INICIA SEGUNDA PARTE
…que se consulte a las Comisiones Unidas si es de aceptarse la incorporación de dichas modificaciones al contenido del dictamen que vamos a discutir.

De hecho, le pido a la Secretaría, si es tan amable de que se pueda leer en lo conducente dónde estarían las modificaciones a estos dos artículos: al artículo 90 y 209 para que, si están todos ustedes de acuerdo, bueno, no todos, pero si la mayoría están de acuerdo podamos incorporarlos como parte del dictamen.

¿Nos hace usted favor?

Gracias, senadora.

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Gracias, Presidente.

Artículo 90, cuarto párrafo, decía: “El instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operación de 20 Watts y a una altura del centro de radiación de la antena sobre el terreno promedio de 30 metros a concesionarias comunitarias e indígenas en la parte alta de la banda antes referida. En este segmento se deberá reservar para este tipo de estaciones el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM que va de los 88 a los 108 megahertz”. Esto es lo que dice y lo que se propone que diga es: “El instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM que va de los 88 a los 108 megahertz; dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda”.

Y la otra modificación que se está sometiendo a la consideración de ustedes está contemplada en el artículo 209…Ah, perdón, no concluí.

Seguimos en el 90. El quinto párrafo dice: “El instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM comunitarias e indígenas…” y lo que solicitamos que diga es: “El instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM comunitarias e indígenas en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los mil 605 a los 1705 kilohertz. Lo anterior, sin perjuicio de que el instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social que no sean comunitarias o indígenas en el resto del segmento de AM”. Estas serían las dos modificaciones en el artículo 90.

Pasaríamos al artículo 209, párrafo tercero, que decía: “Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales y, en caso de imponerse cuotas directas a los abonados, no deberán tener en ningún caso efectos disuasorios para el uso de dichas facilidades”. Lo que estamos planteando que diga es: “Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales. Los concesionarios no podrán cobrar al usuario final o abonado cargo alguno por la portabilidad de su número”.

Este planteamiento que se está haciendo ante ustedes que fue acordado por los grupos parlamentarios está firmado por los presidentes de las tres comisiones unidas: Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

Está sujeto a su consideración.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, senadora.

Le damos la bienvenida al senador Emilio Gamboa, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Ya ha sido distribuido con todos ustedes este proyecto de modificación a estos dos artículos. Le voy a pedir a la Presidenta, si es tan amable, Graciela Ortiz, de tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos; posteriormente que haga lo propio la senadora Barrales y después un servidor.

Es decir, la votación sería si se acepta que el dictamen se discuta incluyendo estas dos adecuaciones a los artículos que se han leído.

Adelante.

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muy bien, señor Presidente.

Llevamos a cabo la votación nominal de la Comisión de Estudios Legislativos.

Senador Fernando Torres Graciano:

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: A favor.

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Senador Benjamín Robles Montoya.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: A favor.

SENADORA GRACIELA ORTIZ: Senador Manuel Cavazos Lerma.

SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: (Inaudible)

SENADORA GRACIELA ORTIZ: Senadora Graciela Ortiz, a favor.

Estamos tres votos a favor de esta propuesta.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Adelante senador Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: …ocasión la idea de que las cosas se hagan bien en el Senado.

Tengo una pregunta: ¿cómo se puede estar votando una adición a un dictamen, que es una modificación, a un dictamen que todavía no se vota?

Me parece que han errado en el procedimiento, primero se vota un dictamen y una vez que ese dictamen se vota, si hay modificaciones, pues se pone a consideración, pero por lo visto se ha decidió hacer todo al revés.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: No, senador Corral, no es así, lo que estamos aquí planteando a esta asamblea es que si están de acuerdo en que incorporemos al proyecto de dictamen, para la discusión de todo el dictamen, estos añadidos.

Vamos a continuar con la votación, por favor, senadora Barrales.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Senadora Barrales, a favor de que se modifique el dictamen, en los términos a los que se les acaba de dar lectura y tomo la votación de los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía al respecto.

Pregunto el sentido del voto de la senadora Itzel Ríos de la Mora.

SENADORA ITZEL RÍOS DE LA MORA: A favor.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Pregunto el sentido del voto del senador Javier Corral Jurado.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En contra.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Pregunto el voto de la senadora Lilia Guadalupe Merodio.

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO: (Inaudible)

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Pregunto el sentido del voto del senador Enrique Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS: (Inaudible)

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: El sentido del voto del senador Miguel Romo Medina.

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: A favor.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Pregunto el sentido del voto del senador Miguel Ángel Chico Herrera.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: A favor.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: El sentido del voto de la senadora Gabriela Cuevas.

SENADORA GABRIELA CUEVAS: (Inaudible)

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: El sentido del voto de la senadora Marcela Torres Peimbert.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: En contra.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Pregunto el sentido del voto del senador Ernesto Ruffo.

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: En contra.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: El sentido del voto del senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: A favor de la modificación al dictamen.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Del senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: A favor de la modificación del proyecto de dictamen.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Y del senador Marco Antonio Blázquez Salinas.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ SALINAS: A favor.

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Es cuanto, Presidente.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senadora.

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador Claudia Pavlovich.

SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senadora Iris Vianey Mendoza.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Gerardo Flores.

SENADOR GERARDO FLORES: A favor.

Senador Marco Blázquez.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ: (Inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Omar Fayad.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Ismael Hernández.

SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS: (inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senadora Mely Romero.

SENADORA MELY ROMERO: (inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Héctor Yunes.

SENADOR HÉCTOR YUNES: A favor,

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Raúl Pozos.

SENADOR RAÚL POZOS: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senadora Pilar Ortega.

SENADORA PILAR ORTEGA: (Inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Jorge Luis Lavalle.

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: (Inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Rabindranath Salazar.

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR: (Inaudible)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senador Fidel Demédicis.

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS: A favor.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Y senador Javier Lozano, a favor.

Tenemos mayoría también.

Entonces, queda aprobada en sus términos esta inclusión de estas modificaciones al dictamen.

Senador Barbosa, por favor, si es tan amable y senador Emilio Gamboa.

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA: presidente, agradecer la posibilidad de hablar en esta sesión de comisiones unidas, para poder mencionar que hace aproximadamente una hora falleció el señor Rabindranath Salazar Cisneros, que es padre del senador Rabindranath Salazar Solorio. Así es que, en respeto, en solidaridad a nuestro compañero, pediría que hiciéramos un minuto de silencio por este fallecimiento.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Si son tan amables, les rogamos ponerse de pie y guardemos un minuto de silencio por el señor padre del senador.

(Minuto de silencio)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias. Nuestras más sentidas condolencias.

Senador Gamboa: ¿Quiere usted hacer uso de la palabra?

SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: No.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: No. Muy bien. Gracias senador.

Vamos entonces a continuar con nuestra sesión y vamos a entrar a la discusión en lo general de este proyecto de dictamen y voy a consultar a los integrantes de la Comisión. Tengo una lista preliminar para estas intervenciones.

Para hablar en contra, a los senadores: Ernesto Ruffo, Marcela Torres Peimbert, Javier Corral y Pilar Ortega.

Para hablar a favor, los senadores: Zoé Robledo, Benjamín Robles Montoya, Gerardo Flores Ramírez, Fidel Demédicis, Enrique Burgos, y su servidor Javier Lozano.

Para sonar su voto, la senadora Iris Vianey Mendoza.

Y quienes no son integrantes de la Comisión, pero quieren hacer uso también de la palabra, lo senadores: Alejandro Encinas y la senadora Angélica de la Peña.

Pregunto si alguien más.

A ver: Fernando Torres Graciano. Senador Blásquez, ¿usted va a hablar en qué sentido?

A favor. Más vale que pregunte yo.

