Conferencia de prensa ofrecida por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, junto con organizaciones civiles para denunciar violaciones a los derechos humanos en el estado de Chiapas.

 

Angélica de la Peña Gómez (APG): Buenas tardes, buenos días todavía.

 

Bueno, hoy tenemos ante ustedes una presentación de un asunto que nos preocupa muchísimo a las senadoras, particularmente, necesitamos dejar constancia clara sobre así como nos preocupan muchos asuntos, el caso particular del asunto que vamos a ver ahora con ustedes, no tienen parangón, no tiene manera de que lo podamos medir frente a otros casos que hayamos presentado aquí.

 

Nos parece muy importante señalar la investigación que se ha dirigido desde el Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y la Paz de la Universidad Nacional Autónoma de México, además del colectivo de mujeres que hoy nos acompañan, el caso que presentamos como el caso de Ana, que es un paradigma de gran impunidad, de múltiple violación a los derechos humanos, es un caso clarísimo de una discriminación múltiple como se conoce desde el punto vista de la discriminación.

 

Ana, así llamaremos a esta mujer que es una mujer pobre, indígena tzotzil, de los altos de Chiapas, ella nació con síndrome de Down, pero aprendió a caminar. A sus 33 años, no existe para el Estado porque no tiene acta de nacimiento, es vulnerable en todos sentidos, es un caso paradigmático de discriminación múltiple.

 

Su historia comienza, esta parte terrible de su vivencia, cuando ella cumple 18 años de edad y fue violada en distintas ocasiones por un pariente cercano que además tiene la característica de ser hijo de un importante funcionario de este pueblo, de ahí que se deprende la serie de impunidades que vamos a referir de manera general.

 

Estamos hablando de 2013 cuando de repente notan, su mamá y su papá, de esta joven con síndrome de Down, que su regla, su menstruación, no le bajaba y entonces se comprueba que ella está embarazada.

 

Pero, como podemos entender, ella por la misma situación en la que se encuentra, sin ninguna educación especial, de repente parecía que no comprendía lo que significaba eso.

 

Los médicos, aún cuando se adujo que fue una violación, no quisieron en Chiapas practicarle el aborto, porque además se esgrimía que cumplía los tres causales, la primera, era una madre con discapacidad, ella había sido violada, no había tenido ninguna posibilidad de defenderse y por supuesto, por la misma situación de ella, de su persona, también podía correr peligro su vida. 

 

Este embarazo producto de la violación también podía tener un riesgo de tener la misma alteración genética que su propia madre.

 

Ante el sufrimiento de su hija, su mamá y su papá, a sabiendas de que podría correr peligro su vida pero también de la reacción de su propia comunidad, aun así, su vida estaba corriendo peligro, la mamá y su papá, decidieron presentar aún en las condiciones en las que se encuentra este pueblo, una denuncia penal.

 

El violador huyó en mayo, antes de cumplir ella los seis meses de embarazo, tuvo un aborto espontáneo, tuvieron que intervenir las autoridades del servicio de salud para lograr rescatarla del peligro de su vida, pero hasta ahí quedó la situación.

 

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia estatal, como todas las víctimas de abuso sexual, por desgracia fue sometida a prácticas que son inapropiadas e incluso pueden determinarse como conductas o prácticas tortuosas y exámenes sicológicos para intentar comprobar si efectivamente había sido violada.

 

Todo contra lo inimaginable, en menos de dos años, el violador volvió a aparecer por el pueblo y sabiendo que el hecho, el delito quedó impune, volvió a repetirlo, es decir, nuevamente vuelve a violar a esta joven y nuevamente queda embarazada.

 

En esta ocasión, ella da a luz a una niña que nace con síndrome de Down. Los padres de Ana ya no presentaron denuncia, ¿para qué presentan denuncia si no iba a pasar absolutamente nada?

