Versión de la conferencia de prensa concedida por los senadores del PAN Ernesto Cordero Arroyo y Roberto Gil Zuarth, acompañados por los senadores Miguel Barbosa Huerta y Manuel Camacho Solís, para presentar iniciativa de reforma política
Senador Ernesto Cordero Arroyo (ECA): Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy y tal como lo anunciamos ya hace algunas semanas, estamos presentando las iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes para la democratización del régimen político y la rendición de cuentas en México.
El origen de esta, pues de estas iniciativas, como ustedes lo saben, forma parte de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. En el caso del Partido Acción Nacional, desde que nos juntamos para elaborar la agenda legislativa del año en curso en la ciudad de Puebla, en enero de este año, ahí salió la inquietud de presentar una reforma política profunda que atendiera pues los grandes retos de democratización que tiene el país.
Nos da mucho agrado haber concretado este esfuerzo. Como ustedes lo saben, organizamos y, como lo anunciamos hace algunas semanas, recibimos el consejo, la asesoría de expertos en la materia que organizaron foros y recabamos la opinión de los expertos más connotados en México, en la materia.
Lo que presentamos en este momento pues es la recopilación y el esfuerzo congruente, coordinado de este grupo de expertos a los cuales nos sentimos honrados de haber recibido su asesoría y, por supuesto, sus contribuciones.
Asimismo, también decir que éste es un momento oportuno; acaban de pasar elecciones en México hace tan sólo una semana y días y donde nos queda claro que el reto de la democracia en México no ha sido conquistado, que hay muchas cosas por hacer, que todavía hay muy viejas prácticas en muchas partes del país donde en lugares como Ahome, como Apizaco, como Quintana Roo siguen prevaleciendo muy viejas prácticas y que la manera de resolverlo de manera profunda, estructural y definitiva es con un marco legal y constitucional adecuado que nos permita resolver pues todo lo que, vimos, sucedió durante la jornada electoral.
Por supuesto que nosotros, las fuerzas democráticas en México, siguen luchando por esas elecciones, siguen defendiendo el voto de la gente pero en este momento se hace fundamental que avancemos en una reforma política como la que se está presentando.
Esta reforma no riñe con ningún otro esfuerzo legislativo que se presente en la materia. En el Senado de la República hay muchos esfuerzos muy valiosos de muchos compañeros que se han presentado. Por supuesto, en la Comisión dictaminadora todas serán tomadas en cuenta, ésta es una contribución seria que un número importante de senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática que, repito, ha sido un esfuerzo muy profesional, muy serio, muy consistente y, sobre todo, que siempre se ha hecho de cara a la sociedad, se ha hecho público desde el principio y, bueno, pues hoy estamos muy contentos de presentar este documento.
Le cedo la palabra al senador Luis Miguel Barbosa.
Miguel Barbosa Huerta (MBH). Agradecemos la presencia de los medios de información, que hayan acudido a nuestra convocatoria.
Estamos presentes senadoras, senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, quienes hemos concluido bajo la conducción por parte del Partido Acción Nacional del Senador Roberto Gil, y por parte del Partido de la Revolución Democrática del Senador Manuel Camacho; de un trabajo serio y responsable que arroja una propuesta legislativa sobre reforma político electoral.
El propósito como está dicho en las palabras que están en las pantallas tiene por propósito la democratización del régimen político y la rendición de cuentas, no solamente una reforma política urgente, profunda sino aquella también que democratice el ejercicio del poder, es importante que en México se establezca  la democracia como una forma de vida, no solamente como un régimen político sino como una forma de vida en el concepto que nuestra Constitución prevé.
Así es que se ha concluido este trabajo, debo destacar que en él no van a encontrar un propuesta sobre Reforma Política del Distrito Federal porque acordamos, y lo hablamos con las partes involucradas, que nosotros acompañaremos la propuesta de Reforma Política Distrito Federal a aquella que se construya, que está en proceso desde la participación de las fuerzas políticas, desde el gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa y de la sociedad en su conjunto de esta capital del país.
Por eso, no van a encontrar ustedes una mención sobre este asunto, decirles que el día de hoy enviaremos a los Grupos Parlamentarios distintos al PAN y al PRD mediante oficio suscrito por nosotros el documento que hemos elaborado, queremos que se comparta, queremos que se analice y queremos invitarlos a la suscripción de la iniciativa, que será presentada a la Comisión Permanente el próximo día miércoles.
Vamos a mandar también este contenido a las Direcciones Políticas de nuestros partidos, dijimos que el trabajo es armonizando las propuestas, ésta es la que construimos Senadores del PAN y del PRD, ese es el producto que alcanzamos después de los trabajos que ustedes testimoniaron llevamos a cabo, y queremos que sea parte del debate, el debate público que ya se instaló y que finalmente arrojará la reforma política que el Congreso apruebe, con la opinión, con la participación de todos los factores, que opinan, que determinan las decisiones en este país.
Así es que no se trata de rivalizar con nuestras Direcciones Políticas, se trata de armonizar, para nosotros este el contenido de una reforma política profunda y pretendemos se armonice con todas aquellas propuestas que se determinen, que se alcancen en otras mesas de diálogo.
Los Senadores, las Senadoras que vamos a suscribir esta propuesta seremos promotores, divulgadores, iremos a la Cámara de Diputados, hablaremos con nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados y estaremos en el debate político y en el debate público.
