*****CONTINÚA SEGUNDA PARTE*****
…al artículo 1º, ha comentado usted lo que se está haciendo para que este nuevo instrumento importantísimo, se conozca y se utilice en todo el país.
Yo nada más le preguntaría sobre un aspecto particular de la aplicación de este artículo 1º en los procesos judiciales; es decir, desde ese punto de vista significa una revolución, porque una Suprema Corte o un Poder Judicial cerrado, con toda una serie de obstáculos para el acceso a la justicia, tiene ahora con el artículo 1º un verdadero cambio trascendental.
Yo le preguntaría a usted si está realmente aplicándose, porque todavía veo muchas resistencias aquí y allá, a cambiar de paradigma y realmente abrir a la administración de la justicia, a todo el sistema.
Le agradecería mucho ese comentario.
Segunda pregunta que le haría yo, muy respetuosamente, existen y se están sucediendo una tras otra, leyes que limitan y amagan a la libertad de expresión. Aquí ya la senadora tlaxcalteca lo tocó; yo insistiría en este tema, porque recientemente se acaba de aprobar una ley en Puebla y otra en Chiapas; y si vemos esos dos estados, le puedo decir que en relación con Puebla hay un gran problema actualmente por la imposición de un gasoducto que atraviesa inclusive el Popocatépetl, zonas de riesgo, y que hay detenidos, líderes sociales por oponerse a ese proyecto. Chiapas, ¿qué le puedo decir en relación con los conflictos que tenemos?
Es, por otro lado, un desconocimiento total, grave de quienes están impulsando estas leyes, porque es bien sabido, quienes hemos tenido ese tema de las protestas y cómo manejarlas, que lo peor que se puede utilizar son las armas de fuego. Si es la contención, es la capacitación, es el entender los movimientos sociales lo que lo permite; y no regresar a las épocas pasadas que generaron, se llamaban “los police riots”, que la generaba la propia Policía.
Entonces, volver otra vez a blandir amenazantemente las armas de fuego, es un absurdo; pero además tiene una significación muy especial en lo que estamos viviendo actualmente.
Hay un proyecto de reformas en materia energética en leyes secundarias; y ahí se tocan temas que interesan también al otro tema, que son los indígenas. Aquí se ha tratado ese tema, los indígenas están protegidos por tratados internacionales en cuanto a sus posesiones, los recursos naturales que les corresponden; y no se está respetando.
Estamos viendo como, precisamente, en esa relación con Puebla a la que me refiero, las minas, la privatización del agua, que pertenece a las comunidades, no se está respetando a las comunidades indígenas y a las comunidades en general, de acuerdo con un tratado internacional perfectamente claro, que establece que tienen que ser consultadas antes de tocar estos derechos: y no se hace. Le preguntaría yo cómo siente usted este tema.
Pero además, hay otra cosa que nos presenta grandes peligros a futuro cuando vemos esta imposición de proyectos energéticos. Las leyes secundarias en materia energética –y le voy a mandar la parte a la que me refiero–, establece un atentado total contra la propiedad de este país; y al considerar que la energía es un asunto estratégico, que eso sí lo dejan en la Constitución, pero ya no dejan que está reservado al Estado, se va a establecer que cualquier proyecto de energía es prioritario y estratégico.
Y establece la obligación del Estado Mexicano, de facilitarles a las empresas, que ahora serán extranjeras, el acceso a sus territorios, una serie de principios como las servidumbres dictadas por autoridad administrativa, inclusive la expropiación, sin tomar en consideración que eso viola precisamente estos principios que están en los Tratados Internacionales y dentro de los derechos humanos por tanto.
Y sería muy interesante que en esta visión de la prevención pudieran tocar este tema antes de que se apruebe este atentado contra las poblaciones de este país.
Un siguiente tema, brevemente, la libertad de expresión: La libertad de expresión no solamente se viola a los periodistas, sino también a los políticos.
Habría que analizar cómo opera esta dictadura mediática en la que los medios de comunicación establecen a quiénes sí reciben en sus mesas de discusión y a quiénes no.
Es una discriminación evidente y sería muy interesante que en cuanto a la actitud de los medios de comunicación, que son medios privados pero que tienen más intereses políticos que el propio Estado, cómo pueden darse el lujo de decir “a estos sí los recibo y a estos no”. Es un asunto de libertad de expresión y de derecho a la información que están violados.
A lo mejor una presencia de la autoridad que usted representa, podría hacer que Televisa y TV Azteca reaccionaran sobre esa medida discriminatoria y brutal, que tiene un efecto grave, ¿eh? No se sabe más  lo que quieran que se sepa.
Por ejemplo, la Reforma Energética, nunca se supo de qué se trata y vamos en el mismo camino en las secundarias. Muchas gracias por su atención y nuevamente lo felicito por su desempeño. Muchas gracias señor Presidente.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias senador Bartlett. Por favor, Presidente, tiene usted el uso de la palabra.
DOCTOR RAÚL PASCENCIA VILLANUEVA: Con gusto. Gracias senador Bartlett.
En principio, el tema de los procesos judiciales y este cambio de paradigma a partir de la Reforma Constitucional de junio de 2011.
Decirles que una problemática muy seria ante una Reforma de esta envergadura es la indebida preparación, o falta de preparación de los servidores públicos, incluido el Poder Judicial, para poderla instrumentar.
Lo he sostenido y lo quiero afirmar aquí que siempre que se medita una Reforma de este calado, debe pensarse en quiénes la van a instrumentar.
Hoy por hoy los jueces de prácticamente todo el país poco conocen –por decir menos—en cuanto al sistema de derechos humanos y en cuanto a los Tratados Internacionales.
Y poco conocen porque las universidades poco se preocuparon durante décadas de formar estudiantes preparados en el tema de los derechos humanos.
Eso implica que sí, senador, coincido, la justicia todavía está muy lejos de poder alcanzar  el ideal previsto en la Constitución a partir de la Reforma.
Pero en la Comisión Nacional estamos trabajando con una buena parte de los Poderes Judiciales de los Estados, llevando a cabo actividades de capacitación, instruyéndolos, educando en materia de derechos humanos, para que conozcan los Tratados Internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la importancia de que se modifique lo que por tradición se había hecho y que ahora por Mandato Constitucional debe orientarse hacia un nuevo lindero.
Leyes que limitan, amagan libertad de expresión, como la de Chiapas, Puebla, y agregaría eventualmente Quintana Roo, que estamos revisando, senador, con mucho cuidado.
He instruido a la Dirección General Jurídica de la Comisión, que es la encargada de elaborar las propuestas de acciones de inconstitucionalidad, para que revisemos con todo cuidado cada uno de estos Artículos.
Y como lo he hecho en algunas otras ocasiones, sin mayor interés, ni de grupo ni de ninguna otra índole que no sea el interés por los derechos humanos, interponer, de ser el caso, la acción de inconstitucionalidad.
La Reforma o la ley en Puebla, reciente; la de Quintana Roo es del día 2 de mayor; la de Chiapas es también reciente, de tal manera que la estaremos revisando con mucho cuidado y les anticipo que si es el caso interpondré las acciones correspondientes si resulta su contenido contrario al texto de la Constitución.
El caso del gasoducto y las inversiones en Puebla, en materia energética, hay una problemática que estamos investigando de manera dual, señor senador, y que quiero aquí también agradecer y reconocer al Senado de la República la Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que permitió establecer la Sexta Visitaduría General que se encarga de investigar las quejas en materia ambiental.
Hoy por hoy, estamos investigando en la Sexta Visitaduría General el impacto y si responden estas inversiones, estos trabajos que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad en Puebla y también en Tlaxcala a los extremos de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia.