 

Bueno, esta historia es una narrativa de la impunidad que desde 2003 ha sido objeto esta familia. Su papá, su mamá, Ana misma, que hoy tiene 33 años, y la niña que hoy tiene 10 años y que ambas tienen síndrome de Down.

 

La situación es muy compleja porque aún con la falta de capacidad y con la frustración se gira orden de aprehensión contra el violador, quien nunca fue localizado porque las patrullas simplemente actúan de forma omisa y por supuesto lo dejan ir.

 

Ahora bien, las autoridades judiciales en ese sentido y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos efectivamente, aunque actuaron por oficio y tomaron el caso, siempre se ha visto que hay una poca atención, una nula atención, por parte de la Procuraduría Estatal que no ha detenido a esta violación y la situación ahora es m muy grave.

 

Los expedientes ya se cerraron en la Procuraduría y la queja que está en la Comisión, que tiene alrededor de 350 hojas en contraste con los informes médicos que solamente se reducen a tres documentos, simplemente se ha quedado ahí el asunto como algo que no opera, algo que nadie hace caso, algo, y debemos decirlo con mucha preocupación, que no le importa a nadie.

 

¿Cuál es la situación hoy? Su papá y su mamá ya personas adultas, grandes, están frente a una situación muy complicada porque no pueden atender a su hija que se encuentra además, por su misma situación, sin oportunidades de caminar, de salir adelante, de hablar, qué sé yo, y lo mismo acontece con la niña de 10 años.

 

Hay un riesgo latente de que pueda ser otra vez ella, inclusive su hija, violada; hay una situación verdaderamente terrible de una falta de atención de parte de las autoridades.

 

En ese sentido, le voy a dar la palabra, primero a la senadora Diva Hadamira Gastélum y luego después a nuestra académica que ha seguido llevando este caso con toda precisión como resultado incluso de una investigación muy importante que ella platicará.

 

Senadora Diva Hadamira Gastélum:

 

APG: Le pedimos a la académica Silvia Quintero que sea tan amable de mencionarnos el trabajo de investigación que ella hizo alrededor de este tema.

 

Por favor.

 

Silvia Quintero:

 

APG: Muchas gracias. Bueno, además de que vamos a hacer la promoción con un punto de acuerdo específico al gobierno del estado de Chiapas, ojalá que los senadores del estado de Chiapas nos apoyen para que desde la entidad se pueda lograr que haya una restitución de derechos y una protección debida a esta familia y particularmente a estas dos mujeres.

 

Su madre de 33 años y su hija de 10 años que hoy se encuentra en una situación de altísima vulnerabilidad.

 

Hay un mensaje que nuestra amiga de la organización quiere dar de manera rápida. Por favor, si eres tan amable.


Xóchitl Libertad Mejía (Poder Femenino)

 

Pregunta (P): Muchas gracias, pues éste es el cartel, como pueden ver, es emblemático “Todos somos ellas”, es un cartel donde hay simbólicamente, el cartel refleja lo que no queremos de las mujeres, muñecas sin ninguna personalidad, cosificadas, pero además muñecas que están prácticamente en una situación de abandono, son arrumbadas porque ya no son fotografías que reflejen lo que se supone deben ser las muñecas.

 

No queremos este tipo de imágenes para las mujeres y mucho menos para las niñas y mucho menos para quienes hoy sufren discriminación múltiple y que tienen que ser apoyadas por las autoridades, particularmente del estado de Chiapas, particularmente del gobierno estatal y no olvidarse que requieren de un apoyo de parte de quienes tienen la obligación de darla.

 

Muchas gracias a todos ustedes por su atención a este terrible caso que está prácticamente dándose a la luz pública a través de esta investigación que lleva muchos años y en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

 

Qué lamentable que tengamos hechos todavía como estos, que siguen sin tener justicia y pasan los años y no solamente no tienen justicia sino que siguen padeciendo por desgracia más injusticia.

 

Gracias a ustedes.

 

---000---