29 de enero de 2013
EL INAH TIENE ATRIBUCIONES LEGALES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE MÉXICO: MARTÍNEZ MARTÍNEZ
· En reunión de la Segunda Comisión de la Permanente también se ratifica punto de acuerdo de Gabriela Cuevas y Roberto Gil por el que se pide incluir temas de política exterior en el “Pacto por México”
El senador panista José María Martínez Martínez aseguró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene atribuciones legales a nivel nacional para velar por el patrimonio cultural, arqueológico e histórico del país, y eso le tiene que quedar bien claro a las autoridades de esa institución.
“El INAH tiene atribuciones a nivel nacional, no es un asunto de que deba dejarse en manos de los permisos municipales, no se vale decir que es el municipio el que otorga permisos”, agregó el legislador durante la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo García, ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
El legislador por Jalisco refirió que el asunto de la construcción de una tienda de la cadena WalMart cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán “no es un asunto ideológico”, como lo ha afirmado el director del INAH.
“Hay una presunción de soborno y de corrupción, de acuerdo con una investigación de congresistas estadounidenses, de que el actual director del INAH y también su titular en 2004, recibió 400 mil pesos para la anuencia de la instalación de esa bodega comercial y además otros 150 mil pesos con motivo de un regalo personal”, señaló Martínez Martínez.
Al margen de esta presunción de corrupción y de soborno, añadió, lo que nos debe preocupar es el patrimonio cultural de la humanidad y de este país porque no es el de Teotihuacán el único caso, está Cholula, en Puebla; Filobobos en Veracruz; está el Casino de la Selva, en Morelos, y parece que el INAH sigue en la justificación de echar la pelota a la licencia municipal que puedan aprobar los municipios o los estados.
Al final de su intervención el senador del PAN le preguntó directamente al funcionario: ¿Mienten los legisladores estadounidenses respecto a un presunto soborno que usted haya recibido con motivo de la anuencia que otorga el INAH para la construcción de la tienda Bodega Aurrerá en San Juan Teotihuacán?
Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, respondió que “esa no es una acusación de los congresistas, ellos han dado lectura a una nota que proviene de un ex funcionario de WalMart, el señor Sergio Cicero, ellos lo leen y probablemente ellos tiene en su perfil político, le han dado un peso específico a esto porque a esa empresa se le acusa de seguir una política anti sindicalista”.
Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, afirmó que “a veces se echan la bolita entre servidores públicos, pero a veces también porque existen lagunas en las diversas leyes que hacen que se echen la bolita”.
“Desafortunadamente los que pagan los platos rotos son los ciudadanos y el mismo patrimonio de los mexicanos. Me gustaría saber cómo podríamos colaborar para tener una legislación adecuada que permita que el INAH pueda hacer su trabajo y que permita que los alcaldes, los gobernadores, puedan hacer lo propio”, aseveró la legisladora.
Al respecto, el funcionario dijo que el Congreso de la Unión sí puede incidir en modificar, junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las condiciones y los lugares sobre qué zonas arqueológicas se encuentran restringidas por el tipo de propiedad, ya sea comunal, ejidal o privado.
En otro punto del orden del día, los integrantes de la Segunda Comisión avalaron un punto de acuerdo presentado por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Roberto Gil Zuarth por el que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluya dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.
Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son la creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos; la introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero; la implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero.
Además, se contempla el diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero; construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente; y temas de comercio y cooperación internacionales.
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