SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 27 DE MARZO DE 2014.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: (12:34 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.

-LA C. SECRETARIA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 94 ciudadanas senadoras y senadores.

En consecuencia, hay quórum, presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias.

Se abre la sesión del jueves 27 de marzo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en l gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

Compañeras, compañeros senadores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ampliación de plazo para la presentación de dictámenes a dos asuntos que se les habían turnado.

Dichos asuntos se publicarán en la gaceta.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió una comunicación suscrita por el senador David Penchyna, con la que remite su Informe de sus actividades legislativas y de gestión.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, informo al pleno, que los integrantes de esta Mesa Directiva, suscribimos un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 298 del Reglamento del Senado de la República, en materia de cabildeo, al cual daremos turno a las comisiones unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, recibimos en la Mesa Directiva un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Este turno es el que se asignó al proyecto sobre la materia de candidaturas independientes, que se aprobó en agosto de 2013 y publicó el 27 de diciembre del mismo año.

A continuación, en el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar a nombre propio y de los senadores Enrique Burgos García, Marcela Guerra Castillo y Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 constitucionales.

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias.

Gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores: Esta mañana, quiero someter a consideración de esta soberanía, una propuesta, que tiene como propósito ampliar el período de sesiones del Congreso de la Unión.

Sin duda, señalar que con las modificaciones al artículo 65 y 66 de la Constitución, estaríamos, nuevamente, haciendo una revisión a lo que en otras ocasiones ya se ha abordado.

Permítanme no solamente externar con ustedes algunas de las razones, sino también revisar alguno de los antecedentes, que en relación con este tema han surgido a lo largo de los últimos años.

Primero, es evidente, que necesitamos aún más mejorar la eficiencia en el desahogo de las tareas legislativas.

Segundo, que también es importante, que podamos tener oportunidad en la vigencia de los ordenamientos y de los temas que tratamos, con lo que implica el desahogo de los mismos.

En los últimos diez años, al preparar esta iniciativa, nos dimos a la tarea de revisar, qué es lo que había ocurrido.

Y es evidente, que desde hace varios años, distintos grupos parlamentarios han presentado esta propuesta.

Lo mismo lo han hecho legisladores del Verde Ecologista, que del Partido Acción Nacional, que del Partido de la Revolución Democrática, también del Partido Revolucionario Institucional.

Desafortunadamente no se han logrado construir los consensos que permitan hacer la revisión, la reflexión y la propuesta en relación con este tema.

No solo estriba la importancia de darnos a la tarea de poder abordarlo, sino sobre todo de saber qué es lo que ganaríamos al ampliar un período en estos términos.

Quiero señalar, que también revisamos lo que había sido la presentación de iniciativas, en los últimos años, y de manera particular en esta legislatura.

En el año seis meses que llevamos de estar sesionando, son alrededor de 600 los puntos que se han venido abonando a la agenda que nos compete. Sean entre iniciativas, sean entre puntos de acuerdo. Y desafortunadamente el promedio de la aprobación, en ocasiones, no excede del 30%.

Estas iniciativas, sumadas al propio interés del Poder Ejecutivo, en lo que envía para ser abordados por esta cámara, sin duda, señalan un trabajo intenso que necesitamos realizar.

Trabajo que, definitivamente, lo que les propongo es que revisemos y nos demos a la tarea de reflexionar, para saber si tendríamos que considerar la ampliación de los períodos  en comento.

La propuesta, señoras y señores, habla de poder considerar, que nuestro período abarque a partir del 15 de agosto hasta el 15 de diciembre, salvo en el caso de la elección presidencial. Y, por supuesto, un segundo período que abarque del 15 de febrero al 31 de mayo del año en curso.

Con esto, lo que estaríamos buscando, además de poder darle la oportunidad a la discusión, también sería el poder ir adecuando los calendarios, políticos-electorales, que en breve, cuando esta soberanía legisle en consecuencia, seguramente tendremos que también considerar.

Del mismo modo, podríamos dar condiciones estables para la formulación de la política pública, que en su oportunidad, por lo que respecta a los Presupuestos de Ingresos y a las leyes de Ingresos, tenemos que abordar.

En fin, insisto, me parece que en la revisión, que también hicimos de lo que ocurría en otros países del mundo, nos dimos cuenta que había naciones, en donde los períodos son muchos más amplios, que lo que pasa en el caso mexicano.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de prácticamente muchos de los países, ya no hablaría solamente de Estados Unidos, que no tiene un período específico, sino también es el caso de Uruguay, en donde sesionan nueve meses y medio.

De Argentina, con alrededor de nueve meses.

De Brasil, también nueve meses en dos períodos.

De Francia, con nueve meses en dos períodos.

De España, con el mismo tiempo.

De Colombia, con ocho meses en dos períodos.

De Estados Unidos, como lo refería, todo el año sin calendario fijo.

De Gran Bretaña, con 160 días.

Y solamente en caso de Chile o de Costa Rica, son países en donde los períodos son inferiores a lo que ocurre en el caso mexicano.

Señoras y señores: Quiero dejar el cuerpo entero de la iniciativa, para el análisis, sin duda, de todos los legisladores, con la confianza, de que como en otros temas, lo hemos realizado con la seriedad y la responsabilidad que esto exige, podamos llegar a la construcción de un acuerdo, en relación con este tema.

Gracias, señor presidente.

Gracias, compañeras y compañeros. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Túrnese esta iniciativa a la comisiones…

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Presidente…

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Javier Lozano Alarcón.

¿Para qué asunto?

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Para preguntarle a mi colega senadora y paisana,  si me permite adherirme a su muy interesante iniciativa.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, acepta la adhesión, igualmente, del senador Juan Carlos Romero Hicks, igual del senador Víctor Hermosillo…

Pido a la Secretaría…

Igualmente al senador Aarón Irizar López…

Pido a la Secretaría, que tome nota de ello.

Senador Omar Fayad, con todo gusto…

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Por supuesto, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:Túrnese,  reitero, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia saluda la presencia de jóvenes estudiantes de distintas instituciones educativas del estado de San Luis Potosí, invitados por el senador Octavio Pedroza Gaitán.

Sean ustedes, bienvenidos. (Aplausos)

Igualmente, esta  Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Ceulver, del estado de Veracruz, invitados a este recinto…

(SIGUE 2ª PARTE)
… saluda a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Ceulvert, del Estado de Veracruz, invitados a este recinto por el senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente saludamos la visita de alumnos de la Universidad de Long Bich, al Senado de la República, invitados por el senador Benjamín Robles Montoya.

Sean ustedes bienvenidos.

A continuación se concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el uso de la palabra, senadora.

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Con su venia, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creada a partir de decreto presidencial en 1990, con el fin de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.

Originalmente creada como parte de la Secretaría de Gobernación, fue transformada en una agencia descentralizada a partir de una reforma constitucional en 1992, que le otorgó personalidad jurídica propia.

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad de diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos. Sin embargo, el Presupuesto de la CNDH aún dependía del titular del Ejecutivo quien tenía además la facultad de designar a su presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo.

Es a partir de esta reforma que el Senado comienza a realizar limitadas funciones de control respecto de la CNDH, ratificando la designación del Ejecutivo Federal.

No es si no hasta 1999, gracias a una Reforma Constitucional, que le otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos total independencia del Poder Ejecutivo que, como sabemos, constituye a la CNDH como un organismo autónomo.

Hoy tanto la persona titular de la presidencia como las y los integrantes el Consejo Consultivo, son nombrados, son electos por el Senado de la República, previa consulta pública transparente y en los términos y condiciones que su ley determina.

Debo recordarles, señoras y señores, que estas decisiones, este Senado de la República las toma por dos tercios de sus integrantes. Es decir, por votación calificada.

Es muy relevante que yo enfatice exactamente la condición de esta votación.