Agradezco a todos ustedes nuevamente y a mis compañeras y compañeros Senadores que todos fueron participes de este producto que hoy presentamos a la nación por conducto de los informadores profesionales como son todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Manuel Camacho Solís (MCS). Buenas tardes a todos, muchas gracias. 24 senadores del PAN y los 22 del Grupo Parlamentarios del PRD presentamos el 15 de mayo una agenda de 30 puntos para una reforma política que democratizara el acceso al poder, su ejercicio e hiciera efectiva la rendición de cuentas.
Ofrecimos que después de elecciones tendríamos listas las reformas a la Constitución y a las leyes. El día de hoy estamos cumpliendo nuestro compromiso. Aquí está la reforma política, por cierto en el momento político más oportuno, la que cierra el ciclo de las reformas electorales coyunturales con una propuesta integral para la democratización del régimen político y el control social del poder. Para reformar el acceso al poder, su ejercicio y la rendición de cuentas.
Estamos muy agradecidos con quienes en las audiencias y en otros foros hicieron contribuciones sustantivas a la misma, muchas gracias a: Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Valadés, Arturo Valenzuela, José Woldenberg, Ana Laura Magaloni, Pedro Salazar, Armando Maitret, José Luis Vargas, Carlos Nataren Nandayapa, Alfredo Figueroa, Jaime Cárdenas, Luis Carlos Ugalde, Carla Humphrey, Flavio Galván, Jorge Alcocer, Salvador Nava, Javier Santiago, Javier Aparicio, María del Carmen Alanís, Libia Márquez, Marta Subiñas, Amalia García, Rodrigo Morales, Jorge Alberto González, René Miranda, Alejandro Moreno, Julio Madrazo, Rafael Giménez, Lorenzo Córdova,  José Alberto Aguilar Iñárritu, Joy Langston, Verónica Malo, Benito Nacif, Roberto Lara Chagoyán, Ángeles Navarro, Gonzalo Hernández Licona, Mario Luis Fuentes, César Jáuregui, José Antonio Caballero, José Merino, María Marván, Rigoberto Ortiz Treviño, Ricardo Sodi, Manuel Bartlett, Fernando Gómez Mont, Daniel Barceló, Alberto Olvera, Ignacio Marván, Francisco Valdés Ugalde, Eduardo R. Huchim, Andrés Lajous, Jorge G. Castañeda, Gabriel Negretto, José Roldán Xopa, José María Serna de la Garza, Mariclaire Acosta, Susana Pedroza, Fernando Coronado, Alejandra Nuño y Jaime Rochin.
El  consejo técnico que aseguró un producto de alta calidad fue integrado por   César Astudillo, Carlos Monroy, Santiago Nieto, Jaina Pereyra, Hugo Rosas, Arturo Sánchez y Felipe Zermeño.
A los medios de comunicación estamos agradecidos y los más destacados líderes de opinión que le dieron un espacio y posicionaron ante la opinión pública esta reforma. Ahora falta esclarecer los pasos qué sigue.
Hoy mismo pondremos en manos de los coordinadores de los grupos parlamentarios el paquete de iniciativas. Se lo estamos enviando a los senadores Emilio Gamboa, a Jorge Luis Preciado, a Jorge Emilio González, a Manuel Bartlett, y a las senadoras Mónica Arriola y a Layda Sansores. Lo hacemos con el objetivo de conseguir su apoyo y la seguridad de que la reforma representa el mayor avance en la democratización del régimen político y para una efectiva rendición de cuentas.  Haremos lo mismo con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Se lo enviaremos también al Presidente de la República, queremos que el Jefe del Ejecutivo conozca y comparta esta reforma que, además de sus contenidos sustantivos, abre un espacio para la concertación política del Ejecutivo con el Parlamento. Lo que proponemos es la evolución hacia un reordenamiento institucional y transparente que facilite la cooperación y la mayor corresponsabilidad en el ejercicio  del gobierno. Proponemos los cambios institucionales que faciliten los Acuerdos duraderos y sustantivos entre el Ejecutivo y  las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El próximo miércoles presentaremos formalmente la reforma ante la Comisión Permanente para dar inicio al proceso legislativo.
La reforma desde luego puede ser perfeccionada en el proceso legislativo que iniciaremos la próxima semana con la presentación formal ante la Comisión Permanente. Puede y debe ser perfeccionada. Lo que no tendría sentido, porque sería desperdiciar una oportunidad histórica de cambio que prestigie a las instituciones y que las haga más eficaces y legítimas sería fraccionarla en retazos o diluirla para convertirla en un engaño a la sociedad. Muchas gracias.
Senador Roberto Gil Zuarth (RGZ): Muchas gracias. Como lo han dicho los senadores Barbosa, Cordero y Manuel Camacho Solís, después de las reformas de la transición mexicana esta es la agenda plural más comprensiva, más profunda, más integral y más completa que ha conocido la democracia mexicana.
Está articulada esta agenda en tres grandes ejes, por un lado las reglas electorales, es decir, los mecanismos o las formas a través de las cuales se traducen los votos en escaños, también en segundo lugar reglas para hacer funcionales las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo salvaguardando la pluralidad política que ha sido un dato distintivo de la democratización mexicana, y por último, un conjunto de mecanismos para aumentar  el poder ciudadano y aumentar los espacios de participación política de los mismos.