Pero también tenemos abierta la investigación y atrajimos la investigación, como lo hicimos en Tlaxcala por un caso distinto, a propósito de la detención y actualmente prisión preventiva que están enfrentando algunas personas que liderando un movimiento por oponerse a este tipo de obras, hoy por hoy enfrentan acusaciones de daños, ataques a la autoridad y cuestiones similares. Estaremos muy pendientes de esta investigación, con el objetivo de poder llevarla hasta las últimas consecuencias.
Y también, desde la Cuarta Visitaduría General, la visitaduría general tiene encomendado verificar que el derecho a la consulta en los pueblos y comunidades indígenas se lleve a la práctica, para que no se les haga un dado y solamente le lleguen inversiones que modifican, que lastiman, que afectan sus bienes, sus propiedades, su cultura y que, evidentemente, son contrarias al sentido constitucional a esa importante reforma al artículo 2 constitucional del año 2001, que sigue ahí sólo como un testigo fiel y mudo de lo mucho que está pendiente de llevarse a la práctica, pero que en materia de indígenas todavía estamos muy lejanos que el derecho a la consulta, no solamente en cuanto a proyectos de obra pública, sino también en cuanto a las políticas públicas para apoyarnos, se puedan realizar.
Y, por último, senador, ¿qué le puedo decir en materia de lo último que observa en cuanto a medios de comunicación? Las facultades nuestras no llegan hasta allá. Quizás, en un futuro, alguna reforma sí ameritará un ombudsman en materia de libertad de expresión, en materia de comunicación, para que el derecho a la información y el derecho a informar, quede muy en claro que siempre se apeguen a la realidad y a la verdad, y así tengamos sociedades debidamente informadas y no en ocasiones con informaciones en donde es el contenido personal o ideológico el que se plantea y no el sentido social, o bien, el sentido mismo de la información tal y como se genera.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. Por favor, senador.
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muy breve. Primero, agradecerle que tome mi queja como víctima en materia de comunicaciones, muchas gracias, nos da usted un buen consejo; a ver si logramos, aquí han luchado –no tiene usted idea– como la Ley de Telecomunicaciones para tocar esos temas que se resisten, pero nos da usted una buena propuesta que vamos a ver si la logramos sacar.
Yo pienso que es muy importante lo que acaba de decir de la acción de inconstitucionalidad en relación con estas leyes, porque se nos va a venir un periodo en donde la violencia pública puede ser grave si seguimos con esto que obedece a dictados muy claros; no son estados que estén manejándose por sí mismos.
Y la acción de inconstitucionalidad que tienen ustedes, nosotros no, porque el 33 por ciento en esta combinación que tenemos hoy de votaciones aquí en el Congreso no lo damos; así es que se lo delegamos a usted.
Muchas gracias por su atención.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, la senadora Mónica Arriola, si es tan amable, cinco minutos para sus preguntas.
SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Muchas gracias, Senadora Presidenta. Bienvenido, doctor Raúl Plascencia, bienvenido todo su equipo, los visitadores y visitadoras que hoy nos acompañan, y también a las asociaciones.
Muchos de los temas que se han planteado en esta mesa ya han quitado un poco la duda o el cuestionamiento que traíamos para hacer algún tipo de preguntas; sin embargo, hay un tema en particular que no hemos tocado aquí y que es de vital importancia para nosotros, y es el tema de la discapacidad.
Hoy en día se reconoce, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2012, que en México el 6.6 por ciento de la población presenta dificultad alguna o alguna discapacidad para realizar al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar, comunicarse, poner atención, atender, atender el cuidado personal y mental.
Este grupo de personas se ha enfrentado históricamente a la discriminación y a la marginación, tanto de las instituciones gubernamentales como de la sociedad en general, convirtiéndola en unos de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad y la minoría más grande del país.
Se ven excluidos de sus propias comunidades, perciben sueldos bajos, se les niega la posibilidad de ir a la escuela o de participar en procesos políticos. Son estigmatizados por la sociedad y tienden a ser los más pobres entre los pobres.
No podemos negar que el asunto de la discapacidad es un asunto de interés público, de derechos humanos y de desarrollo. La discapacidad no es una condición médica, sino el resultado de la interacción entre impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y los medios físicos.
Las personas con discapacidades físicas o mentales suelen ser más vulnerables y no precisamente por esta condición diagnosticables, sino porque se les niega el acceso a la educación, a la salud, los mercados laborales y los servicios públicos, derechos todos ellos humanos.
Dos de las causas más importantes de la misma tienen que ver directamente con la pobreza y la indefensión. Frente a las mil mujeres que mueren cada año en o a consecuencia del parto y del embarazo, por no disponer de atención adecuada, hay miles de mujeres pobres sobrevivientes que quedan discapacitadas, después del parto, de por vida, frente a quienes mueren en accidentes laborales.
Ellos son millones de trabajadores pobres…
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Perdón, un saludo del senador Barbosa.
Doy la bienvenida al senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
Bienvenido y por favor, discúlpeme, senadora.
SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Bienvenido senador Barbosa, por usted ya sabe, todo, hasta esta omisión.
Le agradezco, senadora Presidenta.
Me quedé en que frente a quienes mueren en accidentes laborales, están los millones de trabajadores pobres, indefensos, desregulados y desprotegidos, que son mutilados todos los años por maquinaria y condiciones peligrosas e insalubres de trabajo.
Entre ellos están en muy alta proporción las víctimas del trabajo infantil. Una tarea imprescindible entonces para reducir la vulnerabilidad que genera una discapacidad, es el asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos primero.
Y si no hemos sido capaces de proteger de la discapacidad a nuestros semejantes, como sociedad les debemos al menos la protección más cuidadosa, más exigente a quienes sufren de una discapacidad por nuestra falta de equidad inicial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya establecía desde mediados del siglo pasado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Reconoce la dignidad como intrínseca a cada ser humano y asegura a las personas con discapacidad ser sujetos de los mismos derechos.
A nivel internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo resultó un gran avance en la materia.
Este instrumento representa un paso histórico hacia una nueva perspectiva que da cabida a una visión más integral sobre la misma. Por un lado cubre ámbitos esenciales tales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, participación en la vida política, expresando los derechos esenciales de forma que atienda las necesidades y la situación específica de esta población.
Y por otro lado logra transformar la manera en que se había abordado la discapacidad, al pasar de una forma meramente asistencial a colocarla en la mesa de los derechos humanos.
En esta Convención, las naciones del mundo reconocen que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y miembros activos de una sociedad.
Esta convención apenas está sembrando semillas para lograr el pleno goce de derechos y oportunidades al desarrollo de las personas, en este país con esta problemática.
Su implementación implica la actualización de marcos jurídicos, políticas públicas y programas sociales que mejoren las condiciones de vida, pero además se requiere de un cambio de paradigma hacia el reconocimiento y valoración de las personas con discapacidad.
Es necesario acabar con prácticas y costumbres discriminatorias que los mantienen al margen de la sociedad. Las burlas que reciben los niños y niñas con discapacidad en las escuelas han de ceder el lugar al cariño inculcado desde la infancia.
El poco respeto por los lugares reservados a las personas con discapacidad en el transporte público, ha de ser reemplazada por una actitud cívica y de respeto.
La marginación a la que se enfrentan en sus propios hogares o siendo jóvenes, ante los lugares de diversión, deben ser denunciadas y sustituidas por tolerancia e integración. Eso es hoy ser un país moderno.
Todas estas son actitudes y prácticas que tenemos que transformar y nos estamos perdiendo la experiencia de convivir con un grupo muy numeroso de personas, que cuenta con una amplia gama de conocimientos, habilidades y talentos.