Si bien la CNDH ha sido constituida como un organismo autónomo a fin de procurarle suficiente fortaleza para poder emitir sus recomendaciones sin presiones políticas indebidas, esto no implica que la Comisión no deba tener controles o que no deba ser vigilada en su actuación y rendición de cuentas.

La misma Constitución federal establece en su artículo 102, apartado b) que la persona titulada de la Presidencia de la CNDH, deberá comparecer anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión para presentar un informe de actividades.

Esta obligación del presidente de la Comisión se encuentra regulada en el artículo 52 de la Ley de la Comisión, estableciendo que en el mes de enero de cada año el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá presentar su informe ante el pleno de la Comisión Permanente.

En primer término, este precepto no atiende lo que establece la Constitución, ya que esta determina que el citado informe se deberá presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión, no ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente. Por lo que es de entenderse que el Constituyente al hacer dicha especificación, hizo explícito su deseo que la comparecencia se llevara a cabo en ambas Cámaras, y como es lógico, en dos momentos diferentes.

En ese sentido presentar el informe ante el Pleno de la Comisión Permanente incumple lo establecido en la Constitución.

En segundo lugar, quiero señalar, el formato de comparecencia implica rendir un informe y posterior debate respecto del mismo, determinando así de manera lógica la facultad de control que el Congreso de la Unión ejercerá o debiese ejercer sobre el ente autónomo y de manera diferenciada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Esto tiene lógica debido a que respecto de la CNDH, cada Cámara tiene atribuciones diferentes. Por mencionar algunas.

La Cámara de Diputados, por cierto, determina ni más ni menos que el presupuesto anual del ente autónomo, mientras que el Senado de la República, por cierto, designa a su presidente por dos terceras partes y a los integrantes del Consejo Consultivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que modificaría el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que diga a partir de la segunda parte de este artículo, que el presidente o titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparecerá en el mes de febrero ante las Comisiones de Derechos Humanos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.
(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 constitucional.

En el uso de la palabra, señor senador.

-EL C. SENADOR AARÓN IRÍZAR LÓPEZ: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros.

Vengo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo.

Por obvio de tiempo, le solicito a la Mesa Directiva instruya la inclusión íntegra en el Diario de los Debates de la presente iniciativa, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con todo gusto, señor senador.

¬¬-EL C. SENADOR AARÓN IRÍZAR LÓPEZ: La presente iniciativa se inscribe en la responsabilidad impostergable del Congreso de la Unión de actualizar la articulación normativa desde la reforma suprema, con el caso específico se refiere a la posibilidad de promover juicio de amparo en contra de omisiones de autoridades que violen tanto los derechos humanos como las garantías para la protección, reconocidos por la cuestión política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en los que México forma parte.

Me refiero concretamente al juicio de amparo que en el derecho mexicano ha sido motivo de reformas y actualizaciones de conformidad con la corriente internacional en materia de derechos humanos y que como se ha puesto de manifiesto, un claro ejemplo de esta actualización lo representan las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 6 de junio del 2011, así como la expedición de la propia Ley de Amparo, publicada en el Diario de la Federación, con fecha de abril del 2013.

Como se desprende lo anterior, la expedición de la Ley de Amparo resulta posterior a la Reforma Constitucional de la materia. Por lo que el texto de la Carta Magna no prevé que el caso que hoy nos ocupa…..

(Sigue 3ª parte)
. . . . . . . . . . . .......posterior a la Reforma Constitucional de la materia, por lo que el texto de la Carga Magna no prevé que el caso que hoy nos ocupa, la procedencia del recurso de revisión en materia de Amparo Directo, tratándose esto en los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; regulación que por su parte si se observa prevista en la Ley de Amparo en su Artículo 81, Fracción  Segunda.

Dichas reformas han tenido por objeto ampliar la protección de la esfera jurídica del gobernado, incluyendo, entre otros aspectos la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución y aquellos reconocidos en tratados internacionales en los que México ha sido y ha signado estos acuerdos.

Derivado de esta trascendente reforma se ha venido caracterizando una problemática en el ámbito jurisdiccional precisamente en torno a los alcances para el ejercicio y defensa de los derechos humanos en el orden jurídico nacional. De ahí la importancia de actualizar el ordenamiento jurídico mexicano máxime tratándose de Carta Magna en virtud de la actuación de nuestro máximo tribunal reviste una particular importancia, toda vez que a través de su labor ordinaria y por mandato constitucional prevé y absuelve cualquier eventual contradicción en el ejercicio de interpretación.

Así el objeto de la presente iniciativa es proponer y actualizar la fracción IX del citado Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y radica puntualmente en integrar en el supuesto normativo dicha fracción a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

De conformidad con el texto de la Ley de Amparo al que lo vincula, y a la interpretación correlativa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha actualización de nuestro máximo ordenamiento jurídico abona a la razón técnica, jurídica, legislativa toda vez que la omisión en comento no implica desde luego su inaplicación, no obstante es menester cumplir con nuestra labor primigenia y de legislar con la finalidad de dotar en congruencia jurídica al texto de la Carta Magna.

Por todo lo anterior, señor Presidente, es que me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto.

UNICO

Se reforma la fracción IX, del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 107, IX.

En materia de Amparo Directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano forme parte, u omitan decidir sobre tales cuestionamientos cuando hubieren sido planteadas, y que siempre fijen el criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de los acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a las decisiones de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras.

Artículo transitorio.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es todo, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ASIPURO TORRES: Gracias, señor Senador Aarón Irizar López, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Primera.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demedicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO (Desde su escaño): Solamente para solicitarle al ponente si me permite adherirme a su iniciativa.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ASIPURO TORRES: Senador Aarón Irizar, le solicita el senador Fidel Demédicis adherirse a su iniciativa.

Con gusto, y pido a la Secretaría Parlamentaria que tome nota de ello. Así también la senadora Martha Palafox, y el Senador Miguel Romo Medina, y con gusto pido a la Secretaría tome nota, así como el senador Manuel Cavazos Lerma, claro que sí, así como el Senador Angel Chico Herrera, y Omar Fayad, con todo gusto.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato de la división de derecho, política y gobierno invitados a este recinto por el Senador Miguel Angel Chico Herrera, sean ustedes bienvenidos.

(APLAUSOS)

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social, en el uso de la palabra, senadora.

LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE: Con su venia, señor Presidente; con su venia, compañeros Senadores.  Nuestro país está pasando por una crisis en la cual millones de mexicanos viven en situación de pobreza.

Según información en el Estudio Medición de la Pobreza en México, y en las Entidades Federativas 2012, en el año 2010 52.8 millones de personas estaban en situación de pobreza, y en el año de 2012, 53.3 millones de personas, 53.3 millones de personas, por lo que podemos apreciar que hubo un incremento considerable; los desastres climatológicos, el alto índice de desempleo, la poca calidad en la educación, y las pocas oportunidades a la población han incrementado las cifras.

La medición de la pobreza debe atender lo establecido en el Artículo 36 de la Ley General Desarrollo Social en donde se expresan los indicadores que deberán atender para medir la pobreza.

Artículo 36.

1.- Ingreso corriente per cápita.

2.- Rezago educativo promedio en el hogar.

3.- Acceso a los servicios de salud.

4.- Acceso a la seguridad social.

5.- Calidad y espacios de la vivienda.

6.- Acceso a los servicios básicos en la vivienda.

7.- Acceso a la alimentación.

8.- Grado de cohesión social.

9.- Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas.

Podemos apreciar que los indicadores anteriores son fundamentales para un pleno desarrollo humano, las personas que no cuentan con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley de Desarrollo Social verdaderamente necesitan un apoyo del Estado para poder estar en igualdad de oportunidades tal como lo establece el Artículo Cuarto Constitucional.