Este paquete de iniciativas comprenden seis grandes iniciativas, por una parte un conjunto de modificaciones constitucionales, modificaciones también en materia penal, una profunda, cirugía mayor al Cofipe, y tres leyes reglamentarias que están pendientes desde la reforma del 201, la Ley de Participación Ciudadana que regula la consulta ciudadana, la iniciativa popular y otros mecanismos permanentes de participación; la Ley Reglamentaria del artículo 134 sobre propaganda gubernamental, y la Ley Reglamentaria del artículo sexto de la Constitución en materia del derecho de réplica.
En cuanto a la reforma constitucional en el apartado de acceso al poder esta iniciativa propone modificar sustancialmente el régimen de fiscalización en nuestro país; hoy en día la fiscalización es posterior al proceso electoral y se realiza sobre la base de los informes que presentan los candidatos y los partidos políticos.
Introducimos en consecuencia un régimen a partir del cual la fiscalización se realiza durante las campañas electorales, donde el órgano fiscalizador no tiene ningún límite para fiscalizar ingresos y gastos de los partidos políticos y de sus candidatos.
Le devolvemos al Consejo General la facultad de supervisar los procesos de fiscalización, una facultad que se perdió en la reforma de 2007 y que fue trasladada a la Unidad de Fiscalización que como ustedes saben ha provocado una serie de problemas en la forma de revisión de las cuentas de los partidos y candidatos.
Establecemos como causales de nulidad de la elección, pérdida del registro de las candidaturas y de los partidos políticos cuando se rebasen los topes, tanto de financiamiento como de campaña.
En materia de propaganda gubernamental y de partidos políticos la propia Constitución establece una serie de principios y bases; en cuánto a las candidaturas independientes se establece en la Constitución las modalidades de acceso a radio y televisión, de manera tal que las candidaturas independientes cuenten con esta posibilidad o este acceso a dichas prerrogativas.
Se establece también en la Constitución el deber de los partidos políticos de informar sobre posibles conflictos de intereses de sus candidatos; se establece también la creación de un gobierno participativo, es decir, juntas comunitarias democráticamente electas con una capacidad de gestión presupuestal y sobre todo con capacidad para tomar decisiones sobre prioridades presupuestales en un determinado ámbito geográfico específico.
Establecemos como regla de la elección que todos los Ejecutivos en el país, presidente de la República, gobernadores y alcaldes, la segunda regla electoral, es decir, el principio según el cual se entiende electo aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos en una elección, en dos rondas de votación, en cuya segunda únicamente participan los dos punteros.
Creamos o matizamos el régimen presidencial mexicano para introducir la figura del jefe de gabinete, ratificado por el Congreso de la Unión dentro de los 30 primeros días del mandato presidencial. El jefe de gabinete tiene como principal responsabilidad conducir las relaciones con el Legislativo y en particular mantener una mayoría estable en el Congreso de la Unión para sacar adelante un programa de gobierno que también es motivo de aprobación y ratificación por el Congreso de la Unión.
En consonancia con este modelo de gobierno de coalición se propone también la ratificación de todos los integrantes del gabinete, y del programa de gobierno.
El Congreso también, en este marco de nuevas relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, asume un poder importante, la capacidad de por mayoría absoluta de los miembros presentes en cualquier Cámara, de censurar al jefe de gabinete o a cualquier secretario de Estado; la consecuencia de la censura provocaría que el Presidente de la República pudiera presentar una petición de confianza de manera tal que la Cámara que censuró a aquel funcionario pudiera revalorar esa censura, lo cual obliga a una nueva negociación política con el Congreso, o bien rechazar la petición de confianza, lo cual daría lugar a un nuevo nombramiento del secretario o del jefe de gabinete.
Dado que el jefe de gabinete es el encargado de conducir las relaciones con el Poder Legislativo, establecemos un deber constitucional de participar en sesiones mensuales de control sobre las cuales el Ejecutivo y el Legislativo dialogan sobre la agenda prospectiva del gobierno, pero también en las cuales el Legislativo establece, evalúa el desempeño de la administración pública federal.
También establecemos la iniciativa razonada. A partir de esta figura cada vez que el Presidente de la República o el jefe de gabinete envíen una iniciativa al Congreso tendrán el deber de venir a explicar a cualquiera de las Cámaras o a la Cámara de origen cuáles son los fundamentos, los objetivos y los propósitos de esa iniciativa de tal manera que los grupos parlamentarios y el propio gobierno fijen de entrada la posición con respecto a su contenido.
Establecemos también que el Plan Nacional de Desarrollo como eje rector del funcionamiento del gobierno en un horizonte sexenal sea aprobado igualmente por el Congreso, de la misma manera se prevé que la Estrategia Nacional de Seguridad y los convenios interinstitucionales que celebre el gobierno de la República con alguna entidad internacional en materia de seguridad también sean sujetos de ratificación por parte del Senado de la República.
En consonancia con el mejoramiento de la funcionalidad de las instituciones en nuestro país proponemos la autonomía de la PGR, es decir, convertir el Ministerio Público en una fiscalía general de la República, auxiliar de fiscalías autónomas en los estados y en el Distrito Federal. Este modelo es plenamente consistente con el modelo de justicia penal de corte adversarial que nos hemos dado los mexicanos. La Fepade también asume autonomía constitucional y queda subordinada a la fiscalía general de la República.