¿Quién más?

Senador Gil. A favor.

¿Alguien más?

Muy bien. Silencio por favor nuevamente. Vamos a comenzar.

Entonces, miren: En los términos del Acuerdo, son intervenciones de hasta 15 minutos cada uno. Vamos a irlos alternando en contra, a favor, en contra, a favor.

Primero los integrantes de Comisiones Unidas y al final los que nos acompañan, sin ser integrantes de estas Comisiones Unidas.

Entonces, iniciamos por favor, hasta por 15 minutos, senador Ernesto Ruffo, si es tan amable. Y pueden usar cualquiera de las Tribunas, o desde su lugar está todo habilitado. Adelante.

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Señoras; senadores:

Es para mí este asunto de la Reforma en Telecomunicaciones, un tema central a mi compromiso por la democracia, como ha sido una trayectoria a la que he dedicado muchos años de mi vida.

Y en esta razón, con gran preocupación veo que estos asuntos en el caso de la competitividad, que significa muchas opciones de información para todos nosotros, para que tengamos una manera informada de decidir en las cosas públicas, dependemos de los medios de comunicación; y sin duda que nos atañe el que sean competitivos en precio.

Por ello es que al respecto de este debate, me voy a centrar en un aspecto central, a mi forma de ver, que es la manera de definir a los agentes monopólicos. Resulta que en la propuesta en el dictamen, claro, desde la lectura en la Reforma Constitucional reciente, aparece por primera vez la palabra “preponderante”; no existía el antecedente en nuestro derecho, ni la palabra en los términos de los medios de comunicación, se usa en ninguna parte del mundo: es un invento mexicano.

Y bueno, la búsqueda de la definición del “agente monopólico”, versa en definir a través de los servicios, según el artículo 8º transitorio, en radiodifusión y telecomunicaciones. Bueno, el ciudadano común no compra servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, compra celulares, internet, cable; pero no compra una tecnología de radiodifusión o de telecomunicaciones; de ahí empecé a sospechar acerca de la confusión deliberada para, precisamente, no definir a los agentes monopólicos.

En esta razón, también he visto ir y venir comitivas de compañeros legisladores a Los Pinos; y en lugar de como la República y su espíritu marca de discutir las cosas aquí entre nosotros, las propuestas vienen desde allá.

En esta razón, también las distintas maneras de describir entonces al “agente preponderante”, que se le hace utilizando términos “servicios”, “sector”, “mercados”; se ve confuso y muy a modo para el litigio, lo cual me arrojó aún más dudas.

Es por ello que me he atrevido a decir públicamente que esto se trata de un engaño, es una manera de cómo darnos la vuelta a los ciudadanos para mantener el debate por el poder controlado, a través de la opinión que se vierte en algunas mesas de edición de medios de comunicación. Y ahora, al voltear atrás, veo que el poner esta palabra de “preponderancia” para debatir quién es el agente monopólico, pues, además de ser un invento mexicano fue hecho con premeditación. Por lo cual, no tengo ninguna duda de votar en contra esto y, por consecuencia, toda la ley.

Muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Bien, para hablar en pro de este proyecto de dictamen, le invitamos al senador Zoé Robledo Aburto que haga uso de la palabra, por favor.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Compañeras y compañeros senadores. Sin duda, la necesidad de una nueva regulación que pusiera en primer lugar a los ciudadanos, a los usuarios, a la calidad colectiva de los mexicanos como audiencia de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones fue un compromiso unificador de esta Cámara de Senadores cuando se aprobó la reforma constitucional.

En aquel momento coincidimos todos que era urgente un cambio en el modelo de competencia en la economía mexicana; coincidimos que era urgente un cambio en el modelo que combatiera los monopolios, así como nos lo había recomendado ya la propia OCDE desde el 2011, principalmente en dos sectores de punta: las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Coincidimos que era necesario hacer leyes que premiaran la innovación y el talento de los ciudadanos frente a los carretazos de dinero de los empresarios que les aseguran posiciones privilegiadas en el poder futuro de un contubernio que sigue presente en nuestro país entre el poder público y el poder económico; uno de los rezagos que hemos heredado de tiempos menos democráticos que el que vivimos el día de hoy.

Desde 1951 se permitió el ejercicio en nuestro país de un modelo de televisión abierta y desde 1990 otro en el sector de las telecomunicaciones privadas que han llevado a México a contar con un grupo de poder que concentra las prácticas abusivas; que concentra la influencia en el poder público, que concentra la riqueza y en ese sentido son grandes responsables en del problema de desigualdad que vive en nuestro país: es el capitalismo de cuates, es el fetiche por el mercado libre. Sí, pero libre de competidores, libre de innovación, ajenos a los intereses del gobierno, de los ciudadanos, libre de proyectos y de servicios innovadores y de calidad; libres, pues, de reglas claras, libres de regulación, libres de resultados socialmente aceptables.

Por eso es que en el momento en que aprobamos la reforma constitucional hubo un acuerdo. Así lo pensamos muchos, que el acuerdo era frente a los poderes, a los dos, a todos; no solamente a uno o a otro.

La radiodifusión y las telecomunicaciones en México son islotes en donde los derechos de los consumidores y los derechos de los usuarios, de las audiencias y de los ciudadanos en general son cartas de triunfo que muy pocos pueden decir tener.

Ahí está el ejemplo de Telesistemas Mexicanos, en 1951 después convertido en Televisa y después el monopolio público convertido en privado, Telmex, que después derivó en Grupo Carso.

Estas situaciones hacen confundir el sentido social de una economía de mercado. Un escenario pantanoso en el que nos hemos estancado: mercados distorsionados, competencia simulada, altísimas barreras de entrada imposibles de alcanzar.

La legislación mexicana a lo largo de los años, relativas a este sector, ha favorecido a los de por sí ya favorecidos. Es no sólo un juego no legítimo; es un juego totalmente injusto, por eso la reforma constitucional en esta materia suscitó importantes consensos.

El mercado es una institución en donde se intercambian derechos y obligaciones, pero es el Estado quien debe garantizar la asignación clara de estos derechos y permitir que en igualdad de condiciones se compita. La rectoría del Estado y su capacidad de regulación son condiciones necesarias para poder hacer socialmente eficientes a estos mercados.

Después de la reforma constitucional, el día de hoy nos corresponde extender el esfuerzo y plantear los cómos con puntualidad, los cómos con un rigor técnico, con especificidad temática, pero sin olvidar la base y los principios que le dieron origen.

Hoy corresponde esa dificilísima tarea de reglamentar la Constitución sin contravenirla, siguiendo su letra, siguiendo su espíritu y nunca perder de vista hacia dónde deben de ser orientados los esfuerzos del Poder Legislativo y en particular de la Cámara de Senadores, deben estar orientados al bienestar de los ciudadanos y a la garantía del pleno goce de sus derechos.

Ese es el horizonte último de todo producto legislativo, la pluralidad de intereses en una democracia hay que aceptarlo, no es solamente una realidad, también es un síntoma de salud y vitalidad institucional, somos diversamente divergentes.

Sin embargo, lo que se ha confundido plenamente es qué intereses se deben defender y los intereses que aquí deben prevalecer son los de los ciudadanos, los de cada una de nuestras entidades federativas, no los intereses de las empresas, de ninguna.

La ramplona reducción que se ha hecho de esta ley es el que lo que está en juego es la disputa entre dos empresas. Ya se ha dicho en este mismo salón de sesiones, dos empresas y en ese sentido el que haga lo que haga el congreso, es el arbitraje para favorecer a uno u otro grupo económico.

Yo no acepto que se quiera poner esa condición. La discusión ha desdibujado por completo lo que debería haber sido la primera prioridad, cómo es que esa ley puede beneficiar a los consumidores y la segunda pregunta, si realmente lo hace o no.