Señor presidente Raúl Plascencia, justo en ese sentido, me parece de gran relevancia el contenido del Informe presentado por usted hace unas semanas y la oportunidad que hoy tenemos para intercambiar opiniones.
La pregunta sería si es posible ampliar la información y nos expusiera su opinión sobre las acciones que ha emprendido el Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad. Asimismo, que se nos comentara sobre las recomendaciones que haya metido la CNDH en este sentido.
Por su atención, muchas gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, senadora Arriola. Por favor, doctor Plascencia, tiene el uso de la palabra.
DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Con mucho gusto, senadora.
Y gracias, senadora Mónica Arriola, por las preguntas; porque me permite abordar un tema que tiene que estar en el primer lugar de la agenda nacional: la atención de las personas con discapacidad.
Una persona puede adquirir la discapacidad por nacimiento o también por accidente o por edad. Una situación fatal en materia de discapacidad, es que seguramente todos los que lleguen a una edad adulta, muy mayor, enfrentarán algún tipo de discapacidad: móvil, auditiva o eventualmente emocional o mental, como la denominan.
En la Comisión Nacional no había hace cuatro años, un área especializada en atender el tema de la discapacidad: hoy contamos con un área especializada. Pero más aún, en donde la titular es una experta en discapacidad, que padece discapacidad también de nacimiento; y todos sus colaboradores, doctores en Derecho algunos, con discapacidad visual, móvil o bien de algunas otras características.
A nosotros nos parece que es muy importante que en materia de discapacidad estemos conscientes de que hay una condición necesaria para que una persona con discapacidad pueda o esté en posibilidades de ejercer sus derechos, y esto es la accesibilidad.
Hoy por hoy, México enfrenta una condición en donde pocos lugares son accesibles para una persona con discapacidad: transportes públicos que simple y sencillamente están vedados para las personas con discapacidad, porque no hay condición para utilizarlos; aulas en escuelas que no están habilitadas para tener a personas con discapacidad o en donde los campus fueron diseñados sólo para quien tuviera una plena capacidad y no alguna discapacidad.
Instituciones de salud, con un modelo de diseño también no para atender a personas con discapacidad; áreas de trabajo que en sí, marginan…
Bueno, pues imaginemos nada más, aquí el Senado, que marginan a las personas y que por consecuencia, las alejan de la posibilidad de sumarse al desarrollo en el cual deberían estar plenamente integrados.
Coincido plenamente, senadora, plenamente, en que requerimos en buena medida avanzar, sí, en la parte de instrumentar plenamente la Convención de Naciones Unidas; esta ley moderna de hace algunos años para atender a las personas con discapacidad, pero particularmente en algo, que es en lo que estamos trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: que en todas las comunidades, en los 2 mil 457 municipios del país, en todas las dependencias públicas y desarrollos privados, lleguemos al punto en donde se exija que existan condiciones de accesibilidad para las personas.
Hoy por hoy esto no es así, y el retrato que usted nos plantea es indiscutible: muchas marginadas, aisladas. Hemos encontrado casos de personas con discapacidad que jamás, jamás han salido de la recámara en la cual nacieron, jamás, porque no hay quien los pueda cargar, no hay quien los pueda transportar de una zona rural para llevarlos a la escuela; y mucho menos, no hay hospital alguno que lo pueda atender para una terapia o para propiciar que pueda insertarse el desarrollo nacional.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos resumido un compromiso que yo invitaría al Senado de la República que ojala pudiera también tomarse en consideración.
En inicio que el uno por ciento del personal contratado fuera personal con discapacidad. Hoy, estamos ya en cerca del dos por ciento con el objetivo, que quede muy en claro, que tener una discapacidad no implica estar discapacitado.
Nos han demostrado las personas con discapacidad su entrega, compromiso y rendimiento, en muchos casos mayor y mejor que aquellos que no tenemos una discapacidad.
En ese sentido creo que podemos todos sumar y hacer un compromiso para que nos podamos, en buena medida, sumar y que no abonemos a esta discriminación, a esta marginación, a este aislamiento y que al menos quienes estamos temporalmente en el servicio público podamos dejar muy en claro que no es un tema sólo de voluntad sino de acciones y de resultados.
En la Comisión Nacional, el año pasado, logramos capacitar a 51 mil 775 personas con discapacidad, pero también a sus familiares, para invitarlos, motivarlos y apoyarlos para seguir, en buena medida, impulsando el desarrollo de esas personas que están en condición de discapacidad, pero no discapacitados. Muchas gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias Presidente. Por favor, senadora Arriola, sus dos minutos para réplica.
SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO: Muy amable Presidenta senadora.
Le agradezco mucho sus respuestas y de verdad me congratulo mucho en el esfuerzo que está haciendo la CNDH para poder generar este tipo de respuestas puntuales a la sociedad, que es muy importante que conozcan también la labor de la propia Comisión.
Por otra parte, sé que no va a haber una respuesta al respecto, que se trató un poco el tema de la tortura, pero sí quisiera comentar un tema en particular y dejarlo a la reflexión y que más adelante se pueda revisar con mayor puntualidad.
En octubre del año pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó una especial preocupación por un notable crecimiento de la práctica de la tortura en México.
Se estimaba que el organismo de la ONU tenía 7 mil 253 casos de tortura. La conclusión del informe de la Organización nos presenta un escenario doloroso, complicado y que requiere de urgente resolución.
El licenciado Andrés Aguirre, Tercer Visitador de la Comisión Nacional, ha expresado que la responsabilidad de investigar las denuncias de tortura recae en el Estado, y esta responsabilidad no es sólo asumida en todos los casos, una alta proporción de los cuales quedan impunes.
En el mismo sentido, rechazó lo señalado por el Gobierno Federal, el cual señaló que está combatiendo la tortura en el país, tomando como indicador la reducción en el número de quejas de la CNDH que han ido a la baja.
Explicó que éste no refleja lo que ocurre a nivel nacional, pues el organismo únicamente recibe quejas que vinculen autoridades federales y hay muchos casos de tortura que involucran a autoridades de las entidades federativas y de los municipios, que son competencia de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos.
México se incorporó al Protocolo de Estambul, hace 10 años –el 18 de agosto del 2003--; un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que constituye el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.
Yo dejaría únicamente esta pregunta para una revisión puntual y es en base a este instrumento, señor Presidente, donde se han incorporado la serie de estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para reconocer y documentar indicios de tortura, preservación de pruebas, realización de exámenes médicos, entrevista y evaluación de pruebas. Es cuánto señor Presidente.
Y nuevamente reiterarle el agradecimiento personal y su labor al frente de la Comisión de Derechos Humanos.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, senadora. Hemos terminado la primera ronda. Vamos a iniciar la segunda ronda. Va a ser el siguiente orden:
Primero, hace uso de la palabra el senador Zoé Robledo, de Chiapas; después el senador Pablo Escudero. Posteriormente la Senadora Layda Sansores y la Senadora Mariana Gómez del Campo. La Senadora Diva Hadamira, que le correspondía intervenir esta ronda, tomó la palabra antes del compromiso que la obligó a retirarse de esta sesión.
Por favor, senador Robledo, si es tan amable, sus preguntas, cinco minutos.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Claro que sí, Senadora Presidenta, muchas gracias. En primer término, quiero reconocer la disposición del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo estoy convencido que el diálogo entre los organismos autónomos y el Senado de la República siempre va a ser un espacio constructivo, rico; ojalá que sea también esclarecedor.
Y, además, la mejor demostración de que lo es, es este compromiso que era parte de mis preguntas y cuestionamientos y que ya han tenido respuesta respecto a las leyes que se están aprobando en diversos estados y este compromiso de revisar la acción de inconstitucionalidad promovida desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si fuera así el caso.