El gobierno federal con la finalidad de erradicar la pobreza ha implementado una serie de programas y proyectos en coordinación con diversas secretarías de la administración pública federal con objetivos de desarrollo social; asimismo, el Titular del Ejecutivo  Federal al inicio de su mandato presidencial emprendió la Cruzada Nacional Contra el Hambre con la finalidad de erradicar el  hambre, y lograr un México  más próspero en igualdad de oportunidades.

Miles de ciudadanos en estado de vulnerabilidad buscan tener acceso a los proyectos diseñados para brindarles un apoyo económico o en especie.

Esta población es considerada la más vulnerable de todo el país, por ello requiere toda nuestra atención para poderlos incluir en la sociedad y brindarles las herramientas que les den una mejor calidad de vida.

Esto implica diseñar nuevos y mejores programas sociales con mejores mecanismos de acceso, una mejor medición de pobreza y por ende crear, modificar o adicionar los cuerpos normativos en relación al desarrollo social en beneficio de las personas en estado de vulnerabilidad.

Un tema en particular que debemos atender es el de la denuncia popular, el cual está expresa en los artículos 6, 7 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social.

El Artículo 67 establece quién podrá presentar la denuncia y ante qué procede.

Artículo 67.

Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravenga sus disposiciones y las de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.

En el Artículo 68, podemos apreciar lo que deberá contener la denuncia popular.

La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona bastando que se presente por escrito y contenga:

1.- El nombre y razón social; domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y en su caso de su representante legal.
2.- Los actos, hechos u omisiones …….

(Sigue 4ª. Parte)

2. Los actos, hechos u omisiones denunciados.

3. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

4. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

Los artículos 67 y 68 son los únicos preceptos que establecen lineamientos en cuanto a la regulación de la denuncia popular, que refiere que es una herramienta jurídica que protege los derechos de quien recae en el supuesto jurídico establecido en el artículo 67, de igual manera es un hecho notorio que protege a las personas en estado de vulnerabilidad, porque son quienes pueden tener acceso a los programas de SEDESOL, es decir; las personas que son susceptibles de alguna violación por acto u omisión, que les produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la ley de desarrollo social o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social como las personas que tienen las características establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

En el proceso de buscar acceso y tener el beneficio de algún programa social, y ante la posibilidad de que alguna autoridad vulnere sus derechos conforme al artículo 67, el ciudadano cuenta con la denuncia popular, sin embargo el mecanismo establecido en la Ley no es suficiente, ya que estamos hablando de los ciudadanos con menos oportunidades en el país, no podemos exigirles que su denuncia sea por vía escrita por una única vía, se deben implementar nuevos mecanismo que fomenten la denuncia popular, ocasionando que sea más fácil presentar la denuncia popular para las personas que se les haya vulnerado algún derecho.

Es conveniente recordar que la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha destituido a varios funcionarios públicos adscritos a dicha Secretaría, como, por ejemplo, las recientes destituciones de funcionarios de SEDESOL en el Estado de Veracruz.

Toda institución en cualquier parte del mundo es susceptible de que algún miembro de su personal vulnere los derechos de los ciudadanos, y nuestro país no es la excepción, nuestro país al contar con un índice muy alto de pobreza, es un país que necesita mecanismos que garanticen los derechos de quienes menos tienen, por lo que debemos mejorar este andamiaje jurídico de la denuncia popular.

La población con las características anteriores necesita de un apoyo que les brinde más oportunidades de desarrollo y de acceso a la justicia, incluso no solo a ellos se les afecta sino en ocasiones también indirectamente a sus familias.

Analizando la denuncia popular con la finalidad de mejorar esta herramienta, fomentar instituciones más funcionales con mejores servidores públicos y con menor índice de corrupción, garantizando la protección de los derechos de los beneficiarios de los programas sociales e inclusive el de sus familias, debemos facilitar el acceso a la denuncia popular, estableciendo la posibilidad de que dicha denuncia sea por vía telefónica y por vía electrónica, debemos aprovechar la tecnología en beneficio de la justicia y del país.

Es menester mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa utiliza el juicio en línea en el cual se puede llevar a cabo un juicio a través de una PC e internet.

También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite denuncias vía internet en su página web. Incluso en la nueva Ley de Amparo se regula la presentación de escritos mediante las tecnologías de la informática.

Es necesario modernizar el sistema de la denuncia popular que establece la Ley General de Desarrollo Social para que dé mayores y mejores resultados. La implementación de la denuncia popular de manera electrónica no implica gastos mayores económicamente hablando, porque no se requiere la creación de un organismo con personal propio, sólo se requiere una pequeña inversión para la implementación del sistema electrónico.

En base a lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un andamiaje que fomente y facilite la denuncia popular, lo que ocasionará un mejor desempeño en las dependencias y una mejor protección de derechos a las personas en estado de vulnerabilidad.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

1. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal.

2. Los actos, hechos u omisiones denunciados.

3. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

4. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

También, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente investigue de oficio los hechos constituidos de la denuncia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Asimismo, la Secretaría podrá aceptar denuncias por vía electrónica con los requerimientos establecidos en este artículo, lo cual se notificará a las autoridades competentes.

La autoridad competente garantizará guardar secreto respecto de la identidad del denunciante, por razones de seguridad e interés particular.

El denunciante podrá coadyuvar, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita la autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de administración de instancia.

Es cuanto.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Luz María Beristáin Navarrete. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Código Penal Federal.

-En el uso de la palabra, señor Senador.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Vengo haciendo uso de mi derecho a presentar ante ustedes una iniciativa de reformas con el largo nombre que escucharon ahorita mencionar al señor Presidente de la Mesa Directiva, que tiene por objeto analizar y reformar uno de los temas en materia de procuración de justicia que me parecen de la mayor actualidad, de los más relevantes por las implicaciones que trae consigo.

Vengo a someter a su consideración que de una vez por todas reformemos la ley respecto de la famosa figura de los testigos protegidos.
Mucho hemos señalado que en los últimos años las autoridades competentes, quizás por la falta de regulación en el mejor de los casos, quizá por el desconocimiento en otros casos, o abusando por corrupción, quizá en otros, abusaron de esta figura que me parece que es fundamental para el procedimiento penal mexicano, pero …

(SIGUE 5ª PARTE)
...  que me parece que es fundamental para el procedimiento penal mexicano, pero que no podemos dejar al libre albedrío de las autoridades su uso “abuse”, por eso vengo a proponerles esta reforma a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, a la de Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas  y Protección y Asistencia a Víctimas del Delito, y al Código Penal Federal.

¿Qué pretende esta propuesta que hoy  vengo a formularles?  El objetivo, amigas y amigos senadores es que logremos distinguir para la protección que debe brindar el Estado en la que estamos totalmente de acuerdo, entre los testigos de los presuntos delincuentes, y los delincuentes que se acogen a un programa para la investigación del delito, para la procuración de justicia, que son cosas muy distintas.

Vamos a distinguir con esta reforma quienes son testigos, que son personas que pudieron presenciar hechos o tener conocimientos de hechos que ayudarán a resolver los casos en los tribunales, que ayudarán a llegar a la verdad histórica de la investigación; y otros muy distintos que son delincuentes que han delinquido o cuando menos presuntos delincuentes, si es que no existe sentencia condenatoria alguna sobre ellos, y están sujetos o pueden estar sujetos a una investigación, y en lo que creo que debemos de coincidir todos es una figura completamente distinta que persigue otra cosa, y en la que desgraciadamente estos delincuentes, presuntos delincuentes, o verdaderos delincuentes llegaron a señalar en el pasado a personas inocentes y se le dio valor probatorio a su dicho por instituciones como la Procuraduría de la República, o por los mismos tribunales.

Tenemos que establecer claramente esa diferencia, y hoy  vengo a proponer que reformemos la ley para que no sea pretexto el que es insuficiente la legislación, el que no está clara, el que no está bien regulada, el que quedan lagunas o espacios que le permitan a los delincuentes hacerse o valerse de ellos, o hacer uso de ellos para beneficios propios.