La izquierda y la derecha han sido desplazadas como horizontes del espectro ideológico, por otras dos etiquetas y otro espectro. Ahora se habla de Televisa, se habla de Grupo Carso, dependiendo del lado del espectro radioeléctrico en el que cada quien quiere estar.

En dónde quedó la discusión ideológica de nuestros temas. Ahora la nueva disyuntiva no va a ser el ser de izquierda o de derecha, sino pertenecer a un grupo monopólico o a otro grupo monopólico ambos igual de nocivos.

Esa ley no es el mecanismo para favorecer o perjudicar a ningún grupo económico, sino para garantizar derechos y crear beneficios sociales.

La posición de los senadores del PRD es a favor de las audiencias y a favor de los usuarios, no es a favor ni es en contra de ninguna empresa, que quede claro. Lo malo no es que existan empresas como Telmex, Telcel o televisa, lo malo es la falta de competencia en la que operan esas empresas.

Estas empresas no disputan mercados, ahora están disputando capacidad de influir en los legisladores. Tenemos que lograr que hagan crecer el mercado geográfico y socialmente ambas para facilitar el acceso a nuevos usuarios y a nuevas audiencias, ese debería de ser el interés central de todos nosotros cuando nos paremos aquí y emitamos un voto.

El mercado de radiodifusión en telecomunicaciones tendrá que reordenarse como consecuencia de garantizar derechos y estándares para beneficiar a las audiencias y a los usuarios.

La tentación de favorecer a un grupo económico a través de la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión es un grave error y una acción ilegítima.

En radiodifusión el énfasis debe ser ampliar nuestra democracia, fortalecer una sociedad en esencia plural, multicultural y heterogénea. Los medios deben garantizar el acceso y la expresión de toda la sociedad bajo condiciones de competencia económica equitativa y transparente, y donde debe existir una manifiesta intervención del Estado para garantizar el desarrollo y viabilidad de los medios públicos y los medios sociales.

Las telecomunicaciones también son un factor de desarrollo económico que en nuestro país no se ha aprovechado en todo su potencial, por falta de competencia debe obligadamente romperse la red que atrapa beneficios sólo a favor de una empresa que impone reglas y costos en detrimento del país.

Mayor bienestar y desarrollo económico y una más acelerada consolidación democrática y una más acelerada intervención de todo el espectro plural que es nuestro país, debería de ser la premisa de esta ley.

Si no conseguimos que la democracia avance, si no conseguimos que la competencia económica sea efectiva, que los monopolios desaparezcan y que los ciudadanos vean reflejados en su vida cotidiana los beneficios de esta legislación, entonces no podremos decir que hemos tenido éxito.

Esa legislación debe ver también hacia el futuro, las bases de hacer grandes negocios al amparo de la telefonía fija y las bases para hacer grandes negocios al amparo de la televisión abierta, hay que entenderlo, están a punto de agotarse.

Hoy la base de negocios está ya en los servicios convergentes, en la televisión restringida, en el Internet y en los servicios móviles.

Un par de décadas a lo sumo, como lo pronostica el físico teórico Michio Kaku, las telecomunicaciones estarán conectadas directamente a las personas incluso a través de realidades aumentadas; estaremos pudiendo monitorear todos los días conectados permanentemente, incluso nuestra salud.

A eso es hacia lo que vamos y estamos peleando todavía por cómo favorecer, o cómo perjudicar a uno o a otro de los dos grandes grupos que con falta de regulación, con corrupción, han crecido al amparo del bienestar y de la democracia de nuestro país.

Las telecomunicaciones, como las conocemos hoy, son un tenue esbozo de lo que nos depara el futuro: movilidad total y conexión permanente. Por eso es importante ver todos los temas que implica esta ley.

La preponderancia, sin duda, pero eso es sólo una medida que esperamos sea transitoria y que en la competencia en los mercados se vuelva efectiva en poco tiempo.

Es un tema importante sí, pero no es el único, ni mucho menos es el que más mira hacia el futuro.

Garantizar las libertades democráticas y los derechos de los usuarios y audiencias, es un tema igual de importante, garantizarlo sobre todo en la plataforma de Internet.

Asegurar la neutralidad de la red es probablemente la discusión más trascendente hoy para los próximos años y para el futuro de nuestro país por las nuevas formas de exclusión, las nuevas formas de discriminación y de hacer crecer privilegios indeseados, pasan justamente por ese tema y debemos mostrar, ojala, así como se muestra la preocupación por la preponderancia, hubiera de todos la misma preocupación por la neutralidad de la red.

Esa es la legislación que en 30 años se va a estar reclamando en nuestro país si no hacemos las cosas bien hoy.

Debemos de mostrar preocupación e interés en garantizar la privacidad en el manejo de datos, evitar la censura y la restricción de señales, promover los medios públicos con un modelo incluyente y plural, dejando de lado el oficialismo, impulsar y garantizar la presencia y viabilidad de medios comunitarios indígenas y muy señaladamente incluir mecanismos de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad.

Es un paso importante en todos estos temas con inclusiones que se han hecho a partir de lo que era inicialmente la propuesta del Ejecutivo Federal.

Hay que decirlo de manera muy clara: El proyecto de Dictamen que se presenta hoy, no es una transcripción de la Iniciativa que envió el Ejecutivo Federal el 30 de abril a esta Cámara. Tampoco es el documento que presentó un senador a nombre de otros como un Dictamen.

Ahora, cuando escuchamos a muchos hablar de los beneficios y las bondades de esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, muchas veces olvidan decir que estos avances no estaban contemplados en la Iniciativa Presidencial.

Por el contrario, la Iniciativa original del Ejecutivo Federal acarreaba una serie de inconsistencias respecto a la Reforma Constitucional, ya que debilitaba al IFT; no garantizaba la neutralidad de la red ni la interdependencia editorial de los medios públicos, además de que amenazaba con cortes de señal de Internet por supuestas razones de seguridad y no consideraba en absoluto a las audiencias y a los usuarios con discapacidad.

La propuesta de Dictamen que se presenta incorpora muchas preocupaciones de la sociedad civil, muchas preocupaciones de académicos y de especialistas, y muchas preocupaciones de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

Todas, por supuesto que no son todas; más de las que traía el Ejecutivo Federal, muchas más. No estamos satisfechos y yo creo que ningún legislador puede decir, jamás, que está satisfecho plenamente del contenido de una Iniciativa, sin ver ésta, la legislación ideal, es una mejor propuesta de la original.

Pero también hay que decirlo, contiene aún muchos elementos controvertibles y contiene aún muchos elementos insuficientes.

El PRD ha apostado por la construcción de una mejor ley a través del diálogo, un diálogo que ha sido de manera transparente, plural y ha sido también integrando a un grupo amplio de senadores, nunca ha sido un diálogo entre una o dos personas.

Cuando aquí se ha mencionado que hay un diálogo en Los Pinos, es falso. Con todo el respeto que yo le tengo al senador Ernesto Ruffo, como se lo he expresado hace un momento, hoy que cumplen 25 años de que el señor fue el primer gobernador que abrió la alternancia partidista en nuestro país, se lo digo:

Nosotros no iremos jamás a Los Pinos a negociar los derechos de absolutamente nadie. Si no hubiéramos intervenido en esa negociación, esta ley hubiera estado aprobada hace mucho, con una serie de regresiones gravísimas.

No podemos decir que estamos 100 por ciento satisfechos. Pero esta es una iniciativa radicalmente diferente a la que se presentó inicialmente.

Debemos verlo no como un paso final, sino como uno de los pasos iniciales en un largo camino de la reglamentación de sectores que por su muy alto dinamismo económico y tecnológico requerirán de nuevos ajustes.