Es un tema que por supuesto que nos preocupa a todos los senadores, en particular a quienes somos de estados, como Chiapas, donde este tipo de normas se acaban de aprobar.
Ahora, quisiera hacerle dos preguntas muy particulares. Creo que aquí ha quedado claro que las expresiones de movilidad humana son de los temas que más preocupan y que más casos de violaciones de derechos humanos han representado en nuestro país, o por lo menos un número importante.
Y, permíteme regresar al tema de San Fernando, porque obviamente tiene muchas aproximaciones esta tragedia esta desgracia humana de la cual debemos seguir avergonzados de no haber logrado la protección de estos 72 migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas.
Al respecto, como es de su conocimiento, en el 2012 la PGR incineró los restos pertenecientes al grupo de migrantes centroamericanos en San Fernando, identificados en las 47 fosas clandestinas. Varios organismos no gubernamentales, asociaciones y demás, alertaron de esta situación antes de que ocurriera el hecho y advirtieron a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos un mes antes, en dos ocasiones por lo menos, con la petición de que se emitieran y se dictaran medidas cautelares para impedir la cremación. Sin embargo, esto no ocurrió.
La pregunta muy específica es: ¿Cuáles son los argumentos o por qué la Comisión no otorgó esas medidas cautelares para evitar la cremación y si se inició algún procedimiento de investigación sobre el específico de la cremación?
Como ustedes saben, en la Ley General de Víctimas, en su artículo 21 se prohíbe este hecho de cremación, por lo menos antes de que se haya comprobado científicamente la identificación de los cuerpos, cuestión que todavía no había ocurrido; o, por lo menos, se hubiera informado y explicado debidamente a cada uno de los familiares o se hubiera concluido el procedimiento penal con sentencia condenatoria que hubiera causado ejecutoria.
Ninguno de estos supuestos ocurrió antes de la cremación. Son esas dos preguntas particulares.
Y, la segunda, que también tiene que ver con temas de movilidad humana, tiene que ver con el asunto de los desplazados internos. Como es de su conocimiento, simplemente el año pasado los huracanes Manuel e Ingrid, que destruyeron 16 mil 200 viviendas en el estado de Guerrero, generaron un movimiento de desplazamiento de cerca de 100 mil mexicanos.
Además, en estados como Chiapas, los conflictos intercomunitarios y religiosos, como el de Chenalhó o el de Venustiano Carranza, siguen generando desplazamiento, sin dejar de lado la principal causal del desplazamiento en nuestro país que sigue siendo la violencia generalizada que se vive en algunos municipios de nuestro país y el crimen organizado.
La propia Comisión, por voz de su presidente, estimó en 120 mil el número de desplazados que existen en nuestro país. En el momento en el que usted hizo estas declaraciones también manifestó el hecho de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre desplazamiento humano y violencia.
La otra pregunta es: ¿Cuáles son los avances de esa investigación? Si ya está concluida o qué nos puede reportar al respecto.
Y, finalmente, comentarle que, seguramente, como es de su conocimiento, en este Senado de la República existe presentada una iniciativa para la atención integral del fenómeno de desplazamiento, que busca, primero la definición de qué es un desplazado interno y después una serie de medidas para su atención y la búsqueda de soluciones duraderas.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para entregárselas, seguramente ya es de su conocimiento, gracias senadora Saldaña, y consultarle específicamente si usted considera si es necesaria o no una legislación nacional en defensa a este grupo de mexicanos vulnerables que son los desplazados internos.
Por sus respuestas, le agradezco y nuevamente bienvenido al Senado.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, si es tan amable, doctor Plascencia, de contestar las preguntas del senador Robledo.
DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA: Con mucho gusto, senadora.
Senador Robledo, muchas gracias por las preguntas, empezamos con la primera.
Mire usted, la investigación de San Fernando implicó un expediente de 12 mil páginas. Sí se solicitó al Ministerio Público que no se llevara a cabo este proceso de incineración, porque sin duda que es limitar el buen destino de una investigación, cremando un cuerpo y ya no sabremos a ciencia cierta qué condición tenía en vida o bien post mortem.
¿Qué sucedió?
No se nos hizo caso, cono no se hace caso en muchas ocasiones a la Comisión Nacional, a pesar de que se emiten pronunciamientos, más aún cuando se emite una solicitud.
Sí se formuló, sí acudieron con nosotros algunos miembros de ONG’s a advertirnos que habían escuchado, se habían enterado, no que habían visto la averiguación previa, porque ni siquiera a nosotros nos han permitido de manera integral analizar esta averiguación previa, que tiene que ver con fosas clandestinas en donde fueron encontrados diversos cuerpos y que, permítanme decirles de paso, estamos hablando de alrededor de mil 800 cuerpos en varios estados de la República que han sido exhumados de fosas clandestinas, entre otros, estos cuerpos específicamente en San Fernando, pero también en Cadereyta, Nuevo León, y también en otros estados más.
Sí lo enviamos, no se hizo mayor cosa y ese es un tema que hay lagunas también en términos legales, porque ante peticiones, solicitudes que formulamos, las respuestas en muchas ocasiones son negativas y no hay ningún remedio ante ello, salvo el que plantea la propia ley de hacer pública la negativa de atender la solicitud, no de una recomendación, sino en este caso de un oficio, de una medida específica, tal y como está previsto en la propia recomendación.
Desplazados internos.
En efecto, en materia de desplazados internos señalé hace algunos meses que teníamos documentados 120 mil, hoy hemos logrado ya documentar 150 mil desplazados internos por motivos de violencia, no propiamente por desastres naturales, por desastres naturales sería una cifra distinta.
Desplazados internos de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango y con comunidades de destino o estados de acogida también en algunos lugares como sería Nuevo León, Colima, Coahuila, Veracruz, Morelos, Aguascalientes, Querétaro.
Estamos llevando a cabo una investigación, espero próximamente poder dar a conocer los resultados, de esto que estamos observando, de personas que tienen que abandonar su lugar de residencia, su comunidad, ante la violencia desenfrenada que está ahí, o bien ante la inseguridad que están padeciendo y que evidentemente el estado alguna respuesta tiene que dar ante esta circunstancia.
Es necesaria una ley en la materia. Parece que hay una condición que está ya presente, que no teníamos en México: había desplazados por conflictos indígenas o territoriales; teníamos desplazados por condiciones de pobreza, por condiciones de marginación.
Hoy en México enfrentamos una problemática desde hace algunos años de desplazados internos con motivo de la violencia, desplazados algunos con una gran condición económica, capacidad económica, que están desplazados a otras partes del país o bien otros que han tenido la capacidad económica para  salir del país con el objetivo de buscar áreas de mayor seguridad pública.
Creo que  sí sería muy importante, muy conveniente analizar la respuesta que el Estado le debe otorgar a aquellas personas que abandonando su comunidad, arriban a otras sólo cargando la tragedia de abandonar el lugar de origen y teniendo que empezar una nueva vida, sin mayor recurso que sus capacidades personales.
Creo que sí es muy importante que el Congreso mexicano, que el Senado de la República pueda verificar qué tipo de apoyos deben otorgarse a estas víctimas, no del delito, sino de la inseguridad o de la violencia que se padece en varias comunidades.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, senador, su réplica.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias por sus respuestas.
Comentarle, sobre el tema de San Fernando, que si en caso de que se haya solicitado a la PGR y aun así se llevó a cabo, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos? Y sobre todo, ¿qué acciones podría tomar la propia Comisión para reparar el daño a quienes pudieran haber recibido restos humanos que no eran de sus familiares? Y, ¿cómo se podría ayudar también a quienes todavía tienen duda sobre los restos recibidos?
