La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del PRD afirmó se deben eliminarse de la Constitución las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, porque obstaculizan e impiden la eficiencia del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Hemos escuchado las exigencias de que estos dos preceptos se quiten de la Constitución, porque siguen siendo grandes obstaculizadores que impiden poder tener una evaluación de la eficiencia del propio sistema”, indicó durante el conversatorio: arraigo, prisión preventiva y derechos humanos.
La legisladora precisó que se sigue recurriendo a dichos preceptos en vez de iniciar investigaciones criminalísticas que permitan atender las garantías procesales definidas en la Constitución.
En ese sentido, la senadora aseguró que la discusión en la materia busca que el sistema no tenga retrocesos con “reformas constitucionales que se conviertan en contrarreformas, porque hay una preocupación de parte de los operadores que tienen que cumplir con lo que establece la Constitución”.
De la Peña Gómez explicó que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa son dos temas que están inscritos contradictoriamente en la Constitución.
“México ha trascendido a constituir, a partir de una reforma estructural para configurar un nuevo Sistema de Justicia Penal que es de tal trascendencia, en el cual seguramente nos vamos a llevar todavía algún tiempo más para lograr el cambio de 180 grados a un sistema oral como es el que está ahora inscrito en la Constitución y dejar atrás el sistema inquisitorio”, comentó.
Con el fin, destacó De la Peña Gómez de hacer valer la demanda permanente de exigencia, transparencia, certidumbre, claridad y “sobre todo de justicia por parte de hombres y mujeres que llegan a los juzgados”.
Mencionó que México se ha unido a los países del mundo que han estado reformando de manera estructural su marco jurídico para hacerse de doctrinas de naturaleza penal inscritas en transformar la justicia penal hacia un sistema garantista, que dé certidumbre, eficiente, transparente y expedito.
Recordó que en 2005, se modificó el artículo 18 constitucional para establecer un nuevo sistema de justicia para personas menores de 18 años edad y mayores de 12 años, es decir se circunscribe a adolescentes como un sistema tutelar donde entrarán niñas y niños de cualquier edad, no solamente adolescentes.
Señaló que en lo establecido en el artículo 40 de la Convención sobre Derechos de la Niñez, México armonizo su compromiso con dicho tratado para establecer un nuevo sistema garantista para quienes son personas menores de edad.
Indicó que el Congreso de la Unión aprobó una reforma trascendental en 2008, en la cual se otorga a todas las autoridades, de los Tres Poderes de la Unión, una vacatio legis de 8 años para que se avanzara de manera plena a un nuevo sistema garantista del debido proceso.
“Sin embargo en el 2008 quedaron todavía dos figuras que frente a la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de que al arraigo era inconstitucional, lo resolvieron enunciándolo en la Constitución en contra sentido del propio Sistema de Justicia Penal que definía prácticamente las reformas al resto del articulado de ese decreto”, dijo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos precisó que el arraigo quedo como un “pegoste” en el artículo 16 de la Constitución y desde entonces se ha señalado que es un contrasentido y provoca que el Sistema no se aplique de manera irrestricta.
“Se le aplica el arraigo a una persona cuando lo que se tiene que hacer es garantizar todas las garantías procesales para imputados y para víctimas, cumplir con los principios generales como dice el artículo 20 de la Constitución y trabajar hacia la eficiencia de quienes son las y los operadores del sistema para que no tengan que recurrir al arraigo”, insistió.
Por otro lado, mencionó que la otra figura es la prisión preventiva que va enmarcada en el mismo sentido “seguir arrastrando el precepto del sistema inquisitorio que debiéramos quitar de la Constitución”.
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