Creo que resulta hoy una reforma de la mayor trascendencia; la diferencia principal debe radicar en que el testigo como individuo es una persona que pude presenciar hechos ajenos a su voluntad o interviene en las diligencias, ojo, no solamente como personas sino como servidor público, en muchas ocasiones por intervenir en actuaciones en las que se pone en riesgo su seguridad personal y la de sus familias,  mientras que el delincuente o presunto delincuente incurre en actuaciones, o le constan los hechos porque fue parte de los mismos, o porque participó de manera activa o tuvo por acción o por omisión intervención directa.

Quiero dejar muy claro este término, ya lo podrán ustedes consultar ahora que el texto completo de mi iniciativa irá a la  Gaceta Parlamentaria y para que en las comisiones correspondientes a quien se turne, que desde ahora le pido, evidentemente al señor presidente de la Mesa, que deban participar cuando menos las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, por tratarse de un tema tan relevante para ambas materias.

Estoy proponiendo crear la figura de colaborador para denominar al delincuente o presunto delincuente que pretenda colaborar con la autoridad para combatir a la delincuencia organizada denunciado o incriminando a otros miembros de la delincuencia organizada, ojo, no les llamemos más a los delincuentes testigos protegidos porque no es la misma figura; simplemente denominémosles colaborador.

Hay que establecer en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el procedimiento para tratamiento de colaborador a los miembros de la delincuencia organizada; retirar del Programa de Protección de Testigos a los colaboradores, dejando únicamente como beneficios para el colaborador  la reducción de la condena de conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin desproteger a los verdaderos testitos de los beneficios de una nueva identidad, reubicación y aseguramiento de una forma honesta de vivir.

Y hay que incrementar la pena de aquellos que se digan colaboradores, y que falseen sus declaraciones para poder obtener un beneficio que establece la ley o para poder lograr que se incrimine a un inocente.

Hay que suprimir la calidad de prueba de valor plena de cualquier dicho, de cualquier delincuente.  Es un tema complejo, tendrá que tener candados, y para el acceso de los colaboradores al beneficio de la reducción de la condena, tiene que haber requisitos.

Uno. Que esto es muy importante, que era lo que no venía ocurriendo hasta hoy, debe de comprobarse la veracidad del hecho, no es posible que un inocente entre a la cárcel por la declaración de un pillo, de un delincuente; no es justo que en una sociedad como la nuestra, que en un sistema de derecho como este permitamos tal barbaridad, si un delincuente acusa a un servidor público de cualquier nivel, o a un ciudadano, antes de darle cualquier beneficio o de que sus declaraciones puedan hacer prueba debe de comprobarse la veracidad de lo que el delincuente colaborar aporte.

Que su dicho redunden en que se logre una sentencia condenatoria para alguno o algunos de los miembros de la delincuencia organizada.

Y propongo que se denomine colaborador y no como delincuentes colaboradores, el término correcto debe ser solo colaborador, en virtud de que el delincuente ya debe de haber sido sentenciado, y así cabe la posibilidad de que un sentenciado colabore, entonces sería delincuente colaborador, pero si está siendo procesado en ese momento, creo que, en protección también de lo que es justo, debemos de cuidar la figura, por eso la denominación.

Yo espero que vean con interés esta propuesta de reforma para que acabemos definitivamente con una figura que es importante en el procedimiento penal mexicano, pero que tanto lastimó a la sociedad por el abuso que se cometió de ella, quizá por la falta de precisión; quizá por una legislación adecuada, aquí está ahora una propuesta de legislación más precisa que pretenda de una vez por todas regular de manera correcta y diferenciar al testito protegido que al presunto delincuente que colabora.

Por el apoyo que pueda tener esta propuesta, gracias anticipadas a las y los senadores. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Omar Fayad Meneses. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. 

Esta presidencia saluda la presencia de profesores y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, invitados por el senador Manuel Bartlett Díaz. Bienvenidos. (Aplausos).

Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por lo que el senador Martín Orozco Sandoval deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social, y se integra a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Este acuerdo está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente acuerdo.
LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto A La Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

(Sigue 6ª. Parte)
. . . si es de aprobarse el acuerdo.

-Quienes estén porque  se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria.

Aprobado el acuerdo.

Comuníquese el mismo.

También recibimos de la Junta de coordinación Política otro acuerdo por el que se designa al Senador Benjamín Robles Montoya, como Presidente de la  Comisión Especial Sur-Sureste en sustitución del Senador Zoé Robledo Aburto, quién será integrante de la misma.

Está a discusión dicho acuerdo.

No habiendo oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente  acuerdo.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo.

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

-Aprobado el acuerdo,  señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias señora Secretaria.

Aprobado el acuerdo, comuníquese el mismo.

En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios  Legislativos Segunda, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso  General  de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

Este dictamen se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día por lo cual está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que con fundamento en el artículo 193 y 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen  de la Comisión de Seguridad Pública con Punto de Acuerdo que exhorta a promover las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas de la República.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría sólo a su parte resolutiva.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Doy lectura al dictamen.

UNICO.- Se exhorta al Comisionado Nacional de  Seguridad de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública promueva las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados  y periodistas en la República, que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia.

Es todo, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, en consecuencia está a discusión dicho dictamen.

Para ello se le concede en primer término el uso de la palabra  al Senador Omar Fayad Meneses para presentar el dictamen  a nombre de la Comisión de  Seguridad Pública.

En el uso de la palabra, Senador.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros senadores, ahora vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública a presentar el dictamen que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública  promueva las acciones necesarias a fin de garantizar  la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas de la República que son o pueden ser víctimas  de la delincuencia organizada.

Es indudable que en el ejercicio de las  profesiones, la de los periodistas y la de las instalaciones de los medios de comunicación han sido una de las más golpeadas por la delincuencia y en virtud de ello se presentó un punto de acuerdo  en el que originalmente se exhorta a diversas autoridades responsables  de la seguridad pública para que en coordinación adoptaran acciones adicionales para garantizar la vida, la integridad corporal y las libertades, como la libertad de expresión de las personas  que colaboran en el periódico diario el Siglo de Torreón en Coahuila, así como  investigar y perseguir los delitos cometidos contra periodistas en virtud de los ataques que habían sido objeto, instalaciones  y trabajadores.

La opinión, la opinión que se ha dado de partidos políticos, medios de comunicación, la opinión pública en general y la academia, entre muchas otras, consideran con acierto que la libertad de expresión es  de gran importancia para la vida democrática de un país, punto en el que coincidimos los miembros de la Comisión de Seguridad Pública.

Ante ello, esta Comisión en consideración de las facultades que establece el Reglamento del artículo 182, numeral 2, consideró en un ejercicio de responsabilidad que no es menester el dotar únicamente a un medio de comunicación  de la seguridad que requiere para ejercer plenamente sus labores y garantizar  la libertad de expresión, por lo que se determinó ampliar la proposición enfocada hacia la seguridad de todos los medios de comunicación  y centrar el exhorto en la Comisión Nacional de Seguridad como órgano  coordinador de las acciones que se plasman en el punto de acuerdo por ser facultad de la Secretaría  de Gobernación auxiliada por esta instancia el realizar  las acciones que garanticen la seguridad pública, determinación que tomamos con base en las siguientes consideraciones:

Primero, que es innegable la obligación del Estado Mexicano de garantizar la protección de las instalaciones  patrimonio, vida, integridad, corporal y libertades de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en toda la República, que sean víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizada.

  Segundo, se encontró en la búsqueda de la materia que sustentará  el dicho del proponente y el razonamiento del sentido del dictamen que existen diversos hechos registrados, en notas periodísticas revelando que los diversos ataques y amenazas a ese medio de comunicación no es un hecho único y aislado, sino más bien es un fenómeno delictivo que arremete en todo el país.