Creo que todavía habría que seguir avanzando sobre ese particular, sobre todo si, incluso, conforme al artículo 21 de la Ley General de Víctimas, pudiera haber habido un acto indebido o ilegal de la propia Procuraduría.
Ahora, sobre el tema de desplazados, que le agradezco mucho también sus respuestas, comentarle simplemente: la legislación que se tiene en el Senado de la República ha sido elaborada conforme a los principios rectores de la propia Relatoría de Naciones Unidas sobre Desplazados Internos; son principios rectores signados tanto por el Relator anterior, Francis Deng; y ahora por Chaloka Beyani, que lo que recomiendan para los Estados que presentan este fenómeno, como es el caso de Colombia, que es el referente sobre desplazamiento por motivos de violencia generalizada; es la legislación nacional.
Por dos razones: primero, porque se tiene que ubicar y definir perfectamente bien qué son los desplazados o quién puede considerarse tener una condición de desplazamiento, para buscar cuáles son las soluciones duraderas que se le pueden buscar.
Ahora, en ese mismo sentido y, efectivamente, coincidiendo con los datos que la propia Comisión ha expresado y que, además, están en un ritmo de incremento brutal sobre el tema de desplazamiento por motivos de delincuencia organizada, a partir de la violencia generalizada; también la propia Organización de las Naciones Unidas ha establecido las otras causales que no sólo son por desastres naturales, como lo informa el Brooklyn´s Project, de la London School of Economics; sino también –que ese es otro de los elementos más preocupantes en nuestro país– el de desplazamiento por motivo de obras de infraestructura y proyectos de desarrollo en infraestructura del propio Gobierno.
Obviamente será un tema que seguiremos conversando y le agradezco mucho su interés y su respuesta.
Gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, senador.
El toca el turno al senador Pablo Escudero, si es usted tan amable de usar, para realizar sus preguntas, cinco minutos.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidenta. Bienvenido, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus colaboradores.
Sumarme a las felicitaciones, presidente, que ha recibido por parte de las senadoras del PRI, las senadoras del PAN, de Nueva Alianza; del PT, en voz de don Manuel, yo también me sumo. De verdad que la exposición que nos ha hecho en 20 minutos, que la numeralia que nos ha dado de diferentes temas, es el reflejo de una gran institución y es el reflejo de miles de servidores públicos que están en esta gran, gran institución.
Los resultados en educación, en capacitación, en difusión y en divulgación, sin duda reflejan un gran trabajo que se está haciendo. La cifra, además, de 1 millón 200 mil personas impactadas por la capacitación, insisto, refleja todo esto.
La cobertura nacional que está teniendo la Comisión Nacional, la presencia internacional, la presidencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, votado por más de 20 países; bueno, nos empieza a decir que somos un parámetro en la materia de derechos humanos.
También quiero felicitar lo del informe que vi, me parece que el sistema que se ha desarrollado en materia de indicadores, es muy valioso; indicadores por autoridad, indicadores por entidad federativa, indicadores geográficos desglosados por entidad federativa, por federación, por delegaciones, por sectores; indicadores por programa.
Me parece que, sin duda, tener un instrumento de este calibre, de esta magnitud, ayudan, sin duda, a la comprensión del trabajo de la propia Comisión, ayudan a la medición, que es tan importante; ayudan a la evaluación del trabajo, a la proyección, a las metas de los siguientes años y sin duda es un elemento de transparencia muy importante.
También, después de su explicación de algunos de los asuntos que nos ha expuestos, quiero felicitarlo. Me parece que ante la posible duda de que hubiera existido alguna omisión en alguno de los expedientes, que usted haya decidido turnar a otro visitador para que se hiciera una revisión, habla de la gran sensibilidad, del compromiso y de la responsabilidad que tiene usted con las víctimas del delito; no es común ver esto.
Yo quisiera preguntarle tres cosas, doctor, las que les dé tiempo, las que no, le agradeceré me haga llegar la información con tarjetas.
Me llama la atención y quisiera saber el estatus, el reporte que nos hace de cómo ha bajado las quejas en contra del Ejército. Algunos de los temas que cuando fuimos diputados, el senador Encinas y yo subimos varias veces a Tribuna a hablar de las violaciones a derechos humanos por parte del Ejército y usted ya nos reporta una disminución del 50 por ciento de las violaciones del Ejército. Quisiera que nos platicara un poco más al respecto.
También quisiera que nos hablara de cuál es el estado que guardan los hospitales psiquiátricos. Y justamente también relacionada con la pregunta de la senadora Mónica Arriola, respecto al Protocolo Facultativo de la Convención contra Tortura, Penas Crueles, Inhumanas y Degradante, ¿cuál es el estatus al día de hoy que tenemos en esto? Por sus respuestas muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor Presidente. Sea tan amable de usar la palabra. Le paso el micrófono.
DOCTOR RAÚL PASCENCIA VILLANUEVA: Muchas gracias senadora. Gracias senador Escudero. En principio, la felicitación creo que tiene que ser para los mil 550 trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A mí solamente me corresponde dirigir el esfuerzo del personal muy comprometido y altamente profesional, con un compromiso claro y específico de todos: apoyar a la sociedad, atender a todo aquel que lo necesite.
Sin duda que también podría haber equivocaciones; podía haber equivocaciones. Y para eso tan pronto como se conocen buscamos poner el remedio para que no haya duda alguna de que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se puede encontrar apoyo, se puede encontrar respaldo y no se va a encontrar ni un enemigo ni alguien con quien confrontarse.
No nos gusta la confrontación, ni la polarización, ni es nuestro objetivo sino por el contrario, sumar, acompañar, apoyar, trabajar a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Decir lo siguiente: México vivió un momento muy complejo hace algunos años, cuando se decidió sumar el Ejército para que cumplirá con la función de seguridad pública.
Las fuerzas armadas decidieron llevar a cabo esta tarea y esto implicó que las quejas se fueran multiplicando año con año. Y aún cuando en los años 2005 el volumen de quejas en contra del Ejército eran alrededor de 100, 200 quejas al año, y de Marina no llegaban a una cincuentena.
Para el año 2011 se habían multiplicado prácticamente por 10 ó por 15; por 50 en otro caso, en el caso de Marina, lo cual implicó no solamente un incremento de 182 quejas a mil 500 ó mil 800 en el caso del Ejército, sino también la complejidad de los asuntos:
Temas de torturas, de desaparición forzada, de ejecuciones extra judiciales, de cateos ilegales, lo cual demandó un esfuerzo mucho mayor del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la complejidad de cada uno de estos asuntos.
Por fortuna ha habido un impacto de las tareas de capacitación, de estrategias que se han recomendado y que se han asumido en las fuerzas armadas en el sentido de sensibilizar a sus elementos.
Y permítanme decirles que el año pasado el Ejército terminó con 811 quejas contra mil 503 que había en el año 2002. La Secretaría de Marina también tuvo una disminución substancial y esto tiene que ver porque hemos capacitado al año en 150 por ciento a los elementos del Ejército y de Marina.
¿Cómo hemos logrado capacitar a más de 400 mil elementos al año? Haciendo uso de las estrategias de capacitación virtual, de los medios electrónicos, en un proceso de capacitación no único, sino permanente. Esto nos permite tener en claro que vamos avanzando, se puede remediar y se van remediando algunas situaciones que están presentes.
En cuanto al tema de los psiquiátricos. Permítanme decirles que el tema de los psiquiátricos presenta una realidad sumamente triste en el ámbito nacional. Las condiciones de abandono en que están los hospitales psiquiátricos permiten afirmar, sin duda alguna, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que podríamos calificarlos como cualquier cosa, menos como hospital.
