El Senador Javier Corral hizo llegar una carta al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación en la que les solicita la inmediata implementación del Acuerdo para la Seguridad y la Justicia del Pacto por México en la zona serrana de Chihuahua, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde sus habitantes padecen una escalada de violencia.
En su escrito, el legislador chihuahuense expresa que el clima de zozobra en el que vive la población de Guadalupe y Calvo, “es un hecho lamentable que obliga a la autoridad federal a actuar en el marco de colaboración con las autoridades locales y de conformidad con el Acuerdo para la Seguridad y la Justicia establecidos en el Pacto por México”, por lo que “le solicito su intervención para la solucionar la problemática de inseguridad en base a sus compromisos”.
“Los habitantes del Municipio de Guadalupe y Calvo no deben ser desoídos en sus demandas y encontrar en la autoridad federal el respaldo necesario para continuar con sus actividades cotidianas en un clima de paz, seguridad y servicios indispensables para su desarrollo”, señala Corral en su carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El Acuerdo para la Seguridad y la Justicia, contenido en el Pacto por México, el cual fue suscrito en diciembre pasado por el titular del Ejecutivo Federal, entre otros actores políticos, establece la implantación de un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, a través del cual se focalizará el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal en los municipios con más violencia.
Dentro de dicho Sistema se contemplan programas de combate a la pobreza; escuelas de tiempo completo; el Programa de Empleo para Jóvenes, y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades, además de alinear todos los presupuestos en la prevención del delito, para que se convierta en una verdadera prioridad nacional.
En el Acuerdo también se plantea reformar los cuerpos policiacos a partir de un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que los uniformados municipales se conviertan en elementos de proximidad que cuiden barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos; en tanto que las policías estatales tomen todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades, sin dejar de coordinarse con las autoridades municipales.
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