Participación de la Senadora Mónica Tzasna Arriola en la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República con el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Senadora Angélica de la Peña. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del  Senado de la República.
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión.
La dinámica de la reunión ha complicado un poco el posicionamiento que traíamos para hacer algunas preguntas, sin embargo hay un tema en particular que no hemos aquí y es de vital importancia para nosotros y es el tema de la discapacidad.  
Hoy en día se reconoce, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012, que en México el 6.6% de la población presenta dificultad o alguna discapacidad para realizar al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental.
Este grupo de personas, se ha enfrentado históricamente a la discriminación y la marginación tanto de las instituciones gubernamentales como de la sociedad en general convirtiéndola en uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad y la minoría más grande del país.
La mayoría de las personas con discapacidad se ven excluidas de sus propias comunidades, perciben sueldos bajos, se les niega la posibilidad de ir a la escuela o de participar en procesos políticos, son estigmatizados por la sociedad y tienden a ser los más pobres entre los pobres.
No podemos negar que el asunto de la discapacidad es un asunto de interés público, de derechos humanos y de desarrollo. La discapacidad no es una condición médica sino el resultado de la interacción entre impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y los medios físicos. Las personas con discapacidades físicas o mentales suelen ser más vulnerables y no precisamente por esta condición diagnosticable, sino porque se les niega el acceso a la educación, la salud, los mercados laborales y los servicios públicos, derechos todos ellos humanos.
Dos de las causas más importantes de la misma, tienen que ver directamente con la pobreza y la indefensión. Frente a las 1000 mujeres que mueren cada año en o a consecuencia del parto y del embarazo, por no disponer de atención adecuada, hay miles de mujeres pobres sobrevivientes que quedan discapacitadas después del parto, de por vida...
(Pausa por la llegada del Senador Miguel  Barbosa)
Continúa…
Frente a quienes mueren en accidentes laborales, están los millones de trabajadores pobres, indefensos, desregulados y desprotegidos, que son mutilados todos los años por maquinaria y condiciones peligrosas e insalubres  de trabajo. Entre ellos están en muy alta proporción las víctimas del trabajo infantil.
Una tarea imprescindible entonces para reducir la vulnerabilidad que genera una discapacidad, es el asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos primero. Y si no hemos sido capaces de proteger de la discapacidad a nuestros semejantes, como sociedad les debemos al menos la protección más cuidadosa, más exigente, a quienes sufren una discapacidad por nuestra falta de cuidado inicial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya establecía desde mediados del siglo pasado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Reconocer la dignidad como intrínseca a cada ser humano asegura a las personas con discapacidad ser sujetos de derechos.
A nivel internacional la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, resultó un gran avance en la materia. Este instrumento representa un paso histórico hacia una nueva perspectiva que da cabida a una visión más integral sobre la misma, por un lado, cubre ámbitos esenciales tales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, participación en la vida política, expresando los derechos esenciales de forma que atiende las necesidades y la situación específica de esta población.
Y, por otro lado, logra transformar la manera en que se había abordado la discapacidad al pasar de una forma meramente asistencial a colocarla en la mesa de los derechos humanos. En esta Convención las naciones del mundo reconocen que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y miembros activos de una sociedad.
Esta convención apenas está sembrando semillas para lograr el pleno goce de derechos y oportunidades al desarrollo de las personas con discapacidad en este país. Su implementación implica la actualización de marcos jurídicos, políticas públicas y programas sociales que mejore las condiciones de vida, pero además se requiere de un cambio de paradigma hacia el reconocimiento y valoración de las personas con discapacidad.
Es necesario acabar con prácticas y costumbres discriminatorias que los mantienen al margen de la sociedad. Las burlas que reciben los niños y niñas con discapacidad en las escuelas han de ceder el lugar al cariño inculcado desde la infancia. El poco respeto por los lugares reservados a las personas con discapacidad en el transporte público ha de ser reemplazada por una actitud cívica y de respeto. La marginación a la que se enfrentan en sus propios hogares o siendo jóvenes ante los lugares de diversión deben ser denunciadas y sustituidas por tolerancia e integración. Eso es hoy ser un país moderno.
Todas estas son actitudes y prácticas que tenemos que transformar y nos estamos perdiendo la experiencia de convivir con un grupo muy numeroso de personas que cuentan con una amplia gama de conocimientos, habilidades y talentos.
Sr. Presidente Raúl Plascencia, justo en este sentido me parece de gran relevancia el contenido de informe presentado por usted hace unas semanas y la oportunidad que hoy tenemos de intercambiar opiniones.
En este sentido la pregunta sería, si es posible ampliar la información y nos expusiera  su opinión sobre las acciones que ha emprendido el Estado Mexicano para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad, asimismo que nos comentara sobre las recomendaciones que haya emitido la CNDH en ese sentido.
Gracias por su atención.
RÉPLICA
Le agradezco mucho sus respuestas y de verdad me congratulo mucho en ell esfuerzo que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por generar este tipo de respuestas puntuales a la sociedad que es muy importante que conozca la labor de la propia Comisión.
Por otra parte, sé que no va a haber una respuesta al respecto, que se trató un poco el tema de la tortura, pero sí quisiera comentar un tema en particular y dejarlo a la reflexión y que más adelante se pueda revisar con mayor puntualidad.
En octubre del año pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó una especial preocupación por un  notable crecimiento de la práctica de la tortura en México.
Se estimaba que el organismo de la ONU tenía siete mil 253 casos de tortura; la conclusión del informe de la Organización, nos presenta un escenario doloroso, complicado y que requiere de urgente resolución.
El licenciado Andrés Aguirre, Tercer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha expresado que la responsabilidad de investigar las denuncias de tortura recae en el Estado, y  ésta responsabilidad no es solo asumida en todos los casos, una alta proporción de los cuales quedan impunes.
En el mismo sentido, rechazó lo señalado por el Gobierno Federal el cual señaló que está combatiendo la tortura en el país tomando como indicador la reducción en el número de quejas de la CNDH, que han ido a la baja. Explicó, que  éste no refleja lo que ocurre a nivel nacional, pues el organismo únicamente recibe quejas que vinculen a autoridades federales, y hay muchos casos de tortura que involucran a autoridades de las entidades federativas y de los municipios, que son competencia de las comisiones estatales de los derechos humanos.
México se incorporó al Protocolo de Estambul hace diez años, el 18 de agosto de 2003, un manual para la Investigación y Documentación eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que constituye el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.
Dejaría esta pregunta para una revisión puntual y es con base en este instrumento señor presidente:
¿Se han incorporado la serie de estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para reconocer y documentar indicios de tortura, preservación de pruebas, realización de exámenes médicos, entrevista y evaluación de pruebas?
Es cuanto señor Presidente y nuevamente reiterarle mi agradecimiento personal y su labor al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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