Intervención del senador Ricardo Urzúa Rivera, en nombre del grupo parlamentario del PRI, al inicio de la reunión de trabajo con Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Mario Di Constanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el viernes 16 de enero de 2015, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Buenos días a todos.
En el grupo parlamentario del PRI reprobamos el fraude cometido en contra de los ahorradores, que resultaron afectados por la ilicitud de los servicios de la sociedad financiera, Ficrea; sin embargo, esto no debe ser utilizado para pretender generar desestabilización en el sistema financiero mexicano, en virtud que desde el Congreso de la Unión hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades.
Sabemos que Ficrea constantemente ocultaba y alteraba información, complicando el trabajo de las autoridades financieras. No obstante ello, hasta el momento dichas autoridades han actuado con objetividad, responsabilidad y legalidad.
No se tomaron decisiones irresponsables, tenemos conocimiento que antes de la intervención se contrató a un auditor externo, para llevar a cabo un estudio técnico a través del cual se determinó la disolución y liquidación de la sociedad, acciones que han sido complementadas con la presentación de denuncias penales.
En otras acciones, destaca lo aunado a las averiguaciones que se encuentran en curso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que a partir del 2 de enero del 2015 se iniciaron los pagos procedentes y que hasta el día 15 del mismo mes se habían recibido 3 mil 516 solicitudes para ser susceptibles del seguro de depósito, al cual tienen derecho los ahorradores afectados, lo que representaba el 51 por ciento del total de ahorradores registrados en la Sociedad Financiera Popular.
Lo anterior deja de manifiesto que con transparencia y estricto apego a derecho se está trabajando para resolver esta problemática, prueba de ello es que en esta soberanía se encuentran presentes representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Bajo esta tesitura, si bien reconocemos el profesionalismo y empatía que han imperado en el desarrollo de las investigaciones, el grupo parlamentario del PRI hace un respetuoso, pero enérgico llamado, para que las autoridades competentes lleguen a la verdad histórica de los hechos, para que éstos no queden en la impunidad y se aplique puntualmente la ley.
Desde el inicio de la presente legislatura y con el firme objetivo de terminar con las prácticas abusivas en quebranto de las familias mexicanas, en el seno del Congreso de la Unión hemos realizado importantes esfuerzos para fortalecer el marco jurídico que regula las cajas de ahorro en nuestro país.
A diferencia del pasado, hoy contamos con un marco más sólido. Hoy se cuentan garantizados los derechos de los ahorradores, existen sanciones ejemplares a quienes llevan a cabo este tipo de conductas.
Producto de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, es obligatorio que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentren debida y plenamente registradas ante las autoridades competentes, para dar certeza jurídica a los socios de que su dinero estará seguro y rindiendo los beneficios prometidos.
Se han fortalecido las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que apoye a las llamadas cooperativas de ahorro en su correcta incorporación al sector financiero, para que se sujeten a las normas y funcionen correctamente.
Ahora los ahorradores de las Sofipos (Sociedades Financieras Populares) cuentan con un seguro de depósito, para que no pierdan todo su patrimonio. En síntesis, contamos con una legislación que responde a las exigencias actuales y que aumenta los controles y evaluaciones de estas instituciones, para que ya no operen en la ilegalidad. Por ello, estamos convencidos que los hechos serán juzgados debidamente.
Compañeras y compañeros legisladores:
En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos presente –hoy más que nunca- que el sector de ahorro y crédito popular requiere de estrictos mecanismos de control y vigilancia, que permitan inhibir irregularidades y conductas que incumplan la normatividad, de ahí la importancia de las acciones hasta ahora emprendidas.
Los legisladores del grupo parlamentario del PRI solicitamos a las autoridades financieras que realicen una investigación pronta, expedita y transparente, estableciendo sanciones ejemplares a los responsables que han defraudado a las miles de familias mexicanas, procurando en todo momento tengan como eje central la restitución del patrimonio de los ahorradores.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, presidente.