Establecemos un mecanismo para que la Federación pueda intervenir de manera subsidiaria y temporal para atender situaciones de hecho que aquejen a alguna entidad federativa. Nuestro sistema federal tiene un elemento que ha generado algunos problemas para atender ciertos problemas de hecho, y específicamente su rigidez.
Con este mecanismo no solamente pueden desaparecer los órganos locales y convocar a una nueva elección, sino también puede asumir temporalmente una determinada función para contribuir a la normalización de las condiciones de desarrollo institucional en esa entidad federativa.
Proponemos también que el Senado tenga la facultad de poder sancionar a órganos electorales locales cuando no cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.
Establecemos también en la Constitución la facultad del Congreso de expedir un sistema nacional de carrera del funcionariado electoral.
Hoy en día, los problemas de parcialidad de los órganos electorales tienen que ver con el esquema de nombramiento, es decir, que su horizonte profesional depende de un acuerdo político en la Legislatura; con este mecanismo lo que proponemos es que los nombramientos del funcionariado electoral en todo el país responda a los principios de servicio de carrera, es decir, ingreso por capacidades, permanencia por desempeño y, sobre todo, un régimen disciplinario ajeno a las dinámicas políticas.
Siguiente, por favor.
También proponemos en la Constitución que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social tenga plena autonomía constitucional, este Consejo tiene la función no solamente de medir la pobreza, sino también evaluar todos los programas o políticas sociales en todo el país con únicos efectos de información a los ciudadanos.
Eliminamos el fuero para todos los funcionarios del país, incluido el Presidente de la República, y eliminamos en la Constitución la prohibición a la reelección legislativa y a autoridades municipales; para el caso de legisladores federales y autoridades municipales, es decir, diputados, senadores y alcaldes, se establece una posibilidad máxima de reelección hasta por 12 años, y en el caso de los legisladores locales únicamente eliminamos la prohibición para que cada Legislatura acuerde el modelo que más les convenga.
En cuanto a la modificación a la legislación secundaria, en el apartado de delitos electorales establecemos nuevos tipos y penas para la contratación encubierta de espacios que busquen posicionar a servidores públicos o candidatos y también sanción penal al rebase de tope, aportaciones o de gasto, así como un nuevo esquema de sanción a los mecanismos de compra y coacción del voto.
Se penaliza el “turismo electoral”, es decir, el cambio intencional de domicilio para incidir en un proceso electoral; se establecen penas más severas a funcionarios públicos y electorales que actúen en beneficio de candidatos o partidos.
En el Cofipe se establece también un nuevo régimen de encuestas, es decir, un régimen de transparencia que obliga a que quien difunde una encuesta revele los conflictos de interés de la misma y también revele las condiciones metodológicas de su realización; disminuimos el tiempo de prohibición para difusión de encuestas, de los actuales tres días a un día de la jornada electoral.
Se ajusta también la Ley de la Planeación Democrática del Desarrollo, se establece también el derecho de réplica, que ahorita explicaremos con mayor detalle; en el Cofipe, como ya lo hemos dicho, se establece un régimen de fiscalización durante las campañas con la misma intensidad a candidaturas independientes, se restablece la Comisión de Fiscalización como órgano conductor de la fiscalización, se establece también un régimen de fiscalización simultánea a campañas en el lugar en el que se están desarrollando.
Se obliga a los partidos políticos a establecer un padrón de proveedores y a fijar cotizaciones de costos de todos los bienes que utilicen, y también se sanciona a aquel partido político que utilice proveedores que no están previamente registrados ante la autoridad electoral.
Se establece también un nuevo régimen de entrega de materiales; hoy en día tiene que pasar aproximadamente una semana para sustituir materiales en radio y televisión, prevemos un plazo sustancialmente menor.
En materia de debates, se establece una obligación a asistir a los debates y también se establece la obligación de los medios de comunicación de darle una mayor difusión a los mismos; en cuanto a la representación indígena, establecemos que en las circunscripciones 3, 4 y 5, donde la población de procedencia o identidad indígena es mayor al 40 por ciento, al menos uno de cada tramo de cinco tenga esa procedencia, es decir, una cuota indígena en esas circunscripciones, 3, 4 y 5; en cada segmento de cinco en las listas de representación proporcional deberá haber una cuota de al menos uno.
En cuanto a la cuota de género, resolvemos un añejo problema, es decir, el principio democrático no exceptúa el cumplimiento de la cuota de género, y para generar incentivos virtuosos al cumplimiento de esta cuota se ajusta la vía de representación proporcional.
Si un partido político, en la sumatoria de las candidaturas ganadas, no cumple con la cuota de género, entonces las listas de representación proporcional se van recorriendo para cumplir con la cuota de género respectiva.
En cuanto a las candidaturas independientes, se introduce la figura al Código Electoral, se crea  un nuevo libro y se establece que para ser candidato independiente se requiere al menos el 0.26 por ciento del padrón electoral, de la lista nominal para esa elección o un apoyo regional disperso en al menos la mitad de las entidades para el Presidente de la República o de los municipios, en el caso de senador.