Ejemplo de ello han sido los siguientes asuntos: doble ataque a medio de comunicación en Ciudad Juárez, medios condenan ataques a periódicos  de Nuevo León y Tamaulipas,  crecen ataques a medios, 172 ataques contra medios  de comunicación y periodistas en el 2011, tres ataques  con explosivos contra medios de comunicación, detienen a nueve por ataques a  medios de comunicación, condena el Consejo Coordinador Empresarial ataques a medios de comunicación, Senado Armará padrón de ataques contar medios de comunicación entre muchísimos otros, denotando que estos empleados y profesionales trabajan  en  un clima de violencia y acoso de modo que de 10 años a la fecha se están recrudeciendo los ataques y omisiones, amenazas  y homicidios en agravio de comunicadores.

Tercero,  que es  tal la preocupación por este fenómeno, que el Senado de la República creó una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, presidida por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, quién ha sido el promoverte  de esta proposición con punto de acuerdo en materia del presente dictamen y que todos los miembros integrantes de la Comisión de Seguridad Pública apoyamos.
-Ante todo ello se considera necesario que todo el territorio nacional, los tres órdenes de Gobierno establezcan políticas públicas que atiendan esta población…..

(Sigue 7ª parte)
…establezcan políticas públicas que atiendan esta población victimada y exigente de protección, logrando así una eficiente coordinación entre normas, protocolos, manejo de recursos humanos, estructuras e infraestructuras, equipo, financiamiento, partidas presupuestales, áreas especializadas en inteligencia y certificación de policías, etcétera.

Por consiguiente, reducir esto a un solo caso concreto y local, como era originalmente la propuesta del punto de acuerdo, y atender solamente el caso de un diario, producirían acciones menores e insuficientes, carentes de apoyo y recursos mínimos indispensables que al final de cuentas no garantizarían la protección, ni confiabilidad que deben ofrecer, máxima que pese a las denuncias presentadas, quedan pendientes en la atención del riesgo que en realidad presenta hasta lograr aminorar las agresiones que con la delincuencia somete a los medios de comunicación.

Por lo tanto  --en conclusión--, en la reunión de la Comisión de Seguridad Pública, y aprobado por unanimidad, se terminó central el objeto  --materia de la presente proposición--   a un resolutivo que particulariza la propuesta externada de la manera en que sigue:

UNICO.- Se exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad; y a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la república, aquellos que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizada.

Considero que la coincidencia que encontramos en el seno de la comisión será avalada por todas y todos y cada uno de los presentes, porque a lo lago de esta legislatura, una de las prioridades que han encontrado consenso en todos los grupos parlamentarios, es la protección y garantía que deben tener los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión.

Por lo que solicito  --a nombre de la Comisión de Seguridad Pública--  el voto aprobatorio al dictamen que se presenta.
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Omar Fayad Meneses.

-A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

-En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, Senadora.

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, el punto de acuerdo que pone a consideración la Comisión de Seguridad, y que nos ha detallado el Senador Omar Fayad, a propósito de un punto de acuerdo presentado por el Senador Marco Blasquez, me parece que tiene que ser aprobado, incluso en sus términos.

Aún cuando pudiéramos tener discusión respecto de los alcances específicos que se plantean en el punto de acuerdo, me refiero a lo siguiente:

La mayoría de los casos que tienen que ver con violaciones a medios de comunicación, a sus dueños, a sus instalaciones, a empleados, a periodistas o reporteros de los medios de comunicación, en la mayoría de sus casos, también en el ejercicio de su trabajo, tienen que ver con asuntos del fuero común.

Cuando se tratan de asuntos de delincuencia organizada, no hay duda, es una competencia del ámbito federal. Pero el problema está  --insisto--  en su mayoría en el ámbito local.

Si hacemos un recuento de las solicitudes que el mecanismo de periodistas y de defensores de derechos humanos, a propósito de la ley en la materia, la mayoría también de los casos que llegan, tienen que ver con asuntos que tienen su espacio de actuación en el ámbito local, y son asunto que se aducen, son principalmente de agentes del Estado, por cierto, no solamente de la delincuencia, sino agentes del Estado, y casi siempre del ámbito municipal o de la policía estatal, se aduce, son cuestiones que determinan la persecución, y a veces incluso asesinato de periodistas en las entidades federativas.

Vamos a tener que presentar próximamente un punto de acuerdo que resuelva el asunto de Goyo en Veracruz, pero así podemos hacer una lista larga.

Hoy mismo, el mecanismo de periodistas y defensores de derechos humanos está viviendo una situación muy crítica que no podemos dejar de observar desde el Senado de la República, puesto que han sido temas en los que nos hemos ocupado de manera muy relevante, de manera destacada.

No sólo a partir de la reforma constitucional de la ley en la materia, sino además de reformas que hemos emprendido desde el principio de esta legislación, de esta legislatura, a 4 ordenamientos, de tal manera que el ámbito federal, sobre todo la Procuraduría General de la República tenga determinado ¿cuáles son los supuestos en que la federación tendría que atraer los casos de violaciones a los derechos de periodistas y medios de comunicación en el ámbito local que no sean atendidos?

Por lo tanto, es importante que aprobemos este punto de acuerdo. Pero yo quiero dejar constancia, en esta plenaria, que también tenemos que ocuparnos debidamente en primerísimo lugar de que con nuestros buenos oficios, el Senado de la República contribuya que el mecanismo funcione adecuadamente.

Por lo tanto, se atienda lo que las organizaciones no gubernamentales están planteando de manera pública.

Que desde la Secretaría de Gobernación se atienda debidamente cada una de las solicitudes que han inscrito y de los señalamientos, y de las faltas que todavía están pendientes de resolución, y por supuesto lo más importante: que las autoridades locales no sean omisas en la atención de los asuntos que tienen que ver con su ámbito, y por supuesto que la policía federal, que está adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad, efectivamente, como dice el punto de acuerdo, atienda de manera general, aunque, y con eso termino, destaco que lo que motivó el punto de acuerdo del Senador Blasquez, fue un caso específico en el siglo de Torreón.

Yo creo  --señoras y señores, senadoras y senadores--  que tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido a los asuntos, y no solamente generalizar, porque cuando lo hacemos así no ponemos relevancia particular, expresa y concreta en los casos que nos motivan a que aprobemos puntos de acuerdo para apoyar, insisto, específicamente casos que hoy están siendo alevosamente dañados, perseguidos, en conclusión, afectándoles sus derechos constitucionales, y por supuesto a las personas de carne y hueso, violaciones a sus derechos humanos.

Gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Angélica de la Peña Gómez.
Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoe Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

(Sigue 8ª parte)
…del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud de no encontrarse, se le concede el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blasquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor presidente.

Con el permiso de la Asamblea.

He de agradecer, pues las expresiones vertidas aquí por el senador Omar Fayad, por la senadora Angélica de la Peña, y por los senadores, que sé, me van a suceder en el turno, y que tendrán una preceptiva, una visión, muy similar a las que ya se ha expresado aquí.

Como promovente de este punto de acuerdo, quiero decir algo, que cada  vez que puedo lo digo: ejercí el periodismo durante 29 años, de hecho no conocí otra profesión, hasta que en algún tiempo estuve en una campaña política, que fue la que me trajo a esta soberanía, a esta gran soberanía legislativa.

Quiero decir, que este exhorto, es, sin duda, la primera encomienda que el Poder Legislativo pone en el escritorio del señor comisionado.

Y hay que pedirle de una manera contundente, al señor comisionado, que recientemente le dimos aquí su ratificación, que se tome esto, como algo muy en serio. Porque no es posible que nosotros estemos contando, por centenares las pérdidas de los compañeros reporteros; no es posible que en algunas ocasiones que se abren las investigaciones, nos pongamos a investigar la vida del periodista y no a investigar los hechos que ocasionaron el homicidio del compañero periodista.

