Las reformas en materia de transparenta fortalecerán el derecho de acceso a la información y la transparencia en nuestro país, aseveró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García.
Al presentar la minuta con proyecto de decreto para robustecer la cultura de acceso a la información pública, la cual fue aprobada por el pleno de la Cámara alta, el legislador por el estado de Querétaro destacó que el propósito de este dictamen, es establecer la autonomía constitucional del IFAI, organismo garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, al tiempo de concretar el surgimiento de un sistema nacional de información pública y sus garantías de transparencia.
En el dictamen, precisó, se realizaron cuatro planteamientos estrictamente de estilo en la redacción para buscar la mayor claridad en la norma constitucional, también planteamos tres consideraciones de contenido tales como:
Recuperar en la caracterización que se hace del órgano garante, que se propone crear como organismo constitucional autónomo, en el artículo sexto Constitucional en el que de manera homóloga se establezca para el Distrito Federal el señalamiento de que se trata de un ente público imparcial.
Dos, continuó el senador priista, introducir una nueva estructura y desarrollo en el artículo tercero transitorio del decreto que permita mantener el sentido de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del mismo.
Y tres, en el supuesto aprobado originalmente en el Senado de que los actuales comisionados pasarían a formar parte del nuevo organismo garante hasta el término del nombramiento recibido originalmente, se estableció la previsión consecuente con la renovación escalonada con el vencimiento de esas gestiones, abundó.
Respecto al acceso a la controversia constitucional con respecto al nuevo organismo garante, que es el asunto que ocupó en mayor medida la deliberación y entendimiento de acuerdos entre los integrantes de las comisiones unidas que se han dictaminado, comentó que se retomó la propuesta originalmente formulada.
Ello, explicó Burgos García, para que el Poder Ejecutivo de la Unión pudiera recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento de controversia constitucional, a fin de que ésta conociera de eventuales invasiones a la esfera competencial.
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