Nuestros retos es que esta ley se mantenga actualizada y en eso nos estamos comprometiendo.

De aprobarse esta ley, los ciudadanos deben ver reflejados sus beneficios en muy corto tiempo; beneficios como el fin del pago de llamadas de larga distancia, como la portabilidad de su número telefónico con procedimientos sencillos y además, gratuitos; la llegada en poco tiempo de dos cadenas nacionales de televisión y una cadena de televisión del Estado mexicano; la aparición de nuevos y numerosos operadores virtuales de servicios de telefonía celular; la creación de una red pública de internet; mecanismos de acceso a los contenidos de radiodifusión para personas con discapacidad; y el fin del oficialismo en los medios públicos; además de un largo etcétera, que seguramente estaremos discutiendo en estas comisiones y, ojalá, en una muy amplia discusión y debate en el Pleno.

Son beneficios que no podemos regatear, no podemos regatearlos porque se cumplen para unos o se cumplen para otros; si no son beneficios para los usuarios, no son para nadie. Son beneficios que habrán de dibujar una nueva realidad para las telecomunicaciones y para la radiodifusión en nuestro país.

Esa ley implica muchos temas, muchas transformaciones: yo las considero positivas, por eso mi voto va a ser a favor.

Gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchísimas gracias, senador Zoé Robledo.

A continuación, para hablar en contra de este proyecto de dictamen, la senadora Pilar Ortega Martínez.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias. Con su permiso, Presidente.

Dos premisas deben orientar el trabajo de quienes integramos estas comisiones, en este dictamen a las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones. Primero, por supuesto, atender al texto constitucional establecido en la reforma que este Congreso aprobó iniciada esta Legislatura, y que fue una reforma histórica que establece principios básicos para lograr la erradicación de monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; y dar paso a una verdadera competencia…

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Senadora, permítame un segundito, por favor.

Les ruego a los presento guardar silencio para que escuchemos a la senadora.

Adelante, por favor.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.

Pero sobre todo, generar a través de esta competencia, de estas nuevas condiciones, mejores servicios a menores costos para los usuarios de los mismos; y es que la eficacia de esta reforma constitucional está precisamente en la forma como se articule esta reforma secundaria. Hacer que esta gran reforma constitucional incida realmente en la vida de cada uno de los mexicanos.

Esa es la obligación que como legisladores tenemos, por ello creo que los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estamos obligados a analizar, discutir y en su caso, modificar este dictamen y entregarle un mejor proyecto al Pleno de este Senado de la República. Estoy consciente y segura de que la discusión técnica de esta reforma se debió dar al interior de estas comisiones.

Es necesario clarificar nuestra posición en temas como los que ya se han mencionado: preponderancia, multiprogramación, medidas asimétricas, derechos de las audiencias, colaboración con la justicia; algunos de los aspectos que deberían someterse a un análisis exhaustivo y a una discusión puntual en estas comisiones.

El día de hoy presenté dos reservas que tienen que ver con los artículos en donde se autoriza a los ministerios públicos y a las policías intervenir señales de dispositivos móviles, sin que tales disposiciones estén apegadas a los derechos fundamentales que tutela nuestra Constitución, y que si no se modifican podrían generar violaciones graves a derechos humanos de los ciudadanos.

Por eso, al no tener claridad de éstas, de los destinos de estas disposiciones que son, en mi opinión, parte del corazón importante de esta reforma que, sin duda el dictamen –y quiero reconocerlo– tiene aspectos positivos; sin embargo estos temas que son fundamentales y torales no están clarificados, no se ha podido generar esta discusión, no se va a generar al interior de estas comisiones y muy probablemente, el destino de las mismas se dé en el Pleno en una apretada discusión y, finalmente, queden olvidados.

Por ello, votaré en contra de este dictamen en lo general.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, senadora.

Si es tan amable, para hablar a favor de este proyecto de dictamen, el senador Fernando Torres Graciano.

Adelante.

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: Gracias, Presidente. Aun cuando el dictamen, por lo menos en el papel se nos presenta en blanco y negro, me parece que no podemos caer en esa visión de que todo está mal o que todo está bien; de que todo es blanco o todo es negro.

Me parece que debemos recordar el antecedente. La reforma que se hizo a la Constitución hace poco más de un año y que en aquel momento buscábamos hacer reformas de tercera generación; reformas que superaran la primera etapa donde lo importante era construir la infraestructura, tener el servicio. Una segunda etapa donde lo importante era el acceso a los servicios y esa tercera generación que buscaba reformas que beneficiaran al ciudadano en la calidad del servicio y en el costo.

Y fue así como después de aquella aprobación a la Constitución también nosotros nos impusimos un plazo –un plazo que, por cierto, venció el 9 de diciembre del 2013 y que no cumplimos ni en este Senado ni por parte del Ejecutivo Federal–, pero que finalmente posteriormente llegaron las propuestas de las iniciativas y creo que sí se ha dado el tiempo suficiente para su discusión.

Yo no comparto la opinión de quienes dicen: “No ha habido tiempo para revisar y analizar el contenido del dictamen que hoy nos ocupa”, porque finalmente tenemos el documento desde hace mucho tiempo. Se puede decir que ha habido ajustes, pero también creo que todo el mundo tenemos perfectamente detectado en qué parte se dieron las modificaciones y tenemos claras las posiciones que se tienen en este sentido.

No podemos dejar de reconocer que aquí estas Comisiones Unidas llevaron a cabo foros de consulta, que se efectuaron durante tres días en los que escuchamos opiniones y posturas de los concesionarios, de los permisionarios, de las cámaras, de las asociaciones, de los especialistas. También se sumó a estas consultas la opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde abordaron temas tan importantes, como fue el uso público del espectro y las posiciones orbitales, las del uso social, los medios públicos, las obligaciones de cobertura social, la determinación de agentes económicos preponderantes, la multiprogramación, los contenidos, la publicidad, la facultad de que en materia de competencia económica y límites en la concentración de frecuencias se daban.

En fin, escuchábamos la postura de la autoridad que en lo sucesivo va a resolver y que incluso ya resolvió temas que tienen que ver con esta preocupación que todos tenemos respecto de un control y respecto de poder limitar el abuso de los monopolios que afectaba y que afecta al ciudadano y al consumidor.

Tomando en cuenta todas estas opiniones, me parece que se ha venido construyendo un dictamen que hoy nos tiene en esta discusión. Un dictamen que sí sufrió modificaciones respecto de la iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal.

Hubo una preocupación en las redes sociales respecto a algunas disposiciones que se daban en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que se podría interpretar como una limitación, una censura, por parte de la autoridad en el uso de las redes sociales.

Vimos cómo se desató un activismo por parte de jóvenes, de mujeres, de especialistas en las redes que motivaron y lograron que finalmente el Ejecutivo Federal tuviera que salir en voz del Secretario de Comunicaciones y del propio Secretario de Gobernación a decir y a aclarar que no había la intención de censurar, de limitar o de atentar contra la privacidad o limitar esa posibilidad del uso de las redes sociales y bueno, esta parte ha quedado superada en el dictamen que hoy se nos pone a consideración y que fue una preocupación que se tuvo por parte de los usuarios de las redes sociales y que no les faltaba razón y que por eso yo celebro que se haya resuelto.

Me parece que este dictamen tiene como eje central al consumidor, al usuario, no se vale y no podemos dejar de lado que se van a tocar intereses y que se ve ahí el tema de la importancia de las grandes empresas, que si es de una forma la redacción o es de la otra, puede beneficiar o puede perjudicar.