Ha dicho aquí la compañera Angélica de la Peña, sobre la crisis que vive el mecanismo en la Secretaría de Gobernación. Es una situación vergonzosa lo que está ocurriendo, porque es un organismo que se creó con el concurso del Poder Legislativo, en el que participaron diversas asociaciones, no solo de periodistas, de activistas, de defensores de los derechos humanos, que se tomaron en serio la labor, no solo de crear la reforma, sino de aterrizar en un mecanismo ejecutivo, que administrara las funciones de estos compañeros cuando estuvieran en situación de riesgo.

Sin embargo, ahora vemos que este organismo está acéfalo. Y no solamente eso, sino que hay una serie de despidos, que hay un ambiente laboral muy intenso dentro de el, y esto no puede ser en un país en donde cada 26 horas con 50 minutos, hay una agresión, ya sea a un periodista o a una instalación de medio de difusión.

Por lo cual, anticipo a esta Asamblea, que el próximo martes, que se convoque a una nueva Asamblea ordinaria, presentaré un punto de acuerdo, donde voy a exhortar al ciudadano secretario de Gobernación, para que en la inmediatez resuelva esta crisis que se está dando en el mecanismo defensor de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, quiero establecer que el martes pasado, presenté tres iniciativas, con proyecto de decreto, que me servir a explicar de una manera muy breve. Porque creo que en este contexto, los compañeros legisladores que me escuchan, pudieran en algún momento apoyarlas.

La primera tiene que ver, con el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes informativas. Como presidente de esta comisión extraordinaria, recibo frecuentemente llamadas de auxilio, de compañeros de todo el país, que son requeridos por los juzgados; pero no solo requeridos, hostigados por los juzgados en procura de la identidad de sus fuentes informativas.

Un periodista no puede, no debe revelar la identidad de sus fuentes. Mucho menos cuando este es un juicio contencioso; y mucho menos cuando se trata de personas relacionadas con el crimen organizado.

La segunda tiene que ver. Con que las amenazas, a los medios de difusión, a los periodistas, sean incluidas dentro del catálogo, que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, porque, por ejemplo, cuando hay una amenaza a una Embajada, a un diplomático, o a una instalación estratégica, esto se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Y yo lo que estoy solicitando es que en este catálogo, toda amenaza, todo riesgo probado a una instalación periodística o a un periodista, sea incluida en este catálogo.

Y el tercer punto. Es que esta comisión que se creó con el concurso de todos ustedes, lo cual les agradezco, sea ya una comisión ordinaria, con capacidad de dictaminación.

Y yo sostengo, que yo nunca hubiera querido, que una comisión, para dar seguimiento a las agresiones a los medios de difusión y periodistas, se convirtiera, ni siquiera hubiera querido pedirles, que se convirtiera en una comisión ordinaria.  Pero es tan frecuente la agresión, son cada vez más las agresiones que sí creo que no una comisión, sino este Senado de la República, así como dictamina en materia de seguridad, como dictamina en materia hacendaria, como dictamina en cuestión de derechos humanos, creo que también ya, desafortunadamente lo digo, pero es necesario, debe dictaminar también en materia de libertad de expresión.

Es la cuenta, y por supuesto, mi voto será a favor de este dictamen.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Marco Antonio Blasquez Salinas.

Esta Presidencia saluda, la presencia de estudiantes provenientes de la Universidad Anáhuac-Mayab, del estado de Yucatán, invitados por los senadores Angélica del Rosario Araujo y el senador Emilio Gamboa Patrón.

Sean ustedes bienvenidos. (Aplausos)

A continuación, para la discusión, sobre el mismo dictamen, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del mismo.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con su permiso, presidente.

Ojalá y que este tipo de dictamen, sirva de antecedente para una estrategia más integral en defensa de la integridad, de los derechos de la propiedad, no solamente de este sector, tan importante por la actividad, el de los medios de comunicación, sino para otros más, en el marco que estamos viviendo a lo largo y ancho de nuestro país.

El artículo 6º y 7º de la Constitución Política Federal, establece plenamente la libertad de expresión, como un derecho fundamental inherente a todo ser humano.

Sin embargo, cada vez son más los comunicadores, que en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzosas y en el peor de los casos, la muerte.
Nuestro país está cayendo en un hoyo sin fondo, en materia de protección a los periodistas, diversos indicadores internacionales catalogan la violación de este derecho fundamental, como algo verdaderamente alarmante.

El mundo ha puesto los ojos en México, y se ha dado cuenta, de que existen grandes casos de impunidad, contra aquellos que violan este derecho fundamental.

Hacen falta instituciones que defiendan y promuevan la defensa de este derecho. Tan solo el pasado 14 de febrero de 2013, el coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas, anunció  en la sede de las Organizaciones de Naciones Unidas que en los últimos 6 años más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en México
Lo mismo en el norte.

(SIGUE   9ª PARTE)
… o desaparecidos en México.

Lo mismo en el Norte, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, que lo mismo sucede en el Sur: en Veracruz, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca.

En este país el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas. Hoy en día desarrollar esta profesión es una situación sumamente vulnerable a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones persecuciones y atentados.

Tan sólo el año 2001 al 2012, se registraron 109 periodistas asesinados, lo que provoca un debilitamiento a la democracia, ya que en dicha forma de gobierno es preferible la pluralidad de los medios de comunicación a fin de que los ciudadanos se mantengan informados en medios alternativos de comunicación.

Es claro que el Estado de México, que en este país, no garantiza la libertad de expresión. Los reporteros en México no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer su profesión.

Por tal razón, el Senado de la República no puede hacerse de oídos sordos ante tan terrible problemática que prevalece en nuestro país.

Debemos de impulsar y garantizar el pleno ejercicio del periodismo libre, pues como sabemos, hoy en día los medios de comunicación juegan un papel determinante en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido en el que la barbarie, la inseguridad y la impunidad son sólo algunos ingredientes.

Por tal razón, mi voto será a favor de esta exhortativa al Comisionado Nacional de Seguridad para que promueva las acciones necesarias a fin de garantizar de las instalaciones de los medios de comunicación, de sus empleados y de los periodistas de la República Mexicana, que son víctimas de ataques y amenazas por diferentes organizaciones.

Es cuanto, señor presidente.
(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador David Monreal Ávila.

Agotada la lista de oradores, pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

Aprobado el acuerdo, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. Aprobado el acuerdo. Comuníquese el mismo.

Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de acuerdo por el que este Senado condena energéticamente los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en la frontera norte del país, en los que un ciudadano mexicano perdió la vida.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la secretaría dé lectura sólo a su parte resolutiva.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura al dictamen.

Primero.- El Senado de la República condena enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en la frontera norte del país, en los que el ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz, perdió la vida a consecuencia del uso de arma de fuego por parte de un agente de la patrulla fronteriza.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a insistir ante las autoridades de Estados Unidos de América sobre la realización de investigaciones efectivas que culminen en el deslinde de responsabilidades de este lamentable suceso. Asimismo a agotar los instrumentos diplomáticos con que cuenta, para que se garanticen los derechos humanos de los migrantes mexicanos a fin de prevenir la reiteración de estos reprobables actos.

Es todo, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de acuerdo.

Para ello se le concede el uso de la palabra al senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente; compañeros senadores, compañeras senadoras.

Compartimos más de tres kilómetros de frontera con Estados Unidos de Norteamérica, fuertes vínculos nos llevan a un espacio donde los conflictos no son ajenos. Ambos gobiernos hemos puntualizado que en el marco del respeto a las legislaciones nacionales, podemos discutir sobre un acuerdo básico.

Deseamos una migración ordenada, legal, segura y en donde se respeten de manera irrestricta los derechos humanos.