El abandono, la falta de personal capacitado, la situación tan triste que padecen las personas ahí internadas abandonadas por sus familiares y abandonadas por el Estado también, porque sin medicamentos, sin personal, con las instalaciones cayéndose a pedazos propiamente y con algunos esfuerzos para dar atención, atención que no llega y que sin duda no resolverá ningún problema de estas personas que están ausentes de la realidad y que tampoco se pueden quejar. Para ellos, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación permanente para atenderlos, porque están en el más completo de los olvidos.
El tema de la tortura, permítanme decirles que también. Así como dije, en su momento, que se había multiplicado por cinco el número de quejas de tortura, ahora tengo que reconocer que disminuyó en el año 2013 30 por ciento. Estamos muy lejos todavía de que se disminuya el 500 por ciento que se incrementó la tortura y tratos crueles, nos faltaría un 470 por ciento, pero hay una tendencia marcada en un año hacia la disminución.
El Mecanismo Nacional para Prohibir la Tortura está cumpliendo con su función y está ayudando con la capacitación a que esto disminuya. Seguiremos trabajando en esto para, como lo decía en respuesta a la Senadora Diva Hadamira, apostarle a la prevención y a que todos hagamos, nada más y nada menos, la parte que nos toca en el respeto a los derechos humanos.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. Por favor, Senador, su réplica, si es tan amable.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Gracias, Presidente, haga extensiva por favor a todos sus colaboradores la felicitación que recibe de parte del Senado de la República por su trabajo. Y desde aquí también hago una felicitación a las Fuerzas Armadas; sin duda, la disminución del 50 por ciento habla de un gran esfuerzo que se está haciendo, pero también falta mucho por hacer.
Una violación a los derechos humanos es mucho. Confiamos en las Fuerzas Armadas que sigan haciendo un gran esfuerzo.
Gracias, Presidente.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores, hasta por cinco minutos para hacer sus preguntas. Por favor, senadora.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Doctor Plascencia, no lo felicito. Demasiada complacencia con la autoridad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos dicen que usted está más cerca del poder que de los ciudadanos, y esa es la impresión que yo también tengo.
¿Cómo ve que por primera vez se interpone un amparo por parte de las víctimas para el que el juez le diga que haga usted su tarea?
En lo que se refiere a las víctimas de los 72, Mirna, ahí estás, si te puedes poner de pie, para que te conozca, porque dice que los entrevistó y que los ha atendido.
¿Sabe cuándo se acordó de ellos? Hace cinco días o siete días, entonces empezaron a buscarlos, porque venía aquí a la comparecencia.
Pasaron tres años cuatro meses para que pudiera dictarse la recomendación.
¿Dónde está Mirna?
Mirna, acércate nada más para que siquiera te vea la cara y a ver si frente a ti te dice que sí dictó medidas cautelares. Aquí hasta me ofende “Sí se solicitó, pero ya ve cómo son los de la PGR; no me hicieron caso, entonces no hay remedio”.
No, hay que darle seguimiento y si hay que exhibirlos, hay que exhibirlos con firmeza. No se puede andar de palero, porque aquí lo que preocupa es que usted está poniéndose los zapatos nuevos para ir a los Pinos a rendir el informe, en lugar de ponerse los tenis para haberse ido a un caso que fue emblemático, como el de la fosa de los 72 migrantes, haberse ido personalmente a ver qué pasaba y qué se podía solucionar.
Y no sólo eso. A los ocho meses vienen las 47 fosas con los 193 migrantes muertos ¿y qué se hizo? Tampoco. “Nada, porque ya ve cómo son los de la PGR, no hacen caso”.
Esto irrita. Yo creo que también hay discapacidades en los funcionarios y ésta es una que en psicología se ve mucho, es la falta de empatía. La falta de empatía es ponerse los zapatos de los otros, sentir lo que ellos sienten, sentir el dolor de las víctimas y esa es la discapacidad que usted tiene y es imperdonable en un funcionario que defiende los derechos humanos.
Por eso me siento muy indignada de oír aquí, cómo hacen los políticos mañosos, tantas mentiras y tantas omisiones. Aquí yo le quiero recordar que está bien, creo que lo mejor es esta posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad contra esta prohibición de las manifestaciones, pero sí, creo que no se hizo nada en el caso de Kuykendall del 1 de diciembre, aquí parece y lo dice el diputado Ricardo Mejía, que le envía 10 preguntas y ojalá y se las conteste, que me consta, porque sigue el caso hasta el día de su muerte tuvo heridas, una fractura craneoencefálica, sólo, su familia como pudo, hasta el final lo enterró, pero nunca hubo una solidaridad por parte del gobierno, de la Comisión de Derechos Humanos y Teódulo, el maestro que estaba a su lado, sigue desaparecido.
Tal parece que usted, a lo que se dedica, es a legitimar los operativos policiacos. Creo que el país está en una grave crisis, en un problema, como decían, manda mensajes: el país se está hundiendo y este señor viene aquí a mentirnos.
Esta es la indignación que está detrás de todos los reporteros que no les permiten que les dé la cara, pero creo que sería mejor oírlos a ellos que cuando nosotros la hacemos de paleros.
Aquí hay algún otro comentario que me mandan, también Fray Tomás. Ustedes no acompañaron la caravana que vino desde Tenosique, esta segunda vez y esta falta de compromiso hizo que varios migrantes fueran detenidos y llevados a la estación, digamos que a la Cárcel siglo XXI, donde no tuvieron acceso a la justicia y entonces creo que con esto silencio cómplice usted está permitiendo el exterminio, este holocausto de los que hablan los sacerdotes que están dedicados a proteger a los migrantes y que tanto a Mariana, a Zoé, nos consta el dolor, la indignación que hay, sin que haya ya no se diga una recomendación, un pronunciamiento enérgico, una opinión.
Le dice al senador Bartlett: “es que yo no puedo opinar sobre todas esas cuestiones de la Ley de Telecomunicaciones”. Claro que sí se puede opinar y por qué entonces sí lo hace el Ombudsman local del Distrito Federal, él si puede y usted no, pues arriesgue un poquito, porque hace falta antes de que esto sea letra hecha y firmada.
Creo que hay que prevenir también y una opinión suya valiente tendría mucho peso en la sociedad. ´
Así que permítame hacerles estas consideraciones porque son muy lamentables.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias senadora Layda Sansores.
Por favor, Presidente, si es tan amable de responder.
DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA: Muchas gracias senadora y senadora Sansores, gracias también por los comentarios, los mismos que escucho y recibo, aún cuando no comparta el sentido de lo que está expresando y con el debido respeto permítame hacerle algunas observaciones, con todo respeto, senadora.
Mire usted: lo que he venido a decir aquí está respaldado en los informes oficiales. Eso no es un discurso ni es una afirmación ligera, es un trabajo de mil 550 personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que merecen todo mi respeto, porque son los que todos los días, mañanas, tardes, noches, fines de semana, como usted lo describe, poniéndose los tenis y yendo a los lugares más alejados, donde está el crimen organizado, están las víctimas, donde están sucediendo las tragedias más terribles, ahí están todos los días tratando de cumplir su función y particularmente tratando de cumplir con el respeto a los derechos humanos.
Tenemos un compromiso muy claro, senadora, y el compromiso muy claro también implica ser muy serios en cuanto a nuestras funciones, sumamente serios.
Para mí sería muy fácil poder tomar decisiones al margen de la ley, al margen de la Constitución, y apegado a otro tipo de criterios personales o bien de otras personas.
No lo hago aquí ni lo haré en ninguna parte donde me encuentre ni como servidor públicos ni como persona. Todo lo que les he dicho a ustedes es apegado a la verdad, aquí no hay ni mentiras ni tampoco, senadora, lo lamento, ni omisiones. Lo que se ha hecho ahí está.