Para poner un ejemplo, para ser candidato independiente a la Presidencia de la República se requerirían aproximadamente 182 mil respaldos ciudadanos, dispersos en al menos 16 entidades federativas; se establece una prohibición absoluta de registro por la vía de la candidatura independiente a un miembro de partidos políticos.
Se establece también un régimen de financiamiento privado, sujeto obviamente a medidas extremas de fiscalización; y en cuanto al acceso a radio y televisión se propone el siguiente modelo: si el conjunto de los candidatos independientes que participan en una elección es menor a 200, el tiempo que se le concede a ese conjunto de candidatos independientes es el equivalente a un partido de nueva creación.
Si en una elección hay más de 200 candidatos independientes, entonces el tiempo que corresponda a esta sumatoria de candidatos será igual al partido de menor representación en la elección de que se trate.
En el caso de los votos de los mexicanos en el exterior, liberamos la restricción a la credencialización y empadronamiento fuera del territorio, se integra un padrón específico de mexicanos en el exterior, tanto en residencia como en tránsito y se amplían las modalidades de emisión del voto, es decir, se le otorga al Consejo General la facultad de decidir cualquier modalidad de voto, no únicamente el voto postal, tal y como hoy sucede y que ha restringido de manera importante el ejercicio de este derecho.
Y, por último, en materia de las reformas al Código Electoral establecemos la obligación de que el voto se realice de manera electrónica, se modifica todo el régimen de ejercicio de voto, de escrutinio y de cómputo a través de un sistema electrónico y establecemos en un transitorio el mandato al IFE para que en 2015 por lo menos un tercio de los distritos electorales uninominales emita el voto de esta manera, de tal forma que hacia 2018 el 100 por ciento de la elección se realice a través de urna electrónica. Esto disminuirá sensiblemente los costos de impugnación por diferencias en escrutinio y cómputo de los votos.
En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, establecemos un conjunto de fórmulas permanentes de participación ciudadana, iniciativa ciudadana, consulta popular, observatorios ciudadanos y consejos consultivos.
En cuanto a la consulta popular, la propuesta concreta en desarrollo a lo que ya establece actualmente la Constitución es que las consultas se realicen el día de la jornada electoral, se establece el procedimiento a partir del cual la Corte valida la materia de la consulta y el IFE valida los respaldos ciudadanos que motivan esa consulta; se da acceso a los participantes a radio y televisión y se exceptúan las siguientes materias de consulta popular: derechos humanos, materia electoral, ingreso y gasto del Estado, seguridad nacional y organización de las Fuerzas Armadas. Si la participación es menor al 40 por ciento en esa jornada cívica de consulta el plebiscito es meramente indicativo, si es mayor al 40 por ciento se vuelve referéndum vinculante para todos los poderes públicos.
En el caso de la iniciativa ciudadana, tienen derecho a presentar y (inaudible) al Congreso el punto 13 de la lista nominal, se establece el procedimiento para validar el respaldo ciudadano y se excluye de la materia de iniciativa ciudadana los siguientes aspectos: toda la materia penal, seguridad pública y nacional, el derecho de amnistía, las relaciones internacionales, las materias tributaria, fiscal y egresos, el régimen de la administración pública federal, la regulación del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación, y la regulación interna de los tribunales de justicia del fuero federal.
Estas limitaciones, es importante destacarlo, son consistentes con prácticamente todos los modelos del derecho comparado.
En cuanto a la Ley de Propaganda Gubernamental, establecemos en la ley un tope máximo al gasto en comunicación social, equivalente al 0.5 por ciento del presupuesto de egresos de la federación; en una ley específica se regula la utilización de los tiempos oficiales del Estado y se establece la obligación de distribuirlos de manera equitativa entre los poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos.
También se establece la obligación de que cualquier gasto público celebrado en materia de comunicación social debe ser público, y no puede estar sujeto a ninguna reserva de confidencialidad; también se establece un mecanismo de distribución equitativa de la inversión entre todos los medios de comunicación, con base en criterios de audiencia y penetración de mercados y se prohíbe la discriminación de medios por razones de línea editorial.
Adelante, por favor.
Se establece también que la obligación de toda la comunicación social responda a principios de información relevante, de imparcialidad, objetividad, equidad, lealtad institucional y veracidad; se ratifica y se sanciona la promoción personalizada de servidores públicos en cualquier modalidad de comunicación social, tal y como hoy lo establece nuestra Constitución, y para garantizar el cumplimiento de estas prescripciones se crea un Consejo Ciudadano, integrado por cinco consejeros nombrados por el Senado de la República, a propuesta de los grupos parlamentarios.
Por último, en cuanto a la Ley de Réplica establecemos un modelo expedito para ejercer este derecho; en primer lugar, se establece la obligación de los medios de comunicación de contar con un defensor de la audiencia, este defensor de la audiencia recibirá las solicitudes de réplica de cualquier persona que se sienta agraviado por la difusión de algún hecho noticioso.
En el caso que el defensor de la audiencia niegue la solicitud de réplica o la cumpla de manera deficiente, en consecuencia el afectado podrá interponer ante un juez de distrito en un plazo no menor a cinco días un procedimiento expedito, de una sola instancia, que llevará a la determinación de la forma de ejecutar la réplica y, en su caso, en el caso de incumplimiento, también las sanciones aplicables al medio de comunicación respectivo.
