• No debe ser designado alguien que haya ocupado un cargo público producto de una elección o persona vinculada a intereses partidistas.
• En México el ministerio público y el ejercicio de la acción penal fueron corrompidos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el PAN siempre ha chantajeado para poner al Fiscal General de la República, y eso pretenden con la propuesta de modificar el pase automático y permitir que la designación provenga del Ejecutivo. Ellos quieren que la propuesta sea la suya, se trataría de una designación transexenal que les garantizaría impunidad por nueve años, afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena aseguró que aprobar sólo la reforma al decimosexto transitorio del Decreto de Reforma Política para evitar el pase automático de Procurador a Fiscal General, como lo acordaron el gobierno y el PAN en la Cámara de Diputados, es una trampa.

“Se debe modificar el artículo 102 de la Constitución, para determinar un procedimiento abierto y transparente, en el que participe toda la sociedad y que de esa forma se anule la designación de un Fiscal Carnal”, argumentó.

Miguel Barbosa Huerta explicó que es necesario reformar no sólo el decimosexto transitorio referido, sino el propio artículo 102 constitucional para establecer un procedimiento transparente y abierto para la designación del Fiscal General, con garantías de autonomía constitucional a fiscalías especializadas y la aparición de un Instituto de Ciencias Forenses, con iguales condiciones de autonomía.

“Sí importa la historia de quien sea Fiscal General, no debe ser designado quien haya ocupado un cargo público producto de una elección, ni haber sido dirigente partidario o persona vinculada a intereses de esta naturaleza”, indicó.

El senador Miguel Barbosa dijo que a nivel federal, la pretendida designación del primer Fiscal General proviene de un procedimiento tramposo, contenido en el régimen transitorio de la Reforma Política de 2013, que sujeta su instalación a la aprobación de la Ley de la Fiscalía General, es decir, de su ley orgánica y no de un proceso abierto y transparente en el que toda la sociedad participe.

Señaló que en México, tanto en la Federación como en los estados, el ejercicio del poder ha corrompido en general a las funciones públicas, y la persecución e investigación de delitos, es decir, el ministerio público o el ejercicio de la acción penal, también fue corrompido.

“Ésta es la razón por la cual en la Reforma Política del 2013 se asumió la transformación de la figura de procuradurías de justicia a fiscalías generales, para dotar a éstas de autonomía constitucional e independencia del poder político corruptor”, añadió.

A pesar de que en todos los estados de la República se hicieron reformas constitucionales locales, mediante las cuales se instituyeron las fiscalías generales, “lo grave es que en la realidad sus titulares son incondicionales de los gobernadores; en la procuración de justicia local se deformó el propósito original de tener fiscalías autónomas e independientes”, sostuvo.