El día 25 de marzo del 2014, en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, fue aprobado por unanimidad el dictamen con punto de acuerdo que condena el asesinato del migrante mexicano Jesús Flores Cruz, a consecuencia del uso de arma de fuego por parte de un agente de la patrulla fronteriza.

Se trata de un caso más en una larga lista de maltrato, vejaciones y atentado a los derechos humanos, en los que la Border Patrol se ha visto involucrada de manera recurrente.

Hasta donde tenemos conocimiento, ningún agente de la patrulla fronteriza ha sido encontrado culpable de los homicidios cometidos en contra de los migrantes mexicanos. Que en la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores suman 21 del 2010 a la fecha.

Pero sí han ejecutado a muchos mexicanos aplicando la pena de muerte, violando sentencias internacionales como el Caso Avena, donde se han negado derechos de asistencia consular en procesos criminales a connacionales, o donde el Estado de Texas adelanta la fecha de ejecución para el próximo 9 de abril contra el connacional Ramiro Hernández Llanas, pese al recurso de “sertiorary” interpuesto ante la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se tiene que valorar como apelación su discapacidad intelectual y falta de capacidad para comprender sus actos de conducta. Y que ejecutándolo sin esa evidencia, se está demostrando una vez más su incongruencia jurisdiccional.

Con hechos como los que estamos comentando, queda evidenciada la actitud xenofóbica y racista de la citada patrulla fronteriza y de las autoridades norteamericanas que solapan estos crímenes contra connacionales que en la mayoría de los casos han quedado impunes por la actitud indolente de quienes deberían de juzgar a los que cometen estos actos criminales. Pero también por la pasividad de las autoridades mexicanas que son incapaces de exigir justicia.

La pregunta es:

¿Cuántos mexicanos y mexicanas más tienen que matar los agentes de la patrulla fronteriza para que el gobierno de México eleve su exigencia ante las cortes internacionales para que se pare esa matanza de mexicanos en la frontera?

Lo más grave de todo es que estos actos nos cuestionan y confrontan ante esta desigualdad.

¿De qué valen los compromisos que sobre la buena vecindad y excelente desempeño del intercambio comercial entre dos socios estratégicos como México y Estados Unidos?

La conducta de algunos agentes de la patrulla fronteriza dista de los protocolos que sobre el uso de la fuerza letal han sido recomendados tanto por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos como el foro ejecutivo de investigación de la policía del país vecino. Acaso ellos no presumen de su estricto apego a la legalidad.

Entonces, ¿qué está pasando?

¿Es deliberar el asesinato de nacionales en la frontera?

Y, en consecuencia, también es deliberado el solapamiento por las autoridades y por al justicia norteamericana.
Hemos constatado que los migrantes mexicanos sufren maltrato e incluso sufren han perdido la vida, la lógica de conducta de algunos agentes…
(Sigue 10ª parte)
. . . . . . . . . .......maltrato e incluso han perdido la vida; la lógica de conducta de algunos agentes de la Patrulla Fronteriza es la misma, se provocan incidentes para justificar el uso de sus armas de fuego y asesinar impunemente a los migrantes que han entrado sin documentación migratoria a territorio de Estados Unidos o lo que es más grave, se comenten estos actos de asimetría de fuerza incluso en el territorio mexicano, lo que es inaceptable, compañeros senadores, y compañeras senadoras. Nos preocupa y alarma que el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en contra de migrantes mexicanos se consolide como el patrón de conducta por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Estamos solicitando su voto para expresar nuestra enérgica condena ante los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero, respecto de la muerte del connacional Jesús Flores Cruz, y al mismo tiempo, exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a insistir ante las autoridades de Estados Unidos de América sobre la realización de investigaciones efectivas que culminen en el deslinde de responsabilidades de estos lamentables sucesos y en este en especial que estamos comentando.

No podemos tolerar acciones que tienen tintes discriminatorios y genocidas.

Solicitamos también que la Cancillería haga lo posible por agotar los instrumentos diplomáticos con que cuenta para que se garanticen  los derechos humanos de los migrantes mexicanos a fin de prevenir la reiteración de estos reprobables hechos.

La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte acordó darle puntual seguimiento a esta resolución.

Dentro de lo más profundo del espíritu latinoamericano seguiremos luchando para que el imperio entienda que no son los dueños del mundo, y que si quieren respeto, primero tienen que otorgarlo para hacer efectiva la máxima juarista: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

Compañeros senadores, compañeras senadoras: Esperamos contar con su voto favorable a este punto de acuerdo que lastima a nuestra nación y a los migrantes mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senador Fidel Demedicis Hidalgo. Para hablar en pro del dictamen se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, Senador Presidente. Primero celebro que estemos ya dictaminando este punto de acuerdo que presenté hace aproximadamente un mes, el 18 de febrero conocimos este caso dramático de un migrante más asesinado a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

El agente le disparó porque supuestamente el migrante le arrojó una piedra. Este caso se suma a más de 20 asesinatos similares en los últimos 3 años.

El tema de migrantes sometidos por policías fronterizos y la brutalidad con que está actuando el gobierno de los Estados Unidos debe alarmarnos y generar una reacción enérgica por parte del Gobierno Mexicano.

Por lo que en el Senado estamos obligados a levantar la voz, bajo la ninguna circunstancia es permisible que se violen los derechos humanos de las personas migrantes, y  mucho menos que se atente contra su vida por su simple condición indocumentada.

Esa es justamente la proclama establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración sin distinción de su origen nacional y de ninguna otra condición.

En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión respecto de la consulta del Gobierno Mexicano, considerando que es una obligación de los estados de respetar y garantizar  los derechos fundamentales evitando tomar medidas que trasgredan un derecho fundamental y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

En los últimos doce años, y como lo reconoce el dictamen, el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores había expresado oportunamente mediante comunicados su condena por el uso de la fuerza excesiva de agentes de la Patrulla Fronteriza en contra de migrantes mexicanos.

Lamentamos de manera profunda que en este caso la Cancillería haya abandonado ese ejercicio de reclamo  institucional. Ya que no existe un comunicado de la Cancillería respecto al caso del asesinato de Jesús Flores Cruz.

Lo único que se puede encontrar es un posicionamiento de la Embajada de México en Estados Unidos que implica reducirle importancia.

Un día después del asesinato, el 19 de febrero, tuvo lugar la Cumbre de Líderes de América del Norte donde participaron los Jefes de Gobierno de Canadá, Estados Unidos y México.

En ningún momento se incluyó en la agenda ni en los discursos ni en las reuniones bilaterales la condena tan lamentable de un hecho como éste.

El Plan  Nacional de Desarrollo 2013-2018 elaborado por el Gobierno Federal señala respecto al tema migratorio que la política pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como la inseguridad y los derechos humanos.

También afirma que velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero es un deber central de una política exterior responsable.

Desde el Senado de la República le pedimos al Gobierno Federal que sea congruente, que cumpla con su obligación y con lo que se ha fijado como metas, eso implica actuar con contundencia para evitar que sigan ocurriendo violaciones evidentes a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Y, quiero aprovechar el espacio para recordarles que este fin de semana, que acaba de pasar, escuchamos la voz de legisladores de Venezuela, como la de la Diputada María Corina Machado con señalamientos que hace mucho no escuchábamos, lamentando la tibieza del Gobierno Mexicano ante la violencia que vive ese país. Extrañando el papel de México como país hermano ante organismos internacionales como la OEA.

Celebro que en este Senado de la República estemos cumpliendo con nuestra obligación de incidir en la política exterior de nuestro país, y que con dictámenes como el que estamos discutiendo impulsemos que el Gobierno Federal haga su trabajo.