Pero es un debate que habremos de dar y que incluso comparto. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvimos el día de ayer discutiéndolo por horas y hemos decidido ir con un voto libre en función de lo que cada quien creemos que es lo mejor y de lo que se apega a texto constitucional que aprobamos hace poco más de un año.

Hay una preocupación auténtica, hay una preocupación que me parece legítima y real y muchos de los temas, incluso, se hará en las reservas. Yo mismo, en lo particular, tengo todavía duda de algunos temas y del sentido del voto.

Pero ello no nos puede llevar a decirle no a todo el dictamen. Eso no nos puede llevar a decir no en lo general a este proyecto que se está presentando el día de hoy, porque es decirle no al avance que hay en el derecho de los usuarios y de los consumidores de los servicios en telecomunicaciones.

Y entonces creo que no podemos caer en esa posición del todo o nada, porque aquí, insisto, hay un tema central que se llama mayor posibilidad de beneficio en el uso diario por parte del consumidor.

Que el que compra un teléfono o hace un contrato tenga la posibilidad de rescindir ese contrato en el momento en que él quiera, de que hace uso de la telefonía todos los días, tenga el derecho que le digan cuándo se vence el pago del equipo y le separen la tarifa respecto del paquete que compró.

Que pueda tener la posibilidad de cambiarse de empresa al momento en que él decida y sin que esté sujeto a obligaciones de contratos que eran y son el día de hoy abusivos.

El centro de esta reforma, para mí y en lo particular y por lo que estoy a favor y pido el voto a favor, es pensando en estos avances que hay para el consumidor, para el mexicano, para el usuario de estos servicios.

Y que los temas que nos preocupan respecto de las grandes empresas lo discutamos en lo particular y votaremos en lo particular cada quien, pero sí separemos esa discusión y pensemos en los beneficios y en los avances que tiene este dictamen y que se van a reflejar en el bolsillo del ciudadano y en la calidad de los servicios que todos tenemos en materia de telecomunicaciones.

Es cuanto, Presidente, muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias señor senador Graciano.

A continuación vamos a escuchar a la senadora Marcela Torres Peimbert en contra de este proyecto de dictamen hasta por 15 minutos.

SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: En un momento histórico de gran lucidez, hace poco más de un año, en esta misma cámara, entre aplausos y de madrugada, aprobamos con amplio consenso y generando grandes y renovadas esperanzas y expectativas, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Si bien es cierto, la reforma constitucional, gracias al trabajo de los representantes del Partido Acción Nacional, entre otros, en la mesa del Pacto por México, tiene ADN para el Estado.

Desgraciadamente hoy la legislación secundaria se aleja de los ideales y de la ética de mi partido. En lo personal no reconozco en las leyes secundarias el paso siguiente y necesario de la reforma constitucional.

Estas no honran su espíritu a pesar de las interpretaciones constitucionales, tiene como objetivo abatir los monopolios y fomentar la competencia, beneficiando a las audiencias y a los usuarios y satisfacer así las necesidades y las demandas ciudadanas.

Debo decir con sinceridad, pero también con pesar, que estas reformas generaron en mí como en muchos mexicanos y mexicanas, una gran esperanza por un México donde la cultura en general, pero en particular la cultura política de las y los ciudadanos, se viera fortalecida con información plural.

Esperaba que por lo menos lográramos contener a los grandes intereses y poner en el centro el beneficio de mujeres y hombres que habitan en este país.

Con la aprobación de estas leyes en sus términos, los mexicanos trataremos de vivir contradictoriamente: En libertad pero sin información.

En México no se logrará consolidar una democracia de calidad y eso será responsabilidad del proponente, el Presidente Peña Nieto, y los legisladores que avalen su propuesta.

Hace menos de dos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica, que entra en vigor ya ahora el 7 de julio próximo.

Hoy, además de una contrarreforma Constitucional, estarán aprobando la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desde hoy en lo personal, llamaré “La Ley de anti competencia y pro monopolios”.

Mientras los abusos al usuario se dan sobre todo en el ámbito económico, es cierto e injusto que pagamos mucho dinero por malos servicios, los daños que sufrimos por los monopolios en los medios de comunicación son profundos y peligrosos.

Sociedades con información pobre y sesgada tienen de manera recíproca y proporcional democracias pobres, ciudadanos dóciles, desinformados, pasivos, manipulados, por una verdad oficial del gobierno en turno y los medios de comunicación a modo.

Digo no al Dictamen y mi voto será en contra por diversas razones.

Concedo que hay avances; las medidas preponderantes que se aplicarán a América Móvil, tales como la alineación del Roaming en telefonía celular –ya se ha hablado de esto--; en la larga distancia en telefonía fija, que generará mayor competencia en algunos servicios de telecomunicación y pudiendo derivar en mejores tarifas para usuarios. Eso está bien.

Pero esta Reforma, compañeros, estaba llamada a mucho más. Esta Reforma estaba llamada a ser la gran política de estado que pusiera en el centro el derecho humano a la información plural, imparcial, oportuna y que también fuera capaz de generar competencia real, que no sólo detonara la inversión y abatiera los monopolios, sino que también inhibiera la concentración.

Mi voto será en contra por razones que a continuación describo:

La definición de preponderancia por sector, constituye un error legislativo que no se subsanará ni se subsana transcribiendo una parte del texto constitucional.

No definir a la preponderancia por servicio, es un grave desacierto que dejará, sin duda –y ya lo vemos—al sector de la radiodifusión sin declaración de preponderancia y a las dos nuevas cadenas de televisión abierta tan ansiadas, con muy pocas posibilidades.

Mi voto será en contra también, porque al quitarle la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular la competencia en la televisión restringida, como está planteado a través de este terrible Noveno Transitorio del proyecto, va en contra del espíritu de la Constitución y va a favorecer, favorecer la concentración en televisión de paga.

Además de existir una obvia invasión de facultades al IFETEL, que seguramente en su momento declarará inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Permitir la concentración en los y los monopolios en cualquier servicio de las telecomunicaciones, constituye un daño directo a los usuarios.

El proyecto de dictamen tiene otras omisiones que también nos alejan de la Constitución, temas tan importantes para el desarrollo de la cultura y de la identidad nacional, pasan necesariamente por la producción nacional independiente, que no regula este proyecto de ley.

La producción nacional independiente es un instrumento indispensable para que la pluralidad del país pueda verse reflejada a través de contenidos que no son producidos por los concesionarios; sino por personas que tienen otra perspectiva de la realidad.

En ese sentido, el proyecto no cumple con lo dispuesto en el artículo 3º transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, el cual dice: “Se deben establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”.

Yo les pregunto compañeras, compañeros, ¿cuáles mecanismos? ¿En qué artículos vienen?

Otra razón por la que mi voto será en contra, es porque los medios públicos no existen como tal: vuelven a ser medios controlados por los gobiernos. Los medios públicos desempeñan una función primordial para asegurar la pluralidad y la diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática; deben proveer a la ciudadanía de contenidos de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población; deben ser independientes del Poder Ejecutivo, pues sólo así podrán ser verdaderamente imparciales, plurales, reflejar la visión de todas y todos los mexicanos.

Requieren contar con opciones de financiamiento adecuado para poder generar contenidos que, a la par de educativos o culturales, sean lúdicos, de calidad y accesibles a la ciudadanía. Deben también contemplar mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos; y eso no se refleja en el dictamen.

Votaré en contra porque en el tema de discapacidad, aun con la inclusión de los artículos 199 y 203, queda muy corta, es insuficiente. Por un lado, es inadmisible que se establezca que el subtitulado sea únicamente en un segmento de al menos un programa de noticias; lo propuesto es violatorio de los derechos humanos, tal como lo manifestó muy bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Es de suma importancia mencionar que en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia y Chile, el cien por ciento de su programación está subtitulada. Y les voy a decir algo más: es irónico y ofensivo para los mexicanos que las filiales de los concesionarios de televisión mexicanos que operan en Estados Unidos, subtitulan el cien por ciento de los contenidos que difunden en aquel país.