Esta iniciativa de ley también establece los supuestos y condiciones en los cuales se puede ejercer el derecho de réplica en consonancia con prácticamente los tratados internacionales en la materia y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Eso es cuanto a la agenda de las reformas político-electorales.
Pregunta (P): Buenas tardes, senadores. Preguntarle específicamente al senador Cordero y al senador Barbosa: Es muy robusta la iniciativa que hoy presentan, muy ambiciosa pero me gustaría conocer cuáles son las prioridades en este caso para el Grupo Parlamentario del PAN dentro de esta reforma; no sé si son los controles al Ejecutivo, si es propiamente el asunto de la organización de las elecciones, los asuntos de fiscalización.
También la misma pregunta para el senador Barbosa: Para su Grupo Parlamentario, de todo esto, ¿qué es prioridad?
Y si me pudieran abundar en el asunto de la reforma constitucional. Aquí veo que también quieren modificar y darle facultad al Senado para declarar la desaparición de los órganos electorales locales. ¿Es esto la reacción inmediata, esto y lo de la fiscalización, a lo ocurrido en los días recientes tanto en los comicios del 7 de julio como en las sanciones que, vimos, aplicó el IFE?
Muchas gracias.
ECA: Gracias.
Bueno, agradecemos el comentario; ésa era, precisamente, la intención de esta iniciativa, una iniciativa integral, una iniciativa consistente, consecuente que actualice el marco legal y constitucional en México en la manera de acceder, de ejercer el poder y también de rendir cuentas; de manera que para los senadores del PAN que suscribiremos esta iniciativa es difícil decir cuáles son nuestras prioridades.
Creo que hay que verlo como un todo; es un proyecto integral, es un proyecto único y para los senadores que la suscribiremos pues defenderemos todas y cada una de las partes integrantes de esta iniciativa.
No podemos privilegiar pues el acceso al poder por encima del ejercicio al poder, por ejemplo; yo creo que las dos cosas son muy importantes. La elección que acaba de terminar nos da lecciones muy claras y para nosotros todo el proyecto en su conjunto es muy importante, es prioritario y creemos que el proyecto hace sentido cuando se le analiza de manera integral. Gracias.
MBH: En igual sentido, para las senadoras y senadores del PRD, la presentación de esta propuesta es resultado de un concepto integral de lo que debe ser una reforma político- electoral.
Acceso, ejercicio y rendición de cuentas. Acceso al poder, ejercicio del poder, que es la democratización del poder público, y la rendición de cuentas.
Así es que sabemos nosotros que esta es una iniciativa, un conjunto de reformas que va a entrar al debate, y que estamos dispuestos a eso, a debatir y a establecer desde este momento nuestra posición.
No estaremos a favor de una Reforma Política Electoral chica, o achicada, estaremos defendiendo, promoviendo, debatiendo y discutiendo un concepto integral que es el que contiene esta propuesta.
Y respecto a la pregunta en particular, yo diría que sin duda que la calidad democrática del proceso electoral, cuya jornada fue el 7 de julio pasado, tiene déficit en eso, en calidad democrática; y que por tanto es oportuna una propuesta de reforma política de este calado.
P: Muy buenas tardes. Les quisiera preguntar si ya tienen previsto para cuándo se podría discutir esta reforma, si se tendrá que ir al periodo ordinario o tiene que ser en un extraordinario, como condicionaron las dirigencias para permanecer en el Pacto por México.
Entiendo que no es una reforma que se trabajó en esa mesa pero ustedes han dicho que la van a consultar con estas diferentes mesas ―mencionaron al presidente de la República, inclusive―.
Si ya tienen previsto cuándo se entrevistarían con él, y particularmente: ¿Qué posibilidades observan de transitar a este régimen semiparlamentario con todos los controles al Congreso que contiene esta reforma? Gracias.
MBH: Vamos a presentar el próximo miércoles a la Comisión Permanente este conjunto de iniciativas, va a ser turnada de manera inmediata a las comisiones de dictamen del Senado de la República.
Las comisiones tendrán que iniciar su proceso de discusión, de dictaminación. Estamos en un receso, el receso de verano, pero las comisiones siguen trabajando, y nosotros sí estamos dispuestos a que el asunto de la reforma político electoral sea tema de un periodo extraordinario en agosto.
Es urgente que debamos resolver este asunto en un periodo extraordinario, el que nosotros hemos fijado para la segunda quincena de agosto.
Sin duda que a partir de hoy se arranca un sin número de reuniones, de acercamientos, a todos los niveles y con todos los factores y actores políticos de México.
Y si es posible hacerlo con el Presidente de la República, sin duda que estaremos atentos para llevar acabo la reunión con él o con cualquier otro factor político importante.
Respecto a los controles democráticos, yo diría que el ejercicio del poder en México ha sido un ejercicio absolutista, que no ha tenido controles; el diseño constitucional del ejercicio del poder en México está rebasado, pero nunca se ajustó a las reglas constitucionales.
Hoy tenemos que reencausar ese ejercicio con reformas constitucionales perfectamente claras, como lo que aquí está planteado.
RGZ: Con respecto a la modificación del régimen político para avanzar hacia un sistema presidencial, habría que decir dos cosas:
En primero lugar, ya no existen democracias presidencialistas puras en el mundo; todas las democracias presidenciales han incorporado elementos de parlamentarización en sus diseños. El caso más emblemático: Estados Unidos.