Es cuanto, Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Para la discusión en este mismo dictamen se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

- EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Muchas gracias, bueno, pues vengo a sumarme a este dictamen, el tema de los migrantes, es un tema altamente sensible para todos los mexicanos, pero más para los de algunos estados de la República Mexicana, por lo que hace a los estados expulsores, y lo que hace a los estados receptores, que somos los estados de la frontera norte, no se diga, Baja California.

Quisiera desde aquí alertar a las autoridades federales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Secretaría de Gobernación porque el presidente Barack Obama puso en operación un mecanismo ejecutivo llamado dream act; esto significa dar una especie de permisividad a las personas, a los jóvenes que hayan ingresado a los Estados Unidos, antes de los 16 años, obviamente de manera indocumentada, y a condición de que registren una serie de requisitos como el ser estudiantes, el no tener antecedentes penales se les permite vivir y estudiar en los Estados Unidos, son los llamados dreamers, los soñadores.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos, por un lado generosas, por otro no, al parecer han estado deportando a los familiares, léase, padres y hermanos de esos dreamers.

Y la consecuencia es, de que nos preguntamos de qué sirve un mecanismo ejecutivo que está respaldando la buena fe, la inocencia de estos jóvenes que fueron llevados por sus padres a los Estados Unidos que se comportan bien, que tienen un buen carácter moral, ¿De que serviría si les están quitando la parte del sostén financiero…

(Sigue 11ª. Parte)
…buen carácter moral, de qué serviría si les están quitando la parte del sostén financiero, si es difícil que en un país un estudiante termine sus estudios profesionales con sus padres, imagínense un estudiante en un país ajeno sin sus padres y condicionado a que si no tienes buenas notas de deporto es prácticamente una trampa de muy mal gusto.
Como consecuencia de esto los padres y los hermanos de estos dreamers se están presentando en el Puerto Fronterizo de Otay, en Tijuana, y se están entregando. Esto es algo muy peligroso y es lo que yo quisiera hacer notar, porque una portaestandarte de la migración, la michoacana Elvira Arellano, célebre porque se refugió con su hijo en una iglesia ante la amenaza de ser deportada, entró dentro de esas 150 personas, las tengo contadas, que se entregaron en el Puerto de Otay.
A esta mujer, con un niño de cuatro meses en sus brazos nacido en México, la liberaron bajo palabra y esto ha hecho creer que ella ya pasó los filtros y que Estados Unidos relajó su sistema migratorio, y eso es falso.
Es por ello que yo quisiera que las autoridades tomaran nota de quiénes son esos jóvenes dreamers que se han hecho merecedores a esa visa de estudios y que se cree un programa social que les dé becas, que los apoye, porque son mexicanos, aún en el exterior son mexicanos y tienen la necesidad de recursos y están expuestos a situaciones inusuales en un estudiante.
Y por otro lado también sería conveniente que Relaciones Exteriores hiciera un censo de estos padres que fueron deportados, que tienen hijos dreamers en los Estados Unidos, y también les puedan dar algún tipo de apoyo para que ellos solventen los estudios de sus hijos en lugar de irse a entregar a los puertos fronterizos de los Estados Unidos.
Simple y sencillamente, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, una segunda deportación son 20 años de cárcel, si la ley se aplica como es, y si esta persona tiene antecedentes penales son 30, 40 ó más años de cárcel, es a lo que se exponen.
Quisiera, aprovechando este tipo de acuerdo que se presenta, hacer este exhorto porque muchas veces nosotros hablamos de los migrantes como héroes nacionales cuando se trata de contabilizar las remesas que envían, cuando se trata de contabilizar en miles de millones los dineros que se envían desde Los Angeles, desde Chicago, desde Nueva York, son héroes. Pero cuando se trata de apoyarlos, en este caso a sus hijos, a los dreamers, que es imposible que un presidente extranjero, como Barack Obama, esté dando el primer paso para que estos jóvenes completen sus estudios, y nosotros, nuestro gobierno los exponga a este tipo de circunstancias.
Es la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
-Habiéndose agotado la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
-Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria.
-Aprobado el acuerdo. Comuníquese el mismo.
-Pasamos ahora a la discusión de siete dictámenes de la Comisión del Distrito Federal que contienen puntos de acuerdo, debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su parte resolutiva.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura al primer dictamen.
Único.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que informe a esta soberanía sobre el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, en apoyo a las personas con discapacidades.
Doy lectura al siguiente dictamen:
Único.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que informe a esta Soberanía sobre los avances que ha tenido los programas tendientes a garantizar la movilidad urbana en el transporte público, y a fortalecer las acciones para disponer de un sistema de movilidad integral en la Ciudad, en beneficio de sus habitantes.
Doy lectura al tercer dictamen.
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que remita a la brevedad a este Honorable Senado de la República, un informe pormenorizado que describa la fecha y origen de las fallas que ocasionaron la suspensión del servicio y las acciones que se han llevado a cabo a partir de la suspensión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que presente un informe a esta Soberanía sobre el proyecto de la Línea 12 del Metro, desde su diseño hasta su finiquito y funcionamiento, sin obviar el proceso de contratación y pagos, incluyendo todos los hallazgos, observaciones y recomendaciones, hechas por la Auditoría Superior de la Federación, con los diferentes informes de Cuenta Pública.
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que informe al Senado respecto al mantenimiento que se ha dado a la Línea 12; así como a los trenes desde su puesta en marcha el 30 de octubre de 2012 y hasta la fecha de la suspensión de servicio. Asimismo, proporcionar el dictamen en que se motivó la suspensión del servicio, como solución inmediata a las fallas presentadas.
Cuarto.- Se exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que remita un informe detallado respecto a las acciones de mantenimiento mayor que se dará a la Línea 12, la fecha de su contratación, su cronograma de ejecución, la fecha estimada de reanudación del servicio, y los costos de dichas obras.
Quinto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de que gire sus instrucciones a las autoridades competentes, para que se realicen las investigaciones conducentes motivadas por la suspensión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
Sexto.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a que informen al Senado de la República de las auditorías practicadas y sus resultados a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y en su caso, lleven a cabo las auditorías correspondientes y/o supervisen el cumplimiento de las observaciones realizadas al proyecto, con la relación a la aplicación de los recursos y fondos federales.
Séptimo.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a las autoridades competentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el objeto de que una vez concluidas las acciones encaminadas a rehabilitar las instalaciones de la Línea 12, se garantice y avale en su totalidad el funcionamiento adecuado de la Línea Dorada y con plena seguridad a los usuarios de los servicios.
Octavo.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación de oficio respeto a la posible comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y ejercicio indebido del servicio público, todos contenidos en el Código Penal Federal, respecto al proyecto de la Línea 12 del Metro “Línea Dorada”.
Doy lectura al siguiente dictamen.
Primero.- el Senado de la República felicita el trabajo del Gobierno del Distrito Federal en materia de uso de la bicicleta como medio de transporte en la Capital en la última década, mediante programas como EcoBici, ciclopistas y carriles confinados, entre otros.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer una infraestructura vial segura en las zonas existentes para los ciclistas, así como ampliarlas a delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y otras, que requieren de este tipo de transporte.
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar el actual marco legal, en especial el Reglamento de Tránsito Metropolitano, a continuar con las medidas para obligar el uso de casco; luces delanteras y traseras; así como el uso de catadióptricos traseros, laterales y en los pedales; espejo retrovisor y claxon, en zonas de alto tránsito a ciclistas, así como establecer sanciones no sólo verbales a los ciclistas que incumplan o violen dicho parco legal.
Doy lectura al quinto dictamen.
Único.- El Senado de la República, en el marco del Plan estratégico para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos 2013-2018, y de las acciones y estrategia encaminadas a regular la gestión integral de los residuos sólidos, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que informe a esta soberanía el avance sobre la identificación de sitios potencialmente viables para la eliminación final de residuos sólidos de la Ciudad de México, así como continuar implementando programas que contribuyan al desarrollo…