Si existe la necesidad de atender a alguien, como a la señora a la que no se le ha podido atender, lo vamos a hacer. Por supuesto, a ella y a todo aquel que lo requiere. Sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano. Tenemos nuestro compromiso muy claro, muy claro, senadora; y también tenemos muy en claro que a veces se nos quisiera solicitar acciones que van más allá de nuestra función; se lo he dicho aquí a las demás senadoras y senadores, que cuando observamos una situación contraria a los derechos humanos, lo afirmamos y lo señalamos; y cuando no, no estoy en condición de poder hacer afirmaciones si no existen elementos que permitan tener por acreditada una violación a los derechos humanos o una acción contraria a la Constitución.
Lo decía con estas nuevas leyes que están surgiendo, las vamos a revisar. A mí no me gusta tampoco generar en buena medida, anticipadamente, resoluciones o determinaciones; voy a revisar con mucho cuidado la ley, y con mucha responsabilidad también; con responsabilidad de Estado, porque es la que le corresponde a esta institución: la responsabilidad de atender debidamente a todos los mexicanos en igualdad de circunstancias, y también hasta los límites que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sí, quisiéramos frenar todas las violaciones a los derechos humanos de México, todas, poderlas contener, poderlas resolver, poderles a todos repararles el daño; pero también hay capacidades institucionales.
Y no deriva esto de una incapacidad o discapacidad personal, senadora, permítame que discrepe de esa afirmación y de ese objetivo: no es un tema de que mi personal esté con discapacidad o que 2 mil 550 personas tengan discapacidad, la tienen solamente 30, que trabajan en el área de discapacidad y que trabajan con más energía y dedicación que muchos que no tienen esa discapacidad.
Así es que permítame sólo hacer esta observación y reiterarle que quiero ser patente que me corresponde defender y buscar que se haga efectivo su derecho y su libertad de expresión, senadora, aun cuando no comparta lo que dice. Pero sí, como decía Voltaire, “defendería con mi vida su derecho a expresarse, aun cuando no coincida en lo mínimo, con lo que está usted diciendo”.
Muchas gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Senadora Layda Sansores, por favor, sus dos minutos de réplica.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Yo no le pedí que hiciera extensivo mi reproche a todo su equipo de trabajo; lo responsabilizo a usted directamente, porque creo que en algunas cosas todavía está a tiempo, ojalá que emita una opinión después de analizar la ley. Ya era para que lo hubiese hecho, porque ha estado circulando.
Y en el tema de los discapacitados que propone la doctora Clara Luz y Katia D’Artigues, hay violaciones a los derechos humanos en materia de comunicación. Ojalá que esto se haga a tiempo.
En lo que se refiere aquí a Mirna, le llegó un cuerpo, primero equivocado y luego no; pues no puede abrir el ataúd para comprobar que es el suyo, pero como ya pasó que la persona que estaba en Brasil, le llegó uno equivocado porque el de su hijo se lo mandaron a Honduras. Entonces, hubo tantas equivocaciones que son imperdonables.
Después, ¡claro!, usted habla de eficiencias, que nos viene a recitar un poema, se lo recita ahí a Peña Nieto, que entre ustedes se creen; pero yo creo que tiene que haber realmente una autocrítica, hay tibieza, hay maneras de decir las cosas, manera de defenderla.
Yo este reproche no se lo haría, fíjese, al ombudsman local, y ni siquiera lo conozco; pero nos da otra impresión y nos convence. Y yo creo que aquí hay un error que tendríamos que considerar los legisladores: no se debe de reelegir el ombudsman, ¿por qué?, porque a mí me da la impresión que usted está más cuidando su reelección que preocupados por defender a los ciudadanos.
Yo respetuosamente le recomendaría que en lugar de estar diseñando las estrategias para su reelección; se dedique a redactar con dignidad su renuncia.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien.
Ahora sigue… ¿Cómo? ¿Cómo dice?
No, por favor senadora Mariana Gómez del Campo.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, presidenta.
A mí me hubiese gustado, y con la amistad que tengo con la senadora Layda Sansores, que hubiese escuchado toda esta reunión de trabajo, de principio a fin, y que hubiese también podido revisar dentro de esta Reunión de Trabajo, yo estoy segura que le dio lectura a alguno de estos tomos de informe de actividades, pero aquí se trataron, senadora, diversos temas que tienen que ver con los migrantes, que tienen que ver con una agenda que hemos impulsado desde aquí, con mucha fuerza y que incluso, como lo dije al principio de mi intervención en el primer cuestionamiento, temas que hemos trabajado de la mano la senadora Layda Sansores, el senador Zoé Robledo, el senador, también, Huberto Mayans.
Y sí, lo digo aquí, hubiese sido interesante que todos hubiéramos estado desde el principio en esta Reunión de Trabajo.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Permítame senadora. Le pido por favor a quien está haciendo uso de la palabra, que por favor nos permita que se escuche bien la intervención de la senadora. Por favor señor.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO: Un poquito de respeto, si no tienen inconveniente.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Señor, por favor, si es tan amable. Es una Reunión de Trabajo de la Comisión. Por favor, sea tan gentil de permitirnos concluir. Gracias. Por favor senadora, continúe.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO: Muchas gracias Presidente. Y yo sí quiero, porque aquí se hablaba del ombudsman nacional y de lo que ocurre en el Distrito Federal.
Yo honestamente no coincido; nosotros hemos insistido a lo largo de la historia y hemos apretado además a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que hagan diversas recomendaciones en la Ciudad de México y esto no ha ocurrido.
Habría que ver cuántas recomendaciones le han hecho a las diferentes instancias de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
También nos encantaría que el ombudsman nacional tuviese una barita mágica para poderle dar solución a la cantidad de violaciones de derechos humanos que hay a lo largo y ancho de este país, no nada más a nuestros nacionales sino también, insisto, reiterando esta violación a los derechos humanos de nuestros hermanos de Centroamérica.
No existe esta barita mágica. Entonces pongámonos todos a trabajar; hagamos lo necesario para que se dejen de violar los derechos humanos que, insisto, los que estamos en esta Mesa hemos sido y hemos dado un puntual seguimiento a la violación de los mismos y hemos tratado y por eso también la buena relación con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con muchos de sus colaboradores, no con los mil 550, pero sí con muchos de sus colaboradores que nos han ayudado a darle seguimiento a temas que, insisto, desgraciadamente no han sido abordados por el Gobierno Federal, por alguna instancia local y tenemos que acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nos den luz, para que nos ayuden a encontrar el camino de solución a muchos de estos temas.
Y para ello además tengo el respaldo, tengo mis oficios de cada uno de los temas que en lo particular, como Senadora de la República, yo he ingresado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y he obtenido una respuesta.
Y pongo un ejemplo muy clarito: a mí en reiteradas ocasiones, lamentablemente, se me han acercado mujeres que han sido violadas en el transporte público o en algún punto del Distrito Federal.
Y en todo momento –porque además no son bien atendidas en la Procuraduría de Justicia de nuestra Ciudad—la única arma de defensa, o gente que ha dado el apoyo, el respaldo, el seguimiento psicológico, jurídico, ha sido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y pongo este ejemplo, que es además un ejemplo sensible, que “apanica” a cualquier mujer, porque cualquier mujer podría ser violada en esta Ciudad o en cualquier rincón del país y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahí ha estado, Presidente.
Yo se lo agradezco porque no nada más es atender la gestión del senador, sino que también es darle seguimiento puntual y hacer que esa víctima pueda salir adelante y se le dé la atención psicológica y jurídica que requiere.