Más de 2 mil 500 nombramientos paran por ratificación congresional y las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos tiene poderes incluso para destituir a funcionarios públicos en caso de falsos testimonios. Son mecanismos de parlamentarización en el ejercicio de la facultad indisoluble a la representación popular de control sobre el Ejecutivo.
Y en segundo lugar, una democracia funcional no solamente se trata de modificar o de hacer estable la relación entre Ejecutivo y Legislativo en un contexto de pluralidad, sino que el control que ejerce la representación sea evidente y sea potente para inducir a buenas decisiones por parte de la administración.
Cuando la representación popular ejerce adecuadamente sus facultades de control, no solamente inhibe conductas indebidas por parte de la administración sino también genera incentivos virtuosos para que la actuación de la administración sea conforme a los principios que rigen la convivencia democrática en cualquier comunidad.
P: Gracias, senadores.
Para consultarles temas específicos: En cuanto al catálogo de sanciones que estarían pensando para los medios de comunicación que intervengan o que violen la ley electoral o las nuevas disposiciones, ¿desde qué hasta qué sanción podrían hacerse acreedores? Ésa sería una.
La segunda: si me pueden explicar la diferencia entre la Fiscalía General y la PGR, ¿qué facultades se quedaría cada una, si es así o cómo están previendo el esquema de autonomía del Ministerio Público federal?
Y ya en lo político, preguntarle a los legisladores del PAN si no consideran que la presentación de este proyecto puede ahondar en las diferencias internas. Hace apenas algunos minutos decía el coordinador Preciado que él va a apoyar y a respaldar el proyecto que surja de la mesa del Pacto por México y no éste. Gracias.
RGZ: En cuanto a las sanciones, se establece un catálogo de supuestos que van desde las multas hasta la obligación de reintegrar espacios en radio y televisión, pero también modificamos o proponemos la modificación del Código Penal para sancionar en ese ámbito a aquella persona que induzca a la contratación indebida de espacios en radio y televisión para beneficiar o favorecer a un partido, a un servidor público o a un candidato.
En cuando a la Fiscalía General, el modelo básicamente tiene que ver con su autonomía constitucional. Hoy en día la PGR depende del Ejecutivo federal, forma parte de la Administración Pública Federal y no solamente tiene facultades de acusación en el ámbito del juicio penal sino también tiene un conjunto de atribuciones de carácter cautelar.
La Fiscalía General funcionaría básicamente como el cuerpo de abogados que sostienen la acusación frente a un juez en relación con un caso de delito.
Y en cuanto a la… Como lo ha dicho el coordinador Barbosa y el presidente del Senado, no hay en esta iniciativa intención de rivalizar con nada ni con nadie; es una propuesta que somete a la deliberación democrática del parlamento, es una iniciativa que se somete al trámite legislativo, que podrá ser complementada, que podrá ser añadida con otras iniciativas y que el propósito que nos motiva fundamentalmente es modificar y modernizar el régimen político mexicano y corregir los usos y abusos de nuestro sistema electoral actual.
P: Buenas tardes, señores. ¿El país ya está maduro para todos estos cambios? ¿Para cambios de esta envergadura? Como jefe de gabinete, como quitar el fuero a todos incluyendo al Presidente de la República, sobre todo, ¿Para dar espacio a los indígenas y a las candidaturas independientes? ¿Ya hay madurez democrática para instalar un Consejo Ciudadano? Muchas gracias. Para lo de la propaganda, muchas gracias.
MCS: Yo creo que el país está maduro, muchas veces los que no estamos maduros somos los miembros de la clase política.
Si nosotros apreciamos que por ejemplo esa semiparlamentarización del régimen presidencial ya existe en prácticamente en todos los países de América Latina ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo?
O sea en Perú tienen un Jefe de Gabinete, que ha permitido resolver crisis de gobierno cuando el presidente tenía un 8 por ciento de aprobación. Nosotros con esta estructura institucional y un con país de este tamaño lo podemos hacer perfectamente.
La participación de los indígenas es un tema que traemos desde tiempo atrás y que lo tenemos que llevar a la realidad.
La regulación de las candidaturas independientes no es una decisión que estemos discutiendo si lo debemos hacer o no lo debemos hacer, ya está en la Constitución y tenemos la obligación de legislar en esa materia antes de que termine el mes de agosto.
Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es salirnos de una lógica de confrontación en donde se va a tomar un punto, se va a tomar otro, para tratar de construir un paquete integral, y nos damos nosotros perfectamente cuenta que esta sí es una reforma del Estado, pero no es una sola reforma del estado por su sustancia, sino porque no la podríamos sacar adelante sin la colaboración de una coalición política social y de opinión pública amplísima.
A eso es a lo que estamos acudiendo. Creemos que el país ha madurado y que este proyecto puede demostrar que existen otras formas de concertación eficaces y además legítimas y transparentes.
P: Buenas tardes, senadores. Nada más para solicitarles si nos pueden compartir cómo va a ser el proceso de ida y vuelta de los diferentes factor… de los diferentes actores y para consultarlos y poder modificar esta propuesta, contribuir a su robustecimiento de esta propuesta.
