Versión del discurso del presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, durante la inauguración de la Audiencia Pública Regional sobre la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, en el Senado de la República

Gracias.

Muy buenos días.

Saludo con mucho respeto a las senadoras Angélica de la Peña Gómez, a la senadora Cristina Díaz Salazar, así como a la licenciada María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Y de manera muy especial a todas y a todos aquellos familiares de personas desaparecidas que hoy nos acompañan en este foro que hemos hecho para ustedes y por ustedes.

Agradezco también al presidente del Senado de la República por su total apoyo en la realización de este foro. Él se incorporará con nosotros en unos minutos para poder dar un mensaje y saludarlas a todas y todos ustedes.

El día de hoy se lleva a cabo el segundo de tres foros que habremos de llevar en diferentes regiones del país de cara a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada de personas.

No puedo comenzar mi intervención sin hacer mención que el día de hoy 9 de marzo se cumplen dos meses desde aquel 9 de enero en que policías estatales en Veracruz desaparecieron a cinco jóvenes en Tierra Blanca. Mi más enérgica condena una vez más y mi exigencia de justicia para sus familias.

El tema que hoy nos ocupa resulta de gran trascendencia para nuestro país. El delito de desaparición forzada es una de las conductas que más aquejan y más han dañado a nuestra sociedad en los últimos años.

Durante mucho tiempo éste fue un problema silencioso que dañó las entrañas de nuestra sociedad desde la denuncia ignorada, desde la lucha sin respuesta y desde la indolencia de las autoridades.

Somos conscientes de que éste es un problema que va más allá de Ayotzinapa o Tierra Blanca. Cada una de las 27 mil personas desaparecidas en México tienen la misma importancia y valor; sin embargo, la gran mayoría continúan en la impunidad o, por el contrario, no se encuentran documentados en expedientes judiciales derivados de la falta de confianza en nuestras autoridades.

Platicando hace unos días con familiares de desaparecidos en Veracruz, mi tierra natal, sé de primera mano que las investigaciones que para la búsqueda de sus hijos o familiares hacen, son prácticamente al 100 por ciento por ustedes, caminando a veces sin rumbo pero con esperanza, tocando puertas que no se abren o se cierran en sus narices, arriesgando su vida pero siempre con la esperanza de volver a ver a sus seres queridos o conocer su destino y paradero.

Ante esta realidad que duele y lastima, el Senado no puede y no será omiso. Tenemos la responsabilidad de actuar de manera inmediata para tratar de que con leyes eficaces, este terrible delito disminuya lo antes posible.

Es importante precisar que actualmente el delito de desaparición forzada en el orden jurídico nacional no ha sido del todo eficaz. Yo diría: no ha sido eficaz de ninguna manera. Si bien se encuentra regulado a nivel federal, únicamente 22 de las 32 entidades federativas lo sancionan y sólo Chiapas y Guerrero expidieron leyes especiales sobre este delito.

La desaparición de personas constituye una de las más crueles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de violentar la dignidad humana.

No existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona y mucho menos cuando es orquestada por las propias autoridades o cuerpos policiacos. Por ello, la expedición de una nueva Ley General que tenga por objeto la prevención y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas es un paso fundamental para atender este fenómeno delincuencial de una manera integral, sin limitarse al ámbito penal, abarcando una diversidad de sectores y para establecer una ley aplicable en todo el país.

Por otra parte, será indispensable que la ley general establezca tipos penales para la desaparición forzada de personas cometidas por servidores públicos directamente o, bien, por particulares que actúen con el consentimiento de aquéllos.

Pero también es necesario crear un tipo penal que sancione desapariciones cometidas exclusivamente por particulares.

De igual forma y no menos importante será sancionar aquellas conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de este delito.

Con esta nueva ley se pretende lograr que el delito de desaparición forzada sea igual en los tres niveles de gobierno, a la par de una mayor seguridad jurídica para todas las personas, así como un ordenamiento acorde a los tratados internacionales de los cuales México es parte.

Somos conscientes de la necesidad de contar con un marco jurídico que establezca, entre otros aspectos, la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los tipos penales, así como otros delitos vinculados y sus sanciones, así como la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, así como la creación de un registro forense nacional.

Necesitamos también de una ley general que garantice la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas y de sus familiares, de modo que se garantice el respeto de al menos tres derechos: el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho a la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.

Vale la pena hacer mención también que a la par de esta dictaminación, estamos trabajando para reformar la Ley de Atención a Víctimas, así como su Comisión Ejecutiva para que sea una Comisión mucho más eficiente, humana y de mejor servicio para todos ustedes.

Desde el Senado de la República, las senadoras y senadores refrendamos nuestro compromiso para lograr un producto legislativo que atienda y resuelva las problemáticas ocasionadas por este grave delito.

Me queda claro que la ley debe ser elaborada y perfeccionada con base en los testimonios y recomendaciones de los familiares de las víctimas. Ustedes mejor que nadie pueden compartirnos de viva voz las trabas que se les han presentado en esa búsqueda incansable para localizar a sus seres queridos.

Estoy totalmente convencido de que estas audiencias servirán para recoger todas las observaciones que el día de hoy nos comparten.

Quiero que sepan que esta dictaminación se realizará con las familias, desde las familias y por las familias.

 

Muchas gracias.