Yo por eso, Presidente, agradezco su apertura, su colaboración con el Senado de la República. Y no soy palera. Soy una convencida de que ha habido buen diálogo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es de las pocas instancias en este país que yo hoy puedo decir que me siento contenta, que siento también agradecimiento para el seguimiento de estas muchas denuncias que he presentado, que no he tenido respuesta de muchas otras autoridades.
Tenemos hoy un presidente honesto, valiente y que sí se atreve a hacer recomendaciones al Gobierno Federal, que eso no se ve en cualquier estado de la República y lo reitero y lo seguiré reiterando en cualquier foro que tenga que hacerse.
Muchas gracias, Presidente.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, senadora.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Yo nada más una aclaración.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: No hay aquí ahora alusiones personales. Espéreme tantito, deja que conteste el Presidente de la Comisión, Layda, luego te doy la palabra.
Vamos a seguir con el procedimiento, que el Presidente conteste sobre la intervención de la Senadora Gómez del Campo.
DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA: Muchas gracias, Senadora de la Peña. Senadora Gómez del Campo, gracias por la pregunta, por el comentario, sobre todo el reconocimiento. Decirles que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos muy en claro nuestro compromiso, nuestra misión y el objetivo.
Quedó muy en claro también la condición de un país como el nuestro, un país con dos millones de kilómetros cuadrados, con una población mayor de 110 millones de habitantes con problemáticas muy distintas. La problemática de la zona urbana, de la zona rural, de las personas que tienen una condición o estatus de indígena, o bien, del extranjero, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores.
La problemática que enfrentan quienes están en prisión preventiva cuando no deberían estar privados de la libertad, o los que están en prisión por sentencia y en condiciones que no garantizan que van a cumplirse los objetivos previstos en la propia Constitución.
La situación que enfrenta quién acude a solicitar un servicio médico de salud, alguna unidad médica hospitalaria en el país; la tragedia de morir a las puertas del hospital o de dar a luz a las puertas, porque se le niega la atención, o de morir encamado por una equivocación llevada a cabo por un estudiante de medicina que decide ayudar al paciente ante la ausencia del médico titular responsable.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos ido buscando acercarnos lo más posible a la sociedad en general, a los miembros de la sociedad civil. Trabajamos con un poco más de tres mil organizaciones de la sociedad civil; con aquellos que están de acuerdo y que coinciden con el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un país como el nuestro, habrá muchos –seguramente– que no coinciden o que no desean trabajar con nosotros, pero hay los más; poco más de tres mil organismos de la sociedad civil a lo largo y ancho de la República, con diversos temas que nos permiten potenciar nuestro trabajo y también favorecer un mayor y mejor desempeño de todos y cada uno de ellos.
Nuestro trabajo lo buscamos hacer, Senadora Gómez del Campo, con el mayor entusiasmo, esmero, compromiso y sin buscar el reconocimiento ni el lucimiento personal.
Conscientes que es nuestro deber, nuestra responsabilidad y que las cuentas ahí están ya para la historia, no de lo que digamos, sino de lo que se ha hecho y de lo que consta en cada uno de esos 348 mil que llegaron el año pasado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que todos debieron ser atendidos y fueron atendidos en apego al ejercicio de la función nuestra.
Yo quiero agradecerles los comentarios, las observaciones, las propuestas. Reiterarles que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay un aliado para el objetivo y el compromiso de promover, defender y generar un mayor conocimiento de los derechos humanos.
Ese es el compromiso que todos debemos asumir para que algún día tengamos un país en donde, independientemente de nuestra condición, observemos los derechos de los demás y también busquemos que se respeten los derechos de todos y cada uno de nosotros.
Esa es parte de nuestra visión, una visión que esperemos lograr a mediano plazo, con un México en donde el Estado de Derecho sea ese, y en donde la cultura de la legalidad sea en todos los casos una realidad. Pero para ello, sin duda requerimos del concurso de todos, de la suma de esfuerzos y, particularmente, de un compromiso que es el compromiso de todos en materia de derechos humanos.
Muchas gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Senadora, su réplica, por favor.
¿Va a usar su réplica?
Le agradezco a la Senadora Gómez del Campo que sea tan gentil.
Por favor, Layda. Senadora, tiene usted la palabra para alusión personal.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Nada más para aclararle a mi amiga Mariana que escuché todas las intervenciones, que leí este “librajo” en un compendio de poemas; que me encantaría que en lugar de que gastaran tanto papel en hablar de sus eficiencias, también se hiciera un ejercicio de autocrítica.
Yo no estoy acusando a nadie de “palero”, nada más digo que hay senadores paleros, hay senadores responsables y hay senadoras buenas amigas, que también se reconoce.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien. Hemos terminado la segunda ronda de esta reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Quiero decir que este es un evento inédito. Yo agradezco la gentileza del doctor Plascencia haber venido a la Comisión, haber aceptado estar en estar en esta reunión, que es una reunión plural, es una reunión en donde las senadoras y los senadores actúan a mutuo propio con toda su responsabilidad que tienen conferidas como Senadoras y Senadores de la República.
Que es verdad que hay preocupaciones. Tan las hay, que desde el primer momento en que llegaron a la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, que me honro en presidir, los distintos cuestionamientos de diversas organizaciones no gubernamentales, las hicimos llegar también al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tomara a consideración de estas preocupaciones, de estas solicitudes, de estos cuestionamientos que le han hecho por la conducción de algunos casos de manera específica, que fueron vertidos aquí; algunos no.
Ciertamente, debo destacar que en estos casos no se tocaron algunos de gran relevancia, muy rápido por la Senadora Diva Hadamira Gastélum, respecto de mujeres que por desgracia tienen que parir afuera de los hospitales.
El Senado de la República y ya en la Cámara de Diputados lo hizo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sendas reformas al Código de Justicia Militar. Es un avance importante que impulsamos desde el Senado, atendiendo las recomendaciones de la Corte, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales; sin embargo, la reparación del daño sigue pendiente para muchas de estas mujeres que han sufrido agresiones.
Yo quiero pedirle, Presidente, que este ejercicio que hemos hecho hoy y que reiteradamente le agradecemos, se siga haciendo de manera más regular. Hay temas que no pudimos lograr que fuesen expresados con mayor diligencia, por obviedad del tiempo y por formato de nuestro acuerdo, pero me parece muy importante que éste sea un precedente que quede inscrito en el trabajo de comisiones del Senado de la República y de manera particular con el ombudsman.
El ombudsman no es cualquier funcionario. El ombudsman tiene el gran mérito de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Tiene la relevancia –permítame decirlo– mucho más destacada que cualquier otro funcionario, entonces, por supuesto que los requerimientos son de esa magnitud. De ese tamaño es la responsabilidad.
Por lo tanto, yo creo que hay que enfatizar que no puede haber lugar a dudas, a cuestionamientos, a inconformidades o a que se demerite el esfuerzo que hacen, en este caso, los organismos de derechos humanos y, de manera muy particular, la Comisión Nacional.
Lograr que los preceptos que ahora están inscritos en la Constitución, las facultades nuevas que tiene la Constitución para el Ombudsman Nacional, tienen que ser mentados en toda su magnitud.
Por lo tanto, yo les agradezco a todas y a todos, este ejercicio que hicimos y que, insisto, debe quedar como un precedente para continuarlo; porque necesitamos hacerlo porque urge. No voy a enumerar la gran cantidad de casos, de situaciones adversas que tenemos, pero son muchas las que quedan incluso en el tintero.
Damos por concluida esta sesión. Le agradecemos al doctor Raúl Plascencia Villanueva, su participación en la Comisión de Derechos Humanos.
Es cuanto.
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