Versión de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, al dar a conocer el informe y las conclusiones de las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

 

  

El día de hoy los hemos convocado, estamos aquí la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Aram Barra de México Unido Contra la Delincuencia, Zara Snapp, de la Comisión Global de Política de Drogas, y una servidora, porque queremos dar a conocer de manera breve los resultados de las audiencias públicas que celebramos hace unos días con motivo de la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se va a celebrar la próxima semana entre el 19 y el 21 de abril de la semana que entra.

 

Como saben, el Senado de la República hizo estas Audiencias con el propósito de poder construir de la mano con especialistas, activistas, expertos, académicos, legisladores, un documento que enviamos al gobierno de la República a través de la cancillería, a fin de que pueda aportar a la construcción de la posición que México va a sostener en el debate general de dicha asamblea el próximo martes.

 

 Como saben, a petición de México, Guatemala y Colombia del 19 al 21 de abril, la Asamblea General llevará a cabo esta Sesión Especial con los 193 países miembros de las Naciones Unidas, con el objetivo de revisar la estrategia, el enfoque y el marco jurídico y político de fiscalización internacional de drogas bajo la premisa de que es necesario ajustarlos a una realidad cada vez más desafiante y la de que los esfuerzos por reducir la demanda y la oferta de drogas, así como las políticas de mitigación de los devastadores efectos en materia de violencia, protección de la salud y los derechos humanos, han fracasado.

 

El 28 de marzo de 2016, en virtud de un Acuerdo de la Mesa Directiva de este Senado de la República emitido el 1 de marzo, las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Salud, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública llevamos a cabo las Audiencias Públicas.

 

El propósito de las mismas fue plantear propuestas, desde la perspectiva legislativa, a fin de contribuir con el Ejecutivo a fijar una posición de Estado frente a una discusión internacional de la magnitud de la que tendrá lugar del 19 al 21 de abril próximos en Nueva York. La premisa esencial de este ejercicio, que reunió a alrededor de 30 especialistas en la materia, tiene que ver con el posicionamiento de México ante la UNGASS16 que consideramos que éste tiene que reflejar la pluralidad de puntos de vista en el país, la evolución que el abordaje de este tema ha tenido recientemente en México y las propuestas que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, al lado del sociedad civil, el sector académico y científico en nuestro país han venido promoviendo;

 

En efecto, el viernes pasado la Mesa Directiva del Senado de la República envió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la Mtra. Claudia Ruiz Massieu el Informe completo con conclusiones por cada uno de los seis paneles celebrados y una Declaración y Posicionamiento por parte del Senado Mexicano a fin de ser considerado en el planteamiento que se efectuará por parte de México en la Sesión Especial;

 

Buena parte de las conclusiones y propuestas aquí vertidas tuvieron que ver tanto con la forma de conducir el proceso diplomático y de negociación actual como en temas, asuntos y enfoques ausentes o no totalmente incluidos en el documento final que la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena acordó el 22 de marzo pasado y que será sometido a la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Sesión Especial de la Asamblea General; 

 

Las conclusiones principales se agruparon en cinco bloques a saber, en primer lugar, Sobre el liderazgo y responsabilidades de México; el segundo bloque, Sobre la búsqueda de una estrategia equilibrada; el tercero, Sobre las especificidades y las necesidades regionales; el cuarto, Sobre la descriminalización de los consumidores y el quinto, Sobre la necesidad de contar con información confiable y oportuna sobre el fenómeno de las drogas.

 

En ese sentido, son cinco grandes conclusiones:

 

En primer lugar México debe asumir una posición de liderazgo en la Sesión Especial cuidando dar prioridad, en su posicionamiento internacional, a la pluralidad de voces que en el país se están manifestando a favor de una transformación de fondo y sobre todo articulando el trabajo para presentar una propuesta de reforma a las Convenciones de Fiscalización Internacional de drogas, reconociendo los efectos negativos de los enfoques actuales;

 

En segundo lugar, México tiene que llegar a la UNGASS, impulsando tanto en el ámbito internacional como en el nacional, una estrategia equilibrada especialmente en relación con la búsqueda de un balance entre las políticas de combate al crimen organizado y la reducción del daño y la violencia, alternativas a la criminalización y protección efectiva de la salud y los derechos humanos, garantizando la disponibilidad y accesibilidad para fines médicos y científicos de determinadas drogas; en una palabra, la posición de México debe reflejar el tránsito de un esquema multilateral de prohibición centrado en aspectos de seguridad y criminalización a uno de regulación con énfasis en la salud pública y los derechos humanos;

 

Es necesario que México articule una posición de flexibilización temporal en la interpretación de las Convenciones de fiscalización de drogas, conforme a las necesidades nacionales y regionales de cada Estado y poniendo particular énfasis, en las problemáticas e intereses particulares de la región latinoamericana;

 

Cuarto, México debe promover activamente el rechazo a la pena de muerte para delitos en materia de drogas a nivel internacional, la adopción del principio de proporcionalidad de la pena en los marcos normativos internacionales, nacionales y subnacionales relativos a la atención del problema mundial de las drogas así como el examen del funcionamiento de los sistemas penitenciarios, la situación de las personas en reclusión por consumo y posesión simple de determinadas sustancias y el esquema predominante de criminalización, persecución y sanción de la que son objeto los consumidores de drogas; y,

 

Quinto, México debe promover activamente mecanismos de evaluación integral, con base en información científica confiable y suficiente, a través de la elaboración de nuevos indicadores con el objeto de sentar cimientos sólidos que sustenten las discusiones multilaterales de 2019;

 

Esta discusión internacional resulta de la mayor relevancia para México no sólo como país promovente de la misma, sino como uno donde los efectos de la llamada guerra contra las drogas ha cobrado numerosas víctimas y propiciado una tragedia que en determinadas regiones del país alcanza proporciones de genuina alarma en lo que hace a homicidios (más de 80 mil desde que fue declarada la misma de acuerdo con cifras oficiales), desplazamientos forzados con alrededor de 1 millón y medio de personas afectadas de acuerdo con un análisis de la consultora Parametría, más de 20 mil desapariciones (de acuerdo con Human Rights Watch) y numerosos procesos de victimización relacionados con políticas de drogas como las 300 mil personas encarceladas en el país por delitos contra la salud de los cuales son consumidores y/o narcomenudistas de bajo pefil sin vinculación relevante con los grupos del crimen organizado o bien el extraordinario aumento de la extorsión en el país cuya incidencia se ha triplicado del 2005 al presente de acuerdo con datos oficiales.

 

De ahí que resulte preocupante la ausencia, según se informó recientemente, del Presidente de la República en esta Sesión de la Asamblea General.

 

No sólo se pierde la oportunidad de plantear un posicionamiento responsable y firme de México al más alto nivel sobre este tema, que incluya un análisis específicamente mexicano sobre sus costos sociales y los daños infligidos, sino que denota un profundo desinterés por el proceso multilateral mismo.

 

Esta visita a Nueva York, a diferencia de muchas otras, tiene un vínculo intrínseco con los intereses nacionales en la medida en que el Presidente tendría que ir y defender nuestro punto de vista sobre un tema que ha impactado de manera tan directa sobre la sociedad, el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de millones de mexicanos. Lamentamos esta decisión y creemos que no corresponde con el espíritu de una política exterior de responsabilidad global como la que presume el Ejecutivo.

 

En cualquier caso estaremos vigilantes de que las conclusiones que se plantearon y nuestro posicionamiento se retome en el que se presentará en Naciones Unidas.

 

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