Y por otra parte, ¿cuál ha sido el punto de vista de sus diferentes grupos parlamentarios pero en la Cámara de Diputados? Si bien van a entregar el documento, me imagino que ha tenido algún acercamiento ya con sus pares allá. Muchas gracias.
ECA: Gracias.
Bueno, va a ser como lo mencionamos: Enviaremos este documento, este conjunto de iniciativas a los coordinadores parlamentarios que no están presentes en este momento y con toda apertura recibiremos sus comentarios y veremos si se pueden integrar a la hora para presentar la iniciativa el próximo miércoles en la Permanente.
Nosotros estamos seguros que ésta es una iniciativa, un conjunto de iniciativas muy fuertes, muy robustas, muy bien hecho, muy bien pensado y estoy seguro que va a ser muy bien recibido por muchos de nuestros compañeros senadores de las distintas fuerzas políticas aquí en el Senado de la República, de manera que prevemos que para el próximo miércoles, pues algunas de estos comentarios y algunas de estas inquietudes puedan ser incorporados en lo que se presentará el miércoles.
Y, bueno, y por supuesto nosotros entendemos y conocemos cómo funciona el debate parlamentario, cómo es el proceso legislativo y una vez que llegue a la Comisión dictaminadora, bueno, ahí se le sumarán muchas otras iniciativas que han sido presentadas por compañeros legisladores en el pasado y que están ahí esperando dictaminación, pues también se podrán sobre la mesa. Si llega alguna otra iniciativa de algún otro lado, pues también será bienvenida, ahí la discutiremos y con toda transparencia y con toda apertura, ahí se hará el debate parlamentario, ahí se intercambiarán los puntos de vista.
Probablemente exista otra ronda, alguna otra visita de expertos para aclarar algunos puntos y, bueno, como se hace el debate parlamentario: de manera transparente, de manera clara; que quede claro pues qué es lo que defiende cada fuerza política y estoy seguro que puede salir un muy buen proyecto.
P: Dos preguntas. ¿Cuál va a ser el modelo que van a aplicar en la segunda vuelta presidencia? Se habla de que hay dos modelos, el latinoamericano y el francés y ¿cuál sería el impacto que sufriría el IFE con esa propuesta? El debate está en crear el Instituto Nacional de Elecciones pero me parece que ustedes no lo contemplan. Gracias.
RGZ: Con respecto a la segunda vuelta se establece el modelo latinoamericano. La regla electoral es mayoría absoluta, 50 por ciento más uno de los votos emitidos en la elección y se establece también que la convocatoria a la segunda vuelta se realiza una vez terminado el cómputo, desahogados los medios de impugnación y a partir de una convocatoria que emite la sala superior del Tribunal Electoral en un plazo no menor a dos semanas ni mayor a tres. Ese es el modelo de segunda vuelta electoral.
Existen las capacidades institucionales en este momento por parte del IFE para poder organizar dos rondas de votación, pero también prevemos la posibilidad de la urna electrónica, lo cual agiliza sensiblemente la forma de realización de estas segundas vueltas.
Aclaro que la primera vuelta de la elección presidencial coincide con la elección de Congreso y la segunda elección en el caso de que no se obtenga esa mayoría es únicamente para la elección de Presidente de la República.
Y en cuanto al Instituto Nacional de Elecciones, la mayor parte de los pronunciamientos sino prácticamente la totalidad de los pronunciamientos en las audiencias públicas fue en el sentido de sugerir la inconveniencia del Instituto Nacional Electoral, y precisamente por eso nosotros planteamos un modelo alternativo basado en dos componentes, por un lado en el sistema nacional de carrera del funcionariado electoral donde un consejo rector similar al Consejo de la Judicatura decide el ingreso, la permanencia, la adscripción y evidentemente el régimen disciplinario de los consejeros y de los miembros de los tribunales electorales a nivel local, y el segundo instrumento es la posibilidad del Senado, a través de un procedimiento de carácter sancionatorio poder retirar de sus cargos a quienes no han cumplido con los principios de imparcialidad y objetividad.
Hoy en día el Senado puede declarar la desaparición de poderes en un determinado estado. Hoy en día el Congreso puede retirar de funciones a un presidente de un tribunal supremo de justicia, lo que prevemos que adicionar es que los consejeros electorales y los integrantes de los tribunales electorales a nivel estatal se sometan a los mismos principios y reglas de control que tienen otros funcionarios públicos.
MCS: Ya únicamente diría que lo que estamos haciendo es presentar unas iniciativas que las hemos pensado como si fuéramos gobierno, no nos interesa nada más con controlar al gobierno, queremos que el Congreso cumpla sus facultades, sus funciones, pero también queremos que le vaya bien a la administración y al país.
Entonces lo hemos hecho con criterio de Estado, no lo hemos hecho con un criterio ni partidista, ni un criterio faccioso, ni un criterio nada más como representantes de uno de los Poderes de la Unión.
Y lo que estamos buscando finalmente es una propuesta equilibrada, tenemos que hacer compatible la eficacia del poder público con la pluralidad en la sociedad. El sistema político que hoy tenemos los hace incompatibles.
Entonces tenemos que romper es círculo vicioso, donde la eficacia es a costa de la democracia y de la pluralidad. Necesitamos un gobierno democrático, eficaz y que rinda cuentas.
Muchas gracias.
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