El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, presentará una  reformar al artículo 134 de la Constitución Política, con el propósito blindar los programas sociales de intereses electorales y garantizar que el desempeño ético de los servidores y no lucren políticamente con la necesidad de la gente.
La iniciativa del senador Miguel Barbosa refiere que en México aún persiste una visión utilitaria de las personas y su voto, como herencia de los pasados métodos clientelares basados en una débil cultura democrática.
“Este tipo de prácticas son incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones contrarias a ley, desde el gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, tal y como lastimosamente fue exhibido en el estado de Veracruz”, señala la propuesta.
También refiere que son insuficientes los mecanismos legales que existen para evitar el uso de los recursos públicos de los programas sociales, ya que se generan grandes condiciones para la impunidad.
La iniciativa del coordinador de los senadores del PRD propone tres ejes para hacerla factible, es decir, se establecen controles de corte preventivo, correctivo y sancionatorio.
El aspecto preventivo plantea un esquema de participación ciudadana en el diseño de los programas, la definición de prioridades y la ejecución de los rubros presupuestales, así como la vigilancia de su exacto cumplimiento.
Además, incorpora uno de los enfoques principales que debe de tener el gobierno: el fortalecimiento del tejido social, mismo que ha sido mermado considerablemente derivado de los contextos de violencia por los que atraviesa el país.
“El esquema propuesto incluye la creación a nivel constitucional de contralorías ciudadanas, que vigilen el exacto cumplimiento de los objetivos de los programas, su distribución, aplicación y ejecución”, menciona el texto de la iniciativa.
Esas contralorías estarán conformadas por personas integrantes de las comunidades beneficiarias de programas sociales, para lo cual se les dotará de plenas atribuciones para proponer la investigación y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que hagan de los programas sociales recompensas condicionadas a favoritismos electorales.
Sobre la parte correctiva, se establece que cuando esté en curso una investigación por utilización de recursos públicos de los programas sociales con fines político electorales, se suspenda, como medida cautelar, inmediatamente de su cargo a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, para permitir una verdadera investigación imparcial.
En la parte sancionatoria, se buscará establecer un modelo inhibidor de la conducta, con penas que correspondan a la gravedad del delito y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad.
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