el espectro radioeléctrico para cada una de las modalidades de concesión, pues debería permitir a los medios sociales el acceso a la radio, a la televisión y a las telecomunicaciones en su conjunto, porque reducirlos al 10 por ciento de la frecuencia modulada; bueno, ya lo mejoraron ahorita, con lo que se presentó al principio de la reunión no es sino mantenerlos en la marginalidad.

Y el tercer tema fundamental es hacer del IFETEL un verdadero órgano con autonomía constitucional real, eliminando cualquier injerencia indebida del gobierno, no solamente en lo que se refiere al otorgamiento de las concesiones, en la supervisión de los contenidos, pero también en la vigilancia del ejercicio de los derechos, de los usuarios, de las audiencias y de las garantías y libertades políticas que otorga la Constitución a las y los mexicanos y lamentablemente ese Dictamen no establece una verdadera pluralidad mediática, no fortalece los derechos fundamentales y los mecanismos de defensa de los ciudadanos.

Se mantiene una gran vicisitud en la regulación de la concentración monopólica, con una parcialidad favorable hacia el agente económico preponderante de la radiodifusión y debilita las facultades de independencia del órgano regulador.

Por eso, nosotros insistimos en que debe retomarse la Reforma Constitucional cuando se propuso revertir la falta de pluralidad que prevalece en los medios de comunicación del país, y garantizar el acceso efectivo de medios de comunicación a la sociedad, los pueblos originarios y en particular, a los medios públicos y los medios comunitarios.

En ese sentido, creo que vale mucho la pena retomar las propias recomendaciones que ha hecho la Relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, a nuestro país, en donde destaca de manera particular que la diversidad y debate democrático se encuentran seriamente limitados en nuestro país, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión, por la ausencia de un marco jurídico claro, que se pretendía resolver con esta ley; y la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación, que se vuelve a refrendar estas restricciones a los medios sociales y a los medios públicos, con las restricciones de acceso al espectro radioeléctrico y a la prestación del conjunto de los servicios.

Y al mismo tiempo, vale la pena destacar cómo prevalecen injerencias arbitrarias que atentan contra los derechos de los ciudadanos; y destaco en particular la intervención de las comunicaciones sin que medie orden judicial, lo dice con toda claridad en el capítulo de colaboración con la justicia, en el artículo 189, que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado por la autoridad competente, en los términos que establezca la ley.

¿Cuáles son las autoridades competentes?, las judiciales y las de seguridad pública; ya por lo menos se acotó para que se incorporaran las de seguridad nacional o las fuerzas armadas. Pero es una verdadera regresión que se permita la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos, sin que medie una resolución o un mandato judicial correspondiente.

Podría retomar mucho de lo que han señalado distintas organizaciones sociales, algunas estaban aquí. Ayer mismo sostuvimos una reunión con el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas, con Frank La Rue, donde nos hizo llegar este documento signado por decenas de organizaciones de la sociedad civil.

O también retomar lo que ha hecho explícito esos 31 puntos que nos presentó en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Frente por la Comunicación Democrática; en donde se sintetizan las propuestas –desde mi punto de vista– en dos palabras: diversidad y pluralidad, que son condiciones inherentes para lograr una comunicación democrática.

Diversidad en los medios y el acceso a los ciudadanos a medios alternativos; y pluralidad en el reconocimiento de nuestras diferencias políticas, étnicas, culturales que prevalecen en este país.

Por esas omisiones y por este contenido del dictamen, mi voto será en contra.

Muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, señor senador Encinas.

A continuación tiene la palabra el senador Armando Ríos Piter, hasta por 15 minutos. Entiendo que va a hacer una presentación, ¿verdad?

Adelante.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, señor Presidente.

SIGUE CUARTA PARTE