Esto evidencia que el afán de ahorrarle algunos millones de dólares a las televisoras, estamos dejando de lado los derechos de millones de personas. La ley del presidente Peña y de todos aquellos que con su voto la hagan suya, dejará en claro que la prioridad es el interés económico particular y no los derechos humanos de personas que sufren discapacidad de algún tipo, sobre todo auditiva.

El subtitulaje debe ser para todos los programas, conforme a un calendario de implementación progresivo; además se debe establecer la obligación de los preponderantes de radiodifusión a incluir el subtitulaje en toda su programación, en un plazo no mayor a tres años.

Debemos también establecer que por lo menos un porcentaje de los teléfonos públicos, casetas de internet, estén a una altura accesible a sillas de ruedas y que tengan otras funcionalidades para que sean accesibles a distintos tipos de discapacidad.

El proyecto tampoco define un calendario de cumplimiento progresivo de las obligaciones de accesibilidad.

Concluyo diciendo que quienes aprueben este proyecto de dictamen, están solapando un daño grave a la democracia; están permitiendo todo lo que un Estado debería limitar: que el poder político, económico e ideológico se concentre en unos pocos, en detrimento de la democracia y de la ciudadanía. Que el monopolio de la información concentrado en unas pocas manos se mantenga así a perpetuidad.

Estamos cuartando la libertad de los mexicanos de decidir con base en información plena, plural e imparcial. En síntesis, compañeros, estamos fallándole a los ciudadanos.

Invito a todos los compañeros senadores, pero sobre todo a los de mi partido, a que no traicionen los ideales del PAN. No a los monopolios y sí a la competencia. No avalen con su voto este fraude a los mexicanos.

Es cuanto.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senadora.

Tiene la palabra hasta por 15 minutos el senador Enrique Burgos García para hablar a favor de este proyecto de dictamen.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En todos los casos se ha hecho una alusión directa al contenido y al tema de la reforma constitucional de junio del año pasado. En medio de nuestras diversidades y de nuestros puntos de vista distintos hemos encontrado también los puntos de coincidencias y una de ellas es que todos, sin excepción, buscamos constitucionalidad.

Una coincidencia que a todos nos convoca es que sí, en la pluralidad, en las concepciones distintas que son parte del componente democrático, por supuesto que queremos constitucionalidad.

Cuando releíamos el contenido de la reforma de 2013, no solamente en su articulado sino en su exposición de motivos, y cuando leíamos también los debates que en aquella ocasión –yo diría– de alta significación por la profundidad, por la apertura, por la amplitud, hay enorme riqueza que hoy estamos por supuesto buscando reflejar en la legislación secundaria como un instrumento y como una forma de aplicación puntual y llevada a la realización, a la realidad.

Si bien el espíritu de la Constitución en aquella reforma pretendió no ser ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo. Como no lo podemos ni lo debemos ser, debemos estar insertos en nuestra propia realidad y en la realidad del mundo, porque, queramos o no, el mundo se formó y se integró en lo que muchos llaman una aldea global.

La globalización, nos guste o no, la aceptemos o no, tiene beneficios y tiene riesgos también; pero uno de ellos es no asumir las transformaciones. La competencia tecnológica en los últimos 30 años ha sufrido transformaciones importantes que impactan directamente el mundo de la economía, y la economía para todos los países y el nuestro, no hay restricción, es una herramienta y es un mecanismo fundamental.

Desde el año 79-80, la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, la emergencia profunda de los medios de comunicación nos impregnó a querer o no, y tiene impactos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No se puede ignorar la competitividad, la innovación, la creatividad, forman parte hoy en día de las posibilidades de una nación con respecto a otra.

Hay mediciones para ser competitivos, para ser innovadores y en esto, esta reforma es parte integral de ello.

La Constitución, conforme su esencia, y ésta también es una reafirmación, tiene un sentido social, es parte del sentido existencial de nosotros mismos.

No se trata de privilegiar ni de limitar ningún espacio de las empresas participativas, no equivoquemos la idea de decir “hay privilegios” o “hay limitaciones”, se trata de favorecer o no a uno o a otro. De lo que se trata es de que haya competitividad y de lo que se trata es de que haya un beneficio social.

Al final de cuentas el mayor recipiendario del tema y el mayor reclamante es por supuesto la sociedad, La Constitución quiere abrir horizonte y darle sentido a las herramientas formidables que se contienen en este documento.

Buscaremos constitucionalidad y buscaremos sentido social en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras divisiones distintas, que forman parte naturalmente del espectro democrático en el que nos desenvolvemos y en el que queremos seguirnos desenvolviendo. En las carreteras estamos logrando avances, no con la rapidez que quisiéramos, pero sí con el gradualismo sostenido y con un sentido de cambio y de transformación. Hay avances en todo esto.

Difiero del punto de vista que señala que hay retrocesos, hay avance en el contenido de esta propuesta. Vale la pena recordar, en un escenario muy general, que esto que habremos de discutir en el pleno, esto tiene que ver con tres aspectos fundamentales:

El problema de México, distinguidas y distinguidos compañeros, es lo social, no hay novedad; es la pobreza, es la insuficiencia en la educación, en los hospitales, en la infraestructura, en las carreteras, en la generación de empleo, es el problema social del país. El tema de México es la cuestión social.

La alternativa frente a eso es el fortalecimiento de una economía vinculada a lo que hoy estamos discutiendo: mientras no haya una economía fortalecida que no ilegítima, no habrá confianza en la infraestructura ni con qué dar satisfacción a la multiplicidad de requerimientos.

Y para ello, para vincular, para poder dar sentido y horizonte al problema de lo social y al tema de la alternativa en la economía, necesitamos un método, cómo unimos lo social con lo económico.

El método tiene que ser la política, en el mejor de los sentidos, en medio de estas discusiones, que al final de cuentas tenderán a enriquecer la conclusión general.

Se abrirá la discusión y cada una y cada uno de los senadores, en el más legítimo de los derechos y por derecho propio, podrá decir lo que en su convicción convenga. Enhorabuena que haya diversidad.

Bien se ha dicho que son las uniformidades las que cancelan la democracia. No, no pretendemos uniformidades, no las queremos, son dañinas a la democracia.

Buscaremos que haya diversidad y buscaremos también que se construyan mayorías, porque ese es el principio: toda la democracia está sustentada en el principio de que la mayoría tendrá que resolver y tendremos que construirla, bajo la base insoslayable de que unos y otros sean escuchados por igual.

Dar respuestas distintas o a modo de cada quien, es lo que no puede hacer ni esta ni ninguna democracia del mundo. Coincidamos o no en nuestras percepciones, coincidamos o no en nuestras ideas, vayamos sin dogmatismos y sin ortodoxias, a buscar el bien de la colectividad.

Busquemos el interés social, busquemos que contra cualquier interés, cualquier forma de poder que no sea el legítimo del Estado, pongamos también un límite.

Busquemos el Estado de Derecho. El Derecho sin el Estado será una realidad normativa pero carente de efectividad, o el Estado sin el derecho será solamente un fenómeno de fuerza, o confundir el Estado más el derecho será confundir también el todo con una de las partes.

Busquemos estado social de derecho; estado social de derecho, que es el sentido prístino que desde 1917 cedieron los Constituyentes.

Mi respeto a quienes piensan distinto. Mi mayor consideración porque sus aportacio0nes también nos darán luces, porque sus puntos de vista contribuirán a que haya una mejor determinación.

Nuestra mayor consideración por la forma y por sus argumentos, pero vayamos al debate. Y en el análisis y en lo que podamos dirimir unos y otros, esperemos que haya luces en beneficio, como lo deseamos todos, de la Nación Mexicana.

Muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien senador. Muchas gracias senador Burgos.

A continuación, para hablar en contra de este dictamen, le damos la palabra al senador Javier Corral Jurado, hasta por 15 minutos.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: He entregado al Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, mi voto particular sobre el dictamen que se presenta.

Quiero compartir dos momentos que creí esperanzadores en la vida política del país:

En diciembre de 2012, el 2 de diciembre, presencié, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, un hecho que me parecía inaudito pero profundamente esperanzador. Se firmaba el Pacto por México.

Asombrado, escuché a Miguel Ángel Osorio Chong, recién estrenado Secretario de Gobernación, decir lo siguiente:

“La creciente influencia de poderes fácticos, frecuentemente reta a la vida institucional del país, y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado Mexicano”. Esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder, que está en el núcleo de nuestra desigualdad, la tarea del Estado y de sus instituciones debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyen el interés nacional”.

Momento increíble, momento inaudito.

Otro momento marcó mi esperanza en la política. No me restituía ni la confianza ni la credibilidad en el régimen que se estrenaba, pero era una ventana de esperanza que se abría.

Escuché el 10 de junio, también de manera personal, del 2013, al Presidente de la República, decir en la Promulgación de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, uno de los mayores anhelos por los que luchamos desde hace muchos años, muchos mexicanos.

Concretar y escuchar que la Constitución definiera a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión como servicios públicos de interés general, que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

Pero de esos momentos esperanzadores estamos ahora viviendo un momento funesto para la vida del país; un Presidente de la República al que lo doblaron a menos de dos años de su gobierno.

El proyecto que se pone a nuestra consideración, presumiblemente reglamentario de aquella Reforma Constitucional que se promulgó hace un año; es en realidad contrario a ésta, se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico, traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la Reforma Constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos.

Es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros, francamente los ignora. Lo que tenemos en este momento tan frustrante de la vida del país, es un golpe a la Constitución impulsado por el Presidente de la República y sus aliados en el Senado de la República; se vacían los mandatos en la legislación secundaria en temas torales.

El proyecto no confirma sólo la batalla ganada por las televisoras, confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos; es un Estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México; pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad.

Por ello votaré en contra de este dictamen en lo general y en lo particular; y son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras. Es increíble el desdén y la arrogancia de una buena parte de la clase política, frente a la protesta y la exigencia sociales; se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esta contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto, y diseñada por el monopolio televisivo.

El Frente por la Comunicación Democrática enlistó las regresiones y ausencias; los derechos de las audiencias son muy limitados y deja a la autorregulación de los medios su cumplimiento; vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica; es un absurdo legislativo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios, y que proponga sancionar a los defensores de las audiencias.

El Estado no puede imponerle a nadie una ética y, en todo caso, las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios, no a los defensores.

Se violenta el artículo 28 de la Constitución, al mantenerle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión; así como en la administración de los tiempos del Estado; lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo en el artículo 28 constitucional, cuando se señaló la facultad, la atribución de supervisión de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y para lo cual la Constitución crea un Consejo Consultivo previsto en el artículo 6º.

Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios, así sea en mínima proporción de su programación; a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de descaro los tiempos de comercialización, un auténtico atentado contra las audiencias y obviamente, sin sanción alguna, la propaganda presentada como información.

Gran avance se anuncia otorgarle a los medios comunitarios e indígenas, la posibilidad de comercialización del 1 por ciento de los presupuestos de comunicación de los gobiernos locales, van a hacer depender ahora a las estaciones indígenas y comunitarias de los gobiernos estatales y municipales; un atentado al derecho de identidad de esas exigencias sociales largamente pospuestas.

A la Secretaría de Gobernación se le sigue dejando la administración de los tiempos de Estado, no obstante que vimos el manejo que ha hecho de éstos y frente a la petición del Senado de la República para transmitir mensajes sobre la reforma petrolera, la respuesta que otorgó.

La gran ausencia del proyecto gubernamental es la falta de un capítulo específico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo 10º Transitorio del decreto, en cuanto a que deben contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.

Y lo que fue pensado en el artículo 6º de la Constitución, para hacer un sistema público de radiodifusión, para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del Ejecutivo Federal la dirección, gestión y operación de este importante organismo.

El título más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios. Están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 Constitucional.

El proyecto es claramente protector de Televisa y la clave esencial se encuentra en la tramposa definición del concepto de preponderancia; el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado, para que sea definido por servicios y no por sectores y, a partir de ello, se le puedan imponer las medidas necesarias para partirlo, en su caso, o someterlo a una competencia efectiva.

Ya lo sabemos. El gobierno y Televisa quieren que haya un solo preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. El sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paga; en radiodifusión radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga, donde tiene más del 60 por ciento de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable.

Bajo el concepto de sector, Televisa no podría ser declarada preponderante ni en televisión abierta, porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia y no tiene más del 50 por ciento de ese conjunto de servicios, pero la protección es tan descarada que, en el caso de que se le declarara preponderante en radiodifusión, las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la risa.

El proyecto es absolutamente desigual, de la manera en que regula al preponderante en telecomunicaciones, a quien le impone las medidas necesarias, efectivas y las que realmente requiere su concentración, pero no así a los agentes preponderantes en radio y televisión. Al duopólio de la televisión no se le toca ni con el pétalo de una coma.

En el arcón de regalos para Televisa, con el que Peña Nieto quiere reforzar su hipoteca mercantil, se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios. Esto es, límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos.

En el capítulo de multiprogramación que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios, se les exenta del cobro obligatorio de una contraprestación y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda. El derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios conforme a lo dispone el artículo 3º transitorio de la reforma constitucional.

Y al preponderante en multiprogramación le van a reproducir exactamente el mismo número de canales que puede tener cualquier otro concesionario, no siéndolo en el mercado de la televisión abierta.

Por supuesto que uno de los abusos en términos legislativos es el artículo noveno transitorio del proyecto. Es un auténtico ataque a la autonomía del Instituto Federal de telecomunicaciones. Se le está amputando uno de sus dos brazos.

El artículo 28 de la Constitución definió al órgano regulador como el órgano autoridad exclusiva en materia de competencia y le impuso dos mandatos fundamentales para combatir las prácticas monopólicas, ya sean relativas o absolutas, y por supuesto para evitar los fenómenos de concentración.

El noveno transitorio es un salvoconducto para que Televisa pueda seguir adquiriendo sistemas de televisión de paga a través de sistemas de televisión por cable.

Es un salvoconducto para autorizarle una operación ya celebrada con la empresa Cablecom. Por eso califiqué a esta cláusula cuando estaba en un artículo sustantivo del proyecto, como la cláusula Cablecom, una operación de 8 mil millones de pesos que Televisa hizo y que requiere de una autorización, porque ningún regulador se la hubiera autorizado en términos de las reglas de la competencia.

Pero le han dado una autorización desde la legislación para que pueda seguir acaparando sistemas de televisión de paga, porque ahora la tesis estrambótico criterio en el mundo de la competencia es que ante la eventual entrada del operador monopólico de telefonía, Carlos Slim o América Móvil, hay que crearle uno de su tamaño, hay que fortalecer al monopolio de la televisión de paga para enfrentar la eventual entrada del operador telefónico.

Vaya principio económico de competencia, crear un monopolio para enfrentar otro, cuando en realidad lo que se tenía que hacer es generar medidas de desinversión, de desincorporación, verdaderas medidas asimétricas, para que el país no se esté repartiendo entre los dos más ricos o preponderantes de cada uno de los sectores, porque entonces lo que sigue es que le escrituren los siguientes bienes tanto a Televisa como a América Móvil.

Este artículo noveno transitorio no lo encontramos redactado así, ni en la primera temporada de la Ley Televisa. Es un auténtico descaro, quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018.

Es contrario a la nación, es contrario al interés público y traiciona el principal objetivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones.

Voy a terminar, señor Presidente.

Otras ausencias y achicamientos tienen que ver con la producción nacional e independiente. Lo dijo muy bien la senadora Torres Peimbert: el proyecto le da vuelta a la Constitución en un mandato ineludible: garantizar mecanismos efectivos para la promoción de la producción independiente.

La definición del proyecto incluso termina beneficiando a las subsidiarias o filiales. Dicen, como gran avance, que le metieron el poder de mando, pero le quitaron la participación directa e indirecta en las partes accionarias de los concesionarios.

Vaya logros de los que vamos a debatir punto por punto en el Senado de la República. Por cierto, la cláusula Cablecom, en noveno transitorio, todavía no encontramos al autor, no sabemos quién lo puso sobre la mesa. Todavía no sabemos quién lo diseñó.

Sería interesante que quienes participaron en esas negociaciones nos digan quién fue el autor de ese noveno transitorio o quién lo puso en la mesa de la negociación, porque hasta ahora es un artículo transitorio que llegó por obra del espíritu santo y se incorporó al proyecto de dictamen.

Compañeras senadoras, compañeros senadores:

Sí, las televisoras están ganando nuevamente la batalla. Los cambios al proyecto son cosméticos; el Gobierno tiene lo planeado, deja intocados los temas esenciales del acuerdo con Televisa.

Saldrá un proyecto reforzado en regalos para la televisora. No importa que el Presidente de la República, al que se le hizo leer por telepronter el discurso de Promulgación de la Reforma Constitucional, haga el ridículo ante el mundo como el salvador de México, el que ofreció combatir a los monopolios y hoy los vuelve a fortalecer con un proyecto regresivo.

Mi voto será en contra y estoy listo para el debate en lo particular, sea aquí o en el Pleno del Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senador Corral.

A continuación, vamos a pedir que haga uso de la palabra, para hablar a favor de este proyecto de Dictamen, el senador Marco Antonio Blásquez, del Partido del Trabajo.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ: Gracias señor Presidente. Muchas gracias a la Mesa Directiva. Con el permiso de la Asamblea:

Discutimos hoy un proyecto de dictamen del cual me siento parte. Un proyecto de dictamen en el cual, salvo excepciones que afortunadamente corregimos, tuvimos acceso de manera oportunidad, pudimos robustecer con las ideas.

Y sí quiero dejar muy claro que en la parte que me tocó aportar, que creo que fue importante, en ningún momento intervinieron mis conveniencias ideológicas, porque creo que esta industria no se rige por ideologías, se rige por intereses, se rige por supuesto por competencia y se rige por algo muy importante que es la competitividad.

Encuentro en este Proyecto de Dictamen puntos que me parecen muy importantes resaltar:

En el área de fortalecimiento del IFETEL, a través del otorgamiento de facultades en materia de contenidos.

Aquí encuentro, particularmente en el Artículo 16, Fracciones 61 y 62 del proyecto, donde se establece que el IFETEL podrá ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones en los casos en que no se cumplen con las disposiciones que regule la programación.

Encuentro avances importantes en el reconocimiento y fortalecimiento a la labor regulatoria que el IFETEL ha venido implementando en los últimos meses.

Ejemplo de ello es que en el Artículo Décimo Tercero Transitorio se establece expresamente que las resoluciones administrativas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hubiera emitido previo a la entrada en vigor de la Ley en materia de preponderancia, continuarán surtiendo todos sus efectos.

Encuentro también avances en el respeto a la libertad de expresión. Es decir, entre otros cambios aplicados en esta Soberanía, se elimina el Artículo 145, segundo párrafo, en el que se establecía que los concesionarios y autorizados que presentan el servicio de acceso a Internet puedan bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, o cuando medie orden de autoridad competente. Artículo eliminado.

Encuentro avances en la coadyuvancia del regulador con los pueblos y comunidades indígenas, interesados en obtener concesiones sociales.

Sobre el particular, destaco el Artículo 87, último párrafo, donde se determina que el IFETEL estará obligado a establecer mecanismos de colaboración, particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y otras organizaciones de esa naturaleza para la asignación de concesiones de uso social, así como para promover que éstas preserven y enriquezcan sus lenguas, conocimientos y elementos que constituyan su cultura de identidad.

El apagón analógico es un tema también interesante, porque en este proyecto, en plena consonancia con la Constitución, se mandata claramente en el artículo 17 transitorio, antes 16, que el apagón analógico se debe llevar a cabo a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2015 y, a su vez, faculta al órgano regulador en consonancia con la política de las transmisiones digitales, a que una vez que se alcance un nivel de penetración del 90 por ciento de hogares con escasos recursos, definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, que de manera anticipada se puede llevar a cabo en las regiones y/o ciudades programadas.

Un aspecto muy interesante lo encuentro, y fui parte, en el aumento en el monto y en las causales que dan origen a las sanciones. Por ejemplo, en el caso establecido en el artículo 303 del proyecto de dictamen se incrementa la multa del doble al triple, de los ingresos excedentes: un castigo sin precedentes en cualquier país civilizado que maneje telecomunicaciones, obtenidos por el concesionario por haber rebasado los topes máximos de transmisión de publicidad.

También, y estoy de acuerdo en lo absoluto con quienes señalan que este dictamen queda a deber en cuanto a las personas con capacidades diferentes. Convengo al cien por ciento con quienes establecen que el artículo 161 y más adelante, el 251, no son lo suficientemente importantes, no cubren las 24 horas de programación o por lo menos 12 para las personas, en particular con debilidad auditiva.

Sin embargo, en este momento quisiera hacer hincapié y dejar constancia de mi sentir sobre uno de los puntos, si no es que el más controvertido, que es el que está causando graves diferencias en esta Asamblea; y me refiero al tema de la preponderancia. Bien señalan, este término, que esta figura es única en el mundo, no existe un Tribunal, no existe un colegio, no existe una legislación, no existe un solo intento en ningún país en donde se haya creado una figura de preponderancia precisamente para contener el impulso de los monopolios.

Asimismo, esto ha creado una gran diversidad de opiniones que sobre la misma se han vertido; principalmente respecto de la disputa de si esta figura jurídica debe ser aplicada por sector o por servicio. En este importante ejercicio, se hace necesario que recordemos tres puntos importantes de nuestra historia reciente, a fin de que podamos obrar en consecuencia:

Primero, cabe recordar que el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, que alcanzó la mayoría calificada en nuestra Cámara.

Segundo, en la fracción III del artículo 8º transitorio del decreto antes aludido, llegamos a un acuerdo respaldado también por la mayoría de los legisladores que integramos el Congreso de la Unión, que se refiere a la definición de “preponderancia” y a las diferentes vías para que la autoridad competente llevase a cabo las declaraciones de agentes económicos preponderantes; tanto en el sector de las telecomunicaciones, como en el sector de la radiodifusión.

Y se hace fundamental una última pieza, relativa al plazo de 180 días que el Congreso de la Unión le otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir con este mandato. Ideal hubiera sido que cuando el IFETEL declaró a los agentes económicos preponderantes, ya hubiese habido legislación secundaria, que junto con lo establecido en la Carta Magna, les hubiera brindado mayores elementos jurídicos para dotar de plena legalidad dichas declaraciones.

Tenemos que reconocer que el IFETEL, en acato a nuestro mandato y haciendo…

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